El diputado Carlos Pereira se refirió acerca de la reunión mantenida entre diversas autoridades en una audiencia pública, para debatir el proyecto de ley “Hambre cero en las escuelas”. En contacto con La Nación/Nación Media, indicó que las prioridades de la oposición se centrarán en las modificaciones a ser planteadas sobre el plan, con el objetivo de lograr su perfeccionamiento.
“Después de la audiencia pública, quedaron muchas dudas aún, no creo que así sea posible impulsar la aprobación del proyecto de ley. Entonces, creo que esto se extenderá un poco más, más aún teniendo en cuenta que se llevaron a cabo los llamados a licitaciones en las gobernaciones y municipalidades”, expresó el parlamentario, con respecto a la ejecución de los fondos para el año lectivo actual.
Durante la audiencia se plantearon sugerencias y quedaron exteriorizadas algunas dudas, que se enfocan esencialmente en los informes remitidos por la Contraloría General de la República (CGR), que revelan problemas en el proceso de implementación de la distribución del almuerzo escolar, hasta hoy. Para Pereira, se debe analizar de manera meticulosa dichas informaciones, que principalmente hablan de la Gobernación de Central y Presidente Hayes.
“Personalmente, no votaría por el rechazo del proyecto de ley, pero sí por algunas modificaciones que considero necesarias para la aplicación del plan y si se logran dilucidar el resto de las interrogantes que quedaron pendientes en la mayoría de los representantes de Diputados”, subrayó el parlamentario, manifestando que quedará expectante de la apertura por parte del Ejecutivo y los miembros de su gabinete.
Puntualizó además la importancia de definir cómo serán financiados algunos programas sociales cuyos recursos serían utilizados para costear la alimentación escolar, de acuerdo al proyecto. Esto aparte de estudiar las solicitudes por parte de las administraciones de Central y Presidente Hayes, para ser nuevamente incluidos como administradores de los recursos que forman parte del plan expuesto.
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Periodistas, economistas y políticos destacan puntos clave del informe de Peña
Terminado el primer informe de gestión del presidente de la República, Santiago Peña, el Canal GEN/Nación Media abrió una mesa de análisis con destacadas figuras del ámbito académico y periodistas. Entre ellos, la periodista Mina Feliciangeli resaltó que uno de los logros más palpables de este gobierno es la lucha contra el crimen organizado, sobre todo con el ataque y eliminación de la fuerza de los clanes dentro de los centros penitenciarios, como se dio en la cárcel de Tacumbú.
“Hacer un análisis de la gestión del primer año, es muy difícil porque hay muchas acciones, cuyos resultados no se pueden ver a corto plazo. Pero sí estas medidas, como la Veneratio, la de volver a recuperar el control en las cárceles, fue primero, una medida muy valiente, aparte de necesaria. Es decir, que el Estado vuelva a tener el control de las cárceles, pero fue una medida arriesgada y necesaria. Sin lugar a dudas, para mí fue uno de los logros más palpables”, comenzó señalando.
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A su turno, Benjamín Livieres, director de ADN digital y periodista de Nación Media, destacó que la parte que el mandatario hizo hincapié en la estabilidad económica, en conjunto con la estabilidad política; que en épocas pasadas, la diferencias y crisis fueron algunos de los principales obstáculos para el desarrollo de algunos proyectos.
“Son premisas para poder desarrollar cualquier tipo de proyecto. No son los objetivos en sí mismos, son los medios. Esta estabilidad económica es clara y notoria, lo mismo que la estabilidad política, en cuanto al relacionamiento entre el Ejecutivo y el Partido Colorado, algo que en nuestro país es a lo largo de la historia democrática siempre se generó muchos conflictos”, indicó.
Asimismo, resaltó que además del aumento de las recaudaciones, a nivel económico, existen datos relevantes como por ejemplo el tema viviendas, que ya son más de 14.000 las que ya están en ejecución; lo que permite presumir que gran parte de la fuente de trabajo está en estas obras.
“Esto es clave, cuando se habla de pobreza, salud, educación, se va remitir siempre al tema de empleo y la construcción de vivienda está matando varios pájaros con un solo tiro; la vivienda propiamente para compatriotas que no tienen, genera puestos de trabajo, dinamiza la economía, aumenta el consumo. Yo creo que este tema que en cuanto a su impacto social, es uno de los más importantes”, destacó.
