A través de gestiones de la Procuraduría General de la República y la asesoría jurídica de la Presidencia, se logró evitar el pago de USD 16 millones al consorcio Mota Engil por la obra del metrobús. El procurador, Marco Aurelio González, resaltó este importante ahorro para el Estado y además enfatizó en que quedó demostrado que el daño principal fue la demolición de la obra que se había hecho hasta ese momento.

“Finalmente si hablamos de un daño, lo que yo veo es que se pagó el dinero por una obra que fue demolida y para mi la demolición es el perjuicio que existe sobre las arcas del Estado. Los responsables son las personas que destruyeron todo lo que se edificó, que son el ministro y el presidente anterior”, expresó en referencia a Mario Abdo y Arnoldo Wiens.

En conversación con “Buena Tarde”, programa emitido por Unicanal, González resaltó que lo determinado por el Tribunal es que se podía rescindir el contrato, pero lo que se critica es el discurso político que dieron, argumentando que hubo incumplimientos, que realmente no existieron, y por eso hoy el Estado está obligado a devolver a la firma USD 2.600.000.

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“Creemos que se trataba de un revanchismo político porque iba a significar una obra de envergadura que iba a significar el legado de un gobierno que ellos querían deslegitimar. Vendieron una historia falsa para terminar la obra del Metrobús que iba a incorporarle a Asunción un mecanismo de transporte de vanguardia que necesita la ciudad y de todo eso se le privó, de hecho todo lo construido fue demolido”, aseveró.

Según explicó el procurador, lo que permitió este importante ahorro a las arcas del Estado es que se determinó que este conflicto debía ser resuelto de acuerdo a la legislación paraguaya, esto pese a que los árbitros eran de nacionalidad argentina, brasileña y mexicana. Por esta razón se descartaron tasas usurarias, además de que se evaluaron los daños y consecuencias, lo que decantó en una reducción importante del monto fijado inicialmente que era de USD 19 millones.

“Nosotros estamos defendiendo jurídicamente la posición del Estado paraguayo y hemos podido ahorrar casi USD 16 millones de lo que se pretendía ejecutar, ahora lo que tiene que ver con la responsabilidad penal de si hay lesión de confianza o no, eso corresponde al Ministerio Público y ahí nosotros tenemos nuestra opinión, pero respetamos la labor que a ellos les corresponde”, aseveró.

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La campaña emprendida por un medio de comunicación para defender a una de sus empresas tiene todo el sentido del mundo. Es más, puede que esa empresa no tenga responsabilidad en las fechorías del IPS durante la administración del doctor Vicente Battaglia (Gobierno de Abdo) con el famoso contrato de Fideicomiso, cosa que debe determinar el Ministerio Público, pero lo que queda claro es la férrea defensa de ese medio de comunicación (Abc Color) a todo lo que tenga que ver con los hechos de corrupción del gobierno de Mario Abdo Benítez.

Y esta defensa tiene lógica, este medió apañó y fue cómplice de todos los escándalos y robos de la era Abdo a cambio de millonarios beneficios publicitarios, exclusividad de contratos para la transmisión de los juegos Odesur, así como los contratos millonarios del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para la imprenta Mercurio del mismo grupo empresarial.

Esta campaña de defensa mediática por parte de este grupo empresarial al despilfarro de los G. 828 mil millones del IPS evidencia que los intereses de los jubilados, los asegurados de la previsional o los enfermos oncológicos no forman parte de la agenda: acá lo que importa es la defensa de los negocios y al equipo político que generó beneficios económicos para el grupo empresarial.

En el caso del fideicomiso del IPS, existen hechos objetivos irrefutables, la naturaleza de ese contrato y la herramienta generada para obtener recursos (fondos jubilatorios, devueltos con los fondos de Salud) era la construcción de 4 hospitales. Este proyecto se diseñó en el 2017 y se firmó el contrato ese año durante el gobierno de Cartes. Las 4 obras estaban presupuestadas en el contrato y alcanzaban la totalidad del monto establecido, G. 828 mil millones.

