Para el análisis del proyecto de ley “que establece la conformación de comisiones vecinales de apoyo a la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional”, se desarrolló una audiencia pública en el Senado, propiciada por los proyectistas, los senadores Arnaldo Samaniego, Lilian Samaniego, José Oviedo y Pedro Díaz Verón.

Esta iniciativa pretende establecer un trabajo conjunto entre las instituciones encargadas de la seguridad, el Ministerio del Interior, y las organizaciones civiles, con el fin de mejorar el control y la prevención de la inseguridad en todas las comunidades del país.

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El senador Arnaldo Samaniego señaló la importancia de que la sociedad civil también se involucre en la lucha contra la inseguridad, que es el objetivo de esta iniciativa. “Cuanto mayor participación ciudadana exista, menos problemas de inseguridad y riesgo tendremos en los barrios”, apuntó.

Por su parte, el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, quien también participó de esta audiencia pública, expresó que el principal objetivo es el de crear un trabajo conjunto entre la institución de seguridad y organizaciones civiles.

“Uno de los problemas más graves que enfrentamos es la adicción, un enorme desafío que hoy, a través de las comisiones, trabajamos en la implementación de mecanismos de coordinación para abordar este problema de fondo”, apuntó.

Agregó que “esta fusión de esfuerzos entre los representantes de la sociedad civil, las autoridades y la Policía Nacional nos permitirá hacer frente a situaciones de hechos punibles”.

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Este viernes se dio a conocer que la jueza contra el crimen organizado Lici Sánchez solicitó a las autoridades de Venezuela la extradición de Mariana Ayala López, Myrian Villalba Ayala, María Rosa Villalba, Claudia Villalba, Tania Caballero Villalba, Viviana Caballero Villalba, sindicadas de ser el brazo logístico del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Actualmente la madre y las hermanas de Carmen Villalba, líder del EPP, se encuentran radicadas junto con 10 niños, quienes serían hijos y sobrinos, en la ciudad de Caracas tras solicitar refugio político al gobierno de Nicolás Maduro.

A la vez se admitió la solicitud del agente fiscal Federico Delfino consistente en avanzar con la captura internacional de las mismas. La solicitud de extradición fue realizada en base a las reglas de reciprocidad y tratados internacionales.

Incluso las mujeres son acusadas de criar y adoctrinar a los menores de edad para luego ser integrados al grupo terrorista. Previo a su instalación en Caracas, el clan se encontraba radicado en Argentina tras haber logrado refugio político durante el kirchnerismo.

Sin embargo, la medida fue levantada en octubre pasado por el gobierno de Javier Milei. “Los requerimientos dirigidos a jueces o autoridades extranjeras se efectuarán por exhortos y se tramitarán en la forma establecida por el Derecho Internacional vigente, las leyes y las costumbres internacionales”, indica la resolución emanada por Sánchez citando el artículo 146 del Código Procesal Penal.

Agrega que “no obstante, se podrán dirigir directamente comunicaciones urgentes a cualquier autoridad judicial o administrativa extranjera, anticipando el requerimiento o la contestación a un requerimiento. En lo pertinente, se aplicarán las disposiciones relativas a los exhortos previstas por el Código Procesal Civil”.

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Igualmente hace mención al artículo 147 del Código Procesal Penal sosteniendo que “lo relativo a la extradición de imputados o condenados se regirá por el Derecho Internacional vigente, por las leyes del país, por las costumbres internacionales o por las reglas de la reciprocidad cuando no exista norma aplicable”.

La resolución de la jueza continua afirmando que “conforme a las disposiciones legales trascriptas, a las constancias de autos, a los antecedentes remitidos por el Ministerio Público esta judicatura considera ajustado a derecho el requerimiento fiscal por el que se solicita librar el correspondiente exhorto a las autoridades de la república bolivariana de Venezuela”.

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El Presupuesto General de la Nación 2025 (PGN), aprobado esta tarde con modificaciones por la Cámara de Senadores, ascendería a un total de G. 133,1 billones (USD 17.595 millones), constituyendo casi un 0,3 % de aumento, con el respeto al tope del déficit fiscal en 1,9 % con relación al producto interno bruto (PIB). El plan vuelve así a la Cámara de Diputados.

Entre las principales modificaciones y establecimientos totales de los montos a ser asignados, se encuentra lo designado para Salud, con un aumento que supera los USD 14 millones, estableciendo su presupuesto en más de USD 1.240 millones. Dentro del plan se contemplará la reprogramación de la carga horaria para beneficiar a 1.000 médicos y USD 2.500.000 para compra de mamógrafos.

