El ministro de Defensa Nacional, Óscar González se refirió a la defensa del espacio aéreo y protección territorial que está encarando el gobierno de Santiago Peña mediante una histórica inversión en la adquisición de los aviones Super Tucano, así como radares que serán incorporados próximamente. También destacó la confianza del Ejecutivo en las acciones que despliegan las fuerzas de seguridad contra el crimen organizado.

“Verdaderamente es una inversión histórica, eso hay que reconocer, valorar y, desde nuestro punto de vista de la Defensa y de las Fuerzas Armadas de la Nación, tenemos que agradecer al señor presidente, porque esa una decisión política muy importante la que tomó y aplicó, él anunció y después se hizo”, indicó el general, este viernes, en el estudio de Nación Media, entrevistado durante el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM.

Detalló que son USD 150 millones de inversión inicial, de los cuales USD 105 millones se destinaron para la compra de los aviones Super Tucano, y USD 45 millones para los radares y un sistema de mando y control, “que va a servir no solamente para ese radar, sino a otros que van a ser adquiridos posteriormente”.

“Son 150 millones de dólares invertidos por este Gobierno para la Defensa Nacional, que enfrenta a una nueva forma de amenaza, porque existen las hipótesis de conflicto y en base a eso se hacen los planes. Nosotros no tenemos hipótesis de conflicto de guerra convencional, pero sí tenemos la realidad, que las nuevas amenazas son el crimen organizado y el terrorismo, entonces las Fuerzas Armadas tienen que ser equipadas, respondiendo a esas amenazas”, sentenció.

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Por otra parte, el ministro de Defensa refirió las labores que vienen realizando la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), principalmente en el norte del país, en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Explicó que las Fuerzas Armadas están habilitadas para la defensa dentro del territorio nacional y, en ese marco, se vienen concretando fuertes golpes a los grupos criminales.

“Los elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación, a partir del 2014 con la modificación de la ley 1337, que incluye la palabra ´interna’, las Fuerzas Armadas pueden ser utilizadas cuando hay una amenaza a la soberanía externa, decía la ley anterior, y se le incluyó la amenaza interna, entonces, a partir de ahí se pueden utilizar los elementos de combate en el territorio nacional, pero con el cuidado doctrinario y de naturaleza de las Fuerzas Armadas”, explicó en el programa de GEN.

Uno de estos golpes se está dando en el departamento de Canindeyú, donde se instaló la Subárea de Pacificación de la FTC ante la amenaza que representaba el grupo criminal liderado por Felipe Santiago Acosta, alias Macho. El ministro resaltó que ya se vienen dando importes golpes a esta organización criminal, propiciando su debilitamiento en dicha zona.

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“Las operaciones contra el crimen organizado, en este caso contra el crimen organizado, se realizan por etapas, hay que darles tiempo a las fuerzas para que cumplan con la misión. Lo primero que se consiguió fue justamente, que no se tenga más el concepto que en el Norte manda ‘Macho’, eso cambió totalmente desde que nos instalamos ahí”, refirió.

Manifestó que “este criminal dejó de tener esa libertad de movimiento que tenía anteriormente, según las informaciones que tenemos, pero todavía no cumplimos la misión de ponerlo a disposición de la justicia, mientras eso nosotros no hagamos, no podemos decir que estamos tranquilos y con la satisfacción del deber cumplido”.

“Estamos realizando intensas tareas de inteligencia, y la inteligencia dice a la parte operativa dónde debe actuar y así lo estamos haciendo. Ya se dieron varios golpes importantes a la estructura, no solamente de este señor, sino de otras estructuras criminales, y esperemos que se dé el resultado que queremos, y eso va a ocurrir”, aseguró.

El ministro del Interior, Enrique Riera, dio detalles acerca de la base contra el terrorismo, crimen organizado, narcotráfico y otros delitos que se montó en las ciudades de la Triple Frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil y para lo cual se contó con apoyo de la Oficina Federal de Investigación (FBI) por sus siglas en inglés.

