La jueza penal de Garantías, Lici Sánchez, explicó los fundamentos y las pruebas presentadas para la desestimación de la denuncia del Ministerio Público sobre los integrantes del avión de la empresa venezolana Emtrasur. Esta investigación había iniciado tras la denuncia de René Fernández, exministro abdista de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), en contra de la empresa Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) con firmas de otros países para que sea objeto de sospecha. El pedido para desestimar la denuncia fue hecho por los fiscales Francisco Cabrera y Jorge Arce.

La jueza explicó que el Ministerio Público inició una investigación en base a la ley 4.024 y la modificatoria 6.408, que refiere a la asociación terrorista, financiamiento de terrorismo. Esta normativa hace referencia a quien creare, dirigiere, prestare apoyo para estas organizaciones terroristas. “Esa es básicamente la normativa que nos convoca”, dijo Sánchez, este lunes, en entrevista al programa “Así son las cosas”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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“El Ministerio Público hace sus diligencias. Tengo desarrollado en la resolución de nueve tomos de expediente, en el cual comunica al juzgado que solicita la desestimación en razón de que la conducta observada por los mismos no es la conducta típica de estas normativas y tampoco los hechos presentados son ilícitos”, indicó. En este sentido, el juzgado realizó una búsqueda profunda de todas las documentaciones, lo que se ha plasmado en la resolución en la consideración, de suma importancia, a los efectos de dar o no viabilidad del requerimiento fiscal.

“Encontramos que esta empresa Emtrasur, que es la responsable, vamos a decir, de la aeronave en cuestión, porque aquí también hay que hacer una división entre la problemática generada con el avión y la problemática generada con la tripulación y también la problemática generada con la carga de la empresa Tabesa. Son tres ejes en la misma cuestión. Esta empresa Emtrasur vendría a ser una división logística de transporte de carga de origen venezolano y como brazo logístico de la empresa Conviasa (Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A.)”, explicó la jueza a Nación Media.

Indicó que la empresa Emtrasur realiza a su vez una subcontratación de otra empresa paraguaya, con domicilio en Ciudad del Este (Alto Paraná), para que la misma realice las gestiones documentales en el aeropuerto. “Todas estas circunstancias han acontecido, creo que fue el 13 de mayo del año 2022, específicamente. Bueno, esta empresa, que sería como una operadora terrestre, nuevamente contrata a otra empresa exclusivamente para el transporte de la tripulación desde el Aeropuerto Guaraní hasta un hotel con domicilio en Ciudad del Este”, apuntó.

En esta operación de traslado de carga y tripulación intervinieron varias empresas, y estas documentaciones fueron las arrimadas por el Ministerio Público, con una secuencia de informaciones, también se han prestado varias declaraciones testimoniales de los responsables de todas las empresas involucradas, y todas han demostrado cuáles son sus responsabilidades.

También se cuenta con un informe remitido por la Dirección Nacional de Aviación Civil (Dinac), por el entonces titular Félix Kanazawa, que manifiesta que la aeronave con matrícula 3531 realizó una operación en el mes de mayo del 2022 y que contaba con todas las autorizaciones ya desde mayo del mismo año. “Estaba preestablecido el itinerario que debía de traer esta aeronave que partía del aeropuerto, Maiquetía (Venezuela), esta venía directamente a esta ciudad y de Ciudad del Este nuevamente a Aruba”, mencionó la jueza.

Finalmente, indicó que la investigación giraba en torno a que independientemente de que la actividad comercial sea lícita o ilícita, si ésta iba dirigida a financiar a grupos terroristas. “Ese punto y ese extremo no fue acreditado, ni fue demostrado, ni existen documentaciones, y por sobre todas las cosas hay que tener muy presentes también los informes remitidos por entonces”, puntualizó la magistrada Lici Sánchez en comunicación con Nación Media.

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El medio digital El Observador publicó un artículo titulado “Avión Iraní: Fiscales no encontraron conexión entre venta de cigarrillos de Tabesa con financiamiento del terrorismo”, en el que detallan que “los fiscales Jorge Cabrera y Francisco Cabrera solicitaron la desestimación de la denuncia relacionada al avión Iraní, al no poder acreditarse que el negocio realizado por Tabesa haya tenido como objetivo financiar actos de terrorismo”.

