La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio trámite a la acción de inconstitucionalidad presentada por la exsenadora Kattya González, que fue destituida tras ser acusada por sus excolegas por tráfico de influencias; y resolvió rechazar la medida cautelar de González, que pretendía volver al Senado.
El pasado 27 de febrero, a través de sus abogados, González recurrió a la máxima instancia judicial para presentar una acción de inconstitucionalidad y buscar la nulidad de la resolución que la despojó de su investidura el pasado 15 de febrero.
En aquella oportunidad, un total de 23 senadores acompañó la expulsión de González, se registraron siete abstenciones y 15 ausencias. Con esta resolución, la Corte Suprema mantiene a Kattya fuera del Senado.
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Libelo acusatorio
En el libelo acusatorio se mencionó el caso de planillerismo de los asesores de la parlamentaria, Soledad Blanco y José Torales; este último se desempeñaba como presidente del Partido Encuentro Nacional (PEN) y era funcionario de la Contraloría General de la República (CGR).
Torales percibía doble salario por parte del Estado, configurando el hecho una situación irregular, sin mencionar que contaba con el beneficio atribuido por la senadora González para no marcar su ingreso y salida del Senado. En ambos casos, se argumentó la inducción de la exsenadora.
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Histórico: el Senado argentino cambia la ley y baja a 14 años la edad de imputabilidad
El Senado argentino convirtió en ley el viernes una iniciativa que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, un proyecto impulsado por el presidente Javier Milei que el gobierno festejó como “un acto de justicia hacia la sociedad”.
El proyecto, que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados, obtuvo 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención en el Senado. Modifica el sistema penal juvenil que data de 1980.
“Quien tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto”, publicó en X la Presidencia minutos después de la votación.
Argentina mantenía la edad punible más alta de Sudamérica, donde en la mayoría de los países es de 14 años. Brasil y Ecuador son los países donde es más baja (12 años).
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Según los estándares internacionales la edad mínima de responsabilidad penal es aquella en la que un menor no puede ser considerado penalmente responsable de sus actos y por lo tanto no puede ser juzgado.
“Venimos a terminar con una doctrina terriblemente peligrosa, la doctrina de que el delincuente es una víctima del sistema”, dijo la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, principal promotora del proyecto.
Legisladores opositores denunciaron que el oficialismo aceleró el tratamiento en comisiones pese a que la mayoría de los expertos convocados se pronunciaron en contra, y advirtieron que los plazos para adecuar las instalaciones de detención y el presupuesto previsto resultan insuficientes.
“Queremos un Estado que brinde una respuesta integral, que incluya educación, resocialización”, dijo el senador Martín Soria (peronismo, oposición), que votó en contra de la nueva ley. “Del lado de enfrente únicamente la respuesta es penal”, añadió.
El debate parlamentario se da en un momento de gran sensibilidad social por delitos cometidos por adolescentes que tuvieron fuerte repercusión mediática.
La sanción de la nueva ley se produjo en una jornada en la que el Senado se apresta a ratificar la reforma laboral, que también impulsa Milei.
Fuente: AFP
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Operaciones de defensa interna: “Va ser la lucha frontal contra la delincuencia”, asegura Chase
El senador Natalicio Chase se refirió al decreto firmado por el presidente de la República, Santiago Peña, por el cual “dispone el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en operaciones de defensa interna y define su ámbito territorial en la Región Oriental”. Para el legislador, será una herramienta para la lucha frontal contra el crimen organizado y la delincuencia.
“Yo le tengo más miedo al crimen organizado y al terrorismo que exista un abuso de poder. Las Fuerzas Armadas están preparadas para cumplir una función específica de acuerdo a lo que dice el decreto y va ser la lucha frontal contra la delincuencia”, señaló en conversación con los medios de prensa en el Senado.
Indicó que el Ejecutivo tomó esta decisión por hechos que ocurrieron últimamente. “Existen nuevos secuestros, existen informes de inteligencia que habrá tenido en cuenta el Poder Ejecutivo, nosotros en particular no tenemos los detalles de los análisis que han hecho el sistema de seguridad del país”, apuntó.
Por otra parte, sobre las críticas de algunos sectores, principalmente de opositores, que señalan que el despliegue de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) requiere de mucho presupuesto y poco resultado, respondió que la FTC es responsable de detener el avance de los grupos criminales como el Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP), Ejercito del Mariscal López (EML), y otros.
“Creo que los grupos narcoterroristas, porque así funcionan estos grupos, han casi desaparecido y ese es un logro, principalmente de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, y la Fuerza de Tarea Conjunta, es decir, sí ha habido resultados a diferencia de momentos anteriores cuando el EPP, el grupo Mariscal López y todos estos grupos armados tenían un dominio que no tenía alcance la fuerza de seguridad”, sentenció.
Con relación al decreto, refirió que probablemente al inicio de las actividades parlamentarias, la próxima semana, el Ejecutivo podría remitir el documento al Congreso para su debate.
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Condenan a 76 años de cárcel a políticos que ordenaron asesinato de Marielle Franco en Brasil
La corte suprema de Brasil condenó este miércoles a 76 años de prisión cada uno a dos exparlamentarios que ordenaron el asesinato de la concejala Marielle Franco en 2018, un homicidio que expuso los vínculos entre la política y el crimen en Rio de Janeiro.
