Durante la sesión plenaria, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, aclaró que no puede asumir responsabilidad por conversaciones en las que no ha participado. La aclaración tiene que ver con relación a los chats filtrados del fallecido diputado Eulalio Gomes.

Por su parte, la ministra Carolina Llanes explicó el rol del ministro superintendente de las diferentes zonas del país, y el ministro Gustavo Santander señaló la necesidad de diferenciar las competencias dentro del sistema de Justicia y mejorar los filtros en la selección de jueces y fiscales.

El titular de la máxima instancia judicial, César Diesel, se refirió a las menciones a su nombre en dichas publicaciones y aclaró que no tiene vinculación con las conversaciones filtradas. “Quiero aclarar que no puedo ni voy a hacerme cargo de dichos de terceros ni de conversaciones en las que no he tenido participación. Esta aclaración la hago por respeto a mis colegas ministros, magistrados, jueces, funcionarios y toda la ciudadanía”, expresó el presidente de la Corte.

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Por su parte, la ministra Carolina Llanes, vicepresidenta primera de la Corte Suprema de Justicia y presidenta de la Sala Penal, explicó las funciones del ministro superintendente dentro del sistema judicial, sosteniendo que su labor es administrativa y de supervisión general, sin injerencia en la asignación de causas ni en la resolución de expedientes judiciales dentro de la circunscripción asignada.

Subrayó, además, que el ministro superintendente es el canalizador de inquietudes y solicitudes dirigidas al Pleno de la Corte Suprema, garantizando la correcta comunicación entre magistrados, funcionarios, representantes de diversos sectores y el máximo tribunal, sin que ello implique intervención en decisiones jurisdiccionales.

En otro punto de la sesión, el ministro Gustavo Santander abordó las críticas al sistema de Justicia y enfatizó la importancia de diferenciar las competencias de los órganos que lo integran. Señaló que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) es un órgano extrapoder, cuyas decisiones impactan directamente en la percepción ciudadana sobre el Poder Judicial.

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El abogado Óscar Tuma, quien ejerce la defensa legal de la familia del diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista anunció que impulsará una denuncia contra el Ministerio Público por inacción en torno a la causa que investiga la muerte del dirigente político de Amambay. La acusación será presentada ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja.

“Hasta la fecha, ni siquiera se ha convocado a la viuda del legislador para prestar declaración, lo que evidencia la falta de diligencia en el proceso”, recriminó. “Esta causa, nos guste o no nos guste el diputado, se tiene que investigar bajo qué circunstancias lo asesinaron y esa investigación no está avanzando. A pesar de que transcurrieron siete meses, no hay un solo imputado”, dijo a la 650 AM.

Los fiscales a cargo de la causa son Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres. “Evidentemente, no existe la intención de investigar qué es lo que ocurrió ese día. Entonces, ya no nos queda otra que poner a conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos y de esa manera ir agotando todas las instancias”, manifestó.

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Asimismo Tuma acotó: “Acá los únicos testigos son los que asesinaron al diputado, después los otros que estuvieron ese día no dicen absolutamente nada. ¿Dónde estuvieron ese día? Existen demasiadas interrogantes. La investigación que tiene que llevarse a cabo para que esas dudas se disipen, no avanza”.

Gomes Batista falleció en la madrugada del lunes 19 de agosto del 2024 durante un allanamiento en su vivienda en el marco del operativo Pavo Real II. El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Policía, de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) y fiscales.

El legislador, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, Óscar Daniel Cabreira Pinazo, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Mathías Gaona fueron imputados por supuestos vínculos con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal. La imputación fiscal sostiene que tanto Eulalio Gomes y su descendiente habrían brindado auxilio económico a la red del capo narco brasileño Jarvis Chimenes Pavão mediante una aparente simulación de compra de una de sus estancias.

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La Cámara de Dipu­tados sesionará de forma extraordinaria hoy a las 10:00 para tratar el pedido de renuncia del dipu­tado Orlando Arévalo, el cual forma parte del único punto del orden del día. La convo­catoria fue aprobada por la Comisión Permanente del Congreso.

El diputado decidió presen­tar su renuncia a la Cámara luego de que trascendieran conversaciones privadas con el fallecido legislador Eulalio “Lalo” Gomes, quien aparente­mente contactaba a Arévalo en su condición de representante ante el Jurado de Enjuicia­miento de Magistrados (JEM).

Asimismo, el Ministerio Público había adelantado que el parlamentario renun­ciante habría formado parte de un esquema de corrup­ción y hoy está abierta una investigación en su contra en la cual se lo investiga por la supuesta comisión de al menos seis hechos punibles como asociación criminal y otros delitos.

La renuncia de Arévalo a la Cámara de Diputados fue pre­sentada el pasado domingo 8 de febrero luego de que los chats tomaran repercusión mediática, quien alegó que esta decisión fue tomada de modo de concentrar sus esfuerzos en defenderse de las acusaciones que pesan en su contra.

“Esta decisión la realizo demostrando mi conducta leal al cuerpo colegiado del cual formo parte como inte­grante de la Cámara de Dipu­tados, al Partido Colorado, a los cuales no deseo afectar institucionalmente mientras me someta a los mandatos de la Justicia, y para así avo­carme enteramente al ejerci­cio de mi defensa por hechos públicamente conocidos en los últimos días”, expresaba su renuncia.