Sin embargo, durante el gobierno de Abdo se degenera la naturaleza del contrato original, se usan los G. 828 mil millones para el mantenimiento de centros de salud del IPS en el interior del país, cuyas obras tampoco fueron terminadas y dejan de hacer los hospitales, solo 1 se terminó, el Ingavi, pero tampoco pagaron la totalidad a los constructores y esas empresas hoy demandan al IPS por cifras millonarias.

Las preguntas que todos nos debemos hacer, sin entrar ni mirar las “campañas mediáticas” de un lado y del otro, es la siguiente: ¿está construido el hospital Hemato-Oncológico? La respuesta es no. La siguiente pregunta, ¿está aún la plata que se había presupuestado y por la que se sigue pagando?. La respuesta es no. Entonces, alguien gastó mal la plata, hecho que evidencia una auditoría del IPS o directamente se la robaron.

Es por eso que urge que la Fiscalía determine el grado de responsabilidad en estas operaciones de perjuicios para los intereses de los jubilados y asegurados del IPS. Este es el punto en cuestión. Acá no se trata de liquidar a tal o cual banco o grupo empresarial, acá el interés es que los responsables de haber impedido que tengamos los asegurados del IPS un Hospital del Cáncer asuman su responsabilidad. ¿O vamos a dejar pasar esta situación por los odios o diferencias políticas? Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.

El senador Derlis Maidana respondió las expresiones del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien, en un encuentro político, dijo que desde el 16 de agosto está siendo perseguido por el oficialismo. El legislador aseguró que nunca existió ni existirá una agenda de persecución.

“Nunca hubo una agenda de persecución, eso refleja los temas que hemos tratado en el Congreso. Dsde el Congreso se dieron cambios para el fortalecimiento institucional del Estado se dieron leyes históricas para beneficio del pueblo y para fortalecer las instituciones y transparentar procesos”, afirmó el senador en nota para La Nación/Nación Media.

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Maidana indicó que muestra de que no existe tal agenda de persecución es que funcionarios siguen en puestos claves. Recordó además que, en el gobierno de Abdo uno de los que más persiguió a la disidencia colorada, de ese entonces, fue Arnaldo Giuzzio, quien utilizó la estructura del Estado para este fin.

“No existe ni existirá una agenda de persecución sería incoherente si tenemos varios funcionarios que siguen en puestos claves, además no tenemos un personaje como Giuzzio que públicamente decía presidente emosemba umi (échale a esos) cartistas o no existe un plan hurgado como el que había comentado Peta en su momento”, cuestionó.

Finalmente, mencionó que tanto desde lo legislativo como desde el sector político la única agenda que se maneja, es de la unidad partidaria. “Definitivamente nosotros no estamos en las persecuciones, la agenda parlamentaria no está en eso y en lo político la idea es unir al partido, así que no veo persecución alguna en ningún ámbito”, sentenció.

- El senador Derlis Maidana respondió a Mario Abdo; “no existe, ni existirá una agenda de persecución.

-Maidana recordó que la persecución se dio por parte de Abdo y sus aliados durante su gobierno.

- La única agenda del oficialismo es la unidad partidaria.

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El expresidente de la República Mario Abdo Benítez y varias personas de su entorno cercano siguen evitando someterse a la Justicia por las diversas irregularidades cometidas durante su gobierno. Esta semana, por ejemplo, debía arrancar el juicio al exministro Arnaldo Giuzzio, quien fue beneficiado con una nueva suspensión.

• Unidad de Investigación Nación Media

Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez están en la mira por numerosas irregularida­des cometidas mientras se encontraban en la función pública. Varios de ellos siguen evitando sus procesos judi­ciales gracias a artimañas varias. El mismo Abdo Bení­tez, procesado, lleva varios meses paralizando el proceso que pesa en su contra por fil­traciones de secretos a punta de chicanas.

El exministro todopoderoso del gobierno de Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, tuvo tres meses más antes de afrontar el juicio por sus vínculos con el capo mafioso brasileño Espíndola Mar­qués. Las audiencias del jui­cio oral y público debían ini­ciarse el pasado 1 de julio; sin embargo, fueron postergadas y deben iniciar el próximo18 de noviembre.