Franco, concejala, activista negra y lesbiana, fue acribillada a balazos por un expolicía el 14 de marzo de 2018. Tenía 38 años y viajaba en auto por el centro de Rio de Janeiro. Su chofer también murió.
El exdiputado Chiquinho Brazao, de 62 años, y su hermano Domingos, de 60, exlegislador de Rio, ordenaron el crimen como represalia por el trabajo político de Franco contra las milicias, grupos criminales que controlan zonas enteras de barrios populares de la ciudad carioca, según la corte.
Los Brazao, “no solo tenían contacto con la milicia. Ellos eran la milicia”, afirmó el magistrado Alexandre de Moraes, a cargo de este caso que conmocionó a Brasil.
Desde el concejo municipal, Franco se esforzó por impedir la expansión de las urbanizaciones ilegales dentro de los barrios pobres, una de las mayores fuentes de ingreso para las milicias.
Según la corte, la mujer fue asesinada para dar un “recado” a la clase política carioca.
Familiares suyos reaccionaron con llanto y abrazos tras conocer la pena contra los Brazao, al terminar este juicio abierto el martes en Brasilia, constató la AFP.
Política, racismo y misoginia
Formadas en Rio hace unos 40 años por expolicías como células de autodefensa contra el narcotráfico, las milicias se convirtieron rápidamente en temibles bandas que practican todo tipo de extorsiones.
El martes la defensa clamó la inocencia de los Brazao pero admitió abiertamente los vínculos del poder local con el crimen.
“Quien hace política en Rio y nunca les pidió votos a narcotraficantes o milicianos, que tire la primera piedra”, dijo Cleber Lopes, abogado de Chiquinho Brazao. La corte, de su lado, señaló el “racismo” y la “misoginia” de los condenados.
Marielle Franco era “una mujer pobre, una mujer negra que se atrevió a ir en contra de los intereses de milicianos, hombres y blancos”, relató Moraes.
Los hermanos fueron hallados culpables de doble homicidio calificado, organización criminal armada y la tentativa de homicidio de una asesora de Franco que sobrevivió al ataque.
La investigación se basó en la delación premiada de Ronnie Lessa, el expolicía que disparó una ametralladora contra Franco y que fue condenado a 78 años de prisión por el crimen en 2024.
Error de cálculo
“Este proceso me ha hecho mucho daño espiritualmente, mucho daño psicológicamente”, expresó a su vez la magistrada Carmen Lucia, única mujer de la corte suprema.
“¿Cuántas Marielles permitirá Brasil que sean asesinadas?”, enfatizó la jueza. Según la corte, los hermanos Brazao “no esperaban tal repercusión” tras el asesinato de Franco.
El lunes un grupo de 16 especialistas de la ONU afirmó en una carta que “los involucrados en la planificación y el encubrimiento de los asesinatos deben ser responsabilizados”.
- Fuente: AFP
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Núñez asegura a gremios que no habrá sanción ficta de proyecto sobre caja fiscal
El titular del Congreso Nacional, el senador Basilio “Bachi” Núñez, garantizó este miércoles a los gremios afectados por la reforma de la Caja Fiscal que no se producirá la sanción ficta del proyecto, cuyo plazo legislativo fenecerá en mayo próximo. La propuesta ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados y deberá ser tratada por la Cámara Alta el próximo 25 de marzo.
“La sanción automática en el Senado está totalmente descartada, ya que con la postergación de su estudio en el Senado, ya estábamos hablando de hacer modificaciones. Es más, una sanción automática del proyecto hablará de que las cámaras no están trabajando y mal haríamos que eso suceda", dijo el parlamentario a los medios de comunicación.
Núñez no descarta que la iniciativa pueda tratarse antes del 25 de marzo, siempre y cuando haya un acuerdo entre los gremios y el Congreso Nacional. Este miércoles celebran el segundo encuentro de una mesa de trabajo. “Se están teniendo en cuenta sus propuestas”, refirió.
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El legislador incluso manifestó que al retomar sus funciones el próximo 1 de marzo, como titular del Congreso Nacional, convocará en los siguientes días a los líderes de las diferentes bancadas de la Cámara Baja con la finalidad de asegurar que los cambios planteados desde el Senado, en consenso con los diferentes gremios, para que sean acompañados por los Diputados cuando el proyecto sea devuelto a dicha institución.
Proyecto aprobado por Diputados
El proyecto aprobado por los Diputados y rechazado por los gremios establece que, para los docentes y magistrados, se plantea una edad mínima de 57 años para la jubilación ordinaria, con un aporte mínimo de 25 años, y una tasa de sustitución de 70 % hasta llegar a un 85 %. Mientras que, para la extraordinaria, se dispone de una edad mínima de 55 años, con un aporte mínimo de 30 años, además de una tasa de sustitución de 70 %.
El cálculo promedio tendría como base los últimos 5 o 10 años de aporte, dependiendo de cada caso. Para las fuerzas públicas se propone una edad mínima de 57 años, con 25 años de aporte y tasas de 60 % a 85 %. Sus haberes serían promediados con base en los últimos cinco años de servicio.