El Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur), integrado a la vez por una delegación de congresistas paraguayos analizarán este lunes en plenaria la propuesta que insta a los países miembros a unificar las legislaciones y sanciones contra el ciberacoso sexual a niñas, niños y adolescentes.
A la vez se buscará proponer una serie de medidas para combatir el ciberacoso sexual a niños y adolescentes en una campaña regional a la par de establecer un día para la prevención contra el flagelo, destinado a sensibilizar a la población sobre el uso responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
También los parlasurianos pretenden mediante la propuesta fomentar la organización de espacios de reflexión y capacitación en comunidades educativas sobre la prevención del ciberacoso, así como profundizar y difundir investigaciones sobre el tema.
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Otro tema relevante que será analizado por el Parlasur se centrará en la selección de un representante por cada país miembro para conformar una delegación que peticione durante este año ante el Comité (C-24) y la Comisión Política Especial y de Descolonización de Naciones Unidas, en favor de los derechos de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas.
La sesión ordinaria será realizada en la ciudad de Colonia del Sacramento, en el departamento de Colonia, Uruguay, a las 11:00. Este cuarto encuentro del año 2024 será presidido por la legisladora argentina Fabiana Martín, y contará con la presencia de las delegaciones parlamentarias de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
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Proyecto sobre nuevos feriados nacionales será tratado este miércoles en el Senado
La Cámara de Senadores prevé tratar este miércoles, en sesión ordinaria, el proyecto de ley “Que determina los feriados nacionales de la República del Paraguay, establece los feriados móviles y faculta al Poder Ejecutivo a instituir otros feriados en situaciones especiales”, impulsado por el Poder Ejecutivo.
La propuesta fue analizada y aprobada este lunes con modificaciones por la Comisión de Cultura y Educación, junto con otro proyecto presentado por el senador José Oviedo. El texto remitido por el Ejecutivo busca reordenar el calendario de feriados nacionales y establece la posibilidad de crear hasta tres feriados no permanentes cada año, distintos a los tradicionales ya establecidos.
Esta medida tiene como objetivo promover la actividad turística y económica del país, así como permitir la conmemoración de “ocasiones especiales”, entre ellas, eventos deportivos significativos como una eventual victoria de la selección paraguaya en un Mundial de Fútbol.
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Durante el estudio en comisión, se incorporaron modificaciones importantes. Una de las principales fue la inclusión del 22 de septiembre como feriado nacional, en conmemoración de la Batalla de Curupayty. Sin embargo, se excluyó de esta categoría el 12 de octubre, fecha que también había sido propuesta por el senador Oviedo para ser reconocida como día patrio, al recordar la proclamación de la República del Paraguay.
Asimismo, se redefinió la denominación del 20 de junio, que pasará a llamarse oficialmente “Día de la Constitución Nacional”, en reemplazo de “Día de la Jura de la Constitución”. Por otro lado, la comisión rechazó la propuesta del Ejecutivo de instituir tres nuevos feriados nacionales permanentes.
Uno de los puntos más debatidos fue la figura de los feriados móviles. El senador Silvio Ovelar, impulsor de varias de las modificaciones introducidas, manifestó su oposición a esta medida, argumentando que ciertas fechas patrias deben mantenerse inamovibles por su valor histórico y simbólico.
Mencionó entre ellas:
- el 1 de marzo (Día de los Héroes)
- el 14 y 15 de mayo (Independencia Nacional)
- el 12 de junio (Paz del Chaco)
- el 15 de agosto (Fundación de Asunción)
- el 29 de septiembre (Victoria de Boquerón)
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En la misma línea, el senador Ever Villalba expresó que “hay fechas emblemáticas” que deben respetarse en su día original, evitando trasladarlas para fines de semana largos u otros fines turísticos.
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Diputados evaluará penas más severas para funcionarios públicos por corrupción
La Cámara de Diputados tiene previsto analizar en su sesión ordinaria de este martes un proyecto de ley que busca modificar las penas por corrupción en el Código Penal Paraguayo, estableciendo castigos de hasta 25 años de prisión para funcionarios públicos que incurran en determinados delitos.
La exposición de motivos argumenta que la iniciativa responde a la necesidad de “disuasión legal para el combate frontal a la corrupción pública y privada”, señalando que “el crimen organizado nacional se nutre con el apoyo de funcionarios públicos, desangrando al Estado en su patrimonio”.
Asimismo, señala que la corrupción pública “atenta directamente contra los derechos humanos” y que “sus consecuencias son equiparables a crímenes de lesa humanidad”, al afectar servicios básicos como salud, educación y seguridad.
El proyecto que se encuentra en su primer trámite constitucional plantea la modificación de varios artículos del Código Penal, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, lesión de confianza y otros delitos conexos.
El proyecto también incorpora medidas como el comiso especial de bienes obtenidos ilegítimamente y prohibiciones posteriores al ejercicio del cargo, estableciendo multas de mil días para funcionarios que se vinculen laboralmente con empresas beneficiadas por contratos administrativos dentro del año siguiente a su celebración. La iniciativa busca reforzar “la confianza de la ciudadanía y de la opinión pública en las Instituciones Republicanas”, según expresó el diputado en su fundamentación.
Principales modificaciones
Lesión de confianza (Art. 192)
Pena actual: Hasta 5 años o multa
Pena propuesta: hasta 25 años para funcionarios públicos (casos graves).
