Empresas consultoras y ONG beneficiarias del convenio de cooperación del gobierno de Mario Abdo Benítez y la recientemente clausurada por corrupción, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), siguen negándose al cumplimiento de la Ley de Transparencia. En el caso del Instituto Desarrollo (ID), documentos recabados del portal del Senado de la Nación muestran que remitieron solo listado de pagos al staff y cuadro directivo institucional, pero no los datos de los superconsultores, expertos, agentes culturales contratados que cobraron millonarios honorarios. El 90 % de los recursos de Asistencia para el Desarrollo donados a Paraguay fueron a salarios, viajes y el resto en el conocido comodín administrativo “costos indirectos”, cuyos detalles están totalmente ocultos.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Como la mayoría de las empresas ONG que se beneficia­ron de los USD 58 millones donados al gobierno de Mario Abdo Benítez por la recien­temente clausurada Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid), la con­sultora Instituto Desarrollo (ID) que dirige José Molinas, usó el 90 % de lo recibido en sueldos de su staff, expertos, agentes culturales, viajes y el resto ejecutó en costos indi­rectos y una diminuta com­pra de equipos.

En los documentos presen­tados, salvo algunos datos de los profesionales contratados en alianza con Institutos de Educación Superior (IES) de los Estados Unidos, no apa­recen los honorarios de los vinculados a los 8 aliados de ID en Paraguay para fomen­tar el “Estado de Derecho y la Cultura de la Integridad (ROLCI)” en el país.

Según los documentos que recabamos del portal del Senado de la Nación, en el marco de los requerimien­tos realizados por la Comi­sión Bicameral de Investiga­ción de delitos como el lavado de activos y otros, la consul­tora de Molinas reportó que recibió USD 4.300.000 en el marco de la cooperación a Paraguay en la época de Abdo Benítez ejecutado desde el 2019, pese a que el conve­nio internacional recién se firmó en setiembre de 2020. El monto indica una primera inconsistencia con relación a la información que nos había remitido la Cancillería nacional en la que consta los USD 4.300.000, pero a este se suma una contribución local de USD 433.333, con lo que el presupuesto manejado asciende a USD 4.733.333.

En la planilla enviada por ID figura una ejecución de USD 4.291.417 y una devo­lución de USD 8.582 a Usaid, pero no aparece la ejecución de los USD 433.333 de con­tribución país que la Canci­llería había informado. Como ya mencionamos, el 90 % fue­ron a sueldazos de los direc­tivos, consultores nacionales en internacionales.

No aparecen los nombres de los profesionales contratados por los aliados de ID, ni cuánto cobraron para fomentar la cul­tura de la integridad y el Estado del derecho, pero en las páginas de sus dossiers inflan números estadísticos alardeando resul­tados exitosos en el ámbito educativo y judicial.

Los maravillosos resulta­dos que ID pinta en los pape­les; sin embargo, están muy lejos de la realidad de la Jus­ticia paraguaya, cuestionada por el ciudadano común y envuelta de escándalo a otro, por todo tipo de denuncias. En este contexto, los que sí obtu­vieron asombrosos logros son los directivos de ID con suel­dos de ministro y así amasa­ron fortunas en honorarios (ver tabla).

En el caso del director José Molinas, por ejemplo, se registran honorarios de G. 26.000.000 al mes. Otro que figura como “personal clave” es el exfiscal y extitular de Aduanas del gobierno de Fernando Lugo, Javier Con­treras, con cobros mensuales de G. 26.000.000.

En los anexos remitidos apa­recen contratos millonarios de entre USD 20.000 y USD 171.000 entre Molinas y el Instituto Pulte para el desa­rrollo global de la universidad de Notre Dame para el forta­lecimiento del Estado de dere­cho y la Cultura de la Inte­gridad en el Paraguay, pero solo citaron los conceptos del presupuesto más pequeños y donde se puede visualizar pagos a consultores de hasta USD 1.100 por día.

También aparece una contra­tación por USD 155.000 de la Iniciativa de Agentes Cultura­les de la Universidad de Har­vard, totalmente en inglés y reducida básicamente a hono­rarios profesionales de hasta USD 1.800 por día.

La consultora ID, el Ins­tituto de Derecho y Eco­nomía Ambiental (IDEA), ONG como Semillas para la Democracia, Centro de Estu­dios Judiciales (CJE), etc., no transparentan las contrata­ciones ni los pagos que rea­lizaron con fondos donados a Paraguay para combatir la corrupción, la impunidad y fortalecer la democracia. Se escudan en la protección de la intimidad de terceros para ocultar quiénes cobra­ron, cuánto y para qué. Sin embargo, las fotografías, difusiones de actividades difundidas ya han eviden­ciado que la plata fue al bolsi­llo de amigos, políticos afines y programas de periodistas, opinólogos enfocados al lin­chamiento de un sector del Partido Colorado y la protec­ción de la oposición aliada al equipo Abdo Benítez.

Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

La directora general de DD.HH de la Vicepresidencia de la República, María Teresa Peralta, defendió el trabajo que lleva adelante la Comisión de Cumplimiento de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CICSI), que preside el vicepresidente Pedro Alliana, resaltando que no se trata de asistencialismo a las comunidades indígenas, sino que es el cumplimiento de las sentencias o incluso recomendaciones que brindaron la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales.

En comunicación con La Nación/Nación Media, Peralta explicó que el acompañamiento que brinda el Estado paraguayo a través del CICSI no es asistencialismo, ya que en el caso de las comunidades de pueblos originarios son en el cumplimiento de sentencias, cumpliendo estrictamente lo dispuesto por la Corte Interamericana, así como aquellos que están con acuerdos de solución amistosa.

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Mencionó que, además de las comunicades indígenas también están llevando casos que ya se cerraron el año pasado, así como otros procesos que están en vía de ser cerrados, como el caso Alejandro Nissen Pessolani; el caso del ministro Bonifacio Ríos; el de Goiburú que está pendiente de cierre.

Recordó que el año pasado ya se cerraron el caso de niños soldados, por casos de tortura, en este caso se les sigue brindando asistencia a las víctimas; como también siguen trabajando en el caso del Centro de Educación Panchito López; ya que algunos siguen dentro del sistema penitenciario y otros ya fuera a quienes se les está buscando para continuar con la asistencia por parte del Estado, todos fueron reparados económicamente y con asistencia de salud, educación y formación de mando medios.

“El trabajo que estamos llevando en la CICIS es muy sensible, pero, sobre todo hay que destacar el avance que estamos teniendo en el cumplimiento de las sentencias ya cuerdos, sobre todo desde que asumió la presidencia de la comisión el vicepresidente Pedro Alliana. Sobre todo teniendo en cuenta la decisión política que es del presidente de la República Santiago Peña, que ya en su primer informe ante el Congreso destacó el avance de Paraguay en el cumplimiento de temas de Derechos Humanos en demandas internacionales, los cuales no se pueden señalar como asistencialismo por parte del gobierno”, indicó.

Además, Peralta destacó que existe una reglamentación del Ministerio de Economía y Finanzas, que en la última reunión que tuvo en el consejo asesor consultivo, el representante del MEF indicó que, en el Presupuesto General de la Nación, se está dando prioridad para destinar los casos de resarcimiento en tema de DD.HH en los casos que hubiere.

“Nosotros estamos avanzando en las negociaciones para acuerdo de solución amistosa. Pero en los casos que ya tienen sentencia, obviamente van a ser resarcidos. No obstante, existen otros casos en los que se busca una solución amistosa y se están agilizando y negociando para llegar a un acuerdo con las víctimas para no llegar a la Corte IDH, pero que muchas veces azuzados por organizaciones que buscan llegar a las últimas instancias”, precisó.

Resaltó que continúan llevando adelante el trabajo conjunto del Gobierno, para demostrar la diligencia del Estado, con la presencia permanente que no es asistencialismo, ya que permanentemente están presentes con la Secretaría de Emergencia Nacional viendo todas las necesidades que tienen, llevando los kits de alimentos, en algunas comunidades indígenas incluso ya llega el almuerzo escolar.

“Estamos agilizando todo lo que se pueda con la Ande para que les llegue la energía eléctrica, en muchos casos ya nos piden internet, estamos cumpliendo con las viviendas. Es muy complejo todo, pero se está cumpliendo con todos ellos” remarcó.

En cumplimiento a la sentencia de la Corte IDH, el Gobierno del Paraguay, a través del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, envió 9.600 metros de caños de PVC a la comunidad indígena Xamok Kasek, en el Chaco Paraguayo. Con la instalación de estas cañerías, unas 125 familias de dicha comunidad tendrán acceso al agua potable.

Este viernes partieron los camiones del Comando de Ejército que transportan las cañerías, desde el Cuartel General del Comando de Ejército, con presencia del Ministerio de Defensa, Oscar González; así como de la directora de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, María Teresa Peralta, y el director de Senasa, Fernando García.

Los técnicos de Senasa y el comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Gral. Oscar Ferreira recibieron en la comunidad indígena las cañerías que serán instaladas, a fin de facilitar el acceso al agua a las familias de la comunidad Xamok Kasek.

A su vez, el director de Senasa, Fernando García, explicó que, durante la última visita de los miembros de la Corte Interamericana, los líderes solicitaron los caños, teniendo en cuenta que tienen tajamares también construidos por Senasa, que actualmente están con mucha agua por las lluvias caídas y pidieron estos caños para acercar el agua desde el tajamar hasta sus aldeas. Con esto, evitarán el acarreo manual y contarán con agua en sus domicilios, añadió.

En ese marco, la institución que preside envió 9.600 metros de caños, que serán instalados por técnicos de Senasa, con apoyo de la gobernación y la coordinación interinstitucional como el Ministerio de Defensa y el Comando del Ejército.

