La senadora Lizarella Valiente salió en defensa del proyecto de ley que crea el Ministerio de la Familia, mediante la fusión de tres entes estatales: el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna) y la Secretaría Nacional de la Juventud.

“Una reestructuración en cuanto al funcionamiento del Estado, siempre será para optimizar la función de cada ministerio. No es la primera vez que se está planteando la fusión de instituciones, ya se hizo con la cartera de Hacienda, que pasó ahora a ser el Ministerio de Economía”, dijo en una entrevista con los medios de comunicación.

La parlamentaria afirmó que la iniciativa es impulsada justamente con el fin de potenciar las políticas públicas que son encaradas mediante las citadas instituciones, y que la racionalización del dinero público no implicará el retroceso de las mismas. “No debería existir ningún temor, todos los esfuerzos en materia presupuestaria serán direccionados a los programas que se lleven adelante para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”, comentó.

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Las afirmaciones de Valiente surgen ante los cuestionamientos provenientes de legisladores de la oposición, como su colega del Frente Guasu (FG) Esperanza Martínez y la diputada de Avanza País Johanna Ortega, quienes alegan que la fusión de las citadas instituciones estatales impulsará la invisibilización de problemáticas sensibles.

Aseguró que el proyecto será ampliamente debatido en el Congreso Nacional mediante la realización de audiencias públicas. “Vamos a escuchar a todas las partes que se sienten afectadas, estamos en una democracia, escucharemos todas las voces para consensuar algo que beneficie a toda la familia”, refirió.

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“Para mí esta es una jugada estratégica, trata de tener nuevamente mayor visibilidad para su proyecto político”, sostuvo el senador Silvio “Beto” Ovelar con relación al show mediático que impulsa el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, en torno al supuesto requerimiento de su desafuero lanzado en redes sociales, pendiente de tratamiento en la Cámara Alta debido al blindaje de sus aliados.

El parlamentario manifestó que el pedido de Abdo Benítez, imputado en la causa judicial de filtración de datos financie­ros confidenciales manejados por la Secretaría de Preven­ción de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), apunta a un trasfondo electoralista con miras a las municipales del 2026.

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“Busca reagrupar a la gente, un reclutamiento de sus tropas, ya que muchos de sus examigos que pasaron al movimiento Honor Colorado van a pelear por la intendencia municipal”, comentó Ovelar en una entrevista con el canal TV Aire Coronel Oviedo.

Asimismo, el legislador argumentó que el mostrarse como víctima “tiene un rédito en la política paraguaya”, esto ante el discurso esgrimido por Abdo Benítez quien alega ser perseguido por un Ministerio Público “sometido a un grupo de poder”. “Los colorados somos muy hábiles y buscamos el cobijo del poder”, argumentó Ovelar al exponer que Abdo Benítez también tendría como finalidad buscar cobertura política en medio del proceso judicial que enfrenta.

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Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

La directora general de DD.HH de la Vicepresidencia de la República, María Teresa Peralta, defendió el trabajo que lleva adelante la Comisión de Cumplimiento de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CICSI), que preside el vicepresidente Pedro Alliana, resaltando que no se trata de asistencialismo a las comunidades indígenas, sino que es el cumplimiento de las sentencias o incluso recomendaciones que brindaron la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales.

En comunicación con La Nación/Nación Media, Peralta explicó que el acompañamiento que brinda el Estado paraguayo a través del CICSI no es asistencialismo, ya que en el caso de las comunidades de pueblos originarios son en el cumplimiento de sentencias, cumpliendo estrictamente lo dispuesto por la Corte Interamericana, así como aquellos que están con acuerdos de solución amistosa.

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Mencionó que, además de las comunicades indígenas también están llevando casos que ya se cerraron el año pasado, así como otros procesos que están en vía de ser cerrados, como el caso Alejandro Nissen Pessolani; el caso del ministro Bonifacio Ríos; el de Goiburú que está pendiente de cierre.

Recordó que el año pasado ya se cerraron el caso de niños soldados, por casos de tortura, en este caso se les sigue brindando asistencia a las víctimas; como también siguen trabajando en el caso del Centro de Educación Panchito López; ya que algunos siguen dentro del sistema penitenciario y otros ya fuera a quienes se les está buscando para continuar con la asistencia por parte del Estado, todos fueron reparados económicamente y con asistencia de salud, educación y formación de mando medios.

“El trabajo que estamos llevando en la CICIS es muy sensible, pero, sobre todo hay que destacar el avance que estamos teniendo en el cumplimiento de las sentencias ya cuerdos, sobre todo desde que asumió la presidencia de la comisión el vicepresidente Pedro Alliana. Sobre todo teniendo en cuenta la decisión política que es del presidente de la República Santiago Peña, que ya en su primer informe ante el Congreso destacó el avance de Paraguay en el cumplimiento de temas de Derechos Humanos en demandas internacionales, los cuales no se pueden señalar como asistencialismo por parte del gobierno”, indicó.

Además, Peralta destacó que existe una reglamentación del Ministerio de Economía y Finanzas, que en la última reunión que tuvo en el consejo asesor consultivo, el representante del MEF indicó que, en el Presupuesto General de la Nación, se está dando prioridad para destinar los casos de resarcimiento en tema de DD.HH en los casos que hubiere.

