El presidente de la República, Santiago Peña, acompañado del vicepresidente Pedro Alliana, miembros de su Gabinete y otras autoridades, siguiendo con su día de Gobierno en la ciudad de Pilar, departamento de Ñeembucú, también visitó la base de operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) Sur. El mandatario reafirmó el compromiso del Gobierno con la seguridad y el desarrollo de la región.

“Fuerza de Tarea Conjunta se está expandiendo, de la experiencia que ha adquirido en el norte, está viniendo para traer esa experiencia aquí al sur. En la ciudad de Pilar va a estar la base de la Fuerza de Tarea Conjunta Sur para darle seguridad a toda la zona sur de la región Oriental, que es fundamental para el progreso y el desarrollo que estamos mirando para adelante”, expresó Peña durante su recorrido por este departamento.

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Recordó que las FTC había sido creada en el gobierno del expresidente de la República, Horacio Cartes, quien también acompañó este recorrido, y apuntó al fortalecimiento de estas fuerzas, a pesar de que en otro momento se planteaba su eliminación.

“La Fuerza de Tarea Conjunta ha sido un claro ejemplo de éxito, hoy ya nadie habla, pero hasta antes del 15 de agosto del 2023, constantemente había iniciativas parlamentarias para desmembrar a la Fuerza de Tarea Conjunta y nosotros defendimos como una herramienta eficaz donde se une la Policía Nacional y las Fuerzas Militares”, expresó.

Peña también verificó las obras de ampliación de la Sede de la Dirección Regional Ñeembucú del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) en la ciudad de Pilar, esta obra se encuentra en proceso de ejecución en el marco del proyecto de adecuación y mantenimiento de su sede regional. Esta iniciativa busca generar un impacto positivo en la empleabilidad, el emprendimiento y el progreso social.

Por otra parte, el mandatario encabezó la inauguración de la ampliación de red de agua potable en esta ciudad, que garantizará el acceso al agua potable de los pobladores de esta región. La extensión de tuberías, que se encuentra en el barrio Villa Aeropuerto de Pilar, más familias ahora cuentan con un servicio seguro y eficiente.

La nueva infraestructura permitirá ampliar la oferta de cursos de capacitación, beneficiando a una población con mayores habilidades y conocimientos. Esta mejora en la formación facilitará la inserción laboral de los habitantes de la región, brindándoles mejores oportunidades de empleo y contribuyendo a la reducción de la pobreza.

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Con presencia del presidente de la República, Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana, el gobernador de Ñeembucú, Víctor Fornerón, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión y otras autoridades se oficializó el desembolso del anticipo que dará lugar a la orden de inicio para la segunda fase de la defensa costera de Pilar.

“La conclusión de la obra va a transformar esta ciudad para siempre. Pilar nunca más va a ser la misma después de esta obra y tenemos el compromiso de avanzar con la franja costera para que pueda brillar con todo su esplendor; tenemos el compromiso de que este año vamos a licitar la fase 3 de la costanera”, anunció el mandatario.

Para la fase B de esta obra se destinarán un total de USD 50 millones y está estimado que esté concluido en un plazo de 24 meses. Los trabajos en esta etapa están centrados en el drenaje de aguas de lluvia de toda la capital departamental, además de toda la red de agua cloacal lo cual requerirá la instalación de 25 estaciones de bombeo y una planta de tratamiento para aguas servidas que contempla el respeto medioambiental y está a la vanguardia en cuanto a tecnología, detallaron desde el MOPC.

“Además de esto vamos a construir 150 km de red de alcantarillado, si ponemos en línea recta sería un camino hasta pasando Villeta y más de 23 km de drenaje de aguas lluvia, eso es algo sin precedentes para las ciudades de Paraguay. Es una obra de alta complejidad y de mucha generación de mano de obra para montar estos grandes caños, la construcción de las plantas de tratamiento y galerías de drenaje agua fluvial”, explicó Centurión.