Exacción (Art. 312)
Pena actual: 10 años o con multa
Pena propuesta: 10 a 20 años
El artículo 2 del proyecto de ley presentado también establece modificaciones al Código penal en los artículos 239, 298, 300, 301, 302, 303 y 305, que quedan redactados de la siguiente manera:
Asociación criminal (Art. 239)
Pena actual: Hasta 5 años
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
Quebrantamiento del depósito (Art. 298)
Pena actual: Hasta 2 años o multa
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
Cohecho pasivo (Art. 300)
Pena actual: Hasta 3 años o multa para funcionarios / hasta 5 años o multa para jueces
Pena propuesta: 5 a 8 años para funcionarios / 5 a 10 años para jueces
Cohecho pasivo agravado (Art. 301)
Pena actual: Hasta 5 años para funcionarios / hasta 10 años para jueces
Pena propuesta: 5 a 10 años para funcionarios / 10 a 15 años para jueces
Prevaricato (Art. 305)
Pena actual: 2 a 5 años
Pena propuesta: 5 a 8 años (hasta 15 años en casos graves)
En el artículo 3 del proyecto presentado, se propone la modificación de los artículos 3, 4, 6, 7 y 8 de la ley n.º 2523/04, “Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias”, que quedan redactados de la siguiente manera:
Enriquecimiento ilícito (Art. 3)
Pena actual: 1 a 10 años
Pena propuesta: 10 a 15 años
Tráfico de influencias (Art. 7)
Pena actual: hasta 3 años
Pena propuesta: 10 años (15 años si la influencia es ejercida ante magistrados o fiscales / 20 años si el autor es funcionario público).
Administración en provecho propio (Art. 8)
Pena actual: hasta 10 años
Pena propuesta: 15 a 25 años.
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Diputados volverá a tratar este martes proyecto que regula las concertaciones
Dentro del orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, marcada para el martes, figura el proyecto de ley “Que amplía las disposiciones del Código Electoral, regula la figura de las concertaciones de carácter nacional, departamental y municipal”. La iniciativa fue aprobada con modificaciones por el Senado por lo que retorna para su análisis a la Cámara Baja.
De acuerdo con lo que se menciona en la exposición de motivos de esta propuesta legislativa, se busca “fortalecer el sistema democrático” mediante la regulación de mecanismos de colaboración política, promoviendo mayor transparencia y responsabilidad en los procesos electorales.
El proyecto establece tres niveles de concertaciones: nacional, departamental y municipal, y al mismo tiempo propone la regulación de las mismas, entendidas como alianzas o acuerdos temporales entre partidos y movimientos políticos para fines específicos.
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Según lo expresado previamente por el senador Derlis Maidana, quien está a favor de esta iniciativa, uno de los fines de este proyecto es “evitar la perversión del derecho al voto” y apunta a que cada partido pueda contar con su propio padrón, uno de los motivos que despierta el rechazo de la concertación.
“Lo que se busca con esta propuesta es que cada partido político tenga su propio padrón electoral, que cada agrupación tenga la autonomía de decidir quiénes son sus candidatos en las elecciones internas, conforme a lo que establece el Código Electoral Paraguayo”, explicó Maidana en una entrevista a Nación Media.
Asimismo, descartó que este proyecto sea “anticoncertación” e indicó que lo se busca es otorgar a las concertaciones un marco legal efectivo de modo que establezcan condiciones, requisitos, períodos de tiempo para la inscripción, entre otros tipos de disposiciones. Si Diputados aprueba la versión del Senado, la iniciativa quedará sancionada.
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“Lo que nosotros queremos siempre es fomentar la participación ciudadana, pero naturalmente ellos hablan de cercenamientos y otras falacias”, comentó. Según el proyecto, para constituir una concertación nacional, los partidos y movimientos políticos deberán obtener la aprobación de sus respectivas asambleas o convenciones, y formalizar el acuerdo mediante escritura pública.
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Australia prueba sistemas para impedir acceso de menores a redes sociales
- Sídney, Australia. AFP.
El gobierno australiano comprobó en un estudio que los sistemas de verificación de edad de los usuarios en redes sociales funcionan “de forma robusta y efectiva”, un importante avance para implementar su prohibición de acceso a estas plataformas a los menores de 16 años. El gobierno defiende esta iniciativa por el potencial daño en la salud física y mental en los jóvenes causado por las redes sociales y amenaza a estas plataformas con multas de hasta 32 millones de dólares si no cumplen con ella.
La innovadora medida tiene que entrar en vigor a finales de este año a pesar de las objeciones de plataformas afectadas como Facebook, Instagram, X o TikTok, que advierten por ejemplo que será “problemático” comprobar la edad de los usuarios. Pero una prueba encargada por el gobierno a la firma independiente Age Assurance Technology Trial indica que “la certificación de edad se puede hacer en Australia de forma privada, robusta y efectiva”.
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“Estas soluciones son técnicamente realizables, pueden integrarse de forma flexible a los servicios existentes y pueden reforzar la seguridad y los derechos de los niños en línea”, afirmó en un comunicado el director del proyecto, Tony Allen. En una entrevista a la cadena Nine Network, Allen admitió, sin embargo, que un “gran desafío” será evitar que los niños engañen a las herramientas de verificación de edad.
“No creo que nada sea completamente infalible”, concedió. La implementación de esta ley australiana aprobada en noviembre se sigue de cerca por otros países que sopesan la aprobación de prohibiciones similares.
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