El expresidente de la República y exsenador Fernando Lugo, de 72 años, viajó este jueves a Cuba con la finalidad de someterse a una evaluación médica en el marco de su rehabilitación tras el accidente cerebro vascular (ACV) que sufrió en agosto del año 2022 en su oficina en el Congreso Nacional.
Lugo se encuentra acompañado de su médico de cabecera, el exsenador Jorge Querey. De acuerdo a las informaciones trascendidas, permanecerá en el país caribeño por cuatro semanas para recibir opiniones y sugerencias sobre estrategias para una mejor rehabilitación.
Lugo ya había recurrido a la asistencia de médicos extranjeros en el proceso de su tratamiento y evolución. En setiembre del 2022 fue trasladado a clínica Fleni, localizada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
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En el vecino país, el líder de Frente Guasu atravesó tres etapas que fueron prioritarias en el proceso de su rehabilitación, de acuerdo a lo que señaló Querey, en su momento. Inicialmente se sometió a una estimulación neurológica, luego a una recuperación respiratoria y finalmente a una rehabilitación motora.
Días atrás, Lugo había mantenido un encuentro de despedida con quienes formaron parte de su primer anillo en la arena política. En la reunión participaron los exsenadores Hugo Richer, Sixto Pereira, Miguel Fulgencio “Kencho” Rodríguez, Jorge Querey, entre otros.
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EE. UU. restablece la política de máxima presión sobre Cuba
El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó ayer lunes un memorando que blinda su política de mano dura hacia Cuba, al mantener la prohibición del turismo a la isla e impedir transacciones financieras con Gaesa, un conglomerado en poder de los militares.
Cuba se halla bajo un embargo comercial desde hace más de seis décadas que Trump endureció durante su primer mandato (2017-2021) y que volvió a reforzar ayer lunes al confirmar lo que su jefe de la diplomacia, Marco Rubio, fue desgranando en los últimos meses.
Desde que regresó al poder en enero, el presidente republicano rescindió algunas medidas adoptadas por su predecesor demócrata Joe Biden, quien sacó a Cuba de la lista negra de países patrocinadores del terrorismo para propiciar una liberación de presos políticos.
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Con Trump en los últimos meses volvió a esa lista e incluyó a los cubanos entre los ciudadanos a los que restringió la entrada en Estados Unidos.
Biden también rescindió un memorando de 2017 que prohibía algunas transacciones financieras a una lista de entidades cubanas, una decisión que irritó a Rubio principalmente en lo que atañe a Gaesa, un conglomerado perteneciente a las fuerzas armadas cubanas.
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“Política robusta”
La declaración de ayer lunes “restaura y fortalece la política robusta hacia Cuba del primer mandato del presidente”, afirma la Casa Blanca.
El gobierno “pone fin a las prácticas económicas que benefician desproporcionadamente al gobierno cubano, a las agencias militares, de inteligencia o de seguridad, en detrimento del pueblo cubano”, señala.
Las transacciones financieras directas o indirectas con entidades controladas por el ejército cubano, como Gaesa y sus afiliados, están prohibidas, con excepciones en movimientos que beneficien a Estados Unidos o “apoyen al pueblo cubano”.
El Grupo de Administración de Empresas S.A. (Gaesa) es un holding estatal que controla compañías, cadenas de tiendas en dólares, almacenes en el puerto Mariel, el más importante de Cuba, e instituciones financieras como Rafin.
Tiene bajo su control al grupo Gaviota, que controlaba más de 50 hoteles, cinco marinas para yates, restaurantes, compañías aéreas, de renta de autos y taxis.
Bajo su paraguas también está la Corporación Cimex, que maneja 80 empresas en diversos sectores de la economía.
En el memorando destaca otra medida: Trump aplica la prohibición legal del turismo estadounidense a Cuba. Ya estaba prohibido, pero Biden aligeró la política de viajes en algunas categorías.
En adelante los republicanos velarán por su estricto cumplimiento con “auditorías regulares” y la obligación de llevar un registro de todas las transacciones relacionadas con viajes durante al menos cinco años.
En cuanto al embargo económico sobre Cuba, Trump se reafirma en esta política y se opone a los llamados en la ONU y otros foros internacionales para ponerle fin.
También mantiene el fin de la política “pies mojados, pies secos” que entre 1995 y 2017 permitía el ingreso a Estados Unidos de inmigrantes procedentes de la isla tan pronto como pisaran el territorio estadounidense.
“Conducta criminal”
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó el memorándum de “conducta criminal y violatoria de los #DDHH de toda una nación”, en un mensaje en la red social X en el que usa la abreviatura de derechos humanos.
Además de que ser “el obstáculo principal” al “desarrollo” de la isla, añadió.
Trump promete por el contrario apoyar al pueblo cubano mediante la expansión de servicios de internet y el fomento de un sector privado independiente. La declaración ordena además revisar los abusos de los derechos humanos en Cuba. “Exigiremos cuentas al régimen ilegítimo cubano y apoyaremos al pueblo cubano en su búsqueda de la libertad y la justicia”, escribió Rubio en X.
