La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) informa que este lunes 7 de julio de 2025, la Corte Suprema de Justicia hizo lugar al recurso de apelación presentado por la DNCP en el caso de “Urnas electrónicas” del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

De acuerdo al informe de Contrataciones Públicas, esta decisión de la máxima autoridad judicial permite el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por el Tribunal de Cuentas – Tercera Sala a favor de la firma Bypar S. A., que había suspendido temporalmente el avance del proceso licitatorio.

“Esta resolución representa un paso relevante hacia la garantía de la legalidad y la transparencia en los procedimientos de contratación pública, reafirmando el compromiso de la DNCP con el respeto al debido proceso y a la correcta aplicación de la normativa vigente”, expresa el comunicado.

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Cabe recordar que desde la Justicia Electoral aguardaban la resolución de esta objeción de parte de la firma, a fin de continuar con el proceso licitatorio para la adquisición de 28.000 máquinas de votación, que serán usadas en los comicios internos partidarios, en las elecciones generales municipales del 2026 y las presidenciales del 2028.

El motivo de la objeción planteada por la firma Bypar S. A., es que el TSJE pida 10 años de experiencia en la fabricación, utilización, alquiler y venta de las máquinas de votación.

Desde la Justicia Electoral señalaron que esta empresa tiene 5 años de trayectoria, por ello buscaban reducir el plazo de experiencia. Pero, el problema de esta firma es que tampoco reunía ninguno de los demás requerimientos, por ello, no pudo participar en la licitación.

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Luego de conocerse a las abogadas que defenderán a los padres del presunto asesino de María Fernanda Benítez comenzaron a saltar videos de las mismas usando la Sala de Juicios de la Corte Suprema de Justicia para promocionar sus servicios.

Esta situación generó el repudio y el cuestionamiento ciudadano, así como en el seno de la máxima instancia judicial, por lo que las abogadas serán investigadas.

Así lo anunció la Corte, al tiempo de recalcar que las mismas se exponen no solamente a sanciones administrativas, sino también a la suspensión en el ejercicio de la profesión.

Desde la Corte Suprema de Justicia emitieron un comunicado en el que indicaron que iniciarán la investigación para definir si las abogadas tiktokeras, María Fátima Muñoz y Gricelda Arana, usaron indebidamente la sala como se reporta.

Se trata de dos videos en los que se ve a las profesionales usar la sala de juicio oral para promocionar sus servicios. Los materiales luego fueron posteados en sus redes sociales. En uno de los videos se las ve bailando y en otro habla de cómo logró dejar en libertad a uno de sus clientes, acusado por homicidio doloso.

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“De conformidad al art. 4° de la Ley n.° 609/95, disposiciones de la acordada n.° 1597/21 y reglamentaciones concordantes, dispóngase el inicio de una investigación preliminar respecto a las presuntas irregularidades señaladas que guardan relación con la conducta desplegada por las abogadas María Fátima Muñoz Escobar y Gricelda Alejandra Arona Mieres", indicó el ministro César Manuel Diesel, en la orden.

El documento fue remitido a la Oficina Disciplinaria de la Superintendencia General de Justicia, previo registro en la Oficina de Quejas y Denuncias. Ambas abogadas se exponen a sanciones administrativas como la suspensión en el ejercicio de la profesión, apercibimiento con constancia de legajo y amonestación, incluso la casación de sus matrículas.

Los padres del presunto asesino de María Fernanda Benítez en Coronel Oviedo fueron detenidos y ya comparecieron ante el Juez. El guardiacárcel y la docente habrían escondido a su hijo de 17 años, entre el viernes y sábado previos al descubrimiento del cuerpo, en un hotel mientras denunciaban su supuesta desaparición en la comisaría 31ª del barrio Azucena.

El juez penal de Garantías de primer turno, Armando Mendoza, dispuso hacer lugar al pedido de la Fiscalía, de decretar la prisión preventiva para ambos adultos. El padre del presunto homicida cumplirá la medida de reclusión en el penal de Emboscada, mientras que la madre irá al pabellón de mujeres de la Penitenciaria Regional de Misiones.

