El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid se refirió a la acusación de la Fiscalía en contra de la institución que actualmente lidera, la cual habría tenido vínculos con el sindicado narcotraficante Miguel Ángel Insfrán alias “Tío Rico”. Rachid fue contundente al afirmar que su administración es diferente a la anterior y que está abierto a que se hagan las investigaciones que sean necesarias.
“Hablo de la estructura anterior y conforme a todo lo que los medios tuvo acceso y se hizo público, esto estaba infestado de gente corrupta que manejaba información sensible y que a su vez tenían una vinculación y trato directo con personas que hoy en día están acusadas por el Ministerio Público”, expresó Rachid.
De hecho, el extitular de la Senad, Arnaldo Giuzzio, fue imputado por el Ministerio Público por sus nexos con Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, vinculado al tráfico de droga y lavado de activos. En este contexto, saltaron estas acusaciones de la Fiscalía en contra de funcionarios de la institución antidrogas, por lo que el ministro espera que se hagan los requerimientos correspondientes.
“Espero oficios por parte del Ministerio Público y estoy hablando como un exfiscal, espero que hagan los pedidos de informes que necesiten, las puertas de la Senad están abiertas para lo que necesiten desde el punto de vista legal. Con posterioridad de eso espero imputaciones porque esto es denigrar a una institución como la Senad”, aseveró.
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Se crearon direcciones
Rachid rememoró que cuando ingresó a la institución en el 2023, encontró a una institución totalmente desorganizada y con múltiples direcciones y dependencias que fueron creadas en el periodo anterior que carecían de criterio técnico y sustento jurídico, por lo que decidió disolver varias de estas unidades y volvió a reorganizar la Senad.
“Había ciertas cosas dentro de la estructura del organigrama de la Senad que no me gustaron, que me llamaron la atención y prácticamente yo desmantelé lo que era la estructura de la institución y reestablecí algunas direcciones”, detalló a la 1020 AM. Rachid dijo que esta acusación de la Fiscalía es bastante grave, dado que se trata de personas que se valieron de la institución para lucrar en conjunto con el crimen organizado.
“Estamos trabajando muchísimo, redoblando esfuerzos, eso en números y cifras demuestran que hemos hecho mucho más de lo que se hizo en el periodo pasado conforme a los resultados que tenemos. En estos nueve meses hemos realizado incursiones a lugares en donde jamás Senad había entrado”, aseguró.
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Los numerosos “narcovínculos” del gobierno de Mario Abdo
- Unidad de Investigación
- investigación@nacionmedia.com
Mientras pasa el tiempo, más son los vínculos del gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez con altos jerarcas del crimen organizado. Pagos de coima, relaciones cuasifamiliares, favores y regalos de narcotraficantes y hasta filtraciones de informes que formaban parte de algunas de las investigaciones más importantes son tan solo algunos de los elementos de esta historia.
Bolígrafos costosos, préstamos de vehículos como parte de coimas, acuerdos por millonarios contratos con el Estado, relaciones familiares y filtraciones de datos sobre investigaciones. Mientras pasa el tiempo, cada vez son más los narcovínculos del gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez con altos jerarcas del hampa.
MARITO, EL “JUDAS”
El primer gran escándalo del gobierno Abdo en relación con el narcotráfico comenzó en setiembre de 2018, cuando la operación Berilo 2.0 derivó en la detención del supuesto narcotraficante Reinaldo “Cucho” Cabaña.
Poco después de la detención, salieron a la luz fotografías de Cabaña junto al entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez. En diciembre de ese año, el entonces abogado de Cucho, Pedro Wilson Marinoni, reveló que el imputado había financiado la campaña proselitista del exmandatario.
En mayo de 2019, Cucho dijo sentirse “defraudado” y traicionado. Dijo que había varios Judas, aunque no quiso dar nombres. Sin embargo, fue el propio Marinoni quien dijo que su cliente se refería con el personaje “Judas” al propio presidente Abdo Benítez.
LOS SUPERPODERES A GIUZZIO
Las acciones que terminaron favoreciendo a personas salpicadas por vínculos con el hampa se iniciaron el mismo día que asumió Mario Abdo. El mismo 15 de agosto de 2018, el recién llegado a Palacio de López firmó un decreto por el cual dejaba sin efecto un decreto del expresidente Horacio Cartes, volviendo a otorgar al ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) potestad discrecional para mover cargos dentro de la institución.
Con esto, Arnaldo Giuzzio terminaría poniendo en puestos clave a personas que resultaron ser funcionales a grupos del crimen organizado. Pero, amable lector, tenga usted paciencia que ya llegaremos a esa parte de la historia.