El presupuesto para el Senado quedó en más de USD 29 millones, con un aumento salarial que totaliza G. 38 millones; en Diputados, el presupuesto quedó en más de USD 40 millones, bajo las consideraciones de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta.

Para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Mopc), el presupuesto se estimaría en más de USD 905 millones, reduciendo más de USD 20 millones del monto enviado por el Ejecutivo y lo aprobado también por Diputados. Los G. 140 mil millones recortados del Mopc, se redireccionarían para el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (Muvh).

El Ministerio de Economía y Finanzas quedará con un presupuesto en más de USD 2.800 millones, con un aumento de más de G. 202 mil millones, para calzar todas las modificaciones realizadas. Para el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el presupuesto se establece en más de USD 52 millones, con un incremento de G. 13.600 millones.

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En cuanto al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el presupuesto queda en poco más de USD 1.240 millones, pero se aplicará un desdoblamiento del presupuesto del Instituto Superior Nacional de Música, para que ya no dependa del MEC y restar así G. 10.000 millones; por otra parte, se contempla una ampliación de G. 2.500 millones para crear oficinas de supervisión.

En cuanto al Ministerio del Interior, permanece con más de USD 515 millones, así como Defensa Nacional, que también coincidirá con la versión de Diputados en USD 316 millones. En cuanto al Ministerio de Justicia, quedará con más de USD 66 millones, incrementando su presupuesto en más de G. 4.300 millones.

Con respecto a lo establecido para la Presidencia de la República, el presupuesto quedaría en poco más de USD 155 millones, con disminuciones del total enviado por el Ejecutivo; por su parte, la Vicepresidencia quedaría en poco más de USD 2 millones.

Sobre las gobernaciones, se aprobó la recomendación de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado para dejar sin el aumento de G. 83.000 millones a distribuirse en diferentes departamentos. En cuanto al plan para la Universidad Nacional de Asunción (UNA), tendrá un incremento de G. 157 mil millones, dentro del plan de nivelación.

A su vez, se aprobó un aumento de G. 1.000 millones para la sede de la Facultad de Ingeniería de la UNA en Ayolas, mientras que se aprobaron recortes para las universidades nacionales del interior: de Itapúa, Concepción, Villarrica Canindeyú y Misiones (G. 1.000 millones menos para cada una) y de Caaguazú (G. 3.000 millones menos).

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Las modificaciones que realizaron a la Ley de Mipymes ya tuvo media sanción por la Cámara de Diputados. Actualmente se encuentra en el Senado, y está incluida en el orden del día para ser tratada la próxima semana. Al respecto, el presiente de la Federación Paraguaya de Mipymes (Fedemipymes), Luis Tavella, recordó que quedan pocas sesiones al 2024, y esperan que sancionen la reforma lo antes posible.

“Espero que en la siguiente sesión ya se trate (martes 3 de diciembre), porque apuntamos a se promulgue este año mediante la firma del decreto del presidente Santiago Peña. Lo vamos a tomar como un regalo de Navidad, sobre todo porque va a implicar un apoyo importante para las microempresas, apuntando a la formalización”, señaló Luis Tavella a la 1000 AM.

En ese marco, recordó que según datos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), en Paraguay existen 376 mil empresas distribuidas en mipymes. 88 % de ellas son microempresas, 10 % pequeñas y 2 % medianas. Las microempresas son aquellas que facturan G. 650 millones al año, lo que da un promedio de G. 50 millones por mes.

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Segmentando el mismo sector, de 320 mil microempresas, 200 mil facturan menos de G. 10 millones. “Poco más del 50 % son empresas muy chicas. Dentro de eso ocupan el 65 % de empleo, se calcula que hay 700 mil microempresarios informales, que hoy trabajan, mañana no, venden de todo un poco, y saltan de un trabajo a otro”, detalló.

Por eso aclaró que esta reforma tiene como base principal incentivar a la formalización. Una de las ventajas y cambios que se realizará a partir de la nueva ley es que se podrá gestionar la cédula mipyme con datos que la DNIT reciba del registro. Esto directamente será enviado al viceministerio de Mipymes de Industria y Comercio, para crear la cédula y una cuenta única.

Esa cuenta única es una caja de ahorro bancaria para insertar al microempresario al sector financiero y que de esa forma, el mismo pueda comenzar a tener movimientos de dinero, hasta G. 50 millones por mes. “Esto no tendrá costo por 3 años. Al cuarto año, lo podrá pagar incluso con descuentos de hasta el 75 %”, acotó.

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