El senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Ever Villalba se refirió en torno al conflicto que desata la suspensión de la licitación encarada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para la compra de 23.000 máquinas de votación rumbo a las internas partidarias y generales municipales del 2026.

“Yo estoy planteando a los colegas que recojamos todas las informaciones desde el pliego de bases hasta las protestas en esta disputa de quien se queda con el contrato. Acá hay una cuestión más profunda que la parte administrativa, me preocupa la democracia, nosotros tenemos que tener la mayor participación y claridad en el proceso de adquisición de las máquinas”, sostuvo en una entrevista con los medios de comunicación.

La compra de las máquinas de votación demandará una inversión de USD 93 millones. La suspensión por parte de la DNCP se concretó este último viernes, tras la protesta impulsada por la empresa Myru Systems. La presentación de ofertas y apertura de sobres estaba prevista para este lunes 12 de mayo, sin embargo, el proceso quedó postergado.

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“Debemos abrir un gran debate donde los más interesados sean los partidos políticos, que no tienen una participación directa, más allá de las consultas o visitas que se hacen a los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral“, comentó.

El parlamentario manifestó que aún queda suficiente tiempo para que se zanje el conflicto administrativo en torno a la adquisición de las máquinas de votos, pero insistió que el Congreso Nacional debe contar con la garantía que las mismas durante su aplicación en los comicios electorales “aseguren el custodio de la voluntad popular. Por un lado esta la cuestión administrativa legal y por otro el tema político electoral”.

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El dirigente político de Alto Paraná, Iván Airaldi, denunció este martes que la nómina de operadores políticos del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), instalados en la Municipalidad de Ciudad del Este por el intendente Miguel Prieto, trepó de 242 a 730.

Anunció que en los próximos días presentará una denuncia ante el Ministerio Público contra el dirigente opositor por nepotismo. “En la nómina de funcionarios de enero figuraban 242 liberales, pero esta cifra trepó tras verificar la nómina de funcionarios de marzo, que llegó a 730″, sostuvo en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

Airaldi afirmó que los recursos económicos de la municipalidad esteña son utilizados por Prieto para asegurar respaldo político para su brazo derecho Daniel Pereira Mujica, precandidato de su movimiento Yo Creo para la intendencia.

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Mediante la prebenda, Prieto también busca asegurar apoyo a su proyecto presidencial rumbo a las elecciones generales del 2028. “Todos son hurreros, fruto del acuerdo con algunos sectores liberales en el este del país. Estos liberales son de los movimientos de Óscar González Drakeford, Carlos Portillo y Manuel Trinidad”, refirió.

Airaldi, señaló que accedió al listado de los hurreros liberales mediante la Ley de Acceso a la Información Pública. Agregó que en la nómina incluso figuran operadores políticos de Presidente Franco y Central, zonas donde el movimiento de Prieto posee y acompaña candidaturas para intendentes.

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Una delegación de auditores de Filipinas se encuentra realizando inspecciones a frigoríficos de los rubros vacuno, porcino y aviar, con el fin de enviar a dicho país un informe para la eventual apertura de su mercado para la producción nacional. El sector cárnico destaca que se trata de un país de más de 120 millones de habitantes, por lo que sería un mercado muy importante.

Randy Ross, presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), detalló a La Nación/Nación Media que la misión filipina prosigue positivamente y que se extendería hasta la primera quincena de mayo.

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Ross mencionó que una vez que se envíen los resultados a Filipinas, tomaría alrededor de cuatro meses la eventual aprobación para comenzar las exportaciones, por lo que estimó que alrededor del último trimestre se tendría una respuesta definitiva.

“Hasta la próxima semana estarán los auditores de Filipinas, están auditando las plantas de ganado bovino, que son diez, también dos plantas de cerdos y dos plantas de aves. La idea es que, a parte de Singapur y Corea del Sur, también acceder al mercado filipino”, señaló a LN.

Ross sostuvo que los precios internacionales de la carne se sitúan hacia los USD 5.000 por tonelada, lo que consideró como uno de los principales factores de estímulo para el aumento de la oferta exportable de carne. Además, indicó a LN que existe una tendencia de estabilidad en los mercados internacionales y notan una demanda firme en todos los destinos.

