Durante el gobierno abdista, instituciones del Estado en cooperación con medios de comunicación aliados operaron para instalar mediáticamente una supuesta conexión entre el expresidente Horacio Cartes y el grupo terrorista islámico Hezbolá. Todo esto quedó desmontado con la invitación al exmandatario para una reciente visita a Israel, donde fue condecorado como un amigo de esta nación.

“La foto y los hechos matan el relato, eso fue un relato montado”, aseveró el abogado Pedro Ovelar, representante legal de Horacio Cartes, durante una entrevista en “Fuego cruzado”, emitido por GEN/Nación Media. Explicó que una serie de eventos fue aprovechada por el gobierno de Mario Abdo para tratar de conectar a Cartes con el terrorismo islámico, en el marco de una persecución política.

Ovelar hizo un recuento de cómo se dieron los hechos e indicó que que la administración abdista se valió de la sanción que había sobre una empresa iraní, que anteriormente tenía a su cargo el avión venezolano de Emtrasur, el cual fue contratado por otra empresa, que no era propiedad de Cartes, para exportar los productos de Tabesa.

“Esto fue aprovechado por el gobierno anterior, la oposición y los medios aliados militantes de ese grupo para instalar esa mentira. La mentira hoy está desmontada absolutamente por una decisión judicial, por un lado, porque profundamente se investigó, y por el supuesto país damnificado”, afirmó Ovelar Nación Media. “No creo que sea sostenible ningún discurso o relato que pueda echar por tierra lo que vimos hace unos días. Horacio Cartes no es solamente declarado como aliado de Israel, sino que se reconoció mundialmente la gestión y de la amistad entre Cartes y ese pueblo”.

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Estos últimos acontecimientos, además del esclarecimiento de los hechos por parte de la justicia, generan una oportunidad de que las sanciones provenientes de Estados Unidos para Horacio Cartes puedan ser revertidas, indicó Ovelar, quien mencionó que ahora se abre una posibilidad de que se revisen todos esos informes que proveyó el gobierno de Abdo en contra del expresidente.

“El informe de abril dice que Horacio Cartes operaba a través de tales empresas, que, a su vez, realizan negocios a través de bancos norteamericanos, por lo que la jurisdicción norteamericana estaba afectada. Esa entrega de soberanía, con el ánimo del expresidente Mario Abdo de ganar poder con la oposición, demuestra la persecución política y que Abdo se comportó como un legionario y un anticolorado”, sentenció a través del programa “Fuego cruzado”.

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Los ejecutores de los informes contra el actual presidente del Partido Colorado fueron los ministros de Abdo, quienes están a la puerta del juicio oral luego de ser acusados, el pasado 11 de marzo, por cometer varios hechos punibles como denuncia falsa, persecución de inocentes, asociación criminal, revelación de información de carácter confidencial, entre otros y podría ser la oportunidad en que estos revelen quién dio la orden para ejecutar el plan contra Cartes, pero, mientras tanto, Abdo se refugia en sus fueros como senador vitalicio para evadir a la justicia.

“El pedido de desafuero de Mario Abdo Benítez fue una farsa, porque si verdaderamente quiere someterse a la justicia, por qué todos los aliados políticos que le responden tienen una opinión distinta. Esa es una farsa, es una protección que quieren dar al expresidente”, sostuvo Ovelar, en estudios del canal GEN, y añadió que sus exministros y exfuncionarios también quieren evadir a la justicia, y prueba de esto son las chicanas y recusaciones de las que se valen, puesto que no quieren discutir la cuestión de fondo que son las filtraciones.

Desde el Ministerio Público informaron que la agente fiscal Angelina Arriola Funes, de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales de Itapúa, formuló acusación contra Alfredo Luis Yd Sánchez, en su carácter de intendente municipal de la ciudad de Encarnación, por la supuesta comisión de delitos contra el medio ambiente. La representante de la Fiscalía solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.

Conforme a la investigación del hecho, Yd Sánchez, en su carácter de administrador municipal, habría atentado contra el medio ambiente y la calidad de vida humana, al omitir el cumplimiento de las exigencias legales referentes al buen manejo de los residuos sólidos urbanos y de las disposiciones vigentes para la habilitación y el funcionamiento del vertedero municipal, ya que se constató que el mismo funciona sin los criterios ambientales requeridos.

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La unidad fiscal a cargo de Arriola sostiene que, tras las investigaciones realizadas y de los elementos de convicción idóneos que fueron recolectados durante la etapa preparatoria, existe certeza positiva con probabilidad cierta de demostrar en juicio oral y público la participación del acusado en la comisión del hecho punible mencionado, tipificado en el Art. 200 del Código Penal- Procesamiento. Además, el incumplimiento de medidas de mitigación ambiental, tipificado en el artículo 5 inc. e) de la Ley 716/96, en concordancia con el artículo 16, en calidad de autor.