La publicación relata que la causa se inició con las “denuncias de Gustavo Sandoval como por el ministro secretario de la Senac, René Fernández, sobre el arribo a Paraguay de la aeronave matrícula venezolana YV3531 con autorización no regular para el traslado de cigarrillos de la empresa Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) al país de Aruba”.

Agrega que “la aeronave ingresó al país el 13 de mayo de 2022 en horas de la noche, con una tripulación de 18 personas, de las cuales 7 eran de nacionalidad iraní y 11 de nacionalidad venezolana, quienes supuestamente se encontraban vinculadas con grupos terroristas de las fuerzas Quds”.

“El avión es propiedad de la empresa Emtrasur, la división logística y de transporte de carga de la empresa venezolana Conviasa, sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)”, precisa El Observador.

Los antecedentes refieren que “la aeronave realizó una operación de traslado de mercadería de exportación, más específicamente, 7086 cajas de cigarrillos vendidas por Tabacalera del Este S.A. a Tabacal Free Zone Nv, empresa ubicada en el país de Aruba”.

Para comprobar, durante las investigaciones, que “la aeronave ingresó al país con una autorización para operación no regular otorgada por la Dinac para el traslado de la mercadería vendida por Tabesa. Conforme a las declaraciones testimoniales tanto de los funcionarios de la Dinac como de la Dirección de Aduanas, llegó sin carga alguna ─ salvo pallets para cargar la mercadería ─ y con 18 tripulantes a bordo, sobre quienes recaía la sospecha de su vinculación con grupos terroristas; sin embargo, conforme las diligencias realizadas estos no poseen órdenes de captura internacional, ni causas abiertas por hechos punibles ligados al crimen internacional o a actos terroristas”.

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La Secretaria de Prevención e Investigación del Terrorismo (Seprinte) informó que “los tripulantes Alireza Daneshpour; Zeus Andres Rojas Velazquez; Carlos Ramón Anseume Merchan; Absolbaset Mohammadi; Gholamreza Ghasemi; José Miguel Ramirez Martinez; Ricardo Antonio Rendon Oropeza; Vicente Antonio Raga Tenias; José Angel Chacon Quintero; Emilio José Salazar Velazquez, Victoria Vanessa Valdiviezo Marval; Ali Kawalvand; Richard Roiman Garmendia Lugo; Naghi Naei Naranj Bon; Jorge Gabriel Perez López; Nelson Alberto Coello; Faisal Azkarzadeh y Vahid Lorzanganeh, no registran investigaciones, procesos o condenas por actos vinculados al terrorismo”.

El artículo refiere que las mismas personas “fueron investigadas también en la República Argentina por hechos similares, informando dicho país a través del informe de Cooperación Internacional que la justicia argentina archivó la causa contra estas personas, a quienes inicialmente se detuvo y afrontaron un proceso penal”.

Aclara que “si bien es cierto Ezequiel Santoro Da Silva y Dario Eugenio Diaz Ocampos, ligados a la operativa del traslado de los tripulantes y al manejo de la carga, tuvieron causas penales por hechos punibles cometidos en el país, estos no se encuentran relacionados con el financiamiento del terrorismo ni con los hechos ocurridos entre el 12 al 16 de mayo de 2022, ocasión en que el avión carguero ingresó al país, cargó la mercadería para luego tomar destino a Aruba”.

En cuanto a la carga, sostiene que “esta cuenta con despacho de exportación de la Dirección Nacional de Aduanas, cuenta con factura de venta y se encuentra con todos los permisos tanto fitosanitarios como los expedidos por Dinavisa”.

Los fiscales advirtieron “que no existe asociación alguna a la que pertenezcan los tripulantes y las empresas relacionadas con la carga para la comisión de hecho punibles de terrorismo, se comprobó mediante informes y declaraciones testificales, que el avión aterrizó en el país sin carga alguna y posteriormente se realizó la carga de cajas de cigarrillo con destino a Aruba, además de comprobarse que los tripulantes del avión no tienen órdenes de captura pendiente ni tienen procesos abiertos por hechos vinculados al terrorismo, por lo que no se permite afirmar que forman parte de una asociación destinada a la realización o promoción de hechos punibles transnacionales”.

