El ministro del Interior, Enrique Riera, dio detalles acerca de la base contra el terrorismo, crimen organizado, narcotráfico y otros delitos que se montó en las ciudades de la Triple Frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil y para lo cual se contó con apoyo de la Oficina Federal de Investigación (FBI) por sus siglas en inglés.

“Esto nace de una iniciativa por el mejoramiento en las relaciones con Estados Unidos y la Embajada, pero se mueve en paralelo como política de Estado. Se creó un grupo especialmente entrenado por el FBI que se llama Vanguardia que incorpora a 15 paraguayos seleccionados, incluidas mujeres, y a 15 argentinos”, explicó.

Los agentes de la Policía Nacional que fueron electos para esta misión recibieron entrenamiento en la sede regional del FBI en Buenos Aires, donde durante 15 días fueron capacitados en temas relacionados al terrorismo, inteligencia, explosivos y otros temas. Cabe mencionar que la agencia estadounidense costeó todos los gastos de esta formación, incluyendo el traslado.

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“Eso fue fruto de un memorándum firmado en Washington por el viceministro Óscar Pereira y también el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez. Esto se complementó con una firma en el último encuentro del Mercosur, donde hubo una reunión con el ministro de Seguridad y Justicia de Brasil, Ricardo Lewandowski y la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich”, detalló.

El resultado del encuentro entre los ministros de Paraguay, Brasil y Argentina se tradujo en la actualización del documento del Comando Tripartito, que ya tenía 30 años de antigüedad, y se incorporaron puntos concretos para el control de documentos, migración, control integrado y simultáneo en fronteras.

Así también, se aplicarán sistemas de inteligencia para el abordaje de casos de lavado de activos, narcotráfico, tráfico de armas, terrorismo, crimen organizado, trata de personas, delitos ambientales, delitos conexos, entre otros. La coordinación del Comando Tripartito será rotativo y cada país tendrá una sede fija en territorio, es decir, en Foz de Yguazú en Brasil, Puerto Iguazú en Argentina y Ciudad del Este.

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“La apuesta final es traer una agencia del FBI a Paraguay por su ubicación estratégica. Esta agencia estadounidense ya invirtió dinero y tecnología en nuestro sistema de inteligencia”, resaltó Riera ante la 650 AM, espacio donde celebró los avances en acciones ante la mayor amenaza en materia de seguridad para la región, que es el crimen organizado y el terrorismo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, informó que se convocó al viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, para una reunión con la mesa directiva, este viernes a las 11:00, para abordar la amenaza de paro general por 72 horas de los gremios transportistas, desde el lunes 21 de julio.

“Yo he llamado al viceministro de Transporte y le he solicitado una reunión para el día de mañana a las 11:00 de la mañana con la mesa directiva. El paro es algo que preocupa y que naturalmente va a afectar a cientos de miles de paraguayos que, con esfuerzo y con un sistema de transporte deficitario, tienen que acercarse a trabajar, tienen que llevar a sus niños a las escuelas”, dijo el presidente de la Cámara Baja.

Latorre afirmó que el objetivo de esta instancia legislativa es velar por el derecho de los ciudadanos que sufren un pésimo servicio del transporte público. “Es una situación que preocupa y vamos abordar con mucha seriedad desde la Cámara de Diputados, y vamos a estar conversando mañana con el viceministro. Nosotros vamos a estar al lado de la ciudadanía, del lado de la protección de sus derechos”, apuntó.

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Igualmente, refirió que estarán expectantes al planteamiento de la reforma del transporte público, anunciado por el presidente de la República, Santiago Peña, para abordar de forma integral un cambio en este sistema y que será presentado próximamente.

“Es una situación que se tiene que abordar, los paraguayos no pueden seguir teniendo este sistema de transporte, no es digno, atenta directamente contra la calidad de vida de los paraguayos que gastan horas de sus vidas, que pudieron estar compartiendo con su familia o con algo que le guste hacer o trabajando, y que lo invierten en un sistema de transporte público absolutamente deficitario”, sentenció el parlamentario.

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De acuerdo al análi­sis de los legislado­res, esta modifica­ción a la Ley n.° 6980/2022 es innecesaria y la Comisión de Defensa Nacional, Segu­ridad, Inteligencia y Orden Interno, de hecho reco­mendó el rechazo de la ini­ciativa.

“La ley vigente de vigilancia y espacio aéreo paraguayo faculta a realizar operacio­nes para la intersección y el uso de la fuerza mediante la legítima defensa para caso de vuelos ilícitos a los efec­tos de neutralizar la ame­naza inminente si fuere necesario, sin comprome­ter la responsabilidad del Estado paraguayo a posibles daños y perjuicios”, expresó el diputado Pedro Ortiz, de la mencionada Comisión.

El legislador mencionó una serie de motivos por los cua­les consideraron que la apli­cación de la propuesta legis­lativa no era viable. En esta línea, indicaron que la reco­mendación de rechazar el proyecto se debe a una con­clusión remitida por el pro­pio Ministerio de Defensa, que expuso la serie de tra­tados internacionales y con­venios a los que se encuen­tra suscrito nuestro país que son contrarias a este proyecto.

“Cualquier derribo de avio­nes que la Fuerza Aérea pueda ejecutar, debe ser para preservar la seguridad y defensa nacional y estar vin­culada a la potencialidad de las aeronaves ante una posi­ble acción hostil que consti­tuya una amenaza a los inte­reses vitales del Estado, pero no puede estar asociado a un hecho ilícito o posible comi­sión de delito”, explicó.

