Los legisladores resolvieron postergar por ocho días la emisión del dictamen para el proyecto de reforma del transporte público en el área metropolitana, a fin de conformar una mesa técnica y trabajar con el Viceministerio de Transporte. El proyecto del Poder Ejecutivo tiene tratamiento de código y figura en el orden del día de la sesión ordinaria de este miércoles, por lo que el pleno podría avanzar con el debate o bien optar por una nueva postergación.

Las comisiones de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Control, y de Obras Públicas, realizaron ayer martes una reunión con la presencia de la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión; del viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, y de representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de cuyo debate se decidió conformar la mesa de trabajo.

El aplazamiento surge para evaluar junto con el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional las implicancias del proyecto en el ámbito de los derechos laborales. La decisión derivó en la desactivación de la huelga anunciada por el sector de los choferes, que manifestaron preocupación en relación con la antigüedad laboral y la estabilidad en caso de cambios de empresas.

A estadio lleno se jugará el partido mañana en el Defensores del Chaco, donde Paraguay puede confirmar su clasificación al Mundial 2026. La Policía prepara un megaoperativo de seguridad. Habrá varios anillos de control, molinetes y prohibición de ciertos objetos.

Unos 4.000 efectivos policiales están asignados a la cobertura de seguridad del partido más importante de los últimos 16 años a nivel de selección nacional, pues, la Albirroja puede confirmar su clasificación al Mundial 2026, después de una larguísima espera.

El director de Eventos Deportivos, comisario Héctor Fernández, confirmó que el partido se jugará a estadio lleno, con 35.000 espectadores. Se estima el ingreso de unos 400 hinchas ecuatorianos, a quienes se les asigna el sector de Preferencia E, hacia Gradería Norte.

En el marco del operativo internacional “Aliados por la Infancia”, agentes del Departamento contra Delitos Informáticos realizaron allanamientos simultáneos en las ciudades de Capiatá, San Antonio y Ciudad del Este.

El comisario Diosnel Alarcón, jefe de dicha dependencia, explicó que los procedimientos se llevaron a cabo con el objetivo de combatir la explotación sexual infantil en internet y frenar la descarga de material de pornografía infantil, según comentó a la 1020 am.

“Se analizaron más de 500 archivos de materiales de abuso sexual infantil que se estaban descargando en dispositivos. Hasta el momento tenemos dos detenidos”, confirmó Alarcón.

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, desmintió un supuesto plan para privatizar la Administración Nacional de Electricidad (Ande), como argumentan algunos sindicatos de la empresa estatal, que se movilizan ante el debate legislativo sobre el proyecto de ley que busca la creación del Ministerio de Industria, Comercio, Turismo, Minas y Energía.

“Les quiero garantizar que no existe ninguna intención de privatizar una empresa que es fundamental en este momento y que va a ser más importante, incluso, a futuro. No sé de dónde quitaron la idea de que hay un plan de privatización. No tiene sentido”, sostuvo el titular del MEF, ayer martes, a los medios de comunicación en el Congreso Nacional.

La propuesta del Poder Ejecutivo plantea que el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) absorba el Viceministerio de Minas y Energía del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur). En tanto, los gremialistas alegan que mediante esta fusión supuestamente se restarían prerrogativas y atribuciones a la Ande.

La Junta de Gobierno del Partido Colorado sesionará de forma extraordinaria el próximo lunes, ocasión en la que aprobará nuevas afiliaciones y extenderá la campaña de adhesión a más integrantes.

El titular de la ANR, Horacio Cartes, firmó la resolución de convocatoria a sesión extraordinaria (presencial y virtual) de la Junta de Gobierno para el próximo lunes 8 de septiembre a las 17:00 en la sede partidaria.

En el orden del día figura la aprobación de nuevas solicitudes de afiliaciones y también pondrán a consideración la prórroga de campaña masiva de afiliaciones.

La justicia paraguaya reafirma la prisión preventiva de Gianina García Troche en Viñas Cué, sosteniendo que ha recibido atención médica adecuada y negando traslado a una clínica. La jueza penal de garantías Rosarito Montanía resolvió mantener la prisión preventiva a la esposa del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

El pedido de traslado a un centro médico especializado fue rechazado, pese a las argumentaciones de su defensa sobre su delicado estado de salud. La jueza enfatizó en su resolución que desde su ingreso a la prisión, la procesada ha recibido atención por parte de médicos del Ministerio de Salud, del Hospital Militar y de profesionales como ginecólogos, psicólogos y psiquiatras que realizaron estudios de laboratorio, placas radiográficas y ecografías. En consecuencia, la magistrada concluyó que “no se vulneraron sus derechos” y que no hay justificación para un traslado asistencial.