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En este mismo acto, la ministra del MOPC anunció que se dispuso la convocatoria a empresas para la construcción de la ruta Pilar-Paso de Patria, lo cual representará una inversión de USD 50 millones para la construcción de 60 km de ruta y que tendrá su paso por el histórico poblado de Humaitá.

“Quiero invitar a todas las empresas del país a visitar el portal de Contrataciones Públicas porque ya está en pleno proceso de licitación el tramo desde Pilar hasta Paso de Patria que va a ser construido con nuestro producto nacional, será nuestra segunda ruta de hormigón de pavimento rígido y será aquí en Ñeembucú para dar conectividad y seguir desarrollando este departamento”, manifestó la jefa de cartera.

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Un equipo del Ministerio Público, encabezado por el fiscal José Godoy, se constituyó este miércoles en las oficinas del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) con el objetivo de recabar más datos en torno a la investigación de una denuncia de estafa a dos hermanos menonitas en la zona de Río Verde, localidad de Presidente Hayes.

El fiscal precisó que en el marco de la instigación se cuenta con documentos que respaldarían el pago de USD 1.600.000 por parte de las víctimas, todo este dinero en efectivo, pero con pagarés que están siendo sometidos a pericia para determinar su autenticidad y si fueron cobrados en realidad.

Por su parte, el director del Indert, Francisco Ruiz Díaz, señaló en conferencia de prensa que desde que asumió el cargo, la dirección del Chaco, que anteriormente trabajaba de manera independiente dentro de la institución, volvió a estar bajo la coordinación de la presidencia de la institución y se ejerce un control total sobre los expedientes.

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“Establecimos una mesa de trabajo a los efectos de facilitar todo tipo de datos que la Fiscalía necesite. Ya tenemos todos los documentos que podemos ofrecerle a la Fiscalía y lo que se busca es dilucidar cómo se habría ejecutado esta supuesta venta de manera irregular”, mencionó Ruiz Díaz.

El titular del Indert declaró que recientemente fueron apartados también de sus cargos varios funcionarios que estarían involucrados con el movimiento irregular de documentación sobre terrenos de propiedad privada, los cuales, transgrediendo la ley, fueron visitados e inspeccionados por funcionarios de la institución por solicitud no de la presidencia, sino de funcionarios subordinados, quienes continúan siendo investigados.

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El Jurado de Enjuicia­miento de Magistra­dos (JEM) se plan­teará reglamentar la Iniciativa 8, de la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción, que restringe las comunicaciones de sus miembros con jueces o fiscales procesados. Esta reco­mendación formó parte de la declaración que realizara la Cumbre de Poderes que se realizó el lunes en Palacio de Gobierno, por iniciativa del presidente Santiago Peña.

El senador colorado Derlis Maidana, uno de los repre­sentantes del Senado ante el JEM, explicó a La Nación/ Nación Media que esta reco­mendación fue bien recibida y que incluso podría debatirse ya la próxima semana.

El planteamiento que sugiere el Punto 7 de la Declaración señalabásicamentequeseregla­mente y estipule normas para evitar las comunicaciones pri­vadas entre miembros del JEM con los magistrados encausa­dos, una práctica frecuente y que ha sido criticado abierta­mente tras la divulgación de los chats del caso Lalo Gomes “Tenemos un Código de Ética que se aplica a los directores generales y funcionarios que no pueden hablar con las per­sonas encausadas en el JEM. Yo creo que no habría mayo­res inconvenientes en que la mayoría del Jurado decida adoptar esa medida, tam­bién para los integrantes en el sentido que sean públicas las visitas, el derecho a la defensa garantizado en la Constitu­ción y que se prohíba el con­tacto directo entre el encau­sado y el miembro”, expuso el senador Derlis Maidana.

El legislador, representante de la Cámara Alta ante el JEM, manifestó que no ve obstácu­los en que los miembros apues­ten por reforzar sus normati­vas de modo de permitir una mayor transparencia y que la ciudadanía pueda tener cono­cimiento sobre el descargo de los jueces, fiscales, defensores, síndicos y todo aquel que tenga una causa abierta en el Jurado.

