El diputado liberal Adrián “Billy” Vaezken participó del programa “Fuego cruzado, emitido por el canal GEN/Nación Media, para debatir sobre el pedido de intervención de la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, que desde la oposición es calificada como una persecución político, evadiendo las denuncias de graves irregularidades. El legislador expresó que este pedido de intervención es “inconstitucional y un garrote político”.

“Nosotros, desde la oposición ya tenemos una postura bien definida, creemos que es inconstitucional la solicitud que hace la Contraloría General de la República, que está siendo utilizada como un garrote político, esa es nuestra visión, eso es lo que vemos y lo que sentimos”, refirió el legislador.

Con relación a la conformación e integración de la comisión de intervención en la Cámara de Diputados, indicó que, como bancada C del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), decidieron no participar. “Mi bancada y la bancada PL, del Partido Liberal, hemos decidido no integrar las comisiones de intervención, porque en primer lugar creemos que es inconstitucional y, segundo, porque funciona como un garrote político”, expresó.

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Por otra parte, sobre el caso nepotismo, admitido públicamente por el intendente esteño en una entrevista televisiva, el legislador excusó: “Están en cargos de confianza, son nueve puntos (en el informe de la Contraloría), en los puntos más importes no pone como punto relevante el tema de nepotismo. Yo estuve investigando y son cargos de confianza, los cargos de confianza él (el intendente) lo puede disponer”.

El parlamentario también cuestionó que la Contraloría General de la República presuntamente no realizó una auditoría previa para presentar el informe y realizar la solicitud de intervención, tanto de la Municipalidad de Ciudad del Este y de Asunción, mediante el Ministerio del Interior por el Poder Ejecutivo.

“¿Dónde Miguel Prieto cometió lesión de confianza? La Contraloría no explica, y algo peor, la Contraloría se basa en informes no le hicieron una auditoría como corresponde. La auditoría es pedir los documentos, se encuentra ciertas irregularidades. Hoy la Municipalidad de Asunción y la Municipalidad de Ciudad del Este, para cometer este garrote político, se basaron en informes”, sentenció.

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El jefe del Departamento de Acciones Judiciales de la Municipalidad de Asunción, el abogado Juan José Armoa, remarcó en el programa “Fuego cruzado”, que se emite los domingos por canal GEN/Nación Media, remarcó que la comuna tiene las puertas abiertas a todos los órganos de control para esclarecer las irregularidades que son señaladas por la Contraloría General de la República (CGR).

“Todos los documentos que hacen al motivo principal, que tiene relación a los bonos, fueron remitidos a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, con más de 100 biblioratos. Lo solicitado por la Contraloría General de la República se le facilitó absolutamente toda la documentación, estrictamente a lo que solicitado”, precisó.

Mencionó que básicamente son dos los puntos del dictamen por el cual la CGR solicita la intervención de la Municipalidad de Asunción, señalan que hubo una falta del deber de colaboración; y que la aplicación de la cuenta única no puede ser utilizada dentro de las municipalidades.

No obstante, Armoa explicó que desde la comuna consideran que no debe prosperar la intervención solicitada por la Contraloría General de la República (CGR) para los municipios de la Capital y Ciudad del Este por carecer de legitimación para activar el mecanismo de control ante irregularidades en el manejo de fondos públicos.

El abogado se refirió al artículo 165 de la Constitución Nacional establece que será el Poder Ejecutivo, quien debe remitir el pedido de intervención a la Cámara de Diputados, que deberá otorgar su acuerdo para la intervención, previo dictamen de la CGR.

Armoa dijo que el citado artículo igualmente está en consonancia con el artículo 111 de la Ley 3966, la Carta Orgánica Municipal, que establece que el único órgano competente para solicitar la intervención es la Junta Municipal.

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“El dictamen de la Contraloría es un documento técnico, que debe ser puesto a consideración, en este caso de la Cámara de Diputados para que ellos, de manera objetiva, puedan tomar la decisión oportuna que corresponda. Este dictamen debe munirse de toda la información suficiente que requiere para la toma de decisiones como primera medida. Como segunda medida está el mecanismo de la intervención”, explicó.

