De acuerdo al análi­sis de los legislado­res, esta modifica­ción a la Ley n.° 6980/2022 es innecesaria y la Comisión de Defensa Nacional, Segu­ridad, Inteligencia y Orden Interno, de hecho reco­mendó el rechazo de la ini­ciativa.

“La ley vigente de vigilancia y espacio aéreo paraguayo faculta a realizar operacio­nes para la intersección y el uso de la fuerza mediante la legítima defensa para caso de vuelos ilícitos a los efec­tos de neutralizar la ame­naza inminente si fuere necesario, sin comprome­ter la responsabilidad del Estado paraguayo a posibles daños y perjuicios”, expresó el diputado Pedro Ortiz, de la mencionada Comisión.

El legislador mencionó una serie de motivos por los cua­les consideraron que la apli­cación de la propuesta legis­lativa no era viable. En esta línea, indicaron que la reco­mendación de rechazar el proyecto se debe a una con­clusión remitida por el pro­pio Ministerio de Defensa, que expuso la serie de tra­tados internacionales y con­venios a los que se encuen­tra suscrito nuestro país que son contrarias a este proyecto.

“Cualquier derribo de avio­nes que la Fuerza Aérea pueda ejecutar, debe ser para preservar la seguridad y defensa nacional y estar vin­culada a la potencialidad de las aeronaves ante una posi­ble acción hostil que consti­tuya una amenaza a los inte­reses vitales del Estado, pero no puede estar asociado a un hecho ilícito o posible comi­sión de delito”, explicó.

El Ministerio de Defensa alegó que consideran los prin­cipios y garantías constitu­cionales, así como las normas y convenios internacionales como la protección a la vida, el debido proceso, el convenio de Chicago, que los estados contratantes reconocen que deben abstenerse del uso de las armas en contra de aero­naves civiles en vuelo.

Por otra parte, la Conven­ción Americana sobre Dere­chos Humanos establece la presunción de inocencia y garantía del debido proceso. La Fuerza Aérea Paraguaya, de acuerdo con el artículo 173 de la Constitución, tiene como misión la integridad territo­rial en el espacio aéreo nacio­nal. “Por lo tanto, es innece­saria la modificación de la normativa vigente y solicito el rechazo de este proyecto de ley”, añadió Ortiz, moción que fue votada en mayoría por sus colegas.

El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, explicó el motivo de su postura y la de varios de sus colegas de la bancada colorada al no acompañar esta iniciativa legislativa.

El parlamentario explicó que esta propuesta va en contra de las normas establecidas en la Constitución Nacional. Sin embargo, aseguró que el proyecto será debatido en el pleno legislativo y se pondrá a consideración de los dipu­tados. La normativa se reim­pulsa con el reciente arribo de los cuatro primeros avio­nes Super Tucano desde Bra­sil para reforzar la defensa aérea.

“Esta lucha, esta protección de nuestro espacio aéreo, debe estar hecha, debe ser realizada en el marco de nues­tros principios constitucio­nales. En nuestro país está abolida la pena de muerte, si se realiza un juicio con­tra narcotraficantes y se los encuentra culpables, ellos deben ir a prisión”, indicó en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Uni­verso 970 AM/Nación Media.

Agregó que “el plantea­miento, la autorización de un derribo de una aeronave civil, además del hecho de que no pasó por un debido proceso de juzgamiento, más bien encajaría con una ejecución sumarial”.

El destaque fue publicado ayer a través de la red social X de la representación diplomática norteamericana en Paraguay.

La Embajada de los Esta­dos Unidos en Paraguay resaltó el compromiso del Gobierno paraguayo con las recientes adquisiciones de los aviones Super Tucano, así como próximos rada­res, para la protección del espacio aéreo. El destaque fue publicado este martes a través de la red social X de la representación diplo­mática norteamericana en Paraguay.

“Acompañamos al Para­guay en su compromiso con la protección del espa­cio aéreo y adhesión a los estándares internaciona­les, en el marco de nuestra colaboración en la lucha contra el crimen organi­zado”, expresa la publica­ción de la embajada.

La misma responde a una publicación del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, quien señaló que la adquisición de estas herramientas se da en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, por parte del gobierno de Santiago Peña.

El modelo productivo paraguayo tiene una base sólida: su gente y su tierra. Así lo expresó el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, al destacar que la mayoría de los productores asistidos por el gobierno ya posee su activo más valioso: la tierra.

Sin embargo, advirtió que el verdadero desafío está en planificar el uso eficiente de ese recurso para garantizar que todo lo que se produzca pueda encontrar mercado y generar rentabilidad. “Lo que sí necesitamos es planificar el uso de esa tierra para que todo lo que nosotros podamos sacar de nuestra tierra, podamos vender”, manifestó a Paraguay TV.

En ese sentido, el ministro celebró que ya existan organizaciones campesinas bien consolidadas, con autonomía operativa y logística, que logran llevar sus productos directamente a ferias, supermercados y otros canales de venta. Esto representa un paso importante hacia la formalización y profesionalización del pequeño productor, aunque aclaró que no todos están en esa etapa.

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Al respecto, dijo que el MAG impulsa la instalación de centros de acopio en los departamentos de Caaguazú, Central, Cordillera y Paraguarí, donde la falta de mercado limita el potencial productivo. Estos centros permitirán presionar, clasificar y mejorar la presentación de los productos, de manera que cumplan con estándares de calidad y respondan a las exigencias del consumidor actual.