Política más ambiciosa del gobierno
A su turno, José Fernando Duarte, director académico del CONES, resaltó que sin lugar a dudas la ley de Hambre Cero, es la política social más ambiciosa de este gobierno. Indicó que si bien la reforma educativa iniciada en el proceso democrático tuvo un alto consenso en lograr la masificación del acceso y cobertura; los críticos a la reforman han señalado que no se ha logrado aun disminuir esa brecha de la desigualdad en el acceso a la educación entre sectores urbanos y rurales o las instituciones educativas públicas y privadas.
En tanto, el economista Víctor Pavón, destacó que la política de la diplomacia presidencial, respecto a los viajes al exterior que lleva adelante el presidente Santiago Peña, en ese sentido remarcó que debe continuar para seguir dando a conocer Paraguay al mundo.
“Hay un problema de autoestima, que hace que muchos paraguayos no se den cuenta de que el Paraguay viene cambiando desde hace un buen tiempo, pero desde luego hay mucho por mejorar mucho más. Estos 5 elementos que citó el presidente Peña, no se podría llevar a cabo sin una economía pujante”, acotó.
De manera virtual, el exsenador Juan Carlos Galaverna brindó su parecer respecto a los desafíos que le viene por delante al presidente Peña, en ese sentido, indicó que espera que continúe con este arranque muy bueno que tiene. Indicó que no recuerda que un gobierno anteriro, haya tenido el avance en 10 meses de mandato como lo está llevando el presidente Peña.
Entre los aspctos fundamentales del gobierno destacó la ley de Hambre Cero, los éxitos en la lucha contra el narcotráfico, el reconocimiento que hizo a los diferentes actores que fueron invitados. “Lo fundamental del contenido del mensaje se dio en la última parte, cuando habló de superar nuestros límites mentales. Entonces, el desafío que nos presentó el presidente de la República a la ciudadanía paraguaya es superar nuestras limitaciones mentales y ojalá así sea”, acotó.
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Prohibir criptominería podría fomentar clandestinidad, sostiene Conacom
La Comisión Nacional de Competencia (Conacom) realizó un informe técnico sobre el proyecto de ley que pretende prohibir la criptominería en Paraguay. Bajo el criterio de la comisión, esta propuesta legislativa, que se encuentra en la Cámara de Senadores, podría fomentar la clandestinidad porque restringe la competencia de ese mercado.
“Empresarios de la industria nos manifestaron su preocupación sobre el proyecto y la Conacom emitió una opinión, que es como un dictamen. Si bien no es un elemento vinculante, expresa un informe técnico. A nuestro criterio, este proyecto restringe la competencia de ese mercado y podría fomentar la clandestinidad”, expresó Eduardo Barros, directivo de la comisión, a la 780 AM.
En detalles, este proyecto lo que pretende es prohibir la creación, conservación, almacenamiento y comercialización de los activos virtuales o criptoactivos. En este caso, es jurisdicción de la Conacom analizar el proyecto porque se trata de una regulación del mercado.
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El documento también prevé suspender todo tipo de actividad de criptominería por 180 días (poco más de 6 meses) o hasta que exista una regulación. “Eso significa que hasta que exista una ley que lo regule, esto podría ser por tiempo indeterminado. Y para nosotros es uno de los aspectos donde se restringe injustificadamente la competencia”, acotó.
Expuso que en el ánimo de evitar la clandestinidad, con este proyecto se haría todo lo contrario, ya que hay otras formas de hacerlo sin incurrir en la prohibición de una actividad económica. En el informe técnico hay una serie de puntos adicionales donde se habla del riesgo de la protección del consumidor, la estabilidad y consumo de energía.
“Lo que planteamos nosotros en nuestra opinión, es que se busquen alternativas a esas preocupaciones y que no sea la prohibición o la suspensión de la actividad económica, en este caso, para lograr ese objetivo”, finalizó Barros.
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Ley de búsqueda y localización de desaparecidos apunta a la creación de centro de evaluación de casos
El viceministro de la Niñez y la Adolescencia, Eduardo Escobar, dio detalles de lo que esta cartera de Estado propuso al Senado como modificaciones al proyecto de ley “que establece el marco legal para el procedimiento de búsqueda de personas desaparecidas y crea su registro”, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
Esta semana, el ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, se reunió con senadores para presentar la propuesta, de crear una Dirección Nacional de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, dependiente de la Policía Nacional.
