El diputado Rubén Rubin se refirió sobre el tratamiento del proyecto de ley antinepotismo, manifestando que urge el análisis y estudio en la Cámara de Senadores. Indicó que el plan constituye una prioridad en la agenda nacional, por lo cual se debe apuntar a una pronta definición.
“Ahora la situación es la siguiente: hemos aprobado el proyecto en Diputados y queda ahora en Senado, donde trabajan en un difícil proceso de unir cada una de las propuestas presentadas. Cuando eso se apruebe, finalmente debe volver a Diputados”, explicó el diputado.
Hasta el momento, aparte de la versión aprobada en Diputados, existen otras dos propuestas de antinepotismo, entre ellas una presentada por el senador Basilio Núñez y otra por el senador Eduardo Nakayama. Puntualizó que, debido a la amplitud en las propuestas, resulta aún más urgente el análisis del plan.
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Recordó que desde el propio Gobierno Nacional se ha instalado una línea de trabajo prioritaria sobre una ley antinepotismo con reglas más claras, por lo cual considera que dicho tratamiento debería consistir en una bandera para el Legislativo y empezar a trabajar para su efectivización.
Por otra parte, también se refirió acerca del proyecto sobre la carrera en la función pública, manifestando que la misma ya debía ser aprobada hace tiempo, recordando que el Ejecutivo, a través del ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos, ya había elaborado sus modificaciones pertinentes.
“Para mí, se trata de una ley espectacular. La he leído e igualmente tengo propuestas de modificación, pero en general se trata de una ley que cambiará para siempre la carrera y la función pública, aparte de cuidar, aunque sea en recursos humanos, la plata del contribuyente”, refirió para la 1020 AM.
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Proyecto sobre nuevos feriados nacionales será tratado este miércoles en el Senado
La Cámara de Senadores prevé tratar este miércoles, en sesión ordinaria, el proyecto de ley “Que determina los feriados nacionales de la República del Paraguay, establece los feriados móviles y faculta al Poder Ejecutivo a instituir otros feriados en situaciones especiales”, impulsado por el Poder Ejecutivo.
La propuesta fue analizada y aprobada este lunes con modificaciones por la Comisión de Cultura y Educación, junto con otro proyecto presentado por el senador José Oviedo. El texto remitido por el Ejecutivo busca reordenar el calendario de feriados nacionales y establece la posibilidad de crear hasta tres feriados no permanentes cada año, distintos a los tradicionales ya establecidos.
Esta medida tiene como objetivo promover la actividad turística y económica del país, así como permitir la conmemoración de “ocasiones especiales”, entre ellas, eventos deportivos significativos como una eventual victoria de la selección paraguaya en un Mundial de Fútbol.
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Durante el estudio en comisión, se incorporaron modificaciones importantes. Una de las principales fue la inclusión del 22 de septiembre como feriado nacional, en conmemoración de la Batalla de Curupayty. Sin embargo, se excluyó de esta categoría el 12 de octubre, fecha que también había sido propuesta por el senador Oviedo para ser reconocida como día patrio, al recordar la proclamación de la República del Paraguay.
Asimismo, se redefinió la denominación del 20 de junio, que pasará a llamarse oficialmente “Día de la Constitución Nacional”, en reemplazo de “Día de la Jura de la Constitución”. Por otro lado, la comisión rechazó la propuesta del Ejecutivo de instituir tres nuevos feriados nacionales permanentes.
Uno de los puntos más debatidos fue la figura de los feriados móviles. El senador Silvio Ovelar, impulsor de varias de las modificaciones introducidas, manifestó su oposición a esta medida, argumentando que ciertas fechas patrias deben mantenerse inamovibles por su valor histórico y simbólico.
Mencionó entre ellas:
- el 1 de marzo (Día de los Héroes)
- el 14 y 15 de mayo (Independencia Nacional)
- el 12 de junio (Paz del Chaco)
- el 15 de agosto (Fundación de Asunción)
- el 29 de septiembre (Victoria de Boquerón)
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En la misma línea, el senador Ever Villalba expresó que “hay fechas emblemáticas” que deben respetarse en su día original, evitando trasladarlas para fines de semana largos u otros fines turísticos.
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Diputados otorgan dictamen favorable para acuerdo de libre comercio entre Mercosur y Singapur
Integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, dieron dictamen favorable al proyecto de ley “Que aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la República de Singapur”, que ya cuenta con media sanción del Senado.