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El Gabinete Social del Gobierno, analizó el pasado viernes los resultados de la encuesta de pobreza, la reducción de los índices y la proyección de nuevas metas, como reducirla al máximo y eliminar la extrema pobreza o indigencia.

Entre las estrategias que acordaron para crear condiciones e impulsar a ese sector, se decidió conformar un Gabinete de Microeconomía, con el objetivo de poder revisar los datos de la pobreza y por qué ocurren estas situaciones. Esta reunión que estuvo encabezada por el presidente de la República, Santiago Peña, detectó que a partir de la segmentación de la población se observa un sector que registra menos crecimiento de ingresos.

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Al respecto, el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, mencionó que el objetivo es trabajar en políticas para impulsar el crecimiento de la clase media, con diferenciación de la rural y la urbana, que son los sectores en los cuales se observó un menor crecimiento en sus ingresos (3%), según la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

“La intención del presidente Peña es reducir aún más los niveles de pobreza y, principalmente, de pobreza extrema o la indigencia, se pretende llegar al 0%. Para el efecto, se creará una instancia de análisis y creación de las políticas, como una suerte de Gabinete de Microeconomía”, explicó Ruíz Díaz.

Asimismo, señaló que, al revisar los datos de pobreza, se encontraron tres elementos muy llamativos de la reducción. En primer lugar, en el grupo de personas más ricas se encontró que los ingresos crecieron 8%. Igualmente, entre las personas más pobres, los ingresos se incrementaron un 13%, y existen factores explicativos como el proyecto “Hambre Cero”, que generó mayores ingresos a los productores frutihortícolas.

“Se pudo comprobar que gracias a la política Hambre Cero, más la lucha contra el contrabando, los hogares tuvieron un incremento en sus ingresos de hasta un 500%, porque de vender tomates a un precio de entre 2.000 y 4.000 guaraníes el kilo, se llegó a vender a 9.000 y 10.000 guaraníes por kilo, y se observó lo mismo en varios otros productos. Esto explica la mejoría en el segmento de los menores ingresos que registraron el crecimiento del 13%”, explicó el titular del Indert.

Igualmente, favoreció a las poblaciones más vulnerables, la titulación masiva de tierras que permite al campesino acceder a créditos, la construcción de viviendas sociales, que está generando muchos empleos en zonas urbanas y rurales, la universalización de la pensión de los adultos mayores, entre otros. No obstante, señaló que llama la atención al grupo de expertos que, en la clase media hubo un crecimiento más lento.

“Esto quiere decir que, aparentemente, la macroeconomía está goteando de manera desigual, porque los de ingresos más elevados mejoraron un 8% y tiene que ver principalmente con los que se benefician de las condiciones macroeconómicas del Paraguay, que es una de las economías que más se destaca a nivel mundial y que más va a crecer. Tenemos el grado de inversión, sigue vigente la regla del triple 10 en los impuestos por 20 años (renta personal, IVA y renta empresarial)”, mencionó.

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El presidente de la República, Santiago Peña, señaló la deci­sión firme del Ejecutivo de trabajar en favor de la clase media, que según indicó quedó atrapada entre dos sectores beneficiados tanto por las condiciones de estabi­lidad macroeconómica, como por las políticas focalizadas en la lucha contra la pobreza.

“La oferta de política pública nunca se enfocó en ese sector y es ahí donde nosotros esta­mos poniendo nuestra aten­ción”, afirmó Peña, durante la inauguración de vivien­das sociales en la ciudad de Capiatá, departamento Cen­tral.

El mandatario comentó que en los últimos 25 años, la oferta pública paraguaya se enfocó en dos áreas, la macroeconomía que favo­rece las condiciones para la inversión empresarial y las políticas públicas específicas orientadas a los ciudadanos más humildes. “Los pobres y ricos fueron los que registra­ron mayores índices de creci­miento, no así la clase media”, precisó.

El mandatario resaltó que las políticas públicas adop­tadas fueron importantes en la reducción de la pobreza que afecta a los sectores vulne­rables, por lo que instruyó al Gabinete Social a seguir tra­bajando con los más vulne­rables. Sin embargo, anunció que también lo harán con la clase media, que según dijo, “le está costando mucho lle­gar a fin de mes”, remarcó.

“Para muchas familias la factura de la Ande es un ítem demasiado grande dentro de su gasto, tenemos que bajar el precio de la energía, esta­mos trabajando para que eso sea una realidad”, anunció el presidente remarcando el compromiso del Ejecutivo de trabajar en favor de la clase trabajadora.

En ese orden, destacó la importancia de impulsar estrategias que permitan que la macroeconomía se sienta en el bolsillo de la gente. “Me enfoqué en cam­paña en esto y en ello voy a trabajar en los próximos años”, recalcó.

“El testimonio de Claudio, el repositor del supermer­cado que le abraza al profe Gustavo Alfaro (técnico de la selección) y le dice que la Albirroja es su única satis­facción que apenas llega a fin de mes, esa es la realidad de muchos paraguayos”, expresó el mandatario.