De acuerdo al análi­sis de los legislado­res, esta modifica­ción a la Ley n.° 6980/2022 es innecesaria y la Comisión de Defensa Nacional, Segu­ridad, Inteligencia y Orden Interno, de hecho reco­mendó el rechazo de la ini­ciativa.

“La ley vigente de vigilancia y espacio aéreo paraguayo faculta a realizar operacio­nes para la intersección y el uso de la fuerza mediante la legítima defensa para caso de vuelos ilícitos a los efec­tos de neutralizar la ame­naza inminente si fuere necesario, sin comprome­ter la responsabilidad del Estado paraguayo a posibles daños y perjuicios”, expresó el diputado Pedro Ortiz, de la mencionada Comisión.

El legislador mencionó una serie de motivos por los cua­les consideraron que la apli­cación de la propuesta legis­lativa no era viable. En esta línea, indicaron que la reco­mendación de rechazar el proyecto se debe a una con­clusión remitida por el pro­pio Ministerio de Defensa, que expuso la serie de tra­tados internacionales y con­venios a los que se encuen­tra suscrito nuestro país que son contrarias a este proyecto.

“Cualquier derribo de avio­nes que la Fuerza Aérea pueda ejecutar, debe ser para preservar la seguridad y defensa nacional y estar vin­culada a la potencialidad de las aeronaves ante una posi­ble acción hostil que consti­tuya una amenaza a los inte­reses vitales del Estado, pero no puede estar asociado a un hecho ilícito o posible comi­sión de delito”, explicó.

El Ministerio de Defensa alegó que consideran los prin­cipios y garantías constitu­cionales, así como las normas y convenios internacionales como la protección a la vida, el debido proceso, el convenio de Chicago, que los estados contratantes reconocen que deben abstenerse del uso de las armas en contra de aero­naves civiles en vuelo.

Por otra parte, la Conven­ción Americana sobre Dere­chos Humanos establece la presunción de inocencia y garantía del debido proceso. La Fuerza Aérea Paraguaya, de acuerdo con el artículo 173 de la Constitución, tiene como misión la integridad territo­rial en el espacio aéreo nacio­nal. “Por lo tanto, es innece­saria la modificación de la normativa vigente y solicito el rechazo de este proyecto de ley”, añadió Ortiz, moción que fue votada en mayoría por sus colegas.

El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, explicó el motivo de su postura y la de varios de sus colegas de la bancada colorada al no acompañar esta iniciativa legislativa.

El parlamentario explicó que esta propuesta va en contra de las normas establecidas en la Constitución Nacional. Sin embargo, aseguró que el proyecto será debatido en el pleno legislativo y se pondrá a consideración de los dipu­tados. La normativa se reim­pulsa con el reciente arribo de los cuatro primeros avio­nes Super Tucano desde Bra­sil para reforzar la defensa aérea.

“Esta lucha, esta protección de nuestro espacio aéreo, debe estar hecha, debe ser realizada en el marco de nues­tros principios constitucio­nales. En nuestro país está abolida la pena de muerte, si se realiza un juicio con­tra narcotraficantes y se los encuentra culpables, ellos deben ir a prisión”, indicó en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Uni­verso 970 AM/Nación Media.

Agregó que “el plantea­miento, la autorización de un derribo de una aeronave civil, además del hecho de que no pasó por un debido proceso de juzgamiento, más bien encajaría con una ejecución sumarial”.

El destaque fue publicado ayer a través de la red social X de la representación diplomática norteamericana en Paraguay.

La Embajada de los Esta­dos Unidos en Paraguay resaltó el compromiso del Gobierno paraguayo con las recientes adquisiciones de los aviones Super Tucano, así como próximos rada­res, para la protección del espacio aéreo. El destaque fue publicado este martes a través de la red social X de la representación diplo­mática norteamericana en Paraguay.

“Acompañamos al Para­guay en su compromiso con la protección del espa­cio aéreo y adhesión a los estándares internaciona­les, en el marco de nuestra colaboración en la lucha contra el crimen organi­zado”, expresa la publica­ción de la embajada.

La misma responde a una publicación del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, quien señaló que la adquisición de estas herramientas se da en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, por parte del gobierno de Santiago Peña.

El Gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas llevará adelante, en el corto plazo, las obras para caminos de todo tiempo en el departamento de Guairá que unirá a las comunidades aisladas de esta región.

Así expuso ante el pleno de la Cámara Baja el diputado Alejandro Aguilera, quien señaló que además de unir a varias comunidades, impulsará el desarrollo económico y la mejora de la calidad de vida de la población del departamento.

“El departamento de Guairá está siendo beneficiado con obras muy importantes con la gestión del Gobierno de Santiago Peña. La ruta 10 que va desde Paso Yobai a San Cristóbal, va a unir tres departamentos, Guairá, Caazapá y Alto Paraná, va ser una ruta que va a traer muchísimo desarrollo. Ese proyecto ya fue licitado, actualmente ya fue adjudicado y en breve va a empezar el trabajo”, indicó el legislador. Añadió que es un sueño que se hará realidad tras muchos años de lucha de pobladores de esta región.