Esta mesa asesora, presidida por el diputado colorado Juan Manuel Añazco, analizó en la fecha el acuerdo de libre comercio que fue suscrito en Río de Janeiro, el 7 de diciembre de 2023, que busca eliminar aranceles y reducir barreras no arancelarias para facilitar el comercio entre ambas partes.
Esta reunión se realizó en forma conjunta con la participación de los diputados miembros de la Comisión de Asuntos Económicos, cuya presidencia corresponde al legislador colorado Carlos Núñez. Al momento de su estudio, la comisión estuvo encabezada por el diputado César Cerini.
El documento destaca que este acuerdo comercial es el primero del Mercosur con un país del sudeste asiático y abarca temas como el comercio de bienes y servicios, inversión, compras públicas, propiedad intelectual, entre otros.
La exposición de motivos destaca que el acuerdo se estructura en tres pilares principales: comercio, diálogo político y cooperación. Representa un paso estratégico en la política de integración internacional del Mercado Común del Sur (Mercosur), de acuerdo a las fundamentaciones.
“El objetivo es la creación de una zona de libre comercio conforme a los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC), abarcando no solo bienes y servicios, sino también inversiones, comercio electrónico, propiedad intelectual, contratación pública y más”, señala el proyecto de ley.
Uno de los principales logros del tratado sería la apertura inmediata del mercado de Singapur para los productos del Mercosur, mediante la eliminación total de aranceles de importación desde la entrada en vigor del acuerdo, según se explicó.
Comercio transparente
La propuesta legislativa señala que este acuerdo introduce un sistema híbrido de certificación de origen - auto certificación o certificado tradicional -, brindando mayor flexibilidad y trazabilidad.
Señala que incorpora disposiciones avanzadas en comercio de servicios y comercio electrónico, posicionándose como el acuerdo más moderno firmado por el Mercosur en materia digital.
En contratación pública, destaca que se garantizan reglas de transparencia y no discriminación, con márgenes de excepción para preservar sectores estratégicos nacionales.
En cuanto a defensa comercial, señalan que se mantienen mecanismos antidumping y salvaguardias para proteger industrias sensibles.
Impacto directo en la economía paraguaya
En la exposición de motivos igualmente, señalan que el acuerdo promete impactos positivos para varios sectores productivos de Paraguay. La agroindustria, con productos como carne bovina, soja, aceites vegetales y leche en polvo, sería una de las principales beneficiarias del acceso preferencial al exigente mercado del país asiático.
“La industria de bebidas y biocombustibles, especialmente el alcohol etílico, también encuentra una nueva ventana de exportación. La importación de maquinaria y tecnología desde Singapur se facilitará, lo que podría aumentar la competitividad industrial local", precisa el documento.
Asimismo, señala que en el sector de servicios, se prevé una mejora en la participación paraguaya en áreas como logística, almacenamiento, servicios empresariales y financieros.
Destacan que Singapur es el cuarto centro financiero del mundo, mantiene una extensa red de acuerdos comerciales que incluye Estados Unidos, Unión Europea, India, Japón, Corea del Sur, etc.
La exposición de motivos señala que este acuerdo permitirá a nuestro bloque regional, en especial, Paraguay, insertarse activamente en cadenas regionales y globales de valor, abriendo nuevas rutas de comercio y cooperación.
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Diputados evaluará penas más severas para funcionarios públicos por corrupción
La Cámara de Diputados tiene previsto analizar en su sesión ordinaria de este martes un proyecto de ley que busca modificar las penas por corrupción en el Código Penal Paraguayo, estableciendo castigos de hasta 25 años de prisión para funcionarios públicos que incurran en determinados delitos.
La exposición de motivos argumenta que la iniciativa responde a la necesidad de “disuasión legal para el combate frontal a la corrupción pública y privada”, señalando que “el crimen organizado nacional se nutre con el apoyo de funcionarios públicos, desangrando al Estado en su patrimonio”.
Asimismo, señala que la corrupción pública “atenta directamente contra los derechos humanos” y que “sus consecuencias son equiparables a crímenes de lesa humanidad”, al afectar servicios básicos como salud, educación y seguridad.
El proyecto que se encuentra en su primer trámite constitucional plantea la modificación de varios artículos del Código Penal, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, lesión de confianza y otros delitos conexos.
