La Cámara de Diputados sancionó este martes en su sesión ordinaria el proyecto de ley que establece el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción. El documento fue remitido al Poder Ejecutivo para su veto o promulgación.

Este proyecto hace parte del pacto entre los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del Ministerio Público y la Contraloría General de la República (CGR) y fue impulsado con el objetivo de prevenir y estandarizar los criterios en todos los poderes del Estado en materia de integridad y prevención, donde existe una disparidad de acuerdo al contralor.

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La propuesta crea el Consejo Nacional Anticorrupción y dispone que los bienes y recursos financieros de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) pasen a integrar la Contraloría General de la República (CGR). Este consejo estará conformado por integrantes de los tres poderes; un representante de la Corte Suprema de Justicia, un representante de cada cámara del Congreso Nacional; el Gabinete Civil de la Presidencia de la República; así como por el Ministerio Público y la Contraloría.

“La lucha contra la corrupción y la impunidad requiere el compromiso de todos, de los diferentes sectores, eso es algo que se entendió con claridad y en base a eso se planteó un gran acuerdo, el compromiso de fortalecer las capacidades en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre al argumentar la iniciativa ante el pleno.

El diputado destacó que se realizaron varias conversaciones y audiencias para el análisis de esta iniciativa, encabezada por el presidente de la República Santiago Peña, para llevar adelante esta propuesta.

“Se trazó un camino, una serie de estrategias, entre las cuales se encontraba la presentación y la aprobación de la ley de integridad. Una ley que plantea con claridad fortalecer las capacidades que tiene nuestro Estado para combatir contra la corrupción y contra la impunidad”, sentenció.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, habló de la aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal del 2025 en esta instancia legislativa. El parlamentario resaltó que se aprobó un presupuesto equilibrado para mejorar el servicio en salud, educación y seguridad para la ciudadanía.

“Se planteó un presupuesto equilibrado que busca seguir con la política de descenso del déficit fiscal y fortaleciendo áreas sensibles, como son la salud en cuanto a la capacidad del Estado de proveer servicio de calidad a todos los paraguayos, mejorar la calidad educativa, las capacidades de brindar seguridad y un ecosistema que todos los paraguayos tengamos un trabajo digno”, señaló antes del inicio de la sesión de este martes.

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Latorre destacó el trabajo realizado por la Comisión Bicameral de Presupuesto, que este año la presidencia estuvo a cargo de la Cámara de Diputados. “Nosotros buscamos la generación, en conjunción con los colegas, con un gran trabajo, hubo felicitaciones de diferentes sectores hacia el trabajo de la Comisión Bicameral de Presupuesto, que este año tocó ser presidida por la Cámara de Diputados, en este caso por la diputada Cristina Villalba”, apuntó.

El diputado fue consultado sobre la reposición de los cupos de combustibles para la Cámara Baja, a lo que respondió que es considerado como una de las herramientas para que los legisladores pueden realizar su trabajo.

“En el análisis de las herramientas necesarias por parte del cuerpo colegiado, para realizar su trabajo se optó por restituir los cupos de combustibles y se optó por no restituir el seguro médico. Se prescindió de la restitución del seguro médico, es un gasto que se decidió orientar hacia la infraestructura”, explicó.

Por otra parte, se refirió al proyecto de ley que crea el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción, que será tratado en el pleno de Diputados. Indicó que es una ley que nace en base a un pacto de lucha contra la corrupción y la impunidad que se generó entre los tres poderes del Estado y los extrapoderes, con la participación del Ministerio Público y de la Contraloría General de la República.

“El espíritu de la ley es mejorar las condiciones y las herramientas con las que cuenta el Estado para luchar contra la corrupción y la impunidad. Es una gran apuesta que se está haciendo en base a esta conjunción de voluntades que buscan fortalecer nuestra capacidad de lucha contra la corrupción y la impunidad”, sentenció.

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La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 con modificaciones y ahora el plan pasa a la Cámara de Senadores para su estudio consecuente. El plan quedaría en G. 132,9 billones USD (17.560 millones) y el respeto al déficit fiscal permanecería en 1,9 % del producto interno bruto (PIB).

Entre las modificaciones centrales se encuentra la exclusión del seguro médico para los parlamentarios, tras el pedido de la diputada Rocío Abed, con el objetivo de redireccionar los montos a áreas más urgentes y necesarias a nivel social. Por otra parte, se aprobó una reprogramación presupuestaria de los G. 11 billones a ser destinados al Instituto de Previsión Social (IPS).