Durante la investigación preparatoria se recolectaron y se incorporaron de manera legal, suficientes elementos de convicción que permiten sostener razonablemente, la existencia del hecho del modo relatado en la plataforma fáctica y la participación que en el mismo le cupo al hoy acusado.

Dentro de las investigaciones realizadas, se pudo verificar que el predio de aproximadamente 22 hectáreas donde funciona el vertedero o relleno sanitario está compuesto de varias fincas cuya posesión corresponde a la Municipalidad de Encarnación y la propiedad a la Entidad Binacional Yacyretá, conforme se coteja en la nota de fecha 6 de setiembre del 2023, remitida por la Binacional al Ministerio Público.

Entre las diligencias llevadas adelante se procedió al allanamiento del inmueble ubicado en el barrio San Antonio Ypekuru, del distrito de Encarnación, lugar donde funciona el vertedero municipal o relleno sanitario de residuos sólidos urbanos del municipio encarnaceno. La comitiva fiscal estuvo encabezada por Arriola, acompañada de técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales del Ministerio Público y personal policial de diversas comisarías.

Durante el recorrido por el predio se constató efectivamente la existencia de un vertedero donde se depositan residuos urbanos domiciliarios, mezclados con algunos residuos industriales y residuos hospitalarios, sin criterios ambientales, pues no se observó la compactación del suelo, las cañerías colectoras de líquidos lixiviados, las chimeneas de venteo ni la cobertura con tierra de los residuos depositados en el sitio, además de no contar con copias de los documentos habilitantes expedidos por la autoridad de aplicación (Mades).

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• Nadia Denis (nadia.denis@nacionmedia.com)

La confirmación del espionaje por parte del Brasil durante la presidencia de Jair Bolsonaro al Paraguay entre el 2022 y 2023, tiempo en el que Mario Abdo lideraba nuestro país, se sumó a la lista de eventos desafortunados para Paraguay, cuyos intereses se vieron perjudicados y amenazados durante toda la gestión de Abdo, mientras Brasil arrasaba todo a su paso.

En mayo del 2019, a solo 9 meses de la asunción de Abdo a la presidencia, el país fue sacudido con la noticia de que se había firmado un acta entreguista y secreta con el Brasil respecto a la Itaipú Binacional, documento en el cual se estipulaba la contratación de energía entre la hidroeléctrica y Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Electrobras), que contemplaba sobrecostos para nuestro país en orden a los USD 250 millones.

Los pormenores de este hecho generaron aún más indignación a nivel nacional, puesto que uno de los activos más importantes de nuestro país estaba en manos de un joven abogado. Aquí entra en escena José “Joselo” Rodríguez, quien en ese momento solo tenía 27 años y fue nada más y nada menos que un intermediario a favor de la empresa brasileña Leros en la negociación de venta de energía con la Administración Nacional de Electricidad (Ande), en el marco de este acuerdo.

El escándalo siguió escalando al punto que se produjo la renuncia del entonces presidente de la Ande, Pedro Ferreira, lo que se materializó tras haber dejado en claro estar en contra de las negociaciones y de que se negara a formar parte del esquema.

Mario Abdo y su vicepresidente Hugo Velázquez estuvieron a puertas de un juicio político y pese a que esto no se concretó, para la opinión pública no quedó dudas de que este suceso fue un acto entreguista del gobierno abdista hacia el Brasil.

La administración de Abdo continuó con su agenda bilateral con Brasil, la cual era publicitada como una de las mejores relaciones y esto debido a que el expresidente celebraba que su par lo llame “Marito”; de hecho, en un acto público afirmó: “me emociona cuando me llama ‘Marito’” y “no me llama ‘señor presidente de la República’, me llama ‘mi amigo Marito’”.

Esta amistad pública entre los presidentes no se tradujo en beneficios para el Paraguay, sino todo lo contrario, nuestro país continuó perdiendo terreno con relación a Itaipú y la tarifa energética descendió de USD 22,60 por kilovatio-mes a USD 20,75, cifra acordada entre ambos países en agosto del 2022, luego de que Abdo no pudiera sostener la posición nacional de mantener la tarifa y ceder en cierta medida al objetivo de Bolsonaro que buscaba una importante disminución, intentando empujar a USD 18,90.

Bolsonaro no descansó en su objetivo y de manera unilateral, en diciembre del 2022, fijó la tarifa en USD 12,67, lo que tomó por sorpresa a nuestro país y por sobre todo al gobierno de Abdo que no pudo anticiparse a la jugada de su “gran amigo”.

En la negociación del 2023, Brasil sumó otra victoria ante nuestro país y esta vez, en consenso con Paraguay se acordó la tarifa en USD 16,71 por kilovatio-mes, lo cual incluso fue celebrada por el gobierno de Marito, quien quiso instalar que esto era beneficioso para nuestro país, pese a que significaba recibir menor cantidad de recursos de parte de la binacional.