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Citó además la ruta Natalicio Talavera, que sacará del aislamiento al único distrito del departamento de Guairá que actualmente no tiene conexión de todo tiempo, en el distrito de Mauricio José Troche. “No tiene ruta asfaltada, ellos todavía están con camino de tierra. Esa ruta ya está en proceso de licitación, en breve viene la adjudicación y vamos a sacar de la postración a un distrito, el más humilde del departamento de Guairá”, indicó el legislador.

Otro de los proyectos mencionados por el diputado es la construcción de la ruta más importante, el cual será la ruta turística más importante del Paraguay, “que va unir Villarrica, Tororó, San Gervasio, Colonia Indepencia, una ruta que va a cruzar la cordillera de Yvytu Rusu, que va a cambiar la fisonomía del Guairá y la va desarrollar a nivel turístico como nunca antes”.

Señalando todos estos proyectos de obras viales, el diputado defendió la gestión de la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, y aseguró que el Gobierno cumplirá con todas sus promesas. “Quiero defender la gestión de la ministra de Obras, no se cuenta todo acá y se le quiere tratar de mentirosa, que hicieron una falsa promesa, que no van a cumplir con lo que se comprometieron”, sentenció.

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El proyecto de ley de derribo de aeronaves irregulares se encuentra nuevamente en debate en la Cámara de Diputados, el mismo planteamiento que ya se había discutido en periodos anteriores. El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, afirmó que su postura y de varios de sus colegas de la bancada colorada es de no acompañar esta iniciativa legislativa.

El parlamentario explicó que esta propuesta va en contra de las normas establecidas en la Constitución Nacional. Sin embargo, aseguró que el proyecto será debatido en el pleno legislativo y se pondrá a consideración de los diputados. La normativa se reimpulsa con el reciente arribo de los cuatro primeros aviones Super Tucano desde Brasil para reforzar la defensa aérea.

“Esta lucha, esta protección de nuestro espacio aéreo, debe estar hecha, debe ser realizada en el marco de nuestros principios constitucionales. En nuestro país está abolida la pena de muerte, si se realiza un juicio contra narcotraficantes y se los encuentra culpables, ellos deben ir a prisión”, indicó en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Agregó que “el planteamiento, la autorización de un derribo de una aeronave civil, además del hecho de que no pasó por un debido proceso de juzgamiento, más bien encajaría con una ejecución sumarial”.

El diputado explicó que bajo estas argumentaciones no está de acuerdo con modificar la ley ya existente, que data del 2022, para autorizar el derribo de aeronaves. Indicó que esta normativa ya prevé una reacción de la Fuerza Aérea en caso de amenazas o peligro inminente para terceros.

“Ese es uno de los principales argumentos por el cual yo estoy a favor de mantener la ley vigente y de evitar modificaciones. La ley vigente permite el derribo, permite el ejercicio de la legítima defensa si existe un verdadero riesgo físico, tanto para los representantes de la Fuerza Aérea, en le caso que estén pilotando los cazas, los Super Tucano, como para terceros. Ante un riesgo físico se puede ejercer la legítima defensa, pero no está autorizada una ejecución sumarial a los pilotos o a los pasajeros de una aeronave civil que no haya sido juzgada”, argumentó.

Latorre manifestó que el Estado debe ir fortaleciendo cada vez más su capacidad de defensa, en este caso, del espacio aéreo, lo que ya se está llevando adelante por el Gobierno con la adquisición de los aviones Super Tucano, que ya arribaron las primeros cuatro de seis aeronaves desde Brasil, y los radares que complementarán la protección territorial en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

“Yo soy un convencido de la necesidad de seguir fortaleciendo nuestras capacidades para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y, en ese sentido, con la adquisición del sistema de radares, la llegada de los Super Tucano, es un gran avance, es tener la oportunidad finalmente de realizar el ejercicio de nuestra soberanía, del control de nuestro espacio aéreo, además del fortalecimiento de nuestras capacidades”, finalizó.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Raúl Lato­rre, recibió en su despacho a Aaron Pratt, nuevo jefe de misión de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay.

Pratt estuvo acompañado por Jatnna García, consejera interina de Asuntos Políti­cos y Económicos. Durante la reunión se abordaron temas clave de la agenda bilateral, con énfasis en el fortaleci­miento de la cooperación entre ambos países.

“Conversamos sobre el for­talecimiento de la coopera­ción entre nuestras naciones hermanas”, expresó el titular de Diputados tras el encuentro, remarcando el rol estra­tégico que cumple Estados Unidos como socio del Para­guay en diversos ámbitos.

Esta primera visita oficial de Aaron Pratt como jefe de misión reafirma el compro­miso del Gobierno estadou­nidense con el país y marca el inicio de una nueva etapa en las relaciones diplomáti­cas bilaterales basadas en el respeto, la transparencia y los intereses compartidos.