UN BOLÍGRAFO Y UN VICEMINISTRO
En enero de 2020, el entonces viceministro de Política Criminal, el exfiscal Hugo Volpe, tuvo que renunciar al cargo luego de que saltara que estaba siendo investigado por autoridades brasileñas por la supuesta recepción de una coima por parte del narcotraficante Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro.
Uno de los fiscales que quedó a cargo de la investigación en Paraguay confirmó que, de las diligencias realizadas en la causa, se pudo constatar que el abogado Edson Francisco Sánchez Benítez fue en representación de María Alciris, que es esposa de Minotauro, hasta la Unidad de Narcotráfico, en dos ocasiones, y que entregó un bolígrafo valuado en unos USD 900, al entonces fiscal Volpe, en junio de 2019.
En noviembre de 2019, Volpe había sido llevado al cargo de viceministro de Política Criminal por la entonces ministra de Justicia, Cecilia Pérez, quien es actualmente abogada de Mario Abdo.
OTRO CASO DE SUPUESTA COIMA
Joaquín Roa Burgos, exministro de Emergencia Nacional, también cuenta con procesos abiertos por su amistad con un supuesto narcotraficante.
Roa fue imputado en primera instancia en abril de 2021 por los hechos de cohecho pasivo agravado y lavado de dinero junto con su amigo Alberto “Beto” Koube, uno de los detenidos en el operativo A Ultranza Py.
De acuerdo con la imputación, “hay sospechas suficientes de que entre los años 2018 y 2021, Roa había adjudicado millonarias licitaciones a su amigo personal Beto Koube, por un valor superior a G. 16.000 millones, para la obtención conjunta de beneficios económicos indebidos a costa de los fondos de la Secretaría de Emergencia Nacional.
GIUZZIO, PARTE I
El caso del exministro del Interior y la Senad del gobierno de Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, es una representación vívida de los cercanos vínculos de la administración con el crimen organizado. Procesado por supuestas coimas de un capo narco, su gestión fue salpicada por filtraciones a otro jefe mafioso y también resulta tener una cercana vinculación con un tercer líder del hampa.
El exministro enfrentará juicio oral y público por la causa penal de cohecho pasivo agravado en carácter de autor, por su presunto vínculo con el brasileño sindicado como narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marqués, quien fue detenido en el Brasil. Su causa comenzó cuando se dio a conocer que prestó una camioneta, para unas vacaciones familiares en el Brasil, de la empresa que pertenecía a Espíndola Marqués.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, Giuzzio mantuvo contacto con el presunto narco entre julio de 2021 y febrero de 2022, cuando ya ejercía el cargo de ministro del Interior. Se presume que la intención del brasileño en ese entonces era proveer como “gentileza” chalecos antibalas y vehículos blindados al Ministerio del Interior y, consecuentemente, a la Policía Nacional, como así también “a título gratuito” el alquiler de una camioneta de la empresa Ombu SA, propiedad de Espíndola.
GIUZZIO, PARTE II: LAS FILTRACIONES
El memorándum 407/2023 de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) confirmó la presencia de equipos de espionaje que ingresaron al país de contrabando y que estaban bajo la custodia de la institución antinarcóticos. Estos equipos de alta tecnología fueron encontrados en la Dirección de Inteligencia de la Senad, dirigida por Mauro Ruiz Díaz, apodado Topo Mayor, quien supuestamente filtraba información a Miguel “Tío Rico” Insfrán, según la investigación del fiscal Deny Yoon Pak en el caso A Ultranza Py.
La adquisición de estos equipos, que incluyen el avanzado software espía FinFisher (también conocido como FinSpy), no fue documentada adecuadamente. FinFisher, desarrollado por Gamma Group, está diseñado para agencias de seguridad y gobiernos para realizar actividades de vigilancia y espionaje. Sus características principales incluyen la interceptación de comunicaciones, la captura de correos electrónicos, mensajes de texto y conversaciones en aplicaciones de mensajería instantánea, así como el acceso y control remoto de dispositivos.
UN VÍNCULO CASI FAMILIAR
Como si todo esto no fuera suficiente, todavía queda otro vínculo de cercanía con Alberto Koube Ayala, considerado como uno de los jefes del esquema de narcotráfico y lavado de dinero junto al uruguayo prófugo Sebastián Marset.
Gianluca Giuzzio, funcionario de la Municipalidad de San Lorenzo e hijo del exministro abdista, está casado desde 2021 con Katherine Himmerlich.
Katherine es sobrina de Jorge Himmerlich y nieta de Noemí Koube, propietarios de la firma Europrint SA, investigada en 2014 por la evasión de más de G. 5.500 millones en impuestos.
Noemí es hermana del papá de Alberto y Fátima Koube Ayala y estos dos últimos son tíos de Katherine. Lo que convierte al exministro Giuzzio en familiar político de los procesados por el conocido como el mayor esquema de narcotráfico y lavado de dinero alguna vez detectado en Paraguay.
