La fiscalía de Venezuela solicitó una alerta roja a Interpol contra el opositor venezolano Edmundo González Urrutia, rival del presidente Nicolás Maduro en los cuestionados comicios del 28 de julio. El organismo pidió que se tramite la “solicitud de alerta roja en contra del ciudadano Edmundo González Urrutia”, según un documento fechado el 26 de octubre y dirigido a Interpol.

La solicitud circulaba desde temprano en medios y redes sociales. El fiscal general, Tarek William Saab, confirmó a la AFP la veracidad del documento que fue calificado por González Urrutia como un “nuevo y sistemático ataque en su contra”. “Es evidente que este nuevo y sistemático ataque se debe a nuestro trabajo en el exterior”, dijo González Urrutia, exiliado en España, en un mensaje en X que acompañó de una copia del documento.

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Según el texto, la fiscalía pidió la orden de captura internacional por los delitos de “usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, asociación” y otros. Son los mismos cargos que le imputaron cuando se emitió una orden de captura nacional que lo llevó a exiliarse, según él “bajo coacción”, en España el 8 de septiembre.

Su defensa esperaba que el caso en su contra fuera cerrado. González Urrutia reivindica su victoria en las presidenciales de julio, en las que la autoridad electoral proclamó a Maduro para un tercer período de seis años (2025-2031) sin mostrar el detalle del escrutinio. La fiscalía también abrió una investigación contra la líder opositora María Corina Machado, que pasó a la clandestinidad poco después de denunciar fraude en las elecciones. Se le acusa de “forjar” las actas de votación que su equipo difundió en un sitio web que usa como prueba de su victoria.

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Fuente: AFP.

La próxima cumbre del Mercosur será el 5 y 6 de diciembre en Uruguay, que este semestre ocupa la presidencia pro témpore del bloque sudamericano, informaron ayer viernes fuentes oficiales uruguayas. A la cita en el Edificio Mercosur de Montevideo están convocados los presidentes de los cuatro países fundadores del Mercado Común del Sur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), así como de Bolivia, que formalizó su incorporación como miembro pleno en julio.

También se espera al mandatario de Panamá, país que avanza hacia su integración como Estado Asociado. La última cumbre del Mercosur, realizada el 8 de julio en Asunción, transcurrió sin el presidente Javier Milei de Argentina, segunda economía del bloque, una ausencia cuestionada en particular por el mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou.

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La 65ª cumbre del Mercosur tendrá lugar en medio del estancamiento de las tratativas para un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE), que se negocia hace más de 20 años y que prevé eliminar la mayoría de los aranceles entre las dos zonas, lo que crearía un espacio comercial de más de 700 millones de consumidores.

Las negociaciones se reanudaron en los últimos meses bajo el impulso de Estados miembros como Alemania o España. Pero el acuerdo es resistido principalmente por Francia. Este viernes, diputados opositores franceses abogaron por un impuesto para las importaciones de carne bovina desde el Mercosur.

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Los agricultores franceses temen sobre todo la llegada a la UE de 99.000 toneladas de carne bovina procedente de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay si se firma el acuerdo, que no se aplicaría inicialmente a Bolivia. El lunes, más de 200 parlamentarios urgieron al presidente francés Emmanuel Macron a hacer todo lo posible para “bloquear” el acuerdo en la UE.

En octubre, al terminar una cumbre de la UE en Bruselas, Macron afirmó que el acuerdo “no es aceptable” tal como está actualmente. Fundado en 1991, el Mercosur es el principal receptor de inversiones extranjeras en Sudamérica y tiene un PIB de 2,86 billones de dólares. Venezuela es también miembro pleno del Mercosur, pero está suspendido desde 2017 debido a la “ruptura del orden democrático”.

Fuente: AFP.

Desde la Oficina Técnica Penal indicaron que están expectantes a la llegada de las primeras 100 tobilleras electrónicas, dispositivos que se utilizarán inicialmente para los casos vinculados a violencia familiar. La jueza Silvana Luraghi, coordinadora de la mencionada unidad, manifestó que esto garantiza el monitoreo para los victimarios y también la seguridad de las víctimas.