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• Ricardo Rivas
• Corresponsal en Argentina
• X: @RtrivasRivas

La Corte Suprema de Justi­cia (CSJN) argentina “tiene acuerdo” (sesiona con todos sus jueces), como se alude a esas reuniones de trabajo en la magistratura, cada martes.

Excepcionalmente, lo hacen en algún otro día cuando una urgencia inesperada lo exige. Mañana, sin embargo, nada indica –según voceros habi­tualmente seguros que dialo­garon con La Nación con la con­dición de mantener en reserva sus identidades– que los supre­mos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Loren­zetti se dispongan a tratar la situación judicial de la expresi­denta Cristina Fernández, con­denada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por ser penalmente responsable de reiterados hechos de corrup­ción.

Sin embargo, las mismas fuentes, arriesgan que “segu­ramente analizarán el caso el martes 17 de junio”. ¿Será así?

“Proceso electoral argen­tino atravesado por situación judicial de expresidenta Cris­tina”, decíamos una semana atrás. Hoy, más que nunca vale reiterarlo.

La viuda del expresidente Néstor Kirch­ner (2003-2007), luego de anunciar su intención de ser candidata a diputada para la Legislatura de la provincia de Buenos Aires por la ter­cera sección electoral, cada minuto hacia las elecciones de medio tiempo aquí se refe­rencia en ella.

Mucho más porque, en ese distrito –“la tercera”– el pero­nismo, con excepción de 1983, cuando triunfó Raúl Alfonsín y, 1997, cuando en una legisla­tiva la ganadora fue la señora Graciela Fernández Meijide, es imbatible.

¿Fechas relevantes, en ese contexto? El ya mencionado martes 17 de junio; y, en el caso de que su estatus judicial no esté aún resuelto, el sábado 19 de julio cuando en la mediano­che de ese día concluya el plazo para formalizar las candidatu­ras y la señora Fernández –con esa condición– ya tendrá fue­ros y, por tanto, no podría ser detenida. Justamente por ello, las tensiones generalizadas en el ecosistema político en gene­ral y en el peronismo en par­ticular donde la pregunta del millón es una sola: ¿irá presa Cristina?

Por su edad, Cristina Fernán­dez (72) se encuentra incluida dentro de los supuestos de la Ley 26472, promulgada el 12 de enero de 2009 y, por tanto, se puede permitir su arresto domiciliario para evitar ser alojada en un establecimiento carcelario, pero esa decisión es privativa de los jueces que deben decidir en cada caso.

De todas formas, antes de que ello pueda ocurrir, los deba­tes serán amplios e intensos.

Algunas de esas discusiones serán de tipo técnico y jurí­dico en tanto que otras se darán en el espacio público donde el peronismo procu­rará instalar la idea de que la presidenta del partido será proscripta; mientras que otros dirán que se trata –en el caso de que la san­ción impuesta hasta ahora en dos instancias judiciales sea confirmada y quede firme por parte de la Corte– de una condena política.

Las especulaciones aquí son intensas, de todo tipo y, en general, sin solidez argumen­tal. Veamos. Hay quienes ase­guran que desde el Poder Eje­cutivo se presiona para que la Corte Suprema de Justi­cia demore el tratamiento del caso (el supremo no tiene plazos) para que el partido ofi­cialista La Libertad Avanza (LLA) pueda medirse elec­toralmente con el pero­nismo kirchnerista de Cris­tina y vencerla en las urnas. ¿Quién podrá comprobar que este supuesto es así? ¿Quién admitirá que personalmente opera en ese sentido?

Otras versiones sostienen que “si Cristina va presa se bene­ficia Axel” Kicillof, goberna­dor de la provincia de Buenos Aires, quien fuera ministro de Economía de Cristina Fer­nández con la que, desde largo tiempo y especialmente en el último semestre, se encuen­tran distanciados por dife­rencias profundas en el diseño y ejecución de políticas partidarias de alcance nacio­nal.

Pero… ¿podría benefi­ciar electoralmente al líder bonaerense del peronismo en el poder provincial si la presi­denta del partido es encarce­lada por corrupción?

Mientras se desarrollan tales especulaciones, al parecer, las preocupaciones sociales van por otro camino.