ZULLY Y SU CONVENIO CON UN NARCO
A finales de 2021, plena etapa de investigaciones de lo que sería el gran operativo antinarco A Ultranza Py a inicios de 2022, la ministra de la Senad estaba firmando un convenio de “varios programas de prevención de consumo de drogas” con la Cooperativa San Cristóbal, según difundió en ese momento la institución.
El acuerdo sería normal si el titular de la mencionada cooperativa en ese entonces no fuera uno de los objetivos de A Ultranza Py, Juan Carlos Ozorio, exdiputado procesado por tráfico de drogas y lavado de dinero. Otra “coincidencia” más de los vínculos del gobierno de Abdo Benítez con el mundo narco y el argumento de siempre de nunca estar enterados de quiénes son sus aliados. Así pasó con Giuzzio y Vinicius, el exministro también dijo no saber que la persona con quien chateaba continuamente y en horas de la noche era uno de los sindicados narcos más buscados por el Brasil.
Mientras las cabezas de los organismos de seguridad alegaban desconocimiento, la logística del crimen organizado hacía aguas las instituciones del Estado y el negocio del narcotráfico gozaba prosperidad.
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Hay una preocupación real del Gobierno respecto a la seguridad, dice comandante
La inseguridad y el crimen organizado forman parte de una de las preocupaciones de la ciudadanía. Respecto a este tema, el comandante de la Policía Nacional, el comisario general Carlos Benítez aseguró que si bien no lograron el descenso de la criminalidad, el esfuerzo del Gobierno y las instituciones permitió contener y evitar su expansión.
“Con las reuniones en el Consejo de la Defensa Nacional (Codena) o en Mburuvicha Róga con el presidente, me consta por ser partícipe de ellas, que más que una preocupación, hay una ocupación real del Gobierno Nacional, entonces estamos llevando todas nuestras iniciativas y esfuerzos en esa mesa de discusión”, expresó.
El comandante estuvo como invitado en el programa “Fuego Cruzado”, emitido por GEN/Nación Media, donde afirmó que Paraguay no se encuentra entre los cuatro países con más índices de inseguridad. Para Benítez, la publicación es “traída de los pelos” y no se aplica a la realidad de nuestro país. Advirtió que esta aseveración pudo haberse originado a partir de “molestias” de sectores o naciones, luego de que se haya hecho público que el clima de negocios paraguayo es uno de los mejores de la región.
“Estamos en un momento de contención (de la criminalidad), no estamos hablando de disminución significativa, pero estamos caminando bastante bien”, aseguró y mencionó que esto también es posible gracias a los convenios y acuerdos que se establecieron con organismos internacionales como lo son la Policía de Italia o con la Agencia Federal de Investigación e Inteligencia (FBI) por sus siglas en inglés.
Más policías
De acuerdo a lo que establecen las Naciones Unidas, se requiere 3,3 policías por cada 1.000 habitantes para dar un nivel aceptable de seguridad, Paraguay con mucho esfuerzo llega apenas a 1,5. “Metafóricamente hablando desde los vestuarios salimos con un gol en contra”, lamentó.
Este déficit en cuanto a personal policial se debe a que por décadas no hubo un aumento de la cantidad de agentes y recién por iniciativa del actual Gobierno se tomó la determinación de establecer las condiciones para que este año egresen 5.000 nuevos policías, lo cual al término del periodo de Santiago Peña, permitirá contar con 25.000 nuevos agentes.
Crimen organizado
Otra preocupación latente es la del estado del crimen organizado, si bien no se pudo erradicar a las bandas criminales, los operativos como Veneratio dieron un golpe significativo a estos grupos y los líderes como el Primer Comando Capital (PCC) o Comando Vermelho ya no se encuentran en nuestro país.
“Después de un trabajo sostenido con trabajo de inteligencia, antinarcóticos, de prevención, apoyándonos en otras instituciones como la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) o el Ministerio Público, se ha desalentado la presencia de estos grupos. Es muy común para el ciudadano encontrar en las publicaciones de que existen esos incidentes en las zonas muy marcadas como las fronterizas como Canindeyú o Amambay, pero dentro de todo, no estamos en un contexto muy desalentador”, refirió.
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“El Ministerio Público no cuenta con los recursos económicos suficientes”, lamentó abogada
La abogada María Victoria Rivas, que dirige la organización civil Centro de Estudios Judiciales, habló sobre las labores en investigaciones de hechos de corrupción. Destacó la necesidad de potenciar las herramientas del Ministerio Público para aplicar medidas más determinantes sobre dichos hechos en políticos.
“No podemos seguir encontrando intendentes y gobernadores metidos en la corrupción y que después vuelven a ganar elecciones. Esto es como un contrasentido, entonces no existen instituciones, fiscales ni jueces con posibilidad de combatir la práctica existente de que nos encanta votar por corruptos”, dijo.