Se precisa que “no se ha acreditado que el negocio realizado por Tabesa para la venta de cigarrillo a Tabacos Free Zone en Aruba y el transporte de estos vía aérea por medio de la empresa Emtrasur, haya tenido como objetivo obtener fondos para la realización de actos de terrorismo, ya que se corroboró mediante declaraciones testimoniales e informes de las distintas instituciones públicas, que la empresa aérea fue contratada para el transporte de carga, que este si bien es cierto, era un vuelo no regular, contaba con la debida autorización de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, que este vuelo llegó sin carga y que posteriormente, la carga debidamente documentada salió del país en el mismo vuelo con destino final a Aruba de donde fue adquirida esta carga, sin que haya indicios de que esta operación tuvo la finalidad de aportar fondos, dinero o bienes para la realización de actos de terrorismo”.

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Se aclara que en el presente caso, “no existen elementos que permitan establecer la existencia de hechos punibles ni la participación de los tripulantes del avión o de los representantes de la empresa exportadora ni compradora en hechos punibles de terrorismo ni financiamiento de este”.

Por ello, “solicitaron la desestimación de la denuncia, considerando que los hechos constatados en la presente investigación no reúnen los presupuestos de tipicidad de la conducta de los hechos investigados”, refiere El Observador.

Se agrega que “el alcance de la figura de la desestimación, prevista en nuestro ordenamiento procesal, el cual establece en su Art. 306 que, la resolución que ordena la desestimación no podrá ser modificada mientras no varíen las circunstancias que la fundamentan, es decir, cualquier denuncia desestimada puede ser reabierta, siempre que existan nuevos elementos que modifiquen los hechos que sirvieron como fundamento para el requerimiento, si de esta variación se puede establecer la posible existencia del hecho punible”.

El expresidente Mario Abdo Benítez había manifestado que el sistema de “inteligencia paraguaya hizo un gran trabajo para poder determinar la peligrosidad de este vuelo, desde que Paraguay informó y alertó se pudieron hacer las averiguaciones y vemos que gran parte de esa tripulación tiene vínculos con el terrorismo internacional y uno incluso se operó para cambiarse la cara en Cuba, esto parece una película”.

Agregó que “todo es cuestión de mirar los papeles nomás, no es un invento mío. Yo creo que él (Cartes) está enojado porque hace poco ese avión iraní que llegó al país traía cigarrillos de Tabesa, y qué culpa tengo yo si ahí estaban esos cigarrillos en un avión donde la tripulación estaba llena de terroristas”.

Abdo realizó estas declaraciones en plena campaña política para alzarse con la titularidad de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), que disputó contra su principal oponente político, el expresidente Horacio Cartes, quien finalmente ganó las internas.

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Ser la marca más preferida, utilizada y recordada por los paraguayos en la categoría pastas, es un reflejo del compromiso y esfuerzo constante del equipo de Pastas Anita - AJ S. A., además de la confianza y la lealtad de los consumidores.

Cada plato de pasta que llega a la mesa de los hogares representa la dedicación de la empresa a la calidad y al sabor, y haber sido galardonados con el premio del Ranking de Marcas 2024 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) es un testimonio del vínculo especial que construyeron con sus clientes.

“Nos sentimos profundamente honrados y agradecidos de recibir el premio a Marca del Año 2024 en la categoría de pastas. Este reconocimiento no solo nos llena de orgullo, sino también nos impulsa a seguir innovando y mejorando, a renovar nuestro compromiso de seguir siendo parte de sus momentos en familia”, indicó María Liz Figueredo, brand manager de la empresa.

Consideran que esto fue posible gracias a la calidad de los productos, con ingredientes de la más alta calidad y a un laboratorio de control que supervisa constantemente los procesos para garantizar un sabor excepcional en cada plato de comida.

Otro aspecto fundamental para ser la preferida, es la amplia variedad de formatos y tipos de fideos que ofrece la marca, lo que permite a los consumidores elegir la opción ideal para cada receta. Además, Anita se destaca por su innovación, ya que trabaja continuamente para ofrecer nuevas opciones que sorprendan y deleiten a los clientes, como los últimos lanzamientos de Pastas con queso, pastas integrales y tallarín primavera.

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Respecto a los desafíos que enfrentan, Figueredo mencionó la constante innovación, adaptación a las necesidades y deseos de los consumidores, a más de mantenerse competitivos, en un mercado con creciente competencia, ofreciendo siempre la mayor calidad y excelencia

“Gracias al esfuerzo diario del equipo logramos ser una de las mayores industrias del Paraguay, y también la marca preferida por los consumidores. Agradecemos a cada uno de nuestros clientes y consumidores por la preferencia”, remarcó.