“Este es un anteproyecto de ley que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, nosotros lo que buscamos con esto es, proponer enriquecer y darle una dinámica más operativa”, explicó el viceministro en entrevista a la 780 AM.
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Señaló que, si bien, se trata de un proyecto muy loable, el ministerio plantea que esta normativa sea más operativa. “Lo que tenía el anteproyecto, muy loable de por sí, un proyecto muy necesario, pero lo que vimos es que, creaba un comité, una comisión, pero quedaba otra vez en lo macro, no tenía mucha operatividad”, indicó.
Agregó que esta iniciativa se dio por instrucciones del propio ministro Gutiérrez. “Entonces desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, por instrucciones del ministro Walter Gutiérrez, le dimos ese marco de operatividad, incluso proponemos la elevación a Dirección del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional. Ya existe una dependencia de la Policía Nacional que trabaja sobre estos casos”, manifestó.
Explicó que el objetivo es la creación de una dependencia o un centro de evaluación de cada uno de los casos, ateniendo a la complejidad con que cuenta cada situación en torno a la desaparición de un niño, niña o adolescente.
“Todos los casos de desaparición son graves, pero hay que delimitar la naturaleza, muchas veces se produce que niños y adolescentes, que hay problemas conductuales, por ejemplo, pero también tenemos los casos graves que puede ser que el niño puede ser víctima de abuso sexual, de maltrato, de trata”, expresó.
Esta situación es la que pretende corregir esta nueva normativa, de ser sancionada por el Congreso. “Nosotros no sabemos las circunstancias y esa subclasificación de los motivos es lo que no tenemos de una forma precisa. Esto es lo que viene a corregir este proyecto de ley”, puntualizó.
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Diputados aprueba con modificaciones proyecto que eleva penas por sustraer energía eléctrica
En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, este miércoles se aprobó el proyecto de ley “Que modifica el artículo 173 de la Ley Nº 1.160/1997 - Código Penal”, que refiere al hecho punible de sustracción de energía eléctrica. La propuesta que cuenta con media sanción fue resultado de una fusión de dos proyectos provenientes del Senado, el documento que fue modificado vuelve a la cámara de origen.
En comunicación con el programa Así son las Cosas, que se emite por Universo 970 y GEN de Nación Media, el diputado Derlis Rodríguez explicó las modificaciones que planteó a sus colegas y que fueron aprobadas por el plenario.
Indicó que las modificaciones que se pretende en el artículo 173 establecen que la conducta de sustracción de energía eléctrica, tipificada ya con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa, será castigada con esta nueva ley con pena carcelaria de entre dos y diez años, más el comiso de los elementos o dispositivos utilizados para el efecto.
“Bajo el acompañamiento técnico de la Ande, se propuso una nueva redacción que vino del Ejecutivo, en su momento el Senado, pero ahí cercenaron principalmente lo de la sustracción para poder disminuir la pena. Y toda la parte fundamental de todo este proyecto fue dejado de lado. Sobre lo que hace a la incautación de las máquinas que hoy no se está haciendo”, indicó.
Volver a la propuesta original
Cuando se analizó en comisiones de la Cámara Baja, previo a su estudio en el plenario, el legislador Rodríguez planteó volver a tener en cuenta la propuesta original. Indicó que la ley vigente planteaba sanciones de manera genérica, con penas que iban de 6 meses a 3 años con penas privativas de libertad.
Ahora, indicó que con la modificación aprobada por Diputados, se estableció pena carcelaria de entre dos y diez años, más el comiso de los elementos o dispositivos utilizados para el efecto. Teniendo en cuenta que actualmente las granjas de criptominería están en locales alquilados y como las máquinas no son propiedad del arrendatario, por tanto no se puede incautar.
“La sustracción de la energía eléctrica se hace a través de una cuenta corriente que tiene cada persona que solicita a la Ande. Entonces, se le procesa al que es titular y supuestamente el que trae las máquinas e instala esas granjas son como un alojamiento nada más y cuando se hace el procedimiento de intervención, no se incautan las máquinas, porque son del dueño del local”, indicó.
Agregó que se busca desalentar que la gente que se embarque en esta travesía de instalar granjas de criptominería, ya que la legislación actual no contempla sanciones severas o en todo caso se exponen a un riesgo mínimo.
“Con esta ley que ya tiene media sanción, cuando se allana e incautan entregando a la Ande, buscamos desalentar y también buscamos que el Estado deje de perder, porque hoy la pérdida es de casi 100 millones de dólares”, comentó.