Puntualizó que, con la indignación ciudadana sobre los hechos de corrupción, se debe trabajar para construir una mejor sociedad, no reducir todo únicamente a expresiones de molestias y no utilizar las insatisfacciones como una herramienta civil que brinde al ciudadano un rol activo en la reconstrucción de la justicia.
“De alguna forma hay que generar una mejor cultura cívica, con mejor capacitación o enseñando a la gente cómo votar, pero si no construimos ciudadanía, no vamos a encontrar recursos estatales suficientes para contrarrestar la corrupción”, lamentó para el programa “El Péndulo”, por Unicanal.
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El rol del Ministerio Público
Rivas remarcó que un proceso vinculado al crimen organizado o delitos económicos y financieros necesita de apoyos técnicos para la trazabilidad de los bienes y determinar pericias. Además, los profesionales especializados en el tema son costosos, sobre lo cual se dejaría entrever ciertas falencias presupuestarias.
“El Ministerio Público no cuenta con los recursos económicos suficientes como para llevar adelante investigaciones de alta complejidad, lo que se denomina ahora como crimen organizado”, especificó, a través de un ejemplo de los montos reales que deben destinarse para determinados casos.
Es decir, lo ideal sería que la Fiscalía gaste cerca de G. 650 millones como mínimo para la resolución de un caso de alta complejidad, mientras que en contrapartida solo gasta cerca de G. 2.800.000 por caso, de acuerdo a los propios datos presupuestarios publicados por el Ministerio Público.
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“Es un ladrón de pandemia que por fin cae”, arremete Núñez contra Miguel Prieto
El senador Basilio Núñez celebró el pedido del Ministerio Público para elevar a juicio oral y público contra el intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, en el caso por lesión de confianza y asociación criminal en el sonado caso de “Tía Chela”. El legislador recordó que fue uno de los primeros en denunciar estos hechos en su momento.
“No me creo el primero, pero soy uno de los primeros, yo diría que fui el único diputado que se hizo eco de las denuncias que se hacía en el Este, porque hay que reconocer que él como un intendente joven entró con una cierta popularidad”, indicó Núñez en entrevista para La Nación/Nación Media.
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Agregó que, el caso Tía Chela en pandemia fue una de las primeras denuncias que se hicieron públicas hacia la gestión de Miguel Prieto al frente de la administración municipal.
“Estaba mirando en el archivo y mi primera denuncia creo que fue ya en el 2020, después vino hasta la investigación de La Nación, pero yo fui uno de los primeros que denunció porque me llegaron estos documentos que eran contundentes, me refiero a lo de Tía Chela, que fue una de las primeras denuncias”, dijo el senador.
Mientras tanto, indicó que este es solo una de las 39 denuncias con que cuenta Miguel Prieto como administrador municipal, “un político que es de la oposición, que es protegido por ciertos sectores mediáticos”, cuestionó.
“Va ser la punta de iceberg, lo decía yo cuando era diputado y esto me da la razón. Después de esto vendrán varias otras, tiene que venir porque esto está bastante bien corroborado, es un ladrón de pandemia que por fin cae, o va cayendo”, expresó Núñez.
Persecución política
Por otra parte, refutó la argumentación de la defensa de Prieto, que alega que las denuncias se dan por una persecución política. Así también cuestionó, que es una actitud contradictoria acostumbrada de la oposición.
“Eso lo tiene que demostrar en juicio. El fiscal general (Emiliano Rolón), yo al menos lo veo con bastante independencia, cuando salió el tema de Kattya ahí el fiscal es bueno, pero cuando le imputa a ellos, el fiscal es malo, en mi caso yo dije que respeto la posición de la Fiscalía en el caso de Kattya González”, apuntó.
Pretensiones electorales
Con relación a las pretensiones electorales de Prieto para unas próximas municipales del 2026 o las generales del 2028, Núñez refirió que solo pretendió “abrir el paraguas” para lo que se venía para utilizar el discurso de la persecución política.
“Creo que es más que nada abrir el paraguas, porque tener elecciones electorales para las presidenciales es abrir el paraguas de esto que le venía, para tener el mote después de perseguido político. Él ahora tiene que mostrar, como administrador, que no tocó o no usó los fondos públicos, eso lo tiene que demostrar”, sentenció.
Datos claves
- Agentes de la Unidad de Delitos Económicos que investigan a Miguel Prieto, remitieron una nota al juez penal de Garantías Humberto Otazú para que el caso sea elevado a juicio oral y público.
- Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez investigan a Prieto por lesión de confianza y asociación criminal en el sonado caso de “Tía Chela”.
- El senador Basilio Núñez afirma que el caso “Tía Chela” es solo la punta del iceberg y espera el avance de las otras 38 denuncias.
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