“Esto nace de una iniciativa por el mejoramiento en las relaciones con Estados Unidos y la Embajada, pero se mueve en paralelo como política de Estado. Se creó un grupo especialmente entrenado por el FBI que se llama Vanguardia que incorpora a 15 paraguayos seleccionados, incluidas mujeres, y a 15 argentinos”, explicó.

Los agentes de la Policía Nacional que fueron electos para esta misión recibieron entrenamiento en la sede regional del FBI en Buenos Aires, donde durante 15 días fueron capacitados en temas relacionados al terrorismo, inteligencia, explosivos y otros temas. Cabe mencionar que la agencia estadounidense costeó todos los gastos de esta formación, incluyendo el traslado.

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“Eso fue fruto de un memorándum firmado en Washington por el viceministro Óscar Pereira y también el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez. Esto se complementó con una firma en el último encuentro del Mercosur, donde hubo una reunión con el ministro de Seguridad y Justicia de Brasil, Ricardo Lewandowski y la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich”, detalló.

El resultado del encuentro entre los ministros de Paraguay, Brasil y Argentina se tradujo en la actualización del documento del Comando Tripartito, que ya tenía 30 años de antigüedad, y se incorporaron puntos concretos para el control de documentos, migración, control integrado y simultáneo en fronteras.

Así también, se aplicarán sistemas de inteligencia para el abordaje de casos de lavado de activos, narcotráfico, tráfico de armas, terrorismo, crimen organizado, trata de personas, delitos ambientales, delitos conexos, entre otros. La coordinación del Comando Tripartito será rotativo y cada país tendrá una sede fija en territorio, es decir, en Foz de Yguazú en Brasil, Puerto Iguazú en Argentina y Ciudad del Este.

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“La apuesta final es traer una agencia del FBI a Paraguay por su ubicación estratégica. Esta agencia estadounidense ya invirtió dinero y tecnología en nuestro sistema de inteligencia”, resaltó Riera ante la 650 AM, espacio donde celebró los avances en acciones ante la mayor amenaza en materia de seguridad para la región, que es el crimen organizado y el terrorismo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, informó que se convocó al viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, para una reunión con la mesa directiva, este viernes a las 11:00, para abordar la amenaza de paro general por 72 horas de los gremios transportistas, desde el lunes 21 de julio.

“Yo he llamado al viceministro de Transporte y le he solicitado una reunión para el día de mañana a las 11:00 de la mañana con la mesa directiva. El paro es algo que preocupa y que naturalmente va a afectar a cientos de miles de paraguayos que, con esfuerzo y con un sistema de transporte deficitario, tienen que acercarse a trabajar, tienen que llevar a sus niños a las escuelas”, dijo el presidente de la Cámara Baja.

Latorre afirmó que el objetivo de esta instancia legislativa es velar por el derecho de los ciudadanos que sufren un pésimo servicio del transporte público. “Es una situación que preocupa y vamos abordar con mucha seriedad desde la Cámara de Diputados, y vamos a estar conversando mañana con el viceministro. Nosotros vamos a estar al lado de la ciudadanía, del lado de la protección de sus derechos”, apuntó.

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Igualmente, refirió que estarán expectantes al planteamiento de la reforma del transporte público, anunciado por el presidente de la República, Santiago Peña, para abordar de forma integral un cambio en este sistema y que será presentado próximamente.

“Es una situación que se tiene que abordar, los paraguayos no pueden seguir teniendo este sistema de transporte, no es digno, atenta directamente contra la calidad de vida de los paraguayos que gastan horas de sus vidas, que pudieron estar compartiendo con su familia o con algo que le guste hacer o trabajando, y que lo invierten en un sistema de transporte público absolutamente deficitario”, sentenció el parlamentario.

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De acuerdo al análi­sis de los legislado­res, esta modifica­ción a la Ley n.° 6980/2022 es innecesaria y la Comisión de Defensa Nacional, Segu­ridad, Inteligencia y Orden Interno, de hecho reco­mendó el rechazo de la ini­ciativa.

