El concejal de Villa Elisa, Car­los Gamarra afirmó que están expectantes de los resultados de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República que abarca la ges­tión del actual gobernador de Central, Ricardo Estigarribia y de su hermano Sergio Estiga­rribia, actual intendente de la comuna.

“En octubre de 2024 se instaló la Contraloría en Villa Elisa y estamos esperando el resul­tado de esa auditoría”, mani­festó el edil en contacto con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media. Gamarra indicó que hay una serie de irregularida­des y falta de respaldo docu­mental que despierta sospe­chas en la gestión municipal.

De acuerdo a lo que expuso el concejal, en octubre del año pasado la comuna contrató los servicios de una consultora administrativa para lo cual se destinaron G. 500 millones y el pasado miércoles 2 de julio, se convocó a una nueva licitación para contratar este mismo ser­vicio y por el mismo valor, lo cual preocupa a los conceja­les.

“La Contraloría ingresó a la municipalidad para una auditoría de dos ejercicios fis­cales”, detalló y añadió que a esto se suma una complicada situación financiera en donde la municipalidad es incapaz de hacer cumplir incluso con los gastos rígidos.

El concejal de Villa Elisa, Carlos Gamarra afirmó que están expectantes de los resultados de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República que abarca la gestión del actual gobernador de Central, Ricardo Estigarribia y de su hermano, Sergio Estigarribia, actual intendente de la comuna.

“En octubre del 2024 se instaló la Contraloría en Villa Elisa y estamos esperando el resultado de esa auditoría”, manifestó el edil en contacto con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media.

Gamarra indicó que hay una serie de irregularidades y falta de respaldo documental que despierta sospechas en la gestión municipal.

De acuerdo a lo que expuso el concejal, en octubre del año pasado la comuna contrató los servicios de una consultora administrativa para lo cual se destinaron G. 500 millones y el pasado miércoles 2 de julio, se convocó a una nueva licitación para contratar este mismo servicio y por el mismo valor, lo cual preocupa a los concejales.

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“La Contraloría ingresó a la municipalidad para una auditoría de dos ejercicios fiscales”, detalló y añadió que a esto se suma una complicada situación financiera en donde la municipalidad es incapaz de hacer cumplir incluso con los gastos rígidos.

“En el 2023 se recaudó G. 29.000 millones y en gastos corrientes se gastó G. 30.000 millones, esto significa que no se cubre ni siquiera servicios personales y no personales, bienes de consumo, es decir, todo lo que es netamente rígido y operativo, cuando por lo menos los ingresos deben alcanzar para cubrir este tipo de gastos. Es una situación financiera delicada la que atraviesa la municipalidad”, lamentó.

Los concejales se han percatado de varios hechos llamativos en la gestión de los Estigarribia, por ejemplo, se han presentado rendiciones de cuentas por obras terminadas, pero en realidad, las obras ni siquiera estaban iniciadas. También afirmaron que los gastos de la municipalidad, en su mayoría, carecen de respaldo documental.

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“Somos minoría los colorados, sin embargo, en todas las rendiciones de cuentas, tanto del exintendente Ricardo Estigarribia como las de su hermano Sergio Estigarribia, hemos rechazado y esto es porque adolecen del mismo problema, no tienen respaldo documental, no presentan ante la Junta los documentos para que uno pueda analizar esos gastos”, remarcó.

El senador Basilio Núñez, titular del Congreso Nacional, realizó un análisis del informe de gestión de Santiago Peña y también se refirió al anuncio que realizó el jefe de Estado, que al proyecto de ley de Reforma del Transporte Público se le dará la celeridad necesaria con al menos un mes de estudio.

Explicó que una vez que se ingrese se girará a las comisiones para su correspondiente estudio, se llevarán adelante audiencias públicas para escuchar a los diferentes sectores ya sea empresarios, a la ciudadanía organizada, en las correspondientes comisiones asesoras.

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“Acá el espíritu es aprobar una nueva ley de reforma del sistema nacional de transporte público. Si bien, desconozco aun el contenido, no quiero adelantarme, pero no creo que se llegue a eliminar completamente el subsidio. El transporte público en el mundo es subsidiado y Paraguay no puede ser la excepción”, comentó.

Habló además del proyecto de ley que declara feriado nacional el 20 de junio, Día de la Jura de la Constitución Nacional. La propuesta de ley ya tuvo entrada en la Cámara de Senadores.

Al respecto, aseguró que no cree que nadie salte en contra, ya que es una fecha memorable. “Todos los paraguayos vamos a recordar siempre y celebrar la democracia que estamos viviendo y se estará evaluando al igual que todos los demás proyectos de ley”, indicó.

Señaló que el proyecto será girado a comisiones, donde los legisladores estarán analizando las distintas propuestas que contiene el documento, así como incluir otras, como las que ya se plantearon, por ejemplo, que el 12 de junio sea también una fecha inamovible, más aún teniendo en cuenta que se aproxima los 90 años de la Paz del Chaco.

Por otra parte, señaló que como médico de profesión, abogó que se haga un análisis y se audite si es necesario, gestión por gestión y se compare lo que el Gobierno actual logró con la compra de ambulancias, cuáles son los hospitales que habían quedado sin financiamiento y ahora se están terminando con equipamiento de última tecnología.

