En la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno, se analizó la iniciativa sobre el uso y la tenencia de armas de fuego. Se trata del proyecto de ley “de armas de fuego, sus componentes, municiones y sus componentes, accesorios controlados, explosivos, accesorios explosivos, precursores químicos de explosivos, afines de explosivos y artículos pirotécnicos”, que ya cuenta con la media sanción del Senado.

La comisión asesora, bajo la presidencia del diputado Pedro Ortiz, se reunió con el titular de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), Melanio Servín, con quien se analizó la propuesta y los alcances de una posible nueva reglamentación para el uso y tenencia de armas de fuego.

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La propuesta que pretende una modificación total de la ley 4036/2010, “que regula las armas de fuego, sus componentes, municiones y explosivos”, cuenta con 289 artículos. Uno de los principales puntos de este proyecto es la creación de un Registro Nacional de Portación de Armas de Fuego, que dependerá de la Policía Nacional, manteniendo su rol actual como autoridad competente para inscribir a las personas que cumplan con los requisitos legales para portar armas.

También establece la disposición de materiales incautados a favor de los órganos de seguridad y se fortalece el organismo de aplicación, la Dimabel, que pasará a denominarse Dirección General de Material Bélico (Digemabel)

Para un mayor estudio y debate, la comisión asesora convoca a una audiencia pública que se desarrollará el próximo lunes 11 de noviembre, a partir de las 08:00, en el Salón Comuneros de la Cámara Baja, en la que fueron invitadas diversas entidades del Estado, además del sector privado y el sector civil, refiere el informe de la Cámara Baja.

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La calificadora de riesgos Moody’s otorgó grado de inversión a Paraguay en julio pasado. Por su parte, Fitch Ratings mantuvo su calificación de perspectiva estable en octubre, un punto anterior a la calificación soberana. Ante las críticas que se realizaron porque esta última agencia no avanzó en su puntuación hacia el país, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos aclaró que cada agencia maneja criterios diferentes en su evacuación.

El ministro acentuó en que es importante entender cómo funciona este proceso, más aún con la historia y contexto del crecimiento de la economía paraguaya. “Cada una hace énfasis en una cuestión en articular, no todas funcionan de la misma manera, algunas tienen análisis econométricos, otras con números fiscales o hacen énfasis a cuestiones cualitativas. No sería sensato pensar en que porque Moody’s nos dio grado de inversión, directamente las otras nos darán”, expresó en ABC Tv.

Hizo énfasis en que entre estas particularidades, Moody’s siempre estuvo con un paso adelante de las otras y que el gobierno sabía que la calificación llegaría primeramente desde esta evaluadora. Recordó que entre el aumento de calificación de Moody’s, antes del grado de inversión, y el aumento por parte de Fitch (después) hay cuatro años de diferencia.

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“Moody’s siempre estuvo por delante, por eso era de esperarse que primero ellos nos den el grado de inversión, segundo Fitch y tercero Standard & Poors (S&P). S&P nos subió de calificación este enero, tardaron 10 años en llegar al nivel de Moody’s, entonces no podemos esperar a que ellos nos suban la puntuación en menos de un año”, precisó.

Fernández Valdovinos sostuvo que para ellos (gobierno) no era ni es una obsesión lograr la máxima calificación por parte de las demás agencias, es algo que llegó por el buen trabajo y responsabilidad fiscal que se mantuvo en 20 años, y resaltó que todas las reformas que se realizaron desde que Santiago Peña asumió el gobierno fueron un puntapié para alcanzar la calificación, pero que no se llevaron a cabo para ese efecto.

“A las calificadoras debemos mostrarles todas nuestras fortalezas. Siempre vamos a tener debilidades, pero también hay muchas cosas que hemos hecho muy bien, pero nosotros no hacemos las reformas no para agradar a las agencias, sino porque estamos convencidos de que ese es el camino para beneficiar a la ciudadanía”, aseveró.

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La viceministra de Capi­tal Humano del Ministe­rio de Economía, Andrea Picasso, manifestó que la ley del Servicio Civil abarcará a cada uno de los funcionarios del Estado. Dicha aclaración se debe a la idea de que el proyecto de ley no se aplicará para funcionarios del Legisla­tivo o incluso judiciales.

“La ley se aplica a todas las instituciones públicas. La única exclusión se da con las sociedades anónimas de participación mayo­ritaria del Estado. En el respeto de las atribucio­nes constitucionales, se define que los órganos son la autoridad de apli­cación”, explicó ante los medios de prensa en el Senado.

Al respecto, Picasso subrayó que se apela a que los diferentes pode­res u órganos constitu­cionales elaboren sus propios reglamentos, en el marco de los criterios que define la propuesta de ley. Además, recalcó que los trabajadores del Legislativo y del Poder Judicial serán parte de la normativa.

La viceministra de Capital Humano del Ministerio de Economía, Andrea Picasso, manifestó que la ley del Servicio Civil abarcará a cada uno de los funcionarios del Estado. Dicha aclaración se debe a la idea de que el proyecto de ley no se aplicará para funcionarios del Legislativo o incluso judiciales.

“La ley se aplica a todas las instituciones públicas. La única exclusión se da con las sociedades anónimas de participación mayoritaria del Estado. En el respeto de las atribuciones constitucionales, se define que los órganos son la autoridad de aplicación”, explicó ante los medios de prensa en el Senado.

Al respecto, Picasso subrayó que se apela a que los diferentes poderes u órganos constitucionales elaboren sus propios reglamentos, en el marco de los criterios que define la propuesta de ley. Además, recalcó que los trabajadores del Legislativo y del Poder Judicial serán parte de la normativa.

“Por supuesto que se respetarán las carreras que tengan su propia ley especial. La reglamentación es una ley general, pero se respeta la autonomía institucional y las diferentes leyes de carreras que tienen los servidores públicos”, expresó la viceministra.

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Picasso recordó que con el plan se pretenden resolver todas las dificultades encontradas con la ley 1.626. La misma ha sufrido varias acciones de inconstitucionalidad, volviéndola no aplicable en varios órganos o poderes del Estado, por lo cual se apunta a una reorganización.

“Ya desde el punto de partida, con la versión que presentó este gobierno, se pretende salvar las dificultades en la implementación en los diferentes órganos constitucionales. El principio ha sido respetar la autonomía constitucional, dividiendo la ley en dos partes”, remarcó la viceministra.

La autoridad señaló que la ley define lo referente a la función pública, así como la carrera civil. Esta afecta a todos los funcionarios administrativos, con desempeño transversal en el Estado, pero no así a aquellas carreras con leyes especiales, reconocidas también en la Constitución Nacional.

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