El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) informó que, en el marco de la auditoría filipina, se realizaron ayer lunes visitas a los establecimientos número 23, Frigorífico Belén, y número 38, Frigorífico Concepción, el primero de ellos ubicado en la ciudad de Belén y el segundo en la ciudad de Concepción, departamento de Concepción.

Durante la auditoría se evaluará el sistema de control de inocuidad, se realizarán visitas de inspección al laboratorio central, puntos de ingreso y egreso del Senacsa, y establecimientos frigoríficos de exportación, así como mataderos de consumo local.

El mercado de Filipinas, país con alrededor de 120 millones de habitantes, resultaría hasta siete veces más grande que el de Taiwán y Paraguay tendría el 19 % de aranceles, al igual que Brasil, Chile, Estados Unidos, mientras que solo Australia tiene una disminución de aranceles del 10 %.

• La auditoría de Filipinas se desarrollará hasta la primera quincena de mayo.
• Se trata de un mercado con gran potencial por sus 120 millones de habitantes.
• Paraguay tendría 19 % de aranceles en ese país, tasa similar a la de Brasil, Chile y Estados Unidos.

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Miembros del consejo administrativo del Instituto José P. Guggiari (IJPG), dependiente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), remitie­ron al Directorio partidario y autoridades parlamenta­rias el informe de auditoría financiera en el que cons­tatan una malversación de fondos por más de G. 1.389 millones, sin justificación sobre su uso.

Para comprender mejor sobre el informe de audi­toría, La Nación/Nación Media, conversó con la directora de Capacitacio­nes que integra el Consejo de Administración del IJPG, Rebeca Sosa, quien dijo que efectivamente constataron el millonario gasto de los recursos que debían estar destinados exclusivamente a capacitaciones y no están sustentados con documen­tos, ni órdenes de pagos o compras expedidos por las autoridades del consejo administrativo.

Indicó que esperan que este informe sea analizado en la brevedad por el Directorio. Igualmente, no descartan que se presente una denun­cia contra Hugo Fleitas por ser el principal responsable del uso de de los recursos destinados exclusivamente a capacitación.

Refiere en el balance que se debe exigir la devolución de unos G. 170 millones a cuenta de “Créditos a Rendir por Marlene Orué”, que son deudas pendientes a cobrar que no cuentan con docu­mentaciones respaldatorias.

“No se han encontrado las documentaciones de esas erogaciones de los recursos del Instituto José P. Gug­giari con órdenes de pagos, resoluciones, actas, ni nin­guna otra documentación que respalde el gasto de más de G. 1.300 millones. Son las observaciones que hicimos en el informe, conforme al periodo del ejercicio fiscal 2023-2024”, explicó.

Mencionó además que detec­taron el pago de honorarios a personas particulares que no hacen a la naturaleza jurí­dica del instituto que está destinado a brindar capaci­taciones, cursos, talleres, así como llevar adelante inves­tigaciones; que son las áreas en las que se pueden utili­zar los fondos destinados al IJPG, que es un instituto técnico superior reconocido por el Ministerio de Educa­ción y Ciencias con malla curricular habilitada.

“Los pagos de honorarios que se ha registrado han sido por servicios personales y gratifi­caciones que no cuentan con el respaldo debido, sobre qué funciones realizaron estas personas dentro del insti­tuto. Hay faltas administra­tivas graves que no se pueden entender y lo que buscamos es esclarecer más que nada”, precisó.

Explicó que cualquier pago que realice el IJPG debe ser autorizado por la autoridad máxima que es el consejo rec­tor. Mencionó que llamó ade­más la atención el pago por combustibles y hospedajes que juntos, suman más de G. 154 millones, los que igual­mente no cuentan con docu­mentación respaldatoria que justifique que se destinaron para llevar adelante algún tipo de cursos o capacitación.

“No contamos nosotros con los cortes administrativos que hicimos, los cursos que se hayan hecho y que res­palden el uso de esos fondos. Todas las actividades que se lleven a cabo deben estar res­paldadas con la naturaleza jurídica del Instituto José P. Guggiari”, acotó.