Pese a los tres meses de gracia que recibió, ayer lunes saltó a la luz que el Tribunal de Sen­tencia que debe entender en la causa de Giuzzio postergó por tercera vez el inicio de las audiencias de juicio.

El exministro todopode­roso de Abdo fue acusado por la supuesta comisión de cohecho pasivo agravado en carácter de autor. El narco­traficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua llegó incluso a visitar al ex superministro abdista Arnaldo Giuzzio en su domi­cilio particular, según docu­mentos que constan en poder de la Fiscalía. El capo mafioso le prestó vehículos y realizó trabajos como “cortesía”. En días más, el otrora hombre fuerte del Ejecutivo afron­tará juicio.

Comunicaciones continuas, préstamos de un vehículo para vacacionar, trabajos de cortesía y hasta visitas a su domicilio particular. La investigación del Minis­terio Público revela una muy cercana relación entre Arnaldo Giuzzio, exhombre fuerte del gobierno de Mario Abdo, y el supuesto narco­traficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.

De acuerdo con los docu­mentos que constan en la acusación presentada con­tra Giuzzio por la Fiscalía, el entonces ministro comenzó a mantener comunicacio­nes con el narco brasileño en julio de 2021. Según las investigaciones del Minis­terio Público, Giuzzio man­tuvo contacto con el presunto narco por más de seis meses, de julio de 2021 hasta febrero de 2022, cuando ya ejercía el cargo de ministro del Interior. Se presume que la intención del brasileño en ese entonces era proveer como “gentileza” chalecos antibalas y vehícu­los blindados al Ministerio del Interior y, consecuentemente, a la Policía Nacional, como así también “a título gratuito” el alquiler de una camioneta de la empresa Ombu SA, propie­dad de Espíndola.

Como ya señalamos líneas más arriba, Giuzzio no es el único del entorno cercano del expresidente Abdo con cuen­tas pendientes en la Justicia. Al menos media docena de exministros y altos funcio­narios del período anterior están en la mira por numero­sas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública.

Patricia Samudio, extitu­lar de Petropar, se convir­tió en abril pasado en la pri­mera condenada del entorno del expresidente. Samudio, del primer anillo del expre­sidente Abdo Benítez, fue condenada a 4 años de pri­sión por el caso agua tónica, que generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución estatal durante la pandemia del covid-19. Su esposo, José Costa Perdomo, fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión. De acuerdo con la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unida­des de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unida­des de pallets y 15 termóme­tros láser, que no ingresaron al ente.

La lista continúa con 400 uni­dades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartu­chos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresa­ron a la institución. El dinero fue a parar en el pago de deu­das de su marido, el también condenado Costa Perdomo.

Joaquín Roa Burgos, exminis­tro de Emergencia Nacional, también cuenta con procesos abiertos por su amistad con un supuesto narcotraficante. Fue imputado en primera instancia en abril de 2021 por los hechos de cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, junto con su amigo Alberto Koube, uno de los detenidos en el operativo A Ultranza PY.

En noviembre pasado, la Fis­calía amplió la imputación e incluyó los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. De acuerdo con la imputación, “hay sospechas suficientes de que entre los años 2018 y 2021, Roa había adjudicado millonarias lici­taciones a su amigo personal Alberto Koube, por un valor superior a G. 16.000 millones, para la obtención conjunta de beneficios económicos inde­bidos a costa de los fondos de la Secretaría de Emergencia Nacional”.

La Fiscalía imputó al expre­sidente de la República Mario Abdo Benítez, al diputado Mauricio Espínola, al exmi­nistro del Interior Arnaldo Giuzzio, al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui, al extitular de la Secretaría Anticorrupción René Fernández y a otras per­sonas más por siete hechos punibles como “revelación de secretos de servicio” y otros.

La imputación presentada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti son por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio (Art. 315 del CP), revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación espe­cial (Art. 148 del CP), induc­ción a un subordinado a un hecho punible (Art. 318 del CP), denuncia falsa (Art. 289 del CP), simulación de un hecho punible (Art. 291 del CP), usurpación de funciones públicas (Art. 241 del CP) y asociación criminal.