Por tanto, señaló que la postura institucional que mantiene el municipio de Asunción es que la Contraloría General de la República no posee la justificación suficiente para activar esos mecanismos, porque es atribución de la Junta Municipal presentar el pedido de intervención.

“Consideramos que esto está atentando contra el estado social del derecho, porque aquí fue puenteada la Junta Municipal de Asunción. Porque, a nuestra consideración, la Contraloría General dentro de sus facultades constitucionales puede solicitar la auditoría, emitir los informes que requiera y eventualmente remitir a los órganos de control, que en este caso podría ser el Ministerio Público y otras cuestiones para la investigación pertinente. Pero no se hizo la solicitud a la Junta”, explicó.

Por tanto, señaló que el mecanismo correcto debería ser a solicitud de la Junta Municipal al Poder Ejecutivo, vía Ministerio del Interior, para la remisión del pedido al Congreso de la Nación, a través de la Cámara de Diputados.

Respecto a la cuenta única, el abogado Armao indicó que es otra cuestión de fondo de la CGR, que hace relación a la normativa conocida como Ley Borda y que se trata de la Modernización de la Administración Financiera del Estado, donde se crea dicha cuenta y los títulos de deuda del Tesoro Público.

“Esta ley es una herramienta de la Ley 1535 de la Administración Financiera del Estado, que, a su vez, la Carta Orgánica Municipal autoriza a la Municipalidad de Asunción a utilizar de manera supletoria todas las disposiciones contenidas en esta legislación. Entonces, la cuenta única al ser autorizada por la carta orgánica y al ser una herramienta de la Administración Financiera del Estado, estamos autorizados como municipalidad de Asunción a poder utilizar como cuenta única”, explicó.

Finalmente, señaló que ya la CGR, en un dictamen del 2020. recomendó la reglamentación de la cuenta única en base al funcionamiento institucional; pero ahora, en el dictamen 2024, cuestiona su aplicación porque dicen que no corresponde y se debe remitir al Ministerio Público a los efectos de las investigaciones pertinentes.

“Al aplicarse la cuenta única se está respetando lo que establece la Ley de Administración Financiera y al mismo tiempo la carta orgánica autoriza su uso. Entonces, no está prohibido el uso de la cuenta única, es más se tiene que reponer como la misma ley exige, cuando se utiliza el dinero. Lo cual, entiendo que sí se está cumpliendo con esos parámetros. Existe una importante cantidad de obras culminadas y otras en proceso”, mencionó.

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La situación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) fue debatido por Gustavo Giménez, viceministro de Mipymes, y el economista Daniel Correa, ayer domingo en el programa “Fuego cruzado”, emitido por el canal GEN/Nación Media. El sector es considerado como un importante motor en materia económica y en la generación de empleo, pero sigue tropezando con innumerables dificultades.

Pobreza, desprotección social y menor capacidad de recaudación tributaria son algunos de los costos de la informalidad en la que se desenvuelve este sector de la economía paraguaya. ¿Cómo ir superando esta situación que afecta a las Mipymes? ¿Cómo blanquear lo que hoy está en negro en un mercado que, además, está mostrando signos de deterioro en los ingresos reales de sus ramas más dinámicas?

“En el último boletín de formalización que estuvimos presentando hace unos meses, encontramos que hay 450.000 mipymes. La Ley de Mipymes define que vos sos formal con tres cuestiones básicas, el Registro Único del Contribuyente (RUC), estar inscripto tanto en el Instituto de Previsión Social (IPS) y en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess)“, dijo el viceministro de Mipymes del Ministerio de Industria y Comercio, Gustavo Giménez.

Detalló que, de 450.000 mipymes, que representa un 98 %, solo 40.000 son formales. “Tenemos una brecha enorme, pero yo siempre quiero ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Tenemos que darle realmente herramientas a todas esas mipymes para que puedan percibir de que ser formal les conviene“, comentó.