El Ministerio de Defensa alegó que consideran los prin­cipios y garantías constitu­cionales, así como las normas y convenios internacionales como la protección a la vida, el debido proceso, el convenio de Chicago, que los estados contratantes reconocen que deben abstenerse del uso de las armas en contra de aero­naves civiles en vuelo.

Por otra parte, la Conven­ción Americana sobre Dere­chos Humanos establece la presunción de inocencia y garantía del debido proceso. La Fuerza Aérea Paraguaya, de acuerdo con el artículo 173 de la Constitución, tiene como misión la integridad territo­rial en el espacio aéreo nacio­nal. “Por lo tanto, es innece­saria la modificación de la normativa vigente y solicito el rechazo de este proyecto de ley”, añadió Ortiz, moción que fue votada en mayoría por sus colegas.

El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, explicó el motivo de su postura y la de varios de sus colegas de la bancada colorada al no acompañar esta iniciativa legislativa.

El parlamentario explicó que esta propuesta va en contra de las normas establecidas en la Constitución Nacional. Sin embargo, aseguró que el proyecto será debatido en el pleno legislativo y se pondrá a consideración de los dipu­tados. La normativa se reim­pulsa con el reciente arribo de los cuatro primeros avio­nes Super Tucano desde Bra­sil para reforzar la defensa aérea.

“Esta lucha, esta protección de nuestro espacio aéreo, debe estar hecha, debe ser realizada en el marco de nues­tros principios constitucio­nales. En nuestro país está abolida la pena de muerte, si se realiza un juicio con­tra narcotraficantes y se los encuentra culpables, ellos deben ir a prisión”, indicó en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Uni­verso 970 AM/Nación Media.

Agregó que “el plantea­miento, la autorización de un derribo de una aeronave civil, además del hecho de que no pasó por un debido proceso de juzgamiento, más bien encajaría con una ejecución sumarial”.

El destaque fue publicado ayer a través de la red social X de la representación diplomática norteamericana en Paraguay.

La Embajada de los Esta­dos Unidos en Paraguay resaltó el compromiso del Gobierno paraguayo con las recientes adquisiciones de los aviones Super Tucano, así como próximos rada­res, para la protección del espacio aéreo. El destaque fue publicado este martes a través de la red social X de la representación diplo­mática norteamericana en Paraguay.

“Acompañamos al Para­guay en su compromiso con la protección del espa­cio aéreo y adhesión a los estándares internaciona­les, en el marco de nuestra colaboración en la lucha contra el crimen organi­zado”, expresa la publica­ción de la embajada.

La misma responde a una publicación del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, quien señaló que la adquisición de estas herramientas se da en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, por parte del gobierno de Santiago Peña.

El proyecto de ley de derribo de aeronaves irregulares se encuentra nuevamente en debate en la Cámara de Diputados, el mismo planteamiento que ya se había discutido en periodos anteriores. El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, afirmó que su postura y de varios de sus colegas de la bancada colorada es de no acompañar esta iniciativa legislativa.

El parlamentario explicó que esta propuesta va en contra de las normas establecidas en la Constitución Nacional. Sin embargo, aseguró que el proyecto será debatido en el pleno legislativo y se pondrá a consideración de los diputados. La normativa se reimpulsa con el reciente arribo de los cuatro primeros aviones Super Tucano desde Brasil para reforzar la defensa aérea.

“Esta lucha, esta protección de nuestro espacio aéreo, debe estar hecha, debe ser realizada en el marco de nuestros principios constitucionales. En nuestro país está abolida la pena de muerte, si se realiza un juicio contra narcotraficantes y se los encuentra culpables, ellos deben ir a prisión”, indicó en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Agregó que “el planteamiento, la autorización de un derribo de una aeronave civil, además del hecho de que no pasó por un debido proceso de juzgamiento, más bien encajaría con una ejecución sumarial”.

El diputado explicó que bajo estas argumentaciones no está de acuerdo con modificar la ley ya existente, que data del 2022, para autorizar el derribo de aeronaves. Indicó que esta normativa ya prevé una reacción de la Fuerza Aérea en caso de amenazas o peligro inminente para terceros.

“Ese es uno de los principales argumentos por el cual yo estoy a favor de mantener la ley vigente y de evitar modificaciones. La ley vigente permite el derribo, permite el ejercicio de la legítima defensa si existe un verdadero riesgo físico, tanto para los representantes de la Fuerza Aérea, en le caso que estén pilotando los cazas, los Super Tucano, como para terceros. Ante un riesgo físico se puede ejercer la legítima defensa, pero no está autorizada una ejecución sumarial a los pilotos o a los pasajeros de una aeronave civil que no haya sido juzgada”, argumentó.

Latorre manifestó que el Estado debe ir fortaleciendo cada vez más su capacidad de defensa, en este caso, del espacio aéreo, lo que ya se está llevando adelante por el Gobierno con la adquisición de los aviones Super Tucano, que ya arribaron las primeros cuatro de seis aeronaves desde Brasil, y los radares que complementarán la protección territorial en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

“Yo soy un convencido de la necesidad de seguir fortaleciendo nuestras capacidades para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y, en ese sentido, con la adquisición del sistema de radares, la llegada de los Super Tucano, es un gran avance, es tener la oportunidad finalmente de realizar el ejercicio de nuestra soberanía, del control de nuestro espacio aéreo, además del fortalecimiento de nuestras capacidades”, finalizó.

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