“La ley vigente de vigilancia y espacio aéreo paraguayo faculta a realizar operacio­nes para la intersección y el uso de la fuerza mediante la legítima defensa para caso de vuelos ilícitos a los efec­tos de neutralizar la ame­naza inminente si fuere necesario, sin comprome­ter la responsabilidad del Estado paraguayo a posibles daños y perjuicios”, expresó el diputado Pedro Ortiz, de la mencionada Comisión.

El legislador mencionó una serie de motivos por los cua­les consideraron que la apli­cación de la propuesta legis­lativa no era viable. En esta línea, indicaron que la reco­mendación de rechazar el proyecto se debe a una con­clusión remitida por el pro­pio Ministerio de Defensa, que expuso la serie de tra­tados internacionales y con­venios a los que se encuen­tra suscrito nuestro país que son contrarias a este proyecto.

“Cualquier derribo de avio­nes que la Fuerza Aérea pueda ejecutar, debe ser para preservar la seguridad y defensa nacional y estar vin­culada a la potencialidad de las aeronaves ante una posi­ble acción hostil que consti­tuya una amenaza a los inte­reses vitales del Estado, pero no puede estar asociado a un hecho ilícito o posible comi­sión de delito”, explicó.

El Ministerio de Defensa alegó que consideran los prin­cipios y garantías constitu­cionales, así como las normas y convenios internacionales como la protección a la vida, el debido proceso, el convenio de Chicago, que los estados contratantes reconocen que deben abstenerse del uso de las armas en contra de aero­naves civiles en vuelo.

Por otra parte, la Conven­ción Americana sobre Dere­chos Humanos establece la presunción de inocencia y garantía del debido proceso. La Fuerza Aérea Paraguaya, de acuerdo con el artículo 173 de la Constitución, tiene como misión la integridad territo­rial en el espacio aéreo nacio­nal. “Por lo tanto, es innece­saria la modificación de la normativa vigente y solicito el rechazo de este proyecto de ley”, añadió Ortiz, moción que fue votada en mayoría por sus colegas.

El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, explicó el motivo de su postura y la de varios de sus colegas de la bancada colorada al no acompañar esta iniciativa legislativa.

El parlamentario explicó que esta propuesta va en contra de las normas establecidas en la Constitución Nacional. Sin embargo, aseguró que el proyecto será debatido en el pleno legislativo y se pondrá a consideración de los dipu­tados. La normativa se reim­pulsa con el reciente arribo de los cuatro primeros avio­nes Super Tucano desde Bra­sil para reforzar la defensa aérea.

“Esta lucha, esta protección de nuestro espacio aéreo, debe estar hecha, debe ser realizada en el marco de nues­tros principios constitucio­nales. En nuestro país está abolida la pena de muerte, si se realiza un juicio con­tra narcotraficantes y se los encuentra culpables, ellos deben ir a prisión”, indicó en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Uni­verso 970 AM/Nación Media.

Agregó que “el plantea­miento, la autorización de un derribo de una aeronave civil, además del hecho de que no pasó por un debido proceso de juzgamiento, más bien encajaría con una ejecución sumarial”.

El destaque fue publicado ayer a través de la red social X de la representación diplomática norteamericana en Paraguay.

La Embajada de los Esta­dos Unidos en Paraguay resaltó el compromiso del Gobierno paraguayo con las recientes adquisiciones de los aviones Super Tucano, así como próximos rada­res, para la protección del espacio aéreo. El destaque fue publicado este martes a través de la red social X de la representación diplo­mática norteamericana en Paraguay.

“Acompañamos al Para­guay en su compromiso con la protección del espa­cio aéreo y adhesión a los estándares internaciona­les, en el marco de nuestra colaboración en la lucha contra el crimen organi­zado”, expresa la publica­ción de la embajada.

La misma responde a una publicación del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, quien señaló que la adquisición de estas herramientas se da en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, por parte del gobierno de Santiago Peña.