Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

El senador colorado Derlis Maidana se refirió al proyecto de ley que plantea la Reforma del Sistema de Transporte Público, destacando que es una transformación general, no es solo una mejora técnica. Resaltó que es una apuesta decidida por el bienestar del pueblo trabajador.

En comunicación con La Nación/Nación Media, el legislador que actualmente preside la Comisión de Legislación, señaló que el proyecto de ley que ha presentado el Gobierno nacional, busca una verdadera transformación del transporte público metropolitano.

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Resaltó que el proyecto de ley constituye una respuesta estructural, moderna y profundamente necesaria ante uno de los reclamos históricos de la ciudadanía. “Esta transformación no es solo una mejora técnica; es una apuesta decidida por el bienestar del pueblo trabajador, por la movilidad sostenible, por un Estado presente y planificador, por un transporte digno, moderno y justo”, resaltó.

Destacó que este plan se sustenta en principios de eficiencia, dignidad y justicia social, con la mirada puesta en un servicio público que verdaderamente esté al servicio de la gente.

“Contempla la renovación total de la flota, con buses modernos, eléctricos y accesibles, adquiridos por el Estado y asignados mediante licitaciones públicas transparentes, dejando atrás el esquema precario de las reguladas”, precisó.

El senador Maidana resaltó que por primera vez se establecerán contratos claros y con trazabilidad, que remuneran a los operadores en función de kilómetros recorridos y pasajeros transportados, generando un incentivo directo a la calidad del servicio.

“El nuevo modelo también prevé concesiones por tiempo limitado, sin renovaciones automáticas, abriendo la puerta a una competencia sana y controlada por el Estado”, indicó.

Otro de los aspectos que contempla la propuesta es que el sistema contará con un fideicomiso de administración que centraliza todos los ingresos del sistema (incluido el billetaje electrónico), brindando transparencia y previsibilidad en el uso de los recursos públicos, así como retribuciones puntuales y auditables a todos los prestadores del servicio.

Indicó que este fideicomiso será administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo, con supervisión estatal.

Mencionó además que a nivel institucional, se reafirma la rectoría del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sobre todo el sistema de transporte terrestre, y se impulsa la creación de un Comité Estratégico de Movilidad Sostenible que coordine políticas de largo plazo junto con otras instituciones clave del Estado.

Asimismo, el senador Maidana señaló como innovación destacada, que se incluye la posibilidad de segmentar las licitaciones en componentes específicos del servicio (flota, operación, infraestructura, servicios técnicos), lo que permite reducir riesgos, fortalecer la planificación estatal y garantizar soberanía sobre los activos estratégicos.

“A su vez, se crea un Consejo Asesor Multisectorial del Transporte Público, con participación de usuarios, trabajadores, universidades, operadores e instituciones públicas, que brindará recomendaciones sobre la estructura tarifaria y los mecanismos de revisión, favoreciendo la participación ciudadana”, destacó.

El legislador resaltó además que este cambio no significará un aumento en las tarifas. Muy por el contrario, “se garantiza la asequibilidad, con criterios de equilibrio y sostenibilidad y con beneficios especiales para grupos sociales establecidos en la ley”, acotó.

Finalmente, sostuvo que la reforma reconoce al transporte público como un servicio esencial, de carácter imprescindible y continuo, y establece que, cuando el interés público lo exija, podrá ser incluso prestado directamente por el Estado.

“Porque el transporte público no es un privilegio, es un derecho consagrado en nuestra Constitución. Y garantizarlo con planificación, transparencia y visión de futuro es un deber ineludible del Estado”, concluyó.

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El senador Derlis Maidana se refirió este martes sobre las denuncias mediáticas que salpican al expresidente, Mario Abdo Benítez, quien tendría una fortuna no declarada de USD 21 millones en Seychelles. El legislador emitió su opinión respecto a si el exmandatario debería ser incluido en la lista de significativamente corruptos de Estados Unidos.

“Lo de ser declarado o no significativamente corrupto lo verán los Estados Unidos”, expresó Maidana,en contacto con La Nación/Nación Media, sin embargo, subrayó que más allá de lo que determine Washington, lo urgente y prioritario es que las instituciones paraguayas actúen con prontitud, responsabilidad y transparencia para esclarecer los hechos.

“Nosotros tenemos que centrarnos en que las instituciones paraguayas funcionen bien y rápido”, insistió el senador del Partido Colorado, al mencionar a organismos como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la Contraloría General de la República, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y el Ministerio Público como actores clave en la investigación sobre el caso.

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Para Maidana, permitir que los órganos de control trabajen con independencia y eficiencia es esencial para preservar el Estado de Derecho y dar señales claras, tanto a la ciudadanía como a la comunidad internacional. “Confío en las instituciones paraguayas y confío en que van a investigar este caso con celeridad y transparencia. Eso va a respaldar a nuestro Estado de Derecho y va a demostrar al mundo que Paraguay es un país creíble”, afirmó.