El ministro remarcó que persiguen un objetivo claro, que el productor paraguayo entienda que puede competir en cualquier mercado si ofrece calidad, y que Paraguay está en condiciones de abastecer no solo el consumo interno, sino también la demanda internacional.

Así también recordó con orgullo que Paraguay actualmente alimenta a más de 80 millones de personas en el mundo, una cifra que refleja el peso estratégico del país como proveedor de alimentos. Pero también fue autocrítico al reconocer que la sostenibilidad del modelo requiere inversiones concretas, especialmente en los recursos clave del sistema: el agua y el suelo. Por ello, el MAG declaró este 2025 como el año del suelo y del agua, una señal política que busca poner estos dos elementos al centro de la agenda.

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“La sostenibilidad requiere de inversión, este año hemos declarado el año del suelo y del agua, tenemos el recurso del agua, pero para disponibilizar ese recurso se necesita inversión”, dijo.

Las proyecciones presentadas durante el primer Foro Energético Nacional determinan que nuestro país está próximo a alcanzar el límite de su excedente energético. Si se mantienen escenarios de crecimiento medio o alto, la demanda superará la capacidad disponible entre 2030 y 2032, advirtieron empresarios y expertos en materia energética.

Uno de los obstáculos que mencionaron es la falta de recursos y que la capacidad de endeudamiento público está limitada. Según la Administración Nacional de Electricidad (Ande), la inversión requerida para sostener la expansión del sistema energético rondaría los USD 12.000 millones en el mediano plazo. Sin embargo, a la fecha solo se cuenta con USD 174 millones en financiamiento asegurado.

A esto también se le suma que Paraguay arrastra un rezago de cuatro décadas en el desarrollo de nuevas fuentes de generación. Las inversiones energéticas realizadas en los últimos años se enfocaron casi exclusivamente en transmisión y distribución, con la salvedad del proyecto en el brazo Aña Cuá.

Las grandes obras como Corpus, Itatí-Itá Corá y la ampliación de Yacyretá siguen en etapa de avances técnicos, sin certezas sobre su concreción en el corto plazo.

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Frente a esta brecha financiera, desde la Unión Industrial Paraguaya (UIP) plantean la necesidad de una participación decidida del capital privado.

Indican que el Gobierno deberá analizar mecanismos que posibiliten alianzas público-privadas, esquemas de financiamiento mixto y políticas que otorguen previsibilidad y confianza a los inversionistas interesados en el sector energético paraguayo.

El fin del excedente energético, que durante años posicionó a Paraguay como un exportador neto de electricidad, exige ahora una respuesta estratégica y coordinada.

Explican que si nuestro país pretende mantener su competitividad y avanzar hacia un modelo de desarrollo sustentable, deberá tomar decisiones urgentes que permitan ampliar su capacidad de generación y asegurar la soberanía energética en el largo plazo.

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El proyecto de ley de derribo de aeronaves irregulares se encuentra nuevamente en debate en la Cámara de Diputados, el mismo planteamiento que ya se había discutido en periodos anteriores. El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, afirmó que su postura y de varios de sus colegas de la bancada colorada es de no acompañar esta iniciativa legislativa.

El parlamentario explicó que esta propuesta va en contra de las normas establecidas en la Constitución Nacional. Sin embargo, aseguró que el proyecto será debatido en el pleno legislativo y se pondrá a consideración de los diputados. La normativa se reimpulsa con el reciente arribo de los cuatro primeros aviones Super Tucano desde Brasil para reforzar la defensa aérea.

“Esta lucha, esta protección de nuestro espacio aéreo, debe estar hecha, debe ser realizada en el marco de nuestros principios constitucionales. En nuestro país está abolida la pena de muerte, si se realiza un juicio contra narcotraficantes y se los encuentra culpables, ellos deben ir a prisión”, indicó en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Agregó que “el planteamiento, la autorización de un derribo de una aeronave civil, además del hecho de que no pasó por un debido proceso de juzgamiento, más bien encajaría con una ejecución sumarial”.

El diputado explicó que bajo estas argumentaciones no está de acuerdo con modificar la ley ya existente, que data del 2022, para autorizar el derribo de aeronaves. Indicó que esta normativa ya prevé una reacción de la Fuerza Aérea en caso de amenazas o peligro inminente para terceros.

“Ese es uno de los principales argumentos por el cual yo estoy a favor de mantener la ley vigente y de evitar modificaciones. La ley vigente permite el derribo, permite el ejercicio de la legítima defensa si existe un verdadero riesgo físico, tanto para los representantes de la Fuerza Aérea, en le caso que estén pilotando los cazas, los Super Tucano, como para terceros. Ante un riesgo físico se puede ejercer la legítima defensa, pero no está autorizada una ejecución sumarial a los pilotos o a los pasajeros de una aeronave civil que no haya sido juzgada”, argumentó.

Latorre manifestó que el Estado debe ir fortaleciendo cada vez más su capacidad de defensa, en este caso, del espacio aéreo, lo que ya se está llevando adelante por el Gobierno con la adquisición de los aviones Super Tucano, que ya arribaron las primeros cuatro de seis aeronaves desde Brasil, y los radares que complementarán la protección territorial en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

“Yo soy un convencido de la necesidad de seguir fortaleciendo nuestras capacidades para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y, en ese sentido, con la adquisición del sistema de radares, la llegada de los Super Tucano, es un gran avance, es tener la oportunidad finalmente de realizar el ejercicio de nuestra soberanía, del control de nuestro espacio aéreo, además del fortalecimiento de nuestras capacidades”, finalizó.

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