“Todos los estudios que lleven a un mejoramiento de la calidad de producción deben adaptarse a la realidad paraguaya”, sostuvo el senador Natalicio Chase tras expresar su rechazo al proyecto de ley que plantea reducir el horario laboral en el sector privado. Agregó que esta iniciativa podría poner en riesgo las inversiones internacionales instaladas en nuestro país.

“No es tan sencillo bajar el horario laboral del país sin tener en cuenta todos los factores. El 98 % de la mano de obra que se utiliza en el Paraguay son las pequeñas y medianas empresas, entonces hay que consultar con todos los sectores para tomar una medida así y no una medida alegre que busca figuración”, comentó a los medios de comunicación.

El proyecto que establece las 40 horas laborales sema­nales fue presentado este último jueves por el senador del movimiento Yo Creo, José Oviedo. El dirigente opositor indicó que actualmente existe una desigualdad en la carga horaria en el Paraguay, teniendo en cuenta que un funcionario del sector público trabaja un promedio de 36 horas, mientras que el empleado del ámbito privado posee un horario de 48 horas semanales.

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“El senador no se reunió con las industrias, con la fuerza trabajadora del país, es un proyecto de ley que busca un resultado mediático, no se puede tomar medidas unilaterales. Él es un senador, representa a una pequeña porción de los paraguayos. Esta medida afectará al 100 % de todos los ciudadanos, a veces las iniciativas que son irresponsables pueden hasta ocasionar desventajas en el sector industrial y poner en riesgo las inversiones internacionales en nuestro país”, indicó Chase.

Asimismo el parlamentario acotó: “No se puede traer estudios extranjeros no aclimatados a nuestro país. Yo creo que es inapropiado, no tiene análisis. En Paraguay no se tiene las 8 horas de trabajo como está previsto en la ley, porque siempre hay hora de almuerzo. La propuesta puede analizarse, pero sí tiene un estudio más acabado”.

El proyecto de ley ahora deberá ser girado previamente a las diferentes comisiones asesoras de la Cámara Alta para sus correspondientes dictámenes, ya sea a favor o en contra para luego ser analizado en la plenaria.

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“La inseguridad en Alto Paraná está en auge. Estamos cerca de fin de año y las olas delictivas pueden empezar a aumentar”, sostuvo el senador del movimiento Yo Creo, Rubén Velázquez, tras referirse sobre el atraco registrado en la noche de este último miércoles a una entidad bancaria por parte de un grupo de diez delincuentes fuertemente armados.

“Fue un episodio muy importante lo que pasó en Naranjal, un asalto tipo comando con explosivos y armas de grueso calibre. Los pobladores de Alto Paraná están muy preocupados por estos hechos y considero que el Ministerio del Interior tiene que tomar acciones inmediatas”, indicó a los medios de comunicación.

Durante el atraco, los malvivientes esparcieron clavos miguelito por toda la zona y dañaron dos patrulleras policiales y al menos tres vehículos particulares. Según el informe proporcionado por las autoridades del banco, mediante un arqueo se determinó que la cifra sustraída equivale a G. 2.800 millones en billetes de varias denominaciones, entre dólares y reales.

“Voy a reunirme con el ministro Enrique Riera y con mi equipo pediremos informes para tener mayor información sobre los hechos acaecidos. Los datos que pueda obtener serán muy importantes porque me permitirá plantear una declaración de emergencia contra la ola de inseguridad existente, los hechos delictivos aumentan con la llegada del fin de año”, comentó.

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Asimismo, el parlamentario de la oposición dijo que no se puede descartar una posible complicidad policial. “Hay una desidia total de la Policía Nacional, es muy llamativo que el servicio de inteligencia ya tenía conocimiento que se estaban organizando grupos criminales para perpetrar atracos en el departamento, sin embargo no están haciendo nada al respecto. Tres horas después de una alerta policial la entidad bancaria fue sujeto a un asalto”, refirió.

Velázquez acotó que “me preocupa aquí que exista una complicidad por parte de policías. Por qué no actuaron si ellos ya tenían informaciones. Esto es mucho más preocupante más allá de una suerte de desidia o inoperancia”.

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Tras ser detectada una conexión irregular de energía eléctrica utilizada presumiblemente para actividades de criptominería, una comitiva realizó una intervención en la colonia Ybyporã, localidad de La Paloma del Espíritu Santo. Acudieron funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) acompañados por personal del Ministerio Público y la Policía Nacional procedieron a la intervención de la vivienda.

Durante el operativo resultó detenido Ángel Ignacio Caballero Gayoso, de 28 años, residente en Ciudad del Este. En su poder se hallaron una pértiga para maniobras en redes eléctricas de media tensión, una notebook y una antena satelital.

Durante una verificación técnica realizada por funcionarios de la Ande, se constató una derivación en media tensión sin medidor, y en el inmueble se encontraron más de 200 equipos procesadores dedicados a la criptominería.

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Finalmente, todos los equipos fueron incautados junto con un transformador de 1.000 kVA, así como conductores, conectores y otros equipos eléctricos; todo esto fue trasladado hasta el depósito de la ANDE en Saltos del Guairá por disposición del fiscal interviniente Carlos Cabrera.

Según el reporte de los técnicos de la ANDE, el daño patrimonial estimado por la conexión ilegal asciende a 552 millones de guaraníes, monto que, junto con los gastos operativos y multas correspondientes, deberá ser resarcido por los responsables del inmueble.

En cuanto al detenido, el mismo permanece bajo custodia en la comisaría primera de Saltos del Guairá y enfrentará cargos por sustracción ilegal de energía eléctrica y otros delitos conexos. Cabe destacar que los responsables de este tipo de delitos se exponen a sanciones que incluyen penas privativas de libertad de hasta 10 años.

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Tras un largo debate, la Cámara de Senadores aprobó ayer miér­coles tres pedidos de préstamos internacionales, con un monto total de 410 millones de dólares, para la Administración Nacio­nal de Electricidad (Ande).

El primer pedido solicitado por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas consiste en la apro­bación de un proyecto de ley “Que aprueba los contratos de préstamos suscritos en fecha 26 de enero de 2023 entre la Ande con el Banco Interame­ricano de Desarrollo (BID) por un monto de hasta 260 millones de dólares, y el Fondo de Desa­rrollo y Cooperación Interna­cional ( Taiwán ICDF) por un monto de hasta 30 millones de dólares”. Según el objetivo, sería para el financiamiento del pro­yecto “Expansión del sistema de tratamiento en alta ten­sión-Fase II, a cargo de la Ande, ampliando su presupuesto del ejercicio 2024″.

El otro pedido del Poder Eje­cutivo aprobado por los sena­dores es el proyecto de ley “Que aprueba el contrato de préstamo suscrito entre la Ande con el Banco de Desa­rrollo de América Latina y el Caribe por un monto de 120 millones de dólares”.

El recurso sería para el financia­miento del programa de apoyo al desarrollo del sector eléctrico del Paraguay, a cargo de la Ande y que amplía su presupuesto para el ejercicio fiscal 2024.

Previo a su tratamiento en el pleno de la Cámara Alta, el pre­sidente de la Ande, Félix Sosa, defendió ante la Comisión de Hacienda sobre la necesidad de estos recursos. Indicó que ser­virá para el desarrollo del sector energético del país.