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Agregó que el 88 % de las mipymes son microempresas, que capturan hasta G. 650 millones anuales, mientras que el 10 % son pequeñas empresas, con una facturación anual de entre G. 646 millones a G. 3.230 millones. El 2 % son medianas empresas, con ingresos de hasta G. 7.650 millones.

“Buscamos que la formalidad sea ágil, sea sencilla, no costosa y que sea digital para que no tenga que trasladarse a hacer trámites en entes públicos. Por el otro lado, tenemos el tema del acceso a financiamiento. El 60 % de esas 450.000 Mipymes no tienen una cuenta bancaria. Entonces, ahí nosotros tenemos que buscar la forma de incluirlas financieramente para que puedan recibir el financiamiento oportuno", refirió.

Giménez siguió manifestando que “si te ayudo a formalizarte, te doy acceso a financiamiento, el objetivo también debe ser que puedas facturar más, queremos darte negocios. Y ahí tenemos varias herramientas que estamos empezando a experimentar".

Añadió que una de ellas guarda relación con las compras públicas. “En la nueva ley de compras y suministros públicos, las mipymes tienen una reserva de mercado del 20 %. La primera experiencia, quizás, que estamos haciendo en la implementación de esto, tiene que ver con el programa Hambre Cero, donde logramos que aquellas 25 empresas ganadoras de licitaciones, obligatoriamente tienen que comprar a las mipymes y a productores de la agricultura familiar”, puntualizó.

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Por su parte, el economista Daniel Correa sostuvo que “el primer dato que se debe tener en cuenta es que 3 de cada 4 empleos creados en Paraguay, están en las micro, pequeñas y medianas empresas. El empleo puede ser tanto formal o informal",

Manifestó que el sector continua enfrentando “una maraña demasiado grande de procesos administrativos” que impiden su formalización. Aproximadamente el 60 % de las mipymes no tienen una cuenta bancaria, lo que les priva de financiamiento.

“A pesar de que hay hoy una cuenta básica, todavía el impedimento administrativo para que puedan acceder, ya sea con procesos administrativos todavía presenciales o de papeles, impiden a que rápidamente uno pueda crear y formalizar una empresa. Y ni qué decir, pasar al segundo paso que es el tema de la obtención del crédito. Que ahí hay todo un tema a través de cuán especializado están hoy los el sistema financiero para poder atender a esta a este a este segmento”, comentó.

Ante esta situación, Correa manifestó que la banca pública que arbitra y abre las puertas al mercado, no puede ser el gran financiador del sector. “¿La banca pública puede hacer su trabajo? Creo que puede hacer su trabajo, pero es limitado en términos de lo que debe atender y lo que debe hacer para que el sistema les atienda”. mencionó.

Las autoridades paraguayas aguardan la publicación del decreto anunciado por el Gobierno de Argentina, encabezado por Javier Milei, de los nuevos requisitos migratorios para extranjeros. Al respecto, señalan que analizarán que esta legislación no infrinja acuerdos, ni derechos de los ciudadanos, así como la integración de las naciones.

Durante una charla en el programa “Fuego cruzado”, que se emite por canal GEN/Nación Media, estuvieron como invitados la embajadora paraguaya en Argentina, Helena Felip, en comunicación por videollamada; y el director de Migraciones, Jorge Kronawetter.

Ambos coincidieron en señalar que aguardan la publicación del documento para llevar adelante un estudio más profundo y conocer así los alcances de las medidas adoptadas por el gobierno de Milei. No obstante, remarcaron que lo principal es evaluar que no afecte ni trasgreda acuerdos, ni ese sentimiento de integración que reina entre ambos países.

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La embajadora Felip comentó que lo que se anunció el viernes último fue sobre un decreto que aún no ha sido publicado, pero se habla de que está listo para la firma del presidente argentino Javier Milei.