Cabe mencionar que el Ministerio Público ya anunció la apertura de una investigación preliminar sobre el caso Abdo, dada la contundencia de las informaciones difundidas por el portal argentino PeriodismoyPunto, el cual dio a conocer sobre una fortuna no declarada por el expresidente, que supera ampliamente los USD 3 millones que consta en la declaración de bienes que realizó al dejar su cargo en el 2023.

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La figura de “significativamente corrupto” es una designación oficial utilizada por el Gobierno de los Estados Unidos, principalmente a través del Departamento de Estado, en el marco de la ley de Asignaciones Consolidadas. Esta medida permite al Ejecutivo estadounidense prohibir el ingreso a su territorio de funcionarios extranjeros, y sus familiares cercanos, que hayan participado directa o indirectamente en actos de corrupción de gran escala o violaciones graves de derechos humanos.

Aunque no equivale a una sentencia judicial, esta declaración tiene un fuerte peso político y diplomático. Generalmente, se basa en información de inteligencia, investigaciones propias o reportes de terceros. Ser incluido en esa lista suele implicar un serio daño reputacional ya que sugiere la existencia de hechos de corrupción.

Los medios internacionales que se hicieron eco de la fortuna de Mario Abdo hicieron mención al estrecho vínculo que existía entre el entonces mandatario y el exembajador de Estados Unidos, Marc Ostfield. Apuntan como hechos llamativos la forma en que el diplomático defendía los negocios de Abdo y hablaron también sobre las suspicaces declaraciones como “significativamente corrupto” que se otorgaron a los adversarios políticos del expresidente.

El senador colorado Derlis Maidana, considera que no se puede minimizar ni considerar “detalle menor” la información brindada por el periodista argentino Luis Gasulla, sobre la apertura de cuentas en paraísos fiscales por parte del expresidente Mario Abdo Benítez.

En comunicación con La Nación/Nación Media, el legislador brindó su parecer respecto a la publicación del portal argentino, PeriodismoyPunto que reveló que el exmandatario y su esposa, Silvana López Moreira tendrían cuentas ocultas de USD 21 millones en bancos de las islas de Seychelles.

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“La acusación formulada es de una gravedad institucional considerable y no puede ser minimizada ni tratada como un hecho menor. En un Estado de Derecho, ningún ciudadano está por encima de la ley, y menos aún quien ha ocupado la más alta magistratura de la República”, remarcó.

Al respecto, el senador Maidana manifestó que espera que las instituciones competentes en el país actúen con celeridad, objetividad y transparencia. “Por ello, corresponde que las instituciones competentes, como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), el Ministerio Público y la Contraloría General de la República actúen con celeridad, objetividad y transparencia”, remarcó.

Asimismo, Maidana indicó que no se trata de una cuestión personal, ni de nombres propios, ya que lo que está en juego es la credibilidad de nuestras instituciones y del país ante la ciudadanía y la comunidad internacional.

En el mismo sentido, el exsenador y ahora nuevo embajador plenipotenciario ante los Estados Unidos, Gustavo Leite, señaló al igual que su excolega Maidana, que estos hechos de deben aclarar cuanto antes. “Ojalá se aclare y rápido, este tipo de noticias no son buenas para el país”, dijo Leite.

“La responsabilidad pública exige que, si los hechos son infundados, se esclarezcan debidamente, y si existen elementos que los sostengan, se investiguen conforme a derecho. Solo así fortaleceremos la confianza en nuestras instituciones y reafirmaremos el compromiso del Paraguay con los principios del Estado de Derecho”, concluyó el senador Maidana.

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El experto en energía Victorio Oxilia habló sobre el proyecto de ley que se encuentra en el Congreso de Brasil que pretende poner un tope a la tarifa de la energía proveniente de la Itaipú Binacional. Indicó que esto generó una alerta en la política interna brasileña, pero que no afecta a la energía de Paraguay.

“Yo creo que ya está teniendo (consecuencias), en el sentido que coloca una voz de alerta sobre las negociaciones, los políticos de oposición, por­que este fue un proyecto de ley presentado por un senador de Santa Catarina que no perte­nece a la línea de gobierno (de Lula), entonces la presión con relación a las tarifas de Itaipú”, indicó, ayer viernes, en entre­vista al programa “Así son las cosas”, de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Explicó que este proyecto de ley, que ya se encuentra en debate en el legislativo del vecino país, no incluye a la energía paraguaya. Así tam­bién, sostuvo que no cree que esta iniciativa avance. “Si esta ley se aprueba, lo cual dudo, genera mucho debate justa­mente por las atribuciones del Poder Ejecutivo (brasi­leño) con relación a este tema. La implicancia es interna, lo que se establece es un tope para la energía que el mercado brasileño recibe de Itaipú, se excluye de ese tope a la ener­gía paraguaya, que no entra ese proyecto de ley”, manifestó.

Oxilia refirió también que el acuerdo de la tarifa de la binacional logrado en el año 2024 generó alertas en el sec­tor político brasileño, lo que habría motivado la presenta­ción de este proyecto de ley que se encuentra en debate, que es encabezado por Espe­ridião Amin, senador por Flo­rianópolis (Santa Catarina) y vicelíder de la bancada Aliança - Partido Progressista (PP).