El proyecto también incorpora medidas como el comiso especial de bienes obtenidos ilegítimamente y prohibiciones posteriores al ejercicio del cargo, estableciendo multas de mil días para funcionarios que se vinculen laboralmente con empresas beneficiadas por contratos administrativos dentro del año siguiente a su celebración. La iniciativa busca reforzar “la confianza de la ciudadanía y de la opinión pública en las Instituciones Republicanas”, según expresó el diputado en su fundamentación.
Principales modificaciones
Lesión de confianza (Art. 192)
Pena actual: Hasta 5 años o multa
Pena propuesta: hasta 25 años para funcionarios públicos (casos graves).
Exacción (Art. 312)
Pena actual: 10 años o con multa
Pena propuesta: 10 a 20 años
El artículo 2 del proyecto de ley presentado también establece modificaciones al Código penal en los artículos 239, 298, 300, 301, 302, 303 y 305, que quedan redactados de la siguiente manera:
Asociación criminal (Art. 239)
Pena actual: Hasta 5 años
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
Quebrantamiento del depósito (Art. 298)
Pena actual: Hasta 2 años o multa
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
Cohecho pasivo (Art. 300)
Pena actual: Hasta 3 años o multa para funcionarios / hasta 5 años o multa para jueces
Pena propuesta: 5 a 8 años para funcionarios / 5 a 10 años para jueces
Cohecho pasivo agravado (Art. 301)
Pena actual: Hasta 5 años para funcionarios / hasta 10 años para jueces
Pena propuesta: 5 a 10 años para funcionarios / 10 a 15 años para jueces
Prevaricato (Art. 305)
Pena actual: 2 a 5 años
Pena propuesta: 5 a 8 años (hasta 15 años en casos graves)
En el artículo 3 del proyecto presentado, se propone la modificación de los artículos 3, 4, 6, 7 y 8 de la ley n.º 2523/04, “Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias”, que quedan redactados de la siguiente manera:
Enriquecimiento ilícito (Art. 3)
Pena actual: 1 a 10 años
Pena propuesta: 10 a 15 años
Tráfico de influencias (Art. 7)
Pena actual: hasta 3 años
Pena propuesta: 10 años (15 años si la influencia es ejercida ante magistrados o fiscales / 20 años si el autor es funcionario público).
Administración en provecho propio (Art. 8)
Pena actual: hasta 10 años
Pena propuesta: 15 a 25 años.
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Proyecto de ley de documentos electrónicos evitaría que se repita la “mafia de los pagarés”
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), la Corte Suprema de Justicia y la Cámara de Diputados trabajan de forma conjunta en un proyecto de ley que busca incorporar instrumentos digitales como el pagaré electrónico al ordenamiento jurídico nacional. La propuesta apunta a evitar que vuelvan a ocurrir esquemas delictivos como la conocida “mafia de los pagarés”, que generó múltiples casos de estafa y extorsión mediante el uso indebido de documentos en papel.
El viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez, destacó que esta reforma representa un paso importante hacia la formalización, digitalización y protección del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), al dotar al sistema legal de herramientas modernas que garanticen seguridad jurídica.
“Con mucha apertura, el Congreso, a través de los diputados y senadores, y los ministros de la Corte, nos han permitido incorporar en esta normativa los documentos transmisibles electrónicos, los títulos electrónicos y en particular el pagaré electrónico”, explicó.
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Giménez sostuvo que el proyecto surge precisamente en respuesta a la trama de falsificaciones y abusos detectados en torno al uso de pagarés físicos. A partir de estas experiencias, el MIC y otros actores institucionales impulsaron ajustes normativos que buscan no solo cerrar brechas legales, sino también facilitar a las mipymes el acceso a financiamiento de manera segura.
“El sueño que tenemos es que las mipymes puedan acceder a todos los trámites para formalizarse y para acceder al crédito directamente desde el celular”, subrayó. Actualmente, la propuesta se encuentra en análisis en la Cámara de Diputados, en coordinación con los propulsores originales del texto en la Corte Suprema.
De ser aprobada nuevamente en el Senado, el país contaría con un marco legal robusto que daría validez jurídica a los títulos y documentos electrónicos, previniendo nuevas formas de fraude como las ocurridas en el pasado. “Fuimos ajustando las normas para que ahora pueda recibir la aprobación de los diputados y posteriormente ir nuevamente al Senado para que salga aprobada la ley”, indicó el viceministro ante la 1080 AM.