Esto para realizar transferencias de créditos dentro de los montos programados por el Poder Ejecutivo, a los efectos de prever los recursos para la aplicación gradual de la universalización de la carga horaria de los médicos, entre otros aspectos. Otra de las modificaciones planteadas fue la incorporación de más de G. 4 mil millones para el Hospital de Clínicas.

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Aparte de la prioridad estratégica del PGN sobre salud y educación, también se previeron ampliaciones presupuestarias estratégicas en materia de seguridad, así como también en lo referente a los programas sociales.

Así, el Ministerio del Interior queda con G. 4 billones, a destinarse para la implementación de la ley de tobilleras electrónicas, y la incorporación de más de 4.000 nuevos uniformados para el 2025. El Ministerio de Desarrollo Social queda con más de G. 4 billones.

La Presidencia de la República queda con un presupuesto ligeramente superior a G. 1 billón, Vicepresidencia permanece con más de G. 15.700 millones, el Ministerio de Economía y Finanzas queda en más de G. 22 billones, el Ministerio de Obras Públicas en más de G. 7 billones y el Ministerio de Defensa Nacional en más de G. 2 billones.

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En cuanto al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat queda con más de G. 900 mil millones, el Ministerio de la Niñez con más de G. 127 mil millones, el Ministerio de Tecnología con más de G. 300 mil millones y el Ministerio de Relaciones Exteriores con más de G. 860 mil millones.

El Ministerio de Justicia tendrá un presupuesto de más de G. 500 mil millones, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de más de G. 400 mil millones, el Ministerio de Industria y Comercio de más de G. 115 mil millones y el Ministerio de la Mujer de más de G. 25 mil millones.

El Ministerio de Trabajo queda con un presupuesto superior a G. 300 mil millones, el Ministerio del Ambiente con más de G. 95 mil millones, la Corte Suprema de Justicia con más de G. 1 billón, el Tribunal Superior de Justicia Electoral con más de G. 700 mil millones y el Ministerio Público con más de G. 746 mil millones.

Este lunes el contralor general de la República, Camilo Benítez, se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y otros parlamentarios para analizar el tratamiento del anteproyecto de ley que crea el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción. El contralor explicó que se trata de una de las iniciativas que tiene la estrategia nacional de combate a la corrupción en el sistema público.

“Hace un año fue suscripto por todos los poderes del Estado y los organismos extrapoder, este es uno de los elementos para la Contraloría más importante, que es tratar de complementar el enfoque que tenemos en la lucha contra la corrupción y cumplir con los estándares internacionales en materia de lucha contra la corrupción”, expresó tras la reunión en la Cámara Baja.

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Benítez indicó que el objetivo no es tratar de prevenir y estandarizar los criterios en todos los poderes del Estado, en materia de integridad y prevención, en el cual existe una disparidad, de acuerdo al contralor. Además se establece criterios para transparentar la administración pública, criterios para el acceso a la función pública, ya que no existe un criterio unificado.

“Nosotros creemos que a través de esta ley se podría trabajar con todos los poderes del Estado para que exista una ley unificada. Nosotros fuimos lo que propusimos en esta mesa de diálogo que se había conformado”, apuntó.

Esta normativa también regula el Centro Nacional de Denuncias de corrupción contra funcionarios públicos. “Todos los principios mundiales en materia de denuncias contra la corrupción dice que el órgano que debe administrar esta denuncia debe ser independiente de las personas a quienes se le denuncia”, de acuerdo a la explicación del contralor.

Por otra parte, Benítez resaltó que la postura de la Contraloría es que una secretaría anticorrupción que dependa del Poder Ejecutivo, que forme parte del gabinete del Poder Ejecutivo, mal podría administrar este portal de denuncia contra funcionarios del Poder Ejecutivo.

“Por eso decíamos en su momento que debería ser la contraloría, que es un órgano constitucional, un órgano independiente, autónomo y distante al poder administrador y los otros poderes del Estado, quien administre este portar de denuncias”, sentenció.

Por su parte, el presidente de la Cámara Baja indicó que existe un fuerte compromiso de llevar adelante este proyecto. “Reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Compartimos una reunión sobre la Ley de integridad, que busca fortalecer las capacidades del Estado de lucha contra la corrupción y la impunidad, con la presencia del contralor general de la República”, aseveró.

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