La defensa, conformada por Rafael Alcides Blanco, apeló a un incidente innominado solicitando la internación hospitalaria, indicando que García Troche se encontraba en estado “deplorable” y argumentando que necesitaba evaluación médica urgente.

El presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, acusó este lunes a jueces de su país de estar “haciendo política”, al ser interrogado sobre presuntos casos de corrupción en los que se cuestiona a varios de sus allegados.

Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna", dijo el jefe de gobierno socialista en una entrevista televisada, refiriéndose a los casos en que están involucrados entre otros su esposa Begoña Gómez y el hermano menor de Sánchez.

“Afortunadamente es la minoría, pero la hay y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia, al poder judicial”, agregó en una entrevista en la televisión pública RTVE.

“Yo nunca pensé que esto pudiera pasarle a una persona que ejerza responsabilidades políticas, porque además, esto proviene de denuncias falsas”, puntualizó.

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Se usan “recortes de prensa de organizaciones ultraderechistas que se presentan en determinados juzgados para abrir una causa en este caso contra familiares, familiares como mi hermano o como mi esposa”, señaló.

“Yo no tenía ninguna información objetiva de que pudieran estar cometiendo supuestos actos de corrupción”, dijo Sánchez refiriéndose además a tres colaboradores suyos imputados.

Sánchez rechazó que haya cualquier tipo de “corrupción sistémica” en el Partido Socialista español del que es primer secretario.

La esposa del presidente de gobierno español fue convocada para el 11 de setiembre por un juez en el marco de una investigación por desvío de fondos, según un portavoz de un tribunal de Madrid.

Según los medios españoles, el juez busca saber si una funcionaria empleada en el equipo del presidente de gobierno trabajó para Begoña Gómez, en la época responsable de un máster en la Universidad Complutense de Madrid.

Desde abril de 2024, Gómez está imputada también por corrupción y tráfico de influencia. Gómez, que dirigía hasta el inicio de clases de 2024 un máster de gestión en la Universidad Complutense de Madrid, es sospechosa para el juez de haber utilizado en su beneficio las funciones de su esposo para obtener financiamientos para su máster, especialmente ante el empresario Juan Carlos Barrabés.

La investigación se abrió tras quejas de dos grupos relacionados con la extrema derecha. Esta investigación es uno de los muchos casos de corrupción en que están involucrados allegados a Sánchez, y que llevó a la oposición a pedir con frecuencia su renuncia.

El antiguo cercano colaborador de Sánchez, Santos Cerdán, tercero en la jerarquía del Partido socialista, fue detenido provisionalmente en junio en el marco de una investigación sobre sobornos relacionados con varios contratos públicos.

En el centro de esta misma investigación se encuentran también el exministro y cercano colaborador de Sánchez, José Luis Ábalos, y su cercano consejero, Koldo García.

El hermano menor de Pedro Sánchez es también objeto de una investigación desde 2024 por desvío de fondos, tráfico de influencia y fraude fiscal.

• Fuente: AFP

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España dio por finalizada este domingo la emergencia vigente durante varias semanas por una de las peores olas de incendios forestales que afectó al país en los últimos años, y que dejó cuatro muertos y más de 350.000 hectáreas quemadas.

“Este trágico episodio de la historia de nuestro país de grandes incendios forestales simultáneos en 20 días en una parte importantísima de nuestro país, ha finalizado”, anunció en rueda de prensa la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones.

De todas maneras, “la campaña de incendios forestales continúa y por eso nadie puede bajar la guardia”, advirtió Barcones, que apuntó que “desde el Gobierno de España seguimos en esta fase de alerta y seguimiento permanente con todos los medios del Estado a disposición”.

Este domingo solo quedaban activos tres grandes incendios, mientras que en la peor parte de la crisis llegaron a arder simultáneamente más de 20, recordó Barcones.

Así como en semanas pasadas, una ola de calor - la más intensa desde que hay registros según la agencia estatal de meteorología - avivó las llamas, [pero] condiciones meteorológicas favorables en los últimos días ayudaron a los bomberos que luchaban contra las llamas a controlarlas, según Barcones.