A su vez, José Ignacio Ortiz, brand manager para Santa Helena, del mismo grupo empresarial AJ S. A., señaló que ser la marca más preferida, utilizada y recordada por los paraguayos representa un logro significativo en el mercado.

“Esto implica que Santa Helena ha alcanzado un nivel de aceptación y confianza entre los consumidores, lo cual refleja no solo la calidad de su producto, sino también el éxito de su estrategia de marketing, distribución y presencia en el país”, sostuvo.

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Agregó que al decir que Santa Helena es la marca “preferida”, se trata de la elección consciente de los consumidores al momento de comprar un vino, lo que significa que la mayoría de las personas en Paraguay eligen esta marca sobre otras, subrayó.

Al hablar de Santa Helena se esboza su calidad, tradición, accesibilidad y la relación emocional que construyó con los consumidores paraguayos. Elementos que fueron fundamentales para consolidar la posición de la marca de vinos como una de las más preferidas y recordadas en el país.

Ortiz hizo extensivo el agradecimiento por el compromiso y la confianza que les permitieron consolidarse como una marca líder en Paraguay. “Juntos hemos construido un camino de éxito y estamos seguros de que con su apoyo y nuestro esfuerzo continuaremos innovando y creciendo”, añadió.

Reconoció la lealtad y el esfuerzo de los colaboradores, al tiempo de proyectar seguir celebrando muchos momentos más compartidos, a más de mantenerse competitivos en un mercado que está cada vez más en crecimiento, dijo.

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Las multinacionales generalmente son pésimas perdedoras. Usualmente lo que sucede es que cuando desembarcan en un mercado nuevo lo hacen teniendo por descontado que se van a llevar puestos a sus competidores locales. Sin embargo, en Paraguay se cruzaron con un contrincante al que nunca pudieron devorar: Tabesa.

Datos oficiales muestran que es una industria que sostiene a 10.000 empleados de forma directa e indirecta. Si a cada empleado se le calculan dos a tres hijos, se estima un universo de 30.000 personas que dependen del funcionamiento de la industria tabacalera en general y todo esto solo con la materia prima, sin considerar la cadena de valor. El nivel de exportación en el sector tabacalero pasó de USD 40 millones a USD 15 millones por año, es decir, el impacto medido en 12 meses ya alcanza un 60 % de disminución.

Los registros muestran que existen 25 industrias formales inscriptas en el Ministerio de Industria y Comercio, desde donde hicieron un relevamiento de datos y detectaron que se perdieron 850 puestos de trabajo en ese período, si hablamos de que cada puesto de trabajo perdido representa a un integrante de una familia de tres, más de 2.500 personas se quedaron sin sustento diario. Tabesa pagaba entre 3 y 4 millones de dólares por mes al fisco, hoy está pagando entre 500 y 600 mil dólares, coincidente con la suma que podría (y esto aún está por verse) recibir el Paraguay en concepto de cobro de impuestos por toda la operación anunciada de ingreso a la carne paraguaya en Estados Unidos con el cupo de apenas 60 millones de dólares.

Recordemos que tal operación quedó trabada por un proyecto de ley que anula la habilitación de la administración Biden a las importaciones de carne paraguaya. El Senado estadounidense aprobó la prohibición de ingreso de nuestra carne por 70 a 25. Hay que darles, así se defiende la industria nacional.

Estamos ante una guerra comercial, con obvias implicancias políticas. El que no quiere verlo debería urgente pedir turno en el oculista. Hace 25 años que las marcas de Tabesa son líderes en el mercado paraguayo, y a pesar de los muchos intentos de la Philip Morris y la British American Tobacco, nunca la han logrado superar. En este punto, es oportuno traer a colación el muy conocido caso de Inka Cola en Perú; durante años Coca-Cola trató de desbancar de todas las formas posibles a la industria peruana. Como no lo consiguió, finalmente terminó comprando la marca a mediados de los 90, y le dio a la familia Lindley (dueños de Inka Cola) la franquicia de la bebida americana. En síntesis, como no la pudo superar, la terminó comprando.

En el caso Tabesa y el Paraguay han sido mucho menos elegantes, como las poderosísimas y multimillonarias tabacaleras estadounidenses no pueden superar a las marcas de Tabesa, el embajador Ostfield se encargaría de acogotar a la empresa paraguaya, para que así el mercado quede libre a las empresas americanas. Cualquiera que conozca mínimamente el gigantesco poder de lobby de las tabacaleras estadounidenses sabe de lo que hablo.