Fuente: AFP.
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Cuba siente de nuevo la mayor presión de la administración Trump
El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este lunes un memorando que blinda su política de mano dura hacia Cuba, al mantener la prohibición del turismo a la isla militar e impedir transacciones financieras con Gaesa, un conglomerado en poder de los castristas.
Cuba se encuentra bajo un embargo comercial desde hace más de seis décadas que Trump soportó durante su primer mandato (2017-2021) y que volvió a reforzar este lunes al confirmar lo que su jefe de la diplomacia, Marco Rubio, fue desgranando en los últimos meses.
Desde que regresó al poder en enero, el presidente republicano rescindió algunas adoptadas por su predecesor demócrata Joe Biden, quien sacó a Cuba de la lista negra de países patrocinadores del terrorismo para propiciar una liberación de presos políticos.
Con Trump en los últimos meses volvió a esa lista e incluyó a los cubanos entre los ciudadanos a los que restringió la entrada en Estados Unidos.
Biden también rescindió un memorando de 2017 que prohibía algunas transacciones financieras a una lista de entidades cubanas, una decisión que irritó a Rubio principalmente en lo que atañe a Gaesa, un conglomerado perteneciente a las fuerzas armadas cubanas.
La declaración de este lunes “restaura y fortalece la robusta política hacia Cuba del primer mandato del presidente”, afirma la Casa Blanca.
El gobierno “pone fin a las prácticas económicas que benefician desproporcionadamente al gobierno cubano, a las agencias militares, de inteligencia o de seguridad, en detrimento del pueblo cubano”, señala.
Las transacciones financieras directas o indirectas con entidades controladas por el ejército cubano, como Gaesa y sus afiliados, están prohibidas, con excepciones en movimientos que benefician a Estados Unidos o “apoyen al pueblo cubano”.
No al turismo
Destaca otra medida: Trump aplica la prohibición legal del turismo estadounidense a Cuba. Ya estaba prohibido, pero Biden aligeró la política de viajes en algunas categorías.
En adelante los republicanos velarán por su estricto cumplimiento con “auditorías regulares” y la obligación de llevar un registro de todas las transacciones relacionadas con viajes durante al menos cinco años.
En cuanto al embargo económico sobre Cuba, Trump se reafirma en esta política y se opone a los llamados en la ONU y otros foros internacionales para ponerle fin.
También mantiene el fin de la política “pies mojados, pies secos” que entre 1995 y 2017 permitió el ingreso a Estados Unidos de inmigrantes procedentes de la isla tan pronto como pisaron el territorio estadounidense.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó el memorándum de “conducta criminal y violatoria de los #DDHH de toda una nación”, en un mensaje en la red social X en el que usa la abreviatura de derechos humanos.
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Además de que ser “el obstáculo principal” al “desarrollo” de la isla, añadió.
Fuente: AFP
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Oficialismo chileno eligió a candidata comunista para las presidenciales
La comunista Jeannette Jara, exministra de Trabajo del gobierno de Gabriel Boric, ganó el domingo las primarias del oficialismo chileno, con lo que se convirtió en candidata a los comicios generales de noviembre próximo. Con el 99% de los votos contabilizados, Jara logró el 60% de los sufragios, según los datos oficiales del Servicio Electoral (Servel).
En segundo lugar llegó la centroizquierdista y exministra Carolina Tohá, con el 28% de las papeletas. Más atrás quedaron los diputados Gonzalo Winter (9%), del Frente Amplio, el partido de Boric; y Jaime Mulet (2,7%), del partido minoritario Federación Regionalista Verde Social. La ley chilena le prohíbe al presidente izquierdista Gabriel Boric, de 39 años, presentarse a un segundo mandato consecutivo.
Escoltada por los otros candidatos de las primarias, Jara llamó a la unidad de la centroizquierda para enfrentar a la derecha en las elecciones presidenciales. “Las diferencias no son un problema, son una oportunidad”, sostuvo Jara en su discurso del triunfo. “La historia de la democracia nueva de nuestro país, nos deja esa lección, con la labor que desarrollaron todos los expresidentes de Chile desde el retorno a la democracia”, afirmó en su mensaje en el que destacó figuras de la izquierda chilena como Salvador Allende, Michelle Bachelet y el mismo Boric.
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La jornada electoral, marcada por el frío invernal en buena parte del país, estuvo protagonizada también por una baja participación. Jara, abogada de 51 años y militante del Partido Comunista, surgió como opción presidencial luego de que en su gestión como ministra del Trabajo se logró reducir la semana laboral de 45 a 40 horas.
También impulsó y lideró las negociaciones para la aprobación de una esperada reforma de las pensiones. Criada en un barrio pobre del norte de la capital chilena, fue presidenta de la federación de estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile. Es la primera vez en la historia chilena que una amplia alianza política lleva a un integrante del Partido Comunista como candidato presidencial.
