Los fiscales Diego Arzamendia, Jorge Arce Rolandi y Francisco Cabrera solicitaron la desestimación de la denuncia por supuesto tráfico de influencia, estafa y producción de documentos no auténticos, que se había presentado contra la exsenadora Kattya González y sus exasesores. Los representantes del Ministerio Público mencionaron que la exparlamentaria no ha cometido ningún hecho punible.
Ahora el juzgado de garantía tendrá que estudiar si corresponde dar trámite de oposición y en caso de ser así será el fiscal General del Estado quien dictamine si corresponde que la investigación siga su curso o se archive.
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De acuerdo a la denuncia que se había presentado, Kattya González en su rol de senadora, habría ayudado a José Luis Torales fin de que el mismo siga recibiendo su salario del Congreso (donde estaba comisionado, siendo funcionario de la Contraloría) mientras se dedicaba a actividades partidarias, llegando incluso a solicitar su traslado definitivo a la Cámara de Senadores, para así evitar que este fuera destituido en el marco del sumario administrativo instruido por la Contraloría.
Los denunciantes mencionaron en su momento que una de las comisiones firmadas por Kattia González, señala que los días 7 y 8 de diciembre 2023, Torales realizó actividades ejecutadas en el marco de una jornada laboral normal, pero ambos días fueron asueto y feriado respectivamente, lo que configuraría el hecho punible de producción de documentos públicos de contenido falso.
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Una nueva denuncia contra Miguel Prieto
Integrantes de la agremiación Asoley 35/90 que lucha por los derechos de los moradores de la Finca 66 y 13.741 de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná; presentaron ayer una nueva denuncia ante el Ministerio Público, contra la municipalidad esteña en la persona del exintendente Miguel Prieto, destituido por corrupción la semana pasada, por supuesta lesión de confianza y daño patrimonial.
En comunicación con La Nación/Nación Media, la presidenta de esta asociación la señora Sara Peña y el síndico Rubén Peña explicaron que el motivo de esta nueva denuncia contra el exjefe municipal se debe a que presuntamente, bajo su administración se cambió las medidas establecidas en la mensura judicial, en perjuicio de los moradores de las citadas fincas. Señalaron que tras lograr la reivindicación de las 755 hectáreas que conforman las dos fincas señaladas, se realizó la escritura a favor de la Municipalidad de Ciudad del Este, ya en la época del intendente Agileo Miño Giret, desde entonces no se reconocía las tierras municipales en los siguientes gobiernos. “Cuando el exintendente Miguel Prieto solicita que se haga la mensura judicial teniendo todas las vías legales, modificaron todos los puntos que están marcados en el título madre y en el título de la municipalidad, haciendo otras medidas que no concuerdan con la mensura realizada para la titulación de estas dos fincas”, comentó el síndico Rubén Peña.
Explicó entonces, que bajo la administración del exintendente Prieto, presuntamente se han modificado todas las medidas de la propiedad; reduciendo el tamaño de lo que realmente corresponde.
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Contraloría recibe denuncia contra intendenta de Valenzuela por emisión irregular de cheques
Suman las denuncias contra la intendenta de la Municipalidadde Valenzuela, Mirtha Fernández, perteneciente al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), sobre presuntos hechos irregulares en su administración. Concejales municipales denunciaron ante la Contraloría General de la República (CGR) la emisión de cheques, pertenecientes a la municipalidad, por parte de personas no autorizadas, y varios de ellos sin fondos.
El monto total de estos cheques rondaría un poco más de G. 400 millones, de acuerdo a la denuncia. Lo más grave, según los ediles, sería que los cheques habrían sido firmados por una persona externa a la administración municipal, que pertenece al Aseo Urbano, según el concejal Marcelo Flecha.
“La denuncia que hicimos fue sobre unos cheques de la municipalidad que se emitieron y que aparecieron en manos algunas personas, uno apareció en Saltos del Guairá, otro apareció en Caaguazú, y nosotros estuvimos verificando y son cheques que se emitieron de la Municipalidad (de Valenzuela), pero con firma de personas ajenas, firmó un barrendero, una persona no autorizada. También se verificaron y algunos son cheques sin fondos”, dijo Flecha, este miércoles en entrevista con La Nación/Nación Media.
El edil detalló que estos nuevos hechos ya fueron presentados a la Contraloría, donde se realizó la denuncia y se dio un plazo para que la intendenta pueda responder sobre la emisión de esos cheques, ya que hasta el momento no existen respuestas.
“El perjuicio patrimonial es muy grande, no sabemos cómo va a terminar todo esto. Ya se abrió una investigación de la Contraloría, se le dio un plazo de 10 días a la intendenta para que pueda presentar todos sus informes, ese plazo ya venció el miércoles pasado (20 de agosto), y no hay ninguna respuesta. Ahora hay un plazo nuevamente de 10 días hábiles”, detalló el concejal.
Flecha indicó que no se descarta la existencia de otros cheques en la misma situación, ya que algunas personas tienen temor de realizar las denuncias correspondientes, debido al poder político de la intendenta liberal.
Otros hechos
La intendenta Mirtha Fernández ya fue imputada y acusada por lesión de confianza por una supuesta malversación de G. 1.199 millones durante su gestión en el 2019. Este proceso sigue parado por las chicanas presentadas por parte de la defensa de la jefa comunal.