“Nosotros tomamos en cuenta esas recomendaciones y las tenemos que analizar como órgano extrapoder creado por la Constitución. Creo que nadie está ajeno en este momento a luchar para trabajar todos jun­tos y restaurar la credibilidad en el sistema de Justicia en gene­ral y en la institución en par­ticular. Esto lo trataríamos el próximo jueves a las 9:30 en sesión ordinaria”, adelantó.

“El llamado al diálogo entre los poderes es clave en cualquier país. Cuando se convoca a una cumbre hay que darse cuenta que esto refleja un compromiso institucional”, dijo el politólogo y consultor Víctor Genes, tras destacar el interés del gobierno del mandatario Santiago Peña en debatir sobre la problemática judicial. La reunión realizada el día lunes culminó con una declaración de siete ejes para la lucha contra la corrupción.

“Si no tenemos una solidez institucional con un respaldo político, no se podrá consolidar el Paraguay, y la corrupción estará desarro­llándose continuamente. Desde la voluntad política se consolidan las instituciones. La consolidación institucional genera buenas prác­ticas y las buenas prácticas se traducen en un ejercicio de buenas costumbres”, manifestó Genes, este martes, al programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM.

Las afirmaciones del analista surgieron ante el intento por parte de políticos opositores y disidentes colorados de desmeritar la iniciativa celebrada en el Palacio de Gobierno, calificándola como una “cumbre de la impunidad y un acto protocolar”, sin plantear propuestas para combatir la corrupción dentro del sistema judicial como consecuencia de la permeación del crimen organizado en las instituciones.

En el marco de la cumbre de poderes que convocó el Poder Ejecutivo el pasado lunes en Palacio de López, el presidente Santiago Peña hizo el anuncio de la próxima instalación del Consejo Nacional Anticorrup­ción, organismo que suplantaría a la Secretaría Nacional Anticorrup­ción (Senac), que quedó desmantelada porque no cumplía con los fines para los cuales había sido creada. La ley que crea este Consejo, que fue sancionado por el Congreso paraguayo en noviembre de 2024, establece que la Contraloría General de la República ejercerá la coordinación general de dicho consejo en conjunto con el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República. Se estipula, además, la creación de unidades de transparencia y anticorrupción en cada orga­nismo público, bajo la supervisión de la Contraloría General.

Camilo Benítez consideró que la declaración se enfoca en una idea común, el combate a la corrupción y el crimen organizado.

El contralor general de la República, Camilo Benítez, calificó la declaración de la Cumbre de Poderes como bastante relevante, seña­lando que aún sabiendo que puede haber diferen­cias entre sus integrantes, hay un aspecto en común: la lucha contra el crimen organizado. Por otra parte, destacó que la implementa­ción de la Iniciativa 28 de la Estrategia Nacional de Com­bate a la Corrupción podría traer más transparencia al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, según señaló a “Arriba hoy”, por GEN/Uni­verso 970.

Benítez recordó que esta reglamentación impone la restricción a los miembros del Jurado de mantener reunio­nes o comunicaciones priva­das con magistrados en gene­ral y que las comunicaciones de los miembros del JEM con cualquier magistrado debe­rán ser oficiales y públicas. Además, plantea sanciones a lo que considera una “falta grave” en el caso de la inob­servancia de esta disposición que ahora el Jurado deberá reglamentar.

“A mí me parece que el comunicado no es vacío, yo creo que contiene elemen­tos sustanciales de muchí­sima relevancia para aque­llos operadores de Justicia, para aquellas personas que pasamos alguna vez por el Poder Judicial, conoce­mos la presión que ejercen los miembros del Jurado de Enjuiciamiento sobre los jueces, fiscales, defen­sores y síndicos, y sabemos la enorme importancia que va a tener la reglamenta­ción”, destacó el funcionario.

La idea que se pretende con esta reglamentación es que no se vuelvan a repe­tir casos como el de Óscar González Daher o última­mente con Eulalio “Lalo” Gomes, en aparente con­nivencia con el ahora exdi­putado Orlando Arévalo, que actuaban como ope­radores o directamente influían sobre las decisio­nes que se tomaran desde este órgano.