La Cámara de Diputados aprobó este martes en sesión ordinaria, con modificaciones, el proyecto de ley que establece un régimen jurídico para la explotación de los juegos de suerte o azar. El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo, y la Cámara Baja aprobó el documento con modificaciones, ahora pasa al Senado.

Esta iniciativa tiene el objetivo de actualizar el régimen jurídico para la explotación de los juegos de suerte o de azar, y con esto eliminar el monopolio. El diputado Billy Vaesken, destacó que con esta normativa se fomentará la competencia e implicará un importante cambio en la economía.

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“Esto va a significar que más gente del extranjero venga e invierta en Paraguay, esto va a mejorar las condiciones laborales de los corredores de quiniela y va a generar más fuente de trabajo, va a haber más oportunidades dentro del libre mercado, va a fomentar la competencia y es sí un cambio verdadero para la economía paraguaya”, dijo el legislador tras la aprobación del proyecto.

Explicó, además, que permitirá la competencia entre más empresas, principalmente en la explotación de la quiniela, y otros juegos de azar, permitiendo así que los trabajadores puedan elegir con qué empresa trabajar.

“El corredor va a elegir con qué empresa va a trabajar, habrá varias empresas que harán el juego de la quiniela, por ejemplo, otros tipos de juegos de azar y eso va a generar riqueza y va a generar circulante que todos queremos que haya”, sentenció.

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A fin de beneficiar a emprendedores, microempresarios y fortalecer al sector, la ley 4457/12 para micro, pequeñas y medianas empresas (Mimpyes) fue modificada. Específicamente 43 artículos de 55. Esta modificación fue sancionada por la Cámara de Senadores a la espera de su aprobación en Diputados.

Algunos cambios que contempla la reforma tiene que ver con la reducción de la burocracia a través del uso de tecnología sin costo, la creación de un Registro Nacional de Mipymes y libre información sobre el registro Mipymes a través de la página web del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

“El 99 % de los microempresarios o emprendedores a quienes visitamos nos decían que era muy caro ser formal y que les cuesta pagar de entrada una cédula de G. 400.000 o el Registro Único del Contribuyente (RUC), entre otros trámites que se hacen en el MIC”, indicó Luis Pettengill a la 1000 AM.

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Comentó que por eso la inscripción para los microempresarios debe ser gratis, debe estar exentos de pagar impuestos en las municipalidades, para que verdaderamente ellos puedan despegar, crecer y potenciar sus empresas. Contó que otra de las reformas refiere que a través del Ministerio de Industria, la mipyme se podrá inscribir al Ministerio de Trabajo, y que el empresario tendrá un contrato de 3 años anuales sin la necesidad de pagar seguro social por sus empleados.

“El seguro del Instituto de Previsión Social (IPS) lo pagará solo el titular, unos G. 280.000, que si bien no le da un derecho a la jubilación, cuando la empresa avance (sea más grande), ya podrá abonar un aporte proporcional”, explicó.

Todas las personas que deseen empezar con un negocio encontrarán ventajas con estas modificantes, y mediante estos cambios propuestos darán celeridad al proceso de inscripción para el registro de una mipyme.

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Para la diputada Rocío Abed, la violencia contra la mujer no solo se encara a través de la legislación y el sistema de protección, sino también desde la educación y la cultura. Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por lo que la diputada encabezó un conversatorio desde la Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la mujer.

“Lamentablemente, la violencia hacia la mujer no es una cuestión solo de Paraguay, es una pandemia a nivel mundial. Hay que cambiar muchas cosas, empezando por la cultura y en la educación”, dijo la diputada en conversación con los medios de comunicación.

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Abed señaló que Paraguay está a la vanguardia en el ámbito legislativo, y que no se puede sentir en falta con respecto a las disposiciones legales y a las políticas públicas.

“Sí los índices van en aumento lamentablemente, entonces quiere decir que pasa mucho por la prevención, la educación, la concienciación, la cultura y no solamente de las víctimas, también hay que ver esa reeducación de los que son los verdugos, creo que en algo estamos fallando como sociedad por eso hay tanta violencia”, señaló la diputada.

También refirió que el sistema de protección ya en los casos de denuncia debe mejorar, pero primeramente se debe potenciar la prevención. “No falta la legislación, yo creo que la legislación no es la falencia, nuestra falencia como sociedad radica ya en la educación, en el colegio y por supuesto en la casa. El sistema como tal no está funcionando como debiera funcionar y no solo en Paraguay”, sentenció.

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El veto total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley del agente penitenciario será analizado por la Cámara de Diputados el martes 26 de noviembre. El documento figura en el punto 17 del orden del día de la sesión ordinaria.

Varias son las comisiones de la Cámara Baja que aconsejan a la plenaria aceptar el rechazo, entre ellas se encuentran la de Presupuesto, Asuntos Constitucionales, Salud Pública y Legislación y Codificación. La iniciativa sancionada en agosto pasado tiene como finalidad la profesionalización del agente penitenciario, a la par de establecer una estructura orgánica con derechos, deberes, prohibiciones y garantías para el desempeño de las laborales de los agentes dentro de las penitenciarías.

Entre estas atribuciones se habla del retiro, la formación profesional, los sueldos y los beneficios laborales, entre otras consideraciones. No obstante, desde el Ejecutivo dicen que la iniciativa aunque bien intencionada, no cumple con las normas legales ni administrativas necesarias.

En el rechazo total se menciona el parecer técnico del Ministerio de Economía y Finanzas, explicando que dicha cartera estatal desaconsejó su promulgación debido a la necesidad de racionalización de los gastos del Estado paraguayo.

“La iniciativa presenta riesgos en cuanto a su viabilidad práctica y financiera, comprometiéndose así no solo la efectividad de las soluciones, sino también la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, sin perjuicio de las objeciones misionales fundamentales que presenta el proyecto, todo lo cual justifica la objeción total de la misma”, sostiene.