A esto añadió: “Lo hago en sal­vaguarda de mi familia, quie­nes saben que soy una persona luchadora y trabajadora; y en los últimos años, por la forma en que me dediqué a mi comu­nidad, a mi distrito de Lam­baré, y al departamento Cen­tral, fui acompañado por sus votos para llegar al cargo de diputado nacional, y demos­traré a propios y extraños mi inocencia por esta denuncia maliciosamente deducida y suspicazmente orientada en mi contra”.

El presidente de la Comi­sión Permanente del Con­greso Nacional, el diputado Miguel del Puerto, miembro de la bancada de Honor Colo­rado, ratificó que la postura del movimiento oficialista se mantiene firme en aceptar la renuncia presentada por Orlando Arévalo a su banca. La aclaración del legislador se dio ante una supuesta inten­ción de Arévalo de retirar su renuncia.

En la denuncia se alega que el magistrado perjudicó a Arévalo mediante la difusión de estas conversaciones.

Tal y como lo había anunciado el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, representante legal del diputado Orlando Arévalo, se concretó la pre­sentación de la denuncia con­tra el juez Osmar Legal por prevaricato. Esto luego de la filtración de conversaciones entre el fallecido legislador Eulalio “Lalo” Gomes y otros políticos y autoridades en los que se encuentra Arévalo.

En esta denuncia se alega que el magistrado perjudicó a Arévalo mediante la difu­sión de estas conversaciones, por lo que la acción fue pro­movida ante el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. “No puede ser que se publiquen las conversaciones a los medios de prensa y que las partes no tengan acceso”, cuestionó el abogado.

“Las partes no pueden ejer­cer sus derechos y garantías. Ambas instituciones deben tomar cartas en el asunto de acuerdo a sus competencias y que se intervenga el juzgado. Él tuvo que haber protegido el material, él tuvo que haber operativizado las garantías constitucionales, hablamos de gente que abusa de su poder para fines particulares”, acotó el abogado en una entrevista radial ayer lunes 17 de febrero.

De acuerdo a lo trascendido, la presunción de Duarte Caca­velos es que Legal abrió los resultados de las pericias, vio­lando las leyes y el procedi­miento establecido para este tipo de acciones. El magis­trado no labró acta ni con­vocó a ninguna de las partes para dar apertura al resultado de las pericias, manifestaron.

El prevaricato es un delito que se comete cuando una autori­dad, un juez o un funcionario público “dicta una resolución injusta o ilegal a sabiendas”. Esta denuncia presentada por la defensa de Arévalo se da en el día previo en que la Comi­sión Permanente del Con­greso debe tratar su renun­cia, la cual fue oficializada el pasado domingo 9 de febrero tras la divulgación mediática de sus chats con Gomes.

La Cámara de Diputados sesionará de forma extraordinaria este martes a las 10:00 para tratar el pedido de renuncia del diputado Orlando Arévalo, el cual forma parte del único punto del orden del día. La convocatoria fue aprobada por la Comisión Permanente del Congreso.

Cabe recordar que el diputado decidió presentar su renuncia a la Cámara luego de que trascendieran conversaciones privadas con el fallecido legislador Eulalio “Lalo” Gomes, quien aparentemente contactaba a Arévalo en su condición de representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Asimismo, el Ministerio Público había adelantado que el parlamentario renunciante habría formado parte de un esquema de corrupción y hoy está abierta una investigación en su contra en la cual se lo investiga por la supuesta comisión de al seis hechos punibles como asociación criminal y otros delitos.

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La renuncia de Arévalo a la Cámara de Diputados fue presentada el pasado domingo 8 de febrero luego de que los chats tomaran repercusión mediática y alegó que esta decisión fue tomada de modo a concentrar sus esfuerzos en defenderse de las acusaciones que pesan en su contra.

“Esta decisión la realizo demostrando mi conducta leal al cuerpo colegiado del cual formo parte como integrante de la Cámara de Diputados, al Partido Colorado, a los cuales no deseo afectar institucionalmente mientras me someta a los mandatos de la Justicia, y para así avocarme enteramente al ejercicio de mi defensa por hechos públicamente conocidos en los últimos días”, expresaba su renuncia.

A esto añadió, “lo hago en salvaguarda de mi familia, la cual sabe que soy una persona luchadora y trabajadora; y en los últimos años, por la forma en que me dediqué a mi comunidad, a mi distrito de Lambaré, y al departamento Central, fui acompañado por sus votos para llegar al cargo de diputado nacional, y demostraré a propios y extraños mi inocencia por esta denuncia maliciosamente deducida y suspicazmente orientada en mi contra”.

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Asimismo, desde Honor Colorado manifestaron que esta fue una bajada de línea realizada por el movimiento y que si el diputado decidía no presentar su renuncia, el bloque acompañaría su pérdida de investidura. “Esto se da a partir de una línea que bajó el Comando de Honor Colorado acompañado del presidente de la República y del Partido Colorado”, afirmó el vicepresidente Pedro Alliana.

Este explicó que la situación del diputado es muy compleja dado el cargo que ocupa dentro del JEM, institución encargada de jueces y fiscales. “Esto es mucho más delicado y eso llevó a que nosotros tengamos que tomar esta decisión desde el Comando”, añadió.