Baja participación
Un poco más de 1,4 millones de electores participó en estos comicios, pese a que eran más de 15 millones las personas que estaban habilitadas para votar, correspondientes a los inscritos en partidos del oficialismo e independientes. “La participación electoral es decepcionante para el oficialismo desde el punto de vista en que es inferior a la primaria de 2021” que enfrentó a Boric con el comunista Daniel Jadue y donde votaron más 1,7 millones de personas, dijo a la AFP Nerea Palma, académica de la Universidad Diego Portales.
En las primarias de hace cuatro años no estaba representado el sector del socialismo democrático, que ahora representaba Tohá, destacó Palma. Solo el oficialismo optó por concurrir a las elecciones primarias previstas en la legislación, organizadas por el Servel. Los otros sectores ya nominaron o designarán a sus candidatos en forma interna. Las primarias del domingo eran voluntarias, a diferencia de otras elecciones en el país que son obligatorias. Los únicos electores que no podían participar eran aquellos militantes de partidos de oposición.
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Enfrentar a la derecha favorita
Jara será la carta de la izquierda para enfrentar a los postulantes de oposición, el ultraderechista José Antonio Kast y la abanderada de la derecha tradicional Evelyn Matthei, favoritos en las encuestas. Precisamente la ahora candidata del oficialismo tiene el desafío de convertirse en un rostro competitivo contra los de la derecha y escalar en los sondeos, para tener opciones de llegar a una segunda ronda presidencial.
Si bien “era mejor candidata Tohá para enfrentar a la derecha”, a partir de ahora todo comienza de cero y “dependerá de cómo Jara construya la campaña”, explicó a la AFP Mireya Dávila, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Hay que ver cómo será “su relación con la centroizquierda y especialmente con su partido (el Comunista), al que tendrá que controlar para no tener una fuga de votos hacia la derecha”, destacó la experta.
Los postulantes de otros sectores tienen plazo hasta el 18 de agosto para inscribirse ante el Servel. La primera vuelta de las elecciones presidenciales se realizará el 16 de noviembre. En caso de que ninguno de los candidatos supere el 50% de los sufragios, los dos más votados deberán disputar un balotaje el 14 de diciembre.
Fuente: AFP.
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Exlegislador rechaza elevar penas y pide políticas de reinserción para jóvenes
El exsenador liberal Fernando Silva Facetti expresó su rechazo a los proyectos de ley que plantean elevar las penas para los adolescentes que cometan crímenes. El abogado considera fundamental trabajar en políticas públicas que garanticen la reinserción social.
“No considero factible elevar las penas, los crímenes de adolescentes son casos aislados, la realidad es que la mayoría de los casos son hechos punibles por adolescentes en situaciones de calle y adicciones, así también adolescentes de pueblos originarios (hurto, hurto agravado, robo, tenencia de droga), no existe un centro de rehabilitación”, sostuvo en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
Facetti manifestó que “sin política de reinserción los adolescentes crecerían alejados de su círculo cercano y al salir no tendrían grupo de apoyo que realice la reinserción, pues el adolescente al hacerse mayor y salir en libertad no encontraría ningún grupo de contención y hacerse mayor en reclusión inclusive sería contraproducente con su desarrollo y crecimiento, estar más tiempo recluido sería más difícil aun su reinserción“.
Actualmente existen tres proyectos de ley en el Congreso que apuntan a castigar con dureza los crímenes cometidos por menores. Uno de ellos fue presentado por el senador Javier Zacarías, que propone elevar la pena carcelaria para los menores de edad de 8 a 15 años.
Mientras que el segundo proyecto pendiente de tratamiento en el Senado fue presentado por José Oviedo, que plantea aumentar las penas de 8 a 20 años. La última iniciativa fue presentada por el diputado Rubén Rubin, que propone elevar la pena máxima por homicidio a cadena perpetua y que los adolescentes de desde 15 años sean juzgados como adultos.
“Debería existir un ministerio o una institución estatal especializada en reinserción de adolescentes. El Ministerio de la Niñez y el Ministerio de Justicia no tienen la capacidad a nivel país del abordaje integral, no existe aun en el Paraguay una institución que pueda brindar un abordaje integral para aquellos adolescentes infractores que necesiten estudiar, capacitarse, rehabilitarse. Que en mayoría son adolescentes en situación extrema de vulnerabilidad sin familia ni grupos de contención familiar", comentó.
El exlegislador insistió que la problemática requiere de un “abordaje interinstitucional real”. “Que el adolescente infractor tenga a donde ir y no quede en situación de calle y expuesto a reincidir en la delincuencia juvenil. Se debe implementar acciones con centros de rehabilitación de adicciones, centro de profesión, tecnicaturas, deporte y arte, hogar para adolescentes infractores sin familia”, indicó.