Explicó que este tipo de decretos debe pasar por un trámite parlamentario, debido a que tendría alguna incidencia con respecto a la norma constitucional argentina en su artículo 20.

“Los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles de los ciudadanos, pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto, testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía y a pagar contribución forzosa extraordinarias y obtienen la nacionalización residiendo 2 años continuos en la nación”, precisó. Sumado a otras legislaciones y competencias; como en el caso de la Salud que es competencia de las Provincias.

“Estamos hablando de un espectro mucho más complejo, de lo que ahora se está analizando, en línea generales tendríamos que ver cuando el decreto sea publicado para conocer el contenido del documento, para poder analizarlo con mayor precisión”, acotó.

En tanto, el director de Migraciones, Jorge Kronawetter, indicó que la postura del Gobierno paraguayo es de una intención genuina de integración para el desarrollo de la región. Señaló que cualquier otra cuestión que atente contra este principio y contra todo el trabajo que se viene realizando al respecto se puede considerar de contramano.

Kronawetter remarcó que con la Dirección de Migraciones de la Argentina, desde hace tiempo vienen trabajando en varios proyectos, cuentan con una comunicación muy fluida. “Pero para hacer un análisis más profundo, coincido con la embajadora en señalar necesitamos contar con el decreto y conocer su contenido para saber qué alcances finalmente tendrá”, expresó.

Señaló que al hablar de seguro médico para los que ingresen al país podría ser comprensible para aquellos que ingresan y que permanecen más de 10 días; podría ser entendible la exigencia. Pero, cuestionó qué pasaría con aquellos que constantemente entran y salen del país, específicamente los que están en zona de frontera que a diario están cruzando la frontera y retornando al país en el mismo día, cuáles serían las medidas en ese caso es lo que se necesita conocer.

“Es necesario analizar la reglamentación y ver de qué manera va a afectar a nuestros compatriotas que cruzan la frontera diariamente, y sobre eso seguramente se estarán tomando las medidas desde Cancillería nacional. Porque esto no solo está afectando a los paraguayos sino a toda la colectividad extranjera que actualmente reside en la Argentina”, remarcó.

El director Kronawetter confirmó que en ningún otro país de la región existe la disposición de contar con seguro médico para ingresar a un país, como requisito migratorio. Si bien, en algunos países existe la exigencia del certificado de vacunación a lo mucho.

“Un seguro médico obligatorio como tal, si es algo novedoso en la región, pero debemos de analizar si eso realmente se exige a todos los extranjeros que crucen sus fronteras, o se establecerán plazos de permanencia para esta exigencia”, acotó.

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Asimismo, la embajadora Felip resaltó las excelentes relaciones que mantiene el gobierno Javier Milei con el Paraguay, recordando que recientemente visitó el país, si bien fue breve, fue con una agenda muy sustanciosa.

“Contamos con acuerdos en materia energética muy importantes, que estamos tratando de sacar en los próximos días. Esta agenda incluye temas energéticos tanto por el lado de Yacyretá como en el caso de gasoducto, que podría correr en forma paralela al Corredor Bioceánico. Estos son acuerdos muy importantes con la Argentina”, acotó.

Remarcó que además existen aspectos muy importantes en la agenda comercial y económica. Una diversidad de aspectos, que hace que todos esos temas mantengan un relacionamiento óptimo con el gobierno argentino.

Insistió que espera que el contenido del decreto que será publicado en los próximos días no afecte ni trasgreda acuerdos, ni ese sentimiento de integración que reina entre ambos países.

“No podría decir que esto es un gesto de enemista, son cuestiones que necesitan ser dialogadas entre dos Estados amigos, y que será eso mismo lo que se estará haciendo en los próximos días”, precisó.

Mencionó que están trabajando mucho en lo que es la diplomacia parlamentaria, ya que el 29 de mayo tendrán una reunión de la comisión conjunta parlamentaria Paraguay - Argentina en Buenos Aires. Indicó que este espacio que reunirá a diputados de ambos países, donde podrían abordar este tema por las fuerzas políticas.