“Tenemos información desde el Ministerio del Interior que a fines de noviembre y entre los primeros días de diciembre se estaría implementando el uso de estos dispositivos electrónicos que en nuestro caso serían las tobilleras electrónicas. La implementación va a ser de manera gradual y en un principio solo para la circunscripción judicial de capital”, explicó.

La ley establece que esta medida podrá ser aplicada para los casos de medidas cautelares de arresto domiciliario (procesados) y para las personas con condenas de prisión domiciliaria (condena firme). De acuerdo a lo expuesto por la jueza, en contacto con la 780 AM, la legislación no establece un límite respecto a los tipos de hechos punibles para los cuales se utilizarán las tobilleras, no obstante, existe un criterio que tendrán en cuenta.

“Todos los magistrados sabemos que tenemos mucha responsabilidad al momento de utilizar esta herramienta legal, pero creemos que la política criminal que vamos a seguir en este sentido es otorgar en casos en que no pongamos en peligro a la sociedad, como son los casos con mucho éxito de otros países en donde se aplica, que son para los casos de violencia familiar”, sostuvo.

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La jueza Luraghi indicó que se contará con una oficina de monitoreo dependiente del Ministerio del Interior donde se contará con personal especializado para el control tecnológico de los dispositivos. Los protocolos establecen también que las víctimas puedan utilizar las tobilleras, en caso de que presten su consentimiento.

“Las víctimas también van a tener un sistema de comunicación a través de botones de pánico y van a poder tener registro de que el agresor está acercándose a ella, al igual que la oficina de monitoreo que va a tener la ubicación precisa de las víctimas y victimario en caso de restricciones de acercamiento. La ley contempla la revocación inmediata del beneficio penitenciario en caso de incumplimientos y la emisión de la orden de captura para guardar prisión preventiva en los centros penitenciarios”, sentenció.

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El Ministerio del Interior, encabezado por Enrique Riera, dio el visto bueno para la continuidad de la Policía Municipal en la localidad de Yaguarón, departamento de Paraguarí, pero con una serie de reestructuraciones consistentes en que sus agentes cambiarán de uniforme, no portarán armas, no podrán realizar detenciones ni combatir el crimen.

“Nos explicaron que no se puede tener la cara cubierta, no deben portar las escopetas por más de que sea con balines de gomas y que deben tener portanombres. Le dijimos que no tenemos ningún inconveniente para el cumplimiento. Vamos a trabajar de forma coordinada, sin sobreponernos a las funciones u obligaciones de la Policía Nacional”, afirmó el intendente de la ciudad, Luis Rodríguez, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Inicialmente, los policías municipales salieron a las calles con pasamontañas, escopetas con balines de goma y uniformes de color negro, cascos y gafas. La decisión fue tomada durante un encuentro realizado este último miércoles que contó también con la presencia del comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez; el viceministro de Asuntos Políticos, Óscar Campuzano, y el diputado liberal Jorge Ávalos Mariño.

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En la reunión, el jefe comunal sostuvo que las fuerzas de seguridad en su localidad se encuentran sobrepasadas, razón por la cual surgió la creación de la Policía Municipal. Agregó que incluso se crearon “tres comisiones garrotes” conformadas por ciudadanos, teniendo en cuenta el aumento de robos domiciliarios, de locales comerciales y de medio de transportes como las motocicletas.

Como respuesta, Riera prometió a la intendencia la instalación de una unidad antinarcóticos de la unidad Lince, más efectivos policiales y la creación de una subcomisaría o comisaría en una sede que funcionaba para el fomento del turismo en la citada localidad.

“Hay barrios en los que no se puede transitar libremente. Nosotros le ofrecimos al Ministerio del Interior equiparles con las infraestructuras mínimas para que puedan los efectivos de la Policía Nacional tener un ambiente confortable”, puntualizó.

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