Este año, los concejales realizaron una nueva denuncia en contra de la intendenta por supuestas obras fantasmas. En marzo, ante la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía, a cargo del agente fiscal Néstor Coronel, se presentó la denuncia por un supuesto perjuicio de G. 500 a G. 700 millones en la municipalidad.
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Urgen a la Fiscalía avances en denuncia contra titular del PLRA
Desde la disidencia del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), urgen al Ministerio Público avanzar en la denuncia penal impulsada contra el titular de la agrupación opositora Hugo Fleitas. El exgobernador de Cordillera fue acusado por sus correligionarios de ocasionar un perjuicio patrimonial de G. 3.380.000.000.
“Nosotros hemos hecho una auditoría seria y eso ya se encuentra en el Ministerio Público. El resultado de ese informe es completamente intrascendente. Lo que presentó es solo una chicanería, su gestión es patética, tendría que levantar los cargos en su contra con documentos", dijo la exsenadora Blanca Lila Mignarro, en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
Las afirmaciones de Mignarro surgieron tras el informe presentado por Fleitas días atrás, que alega que en su gestión no se constataron elementos que configuren un perjuicio patrimonial, dolo o manejo indebido de los fondos del PLRA.
“Él solo tiene la opinión de sus amigos. Nuestra denuncia es seria y expone un faltante de G. 3.380.000.000, que debe ser devuelto al partido, le guste o no, esto no se trata de una cuestión política, es una cuestión financiera”, refirió.
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El cuestionamiento de la exlegisladora se da teniendo en cuenta que el informe presentado por Fleitas en busca de su blanqueamiento, solo fue elaborado por la Fiscalía y la Contraloría interna del PLRA.
“El presidente del partido no tiene argumentos válidos, ni comprobantes para demostrar lo contrario. Esa es una auditoría suya, esas instituciones son suyas, no es el Ministerio Público y ya debemos ver que dice esta institución”, puntualizó.
Asimismo, Mignarro acotó: “Ese dinero debe volver a las arcas del partido teniendo en cuenta que ya se acercan las elecciones municipales o con qué recursos se ayudará a todos los candidatos del PLRA”.
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Fiscalía avala extradición del exsenador argentino Edgardo Kueider y su pareja
El Ministerio Público dictaminó que el exsenador argentino Edgardo Kueider y su pareja, Iara Guinsel, pueden ser extraditados a su país, donde enfrentan cargos por lavado de dinero.
Antes, ambos ciudadanos argentinos deberán culminar el proceso abierto por contrabando en Paraguay. La decisión final está en manos del juez Penal de Garantías N° 9 de Asunción, Rolando Duarte, quien deberá resolver si acompaña o no el criterio fiscal.
Conforme al informe del cual se hizo eco el portal de noticias Infobae del vecino país, el fiscal adjunto Manuel Doldán fue quien dictaminó que Edgardo Kueider y su pareja y secretaria, Iara Guinsel, están en condiciones de ser extraditados a Argentina.
Kueider es un exsenador del vecino país, de la localidad de Entre Ríos (2019–2024), detenido en Paraguay por contrabando de divisas y lavado de activos. La Justicia argentina lo acusa de integrar una asociación ilícita vinculada al caso “Securitas”, relacionado con presuntas coimas para obtener contratos públicos.
La solicitud de extradición fue presentada por la jueza que investiga el caso por presunto pago de coimas en contratos vinculados a la empresa Securitas y Enersa, en el vecino país, Sandra Arroyo Salgado, del juzgado federal de San Isidro.
El fiscal Doldán consideró que el pedido de la jueza Arroyo Salgado era procedente en su presentación; ya que cumplió con todos los requisitos que establece el Tratado de Extradición entre Argentina y Paraguay. Es el cuarto requerimiento de este tipo que realizó la jueza de Entre Ríos. Los tres anteriores fueron rechazados por el Ministerio Público.
El representante del Ministerio Público consideró que la Justicia argentina acompañó el planteo con resoluciones judiciales firmes y que, además, el delito que se les imputa a Kueider y a Guinsel también es penado en Paraguay, se trata del lavado de activos.
Es el último de una cadena de acusaciones que le hace la jueza Arroyo Salgado a la pareja y a otra serie de acusados que permanecen ligados a la investigación.
Condición pendiente
Antes de concretarse la extradición, tanto el exlegislador y su pareja deberán responder ante la Justicia paraguaya por un intento de contrabando ocurrido el 4 de diciembre de 2024, cuando la pareja argentina intentó ingresar al país con más de USD 200.000 sin declarar.
En esa causa ya fueron elevados a juicio oral el pasado 31 de julio, por el magistrado Humberto Otazú, juez penal de Garantías de Delitos Económicos. Este delito por el que están siendo procesados en Paraguay, tiene una pena máxima de 2 años y medio de prisión. Por lo tanto, la sentencia podría ser de cumplimiento efectiva.
Actualmente, la pareja guarda arresto domiciliario como medida preventiva en el país, en el marco del proceso del delito de contrabando. Esta medida incluso fue reforzada por el magistrado con el uso de tobilleras electrónicas.