Según la encuesta más reciente rea­lizada por el consultor Hugo Haime, de alcance nacional, para conocer las principales preocupaciones sociales, en el tope del ranking con el 34 %, se encuentran los bajos sala­rios; inmediatamente después la corrupción (30 %); luego la pobreza (29 %); la inseguridad (24 %), y el desempleo (23 %). La inflación –que poco tiempo atrás lideraba– descendió hasta el séptimo lugar.

Claramente, la gente transita muy alejada de la política. Tres encuestadores que también trabajan para el oficialismo, con reserva de sus identidades, comentan que “lo que deba­ten los actores políticos no le importa a mucha gente”.

Coin­ciden en agregar que “tal vez por ello se verifica tanta abs­tención a la hora de votar y que amplios sectores ciudadanos no concurren a las urnas”.

“En las más recientes eleccio­nes realizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) –ejemplificaron ante La Nación– votó la mitad de quienes estaban habilitados para hacerlo. El triunfador, con el 30 % de los sufragios, en términos estadísticos, repre­senta aproximadamente al 17 % del total”.

¿Cuál es el diagnóstico sobre esta actitud social? Si bien admitieron que “están estu­diando” el tema, dos de ellos, expresaron que “en princi­pio creemos que estamos frente a algún grado de aste­nia cívica grave, después de muchos años de frustracio­nes posteriores a la crisis de 2001 que aún no fue resuelta”. ¿Será así?

La Real Academia Española (RAE) define la astenia como “falta o decaimiento de fuer­zas, caracterizado por apatía, fatiga física o ausencia de ini­ciativa”. Preocupante.

El anuncio de la próxima inauguración del Gran Hospital del Sur fue recibido con beneplácito por los itapuenses, quienes esperan la habilitación del centro asistencial. El presidente Santiago Peña aseguró que en las próximas semanas el centro asistencial estará habilitado.

Sostuvo que será un punto de referencia en atención médica, no solo para los encarnacenos, sino que para todo el departamento. Peña realizó una intensa jornada de gobierno en Itapúa, en compañía de la ministra de Salud, la doctora María Teresa Barán, y el ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez.

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“Esta es una deuda que teníamos con ustedes, un sueño que ahora se va a cumplir, el contar con un centro asistencial de primer nivel. Les aseguro que todos los equipos son de última tecnología y que las instalaciones están pesadas para dar el mejor servicio”, comentó el presidente Peña.

En cuanto a la inversión a realizarse en el área de educación y niñez, enfatizó que esta es una prioridad del gobierno, alegando que la protección y el bienestar de niños, adolescentes y jóvenes es un trabajo arduo, el cual no se frena en su gobierno.

Respecto a la atención de los niños, Santiago Peña hizo un especial énfasis en la próxima construcción y habilitación de 12 centros de atención integral para la primera infancia en todo el departamento, con lo cual se espera poder brindar una cobertura total de las necesidades en este ámbito.

“Tenemos que entender que construir una sociedad próspera y más desarrollada es una tarea titánica, una tarea que debe de interpelarnos todo el tiempo. Yo estoy abierto a las voces de críticas porque eso nos mantiene trabajando constantemente”, indicó el mandatario.

En esta ocasión, se hizo entrega de 979 becas universitarias para estudiantes de la Universidad Nacional de Itapúa, inversión que asciende a casi los 2.000 millones de guaraníes.

En cuanto a la entrega de fondos en el área de la salud, para ser destinados en inversiones en la carrera de medicina de la mencionada facultad, en la construcción de centros médicos en todo el departamento, el SEME de Itapúa y el comité de salud del Rally, se entregaron 900.000 millones de guaraníes.

Así también, en el marco de esta jornada de gobierno, se hará la entrega de 500 títulos de propiedad de terrenos y de establecimientos comerciales; los productores de la zona también recibirán un aporte para continuar con sus cultivos y la siembra de los mismos.

El acto central se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Itapúa, donde autoridades de la gobernación y de distintos municipios del departamento se hicieron presentes para recibir a la delegación del presidente, dando paso a su vez a un momento de anuncios y agradecimientos por parte del mandatario.

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