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La ola de incendios, “una de las mayores catástrofes medioambientales” que ha sufrido el país en años recientes según el Gobierno, afectó especialmente a toda la mitad oeste del país, sobre todo a las regiones de Galicia, Castilla y León y Extremadura.

En ellos murieron cuatro personas y las llamas arrasaron más de 350.000 hectáreas en las últimas dos semanas, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

La tragedia provocó además una gran pugna política, con los socialistas en el poder culpando a los conservadores del Partido Popular de negar el cambio climático y descuidar las políticas contra el fuego en las regiones que gobiernan, que fueron las más afectadas.

Los conservadores a su vez acusa al Gobierno central de escatimarle medios, como los del Ejército, aunque la Unidad Militar de Emergencias estuvo en todos los grandes incendios.

• Fuente: AFP

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Sumas multimillonarias blanqueadas a través de gasolineras y colocadas en instituciones financieras: las autoridades brasileñas golpearon ayer jueves al crimen organizado en una megaoperación policial. El gigantesco esquema de fraude y lavado de dinero operaba en toda la cadena productiva de combustibles, incluyendo distribuidores, transportistas, refinación y almacenamiento, así como en la red de gasolineras y sus tiendas, según las autoridades.

Los tentáculos de la compleja red penetraron el sector financiero legal. La organización utilizó plataformas digitales de servicios financieros (fintechs) y unos 40 fondos de inversión para ocultar activos. La megaoperación es “la mayor respuesta del Estado brasileño al crimen organizado en nuestra historia hasta el momento”, escribió en X el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Las autoridades apuntaron como cabeza del esquema al Primeiro Comando da Capital (PCC), una de las principales bandas criminales de Brasil, que opera enviando cocaína producida en Suramérica hacia Europa. La organización blanqueó al menos 52.000 millones de reales (9.600 millones de dólares) entre 2020 y 2024. El ministro de Economía, Fernando Haddad, se refirió a un mecanismo “extremadamente sofisticado” que exigió “descifrar la ruta del dinero”. La investigación se prolongó durante dos años, dijo en rueda de prensa en Brasilia.

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En total, 1.400 agentes de diversos organismos públicos participan en la operación en el país. La policía cumple órdenes de detención contra 350 personas y empresas en una decena de estados del país, incluidos Sao Paulo y Rio de Janeiro. La institución divulgó imágenes que muestran un gran despliegue de agentes y patrullas en la avenida Faria Lima de Sao Paulo, el principal centro financiero de Brasil, que alberga las sedes de numerosas instituciones.

Las investigaciones apuntan que el esquema controlaba un terminal portuario, 1.000 gasolineras, cuatro refinerías y 1.600 camiones, además de un centenar de inmuebles. Las prácticas fraudulentas incluían la venta de combustible adulterado y otra conocida como “surtidor bajo”, por la que los consumidores pagaban por volúmenes inferiores a los que mostraban los surtidores.

Otra práctica se refiere a la importación irregular de metanol. El producto que entra a Brasil “es desviado y transportado clandestinamente, poniendo en riesgo a conductores, peatones y el medio ambiente”, según el Ministerio Público de Sao Paulo. El metanol, “altamente inflamable y tóxico”, es enviado después a estaciones de servicio para adulterar los combustibles, “generando lucros millonarios”, agregó.

Brasil es el mayor productor de petróleo y otros combustibles líquidos de Suramérica y el noveno del mundo, según un informe de 2023 de la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Además, es el segundo mayor productor de biocombustibles del planeta.

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El dinero obtenido con el esquema era colocado en plataformas digitales de servicios financieros (fintechs) en lugar de en bancos tradicionales, lo que “dificultaba el rastreo de los valores”, según Hacienda. Los indicios apuntan a que los administradores de los fondos involucrados “eran conscientes y contribuían con el esquema”, agregó el fisco.

Una de estas empresas, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, funcionaba como un “banco paralelo” y recibió más de 11.000 depósitos en efectivo sospechosos entre 2022 y 2023. Las firmas investigadas implementaron “una contabilidad paralela”, que permitía “transferencias de dinero entre empresas y particulares sin que los beneficiarios finales fueran identificados”, explicó el Ministerio Público de Sao Paulo.

El fisco dijo haber “identificado al menos 40 fondos de inversión controlados” por el PCC, por un monto total de 30.000 millones de reales (unos 5.500 millones de dólares). Estos fondos eran reinvertidos en el sector de combustibles, en particular en la compra de plantas para producir etanol que luego era vendido en las estaciones de servicio controladas por la organización criminal.

Fuente: AFP.