Indicó que se debe observar la cantidad de personal de blanco capacitado que se contrató en esta administración. “Este sistema de Salud Pública que se está trabajando con el gobierno de Santiago Peña, en cooperación con el gobierno de Taiwán, cuánto se tenía y cuánto se tiene ahora. Son todos datos auditables”, indicó.

Respecto al reclamo que hace el personal de blanco, indicó que está en su derecho de reclamar mejoras; e indicó que lo afirma, siendo incluso proyectistas de la Ley de Dignificación Salarial, que logró la reducción a 12 horas de trabajo de los médicos, por vínculos.

Núñez también se refirió a la designación del Ejecutivo de su colega Gustavo Leite, propuesto como embajador ante el gobierno de los Estados Unidos, resaltando que es un integrante del movimiento Honor Colorado, está dentro del equipo político, donde están permitidas las opiniones disidentes.

En ese sentido, recordó que incluso el senador Silvio Ovelar, que también es del mismo equipo político, emitía fuertes críticas hacia los ministros del Ejecutivo.

“Si no podemos emitir críticas ¿dónde estamos parados?. Si no podemos hacer autocríticas, entonces, no es el camino correcto. Lo que veo es que solo están buscando descomponer la unidad que estamos construyendo dentro del Partido Colorado”, acotó.

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El intendente de la ciudad de Villa Elisa, Sergio Estigarribia, parte del clan que lidera el ahora gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, suma a otro miembro de la familia en la repartija de contratos financiados con los royalties. Muy preocupado por la inseguridad, el jefe comunal inició un plan con vecinos que consiste en la instalación de cámaras de vigilancia servicio que, casualmente, tiene como contratista a Eduardo Humberto Amarilla, tío de su esposa, María Esther Catalina Millán Amarilla.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Hace aproximada­mente un mes Sergio Estigarribia, inten­dente de Villa Elisa, anunciaba que están “trabajando en méto­dos y estrategias para combatir la inseguridad en nuestro país”. Detrás de esta iniciativa “enho­rabuena” consistente en la com­pra de cámaras de circuito cerca, nuevamente se esconde el negocio de otro miembro de su clan familiar.

Sergio Estigarribia y su her­mano, el exintendente, hoy gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, son conocidos por las escandalosas repartijas del dinero público, principalmente provenientes del Fondo Nacio­nal de Inversión Pública y Desa­rrollo (Fonacide) y los royalties a miembros de sus familias mediante contratos directos amañados como urgencia.

En el historial de ambos apa­recen millonarias contrata­ciones directas a firmas de cuñados en las que también aparecen parientes de funcio­narios leales y operadores. Dos cuñados favoritos se destaca­ron como privilegiados de con­tratos en la Municipalidad de Villa Elisa y en la Gobernación de Central después de que haya asumido Ricardo Estigarribia. Uno, de nombre Ricardo Fer­nández Campuzano, pareja de Gladys Zunilda Medina, her­mana de los políticos, cuñado de los hermanos Estigarribia, que en documentos oficiales figura como accionista de Asispar SA, empresa a la que, en sus tiempos de intendente, Ricardo Estigarribia adjudicó G. 1.872 millones en contrato directo por almuerzo esco­lar (2018/2019). En febrero de 2020, esta empresa habilitaba una enorme construcción en la que funciona un motel.

Así también, Eduardo Manuel Mendoza Amarilla, hermano de María Esther Millán Ama­rilla, esposa del intendente Ser­gio Estigarribia improvisó una constructora con una modesta joven de Villa Elisa de nombre Natalia Magalí Duarte Yeruta. Así, facturaron más de G. 3.700 millones, en tiempo récord y de forma directa a la Municipali­dad de Villa Elisa, según consta en el portal de Contratacio­nes Públicas. También figura una contratación directa en la Gobernación de Central para provisión de toldos y mesas.

Tras el destape del grosero fes­tín, la generosidad de los herma­nos Estigarribia con el dinero público en favor de su fami­lia mutó a otro mecanismo de contratación que utiliza como fachada la necesidad de los veci­nos. Es así que Sergio Estigarri­bia publicó en sus redes sociales hace un mes un fortuito afán de combatir la inseguridad, pero a través de las comisiones vecina­les. En este obsesivo plan anti­delincuencial aparece como principal contratista Eduardo Humberto Amarilla Chávez, tío oriundo de Benjamín Ace­val de la esposa de Sergio Estiga­rribia que, a través de las comi­siones vecinales, factura por la instalación y configuración de las cámaras de vigilancia. Cabe precisar que Eduardo Hum­berto es hermano de la madre de María Esther Millán Amari­lla, es decir, hermano de la sue­gra de Sergio. El esquema de contratación a través de comi­siones vecinales es muy común en algunas administraciones públicas para solapar el privile­gio a parientes, precisamente en Ciudad del Este, donde detonó en sonados casos de denun­cias de corrupción. Se oculta el negocio de familiares ya que los miembros de las organizaciones vecinales solicitan transferen­cias para determinado fin, como el mencionado de la instalación de cámaras de circuito cerrado y de esta forma pobladores de Villa Elisa contratan a un tío del intendente oriundo de otra región del país.