“Nosotros estamos avanzando en las negociaciones para acuerdo de solución amistosa. Pero en los casos que ya tienen sentencia, obviamente van a ser resarcidos. No obstante, existen otros casos en los que se busca una solución amistosa y se están agilizando y negociando para llegar a un acuerdo con las víctimas para no llegar a la Corte IDH, pero que muchas veces azuzados por organizaciones que buscan llegar a las últimas instancias”, precisó.

Resaltó que continúan llevando adelante el trabajo conjunto del Gobierno, para demostrar la diligencia del Estado, con la presencia permanente que no es asistencialismo, ya que permanentemente están presentes con la Secretaría de Emergencia Nacional viendo todas las necesidades que tienen, llevando los kits de alimentos, en algunas comunidades indígenas incluso ya llega el almuerzo escolar.

“Estamos agilizando todo lo que se pueda con la Ande para que les llegue la energía eléctrica, en muchos casos ya nos piden internet, estamos cumpliendo con las viviendas. Es muy complejo todo, pero se está cumpliendo con todos ellos” remarcó.

En cumplimiento a la sentencia de la Corte IDH, el Gobierno del Paraguay, a través del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, envió 9.600 metros de caños de PVC a la comunidad indígena Xamok Kasek, en el Chaco Paraguayo. Con la instalación de estas cañerías, unas 125 familias de dicha comunidad tendrán acceso al agua potable.

Este viernes partieron los camiones del Comando de Ejército que transportan las cañerías, desde el Cuartel General del Comando de Ejército, con presencia del Ministerio de Defensa, Oscar González; así como de la directora de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, María Teresa Peralta, y el director de Senasa, Fernando García.

Los técnicos de Senasa y el comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Gral. Oscar Ferreira recibieron en la comunidad indígena las cañerías que serán instaladas, a fin de facilitar el acceso al agua a las familias de la comunidad Xamok Kasek.

A su vez, el director de Senasa, Fernando García, explicó que, durante la última visita de los miembros de la Corte Interamericana, los líderes solicitaron los caños, teniendo en cuenta que tienen tajamares también construidos por Senasa, que actualmente están con mucha agua por las lluvias caídas y pidieron estos caños para acercar el agua desde el tajamar hasta sus aldeas. Con esto, evitarán el acarreo manual y contarán con agua en sus domicilios, añadió.

En ese marco, la institución que preside envió 9.600 metros de caños, que serán instalados por técnicos de Senasa, con apoyo de la gobernación y la coordinación interinstitucional como el Ministerio de Defensa y el Comando del Ejército.

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El periodista de la 1020 AM, Ricky Alderete, recriminó la falta de tolerancia del senador Rafael Filizzola manifestada durante una entrevista, ante una opinión distinta sobre un hecho, y el legislador le reprochó por no alinearse con “la tapa de los diarios”. Mediante su espacio radial, el comunicador afirmó que, el pasado 31 de marzo, fue la turba de opositores responsable de ocasionar incidentes frente al Poder Judicial, situación que terminó enfureciendo al parlamentario del Partido Democrático Progresista (PDP).

“La evidencia de que personas como Rafael Filizzola no toleran la disidencia de pensamiento. La manifestación fue transmitida en vivo desde Ñanduti. Se enojó porque le dije de frente lo que realmente sucedió y no seguí el relato que quieren instalar: actuaron con violencia”, argumentó Alderete en la red social X, compartiendo el fragmento del cruce emitido en vivo.

“No me vengas con estupideces, no me trates de estúpido ¿Quién es tan estúpido para ser violento contra 200 policías? ¿Cuándo te fuiste por última vez a una manifestación? No me jodas a mí, no me hagas perder el tiempo. No me interesa. Pasemos a otra cosa”, reaccionó el legislador contra la opinión del periodista.

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En medio de los incidentes con los uniformados, el pasado 31 de marzo, los dirigentes de la oposición argumentaban ante las cámaras de medios aliados que solo pretendían desarrollar una representación teatral pacífica y entregar al Museo de la Justicia el expediente judicial del caso de Rodrigo Quintana, pese a que la turba no siguió el protocolo establecido para el ingreso, ni contaba con una autorización oficial, según confirmó la coordinadora del espacio judicial.

Este hecho, terminó siendo desmentido por el propio Filizzola, quien finalmente corroboró que se trataba de una manifestación. “Los manifestantes se encontraron con tres columnas de policías, y vos me decís que los manifestantes empezaron la violencia, a la puta, les estás victimizando, no me estás tratando con respeto. Vos sos el único que está diciendo esto, las tapas de todos los diarios fue sobre la violencia por parte de la policía. Esto estaba totalmente informado”, argumentó el legislador, alterado por el desmentido del periodista.

El atropello por parte de los dirigentes de la oposición motivó a la Policía Nacional a presentar una denuncia ante el Ministerio Público por los hechos perturbación a la paz pública y resistencia. Fueron acusados el senador del Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola; su esposa, la exsenadora Desirée Masi; y los liberales, el exsenador Luis Alberto Wagner, Marlene Orué, Agustín Saguier y Efraín Alegre (hijo).

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