Aun estando lejos del poder, Paraguay continúa sufriendo los estragos de la administración abdista. Hace unos días salió a la luz el espionaje del Brasil que pasó totalmente inadvertido para las instituciones nacionales. Durante 9 meses el vecino país estuvo inmiscuido sin que el gobierno anterior despierte alertas sobre la vulneración de los sistemas, en tanto, la prensa brasileña hizo referencia a que el espionaje tuvo como foco a la tarifa energética.

La propia administración de Lula da Silva reconoció que su antecesor tuvo acciones de inteligencia contra Paraguay que se desarrollaron entre junio del 2022 y marzo del 2023, cuando fue suspendido este operativo, ya con Da Silva al mando de Brasil.

A la fecha, se desconoce cómo se materializó este espionaje, qué instituciones se quebrantaron, a qué información se accedió, ¿realmente el Gobierno no se percató de este hecho o prefirió guardar silencio?

Todas estas preguntas todavía carecen de respuesta, lo concreto es que la supuesta amistad Abdo-Bolsonaro tuvo efectos dañinos para Paraguay, este último hecho incluso se sitúa como una violación del Brasil a los principios internacionales, así que no solamente se habla de una mala gestión del presidente anterior, sino de una vía libre a que nuestro país y sus instituciones sean pisoteadas, vulneradas y perjudicadas por la vecina nación, la que tuvo en sus manos nuestro destino y que encontró en Mario Abdo la debilidad, pasividad o complicidad para concretar sus pretensiones.

Las acciones de inteligencia por parte del Brasil hacia Paraguay se dieron entre junio del 2022 y marzo del 2023, es decir, periodo en el que Jair Bolsonaro y Mario Abdo lideraban sus respectivos países. Ambos exmandatarios se “tiraban flores” mutuamente e incluso el expresidente paraguayo alegaba cierta cercanía con Bolsonaro, no obstante, el gobierno brasileño encabezó un espionaje del que todavía se desconoce sus alcances.

“Felicito al presidente Mario Abdo por su serena y firme defensa de los intereses del Paraguay. El acuerdo de contratación de energía, previsto en el tratado de Itaipú, fortalece a nuestros países y nos permite seguir trabajando juntos en beneficio de nuestros pueblos”, fueron las palabras de Bolsonaro a través de X.

Mientras tanto, Abdo no se quedó atrás en sus expresiones hacia el entonces mandatario brasileño: “Yo quiero que le envíen mi abrazo al presidente Jair Bolsonaro, un gran amigo y me emociona cuando me llama ‘Marito’ porque él, en la cumbre del Mercosur, no me llama ‘señor presidente de la República’, me llama ‘mi amigo Marito’. Envíenle mi abrazo de gratitud don Jair Bolsonaro”.

Las manifestaciones de Abdo se dieron en un evento público. Esta aparente amistad estrecha se sostuvo en otras interacciones en redes, declaraciones a la prensa y fotografías en eventos internacionales donde a ambos se los veía compartiendo con mucho júbilo, sin embargo, mientras en el expresidente paraguayo estaba “convencido” de este buen vínculo, el gobierno de Bolsonaro, hasta el fin de su mandato, se inmiscuyó en asuntos nacionales.

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La propia Cancillería del Brasil confirmó que las actuaciones de inteligencia hacia Paraguay, las que se extendieron por al menos nueve meses y hasta la fecha se desconoce cómo ejecutaron este espionaje, es decir, si fue a través de escuchas telefónicas, si se interceptaron correos, tampoco se sabe con exactitud qué instituciones y autoridades fueron víctimas de este hecho y a qué informaciones accedieron.

Lo concreto, es que es que el gobierno de Abdo no dejó ningún registro ni emitió algún tipo de alerta sobre la vulneración de los sistemas a causa de un espionaje por parte del Brasil y recién la actual administración de Santiago Peña detectó este hecho. Resulta inaceptable que un gobierno nacional haya permitido que Paraguay haya sido vulnerado sin tomar ninguna medida para defender la soberanía.

Las buenas relaciones de ambos mandatarios fue más beneficioso para Brasil que para Paraguay debido a que en 2023, bajo el gobierno de Mario Abdo se redujo la tarifa de Itaipú, afectando directamente a los intereses nacionales.

Ya bajo el liderazgo de Santiago Peña, Paraguay logró el aumento de la tarifa por tres años consecutivos, asegurando recursos históricos para nuestro país. Asimismo, al conocerse el espionaje, Peña tomó acciones para salvaguardar los intereses nacionales, suspendiendo momentáneamente la negociación con el vecino país en torno al Anexo C de Itaipú Binacional.

Asimismo, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) realizará una revisión documental en la institución, de modo a constatar si es cierto que no hubo alertas o señales del espionaje, tal como lo sostiene el extitular del Mitic de Abdo, Fernando Saguier. Además de esto, mediante Cancillería se ha pedido información al Brasil sobre este hecho ya que esto es considerado como una violación a principios internacionales y que genera un impasse momentáneo con un país con quien se comparte intereses, más allá de la hidroeléctrica.

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