Diputados del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) presentaron un proyecto de ley que declara emergencia hortícola nacional por un periodo de 120 días prorrogables con la finalidad de asistir a pequeños y medianos productores tras las bajas temperaturas registradas en las últimas semanas.

La iniciativa insta al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a aplicar de manera urgente un plan de mitigación y recuperación, el cual debe establecer el otorgamiento de subsidios y líneas de créditos blandos, la reposición de plantines, semillas, insumos agrícolas y asistencia técnica para la recuperación de los cultivos.

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El proyecto también autoriza al Ejecutivo a impulsar las modificaciones presupuestarias necesarias para financiar el plan, así como gestionar recursos adicionales de organismos multilaterales.

Los proyectistas Diosnel Aguilera, María Constancia Benítez, Adrían “Billy” Vaesken y Arnaldo Valdez, sostienen que el proyecto tiene como objetivo proteger el tejido económico productivo, los ingresos rurales y garantizar el acceso a alimentos a precios razonables para la población urbana.

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La comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo, tiene en agenda para este lunes 21 de julio, la visita de los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón. Además, al viceministro de Mipymes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Gustavo Ramírez.

Esta mesa asesora, que está presidida por el diputado colorado Héctor Figueredo, estará analizando los proyectos “Que establece el régimen de depósito judicial de títulos de crédito o documentos originales en el marco de los procesos civiles ante los juzgados y tribunales de la República” y “Que crea el Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito”.

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La iniciativa referente a un registro nacional de pagarés fue presentada por los diputados colorados José Rodríguez; Rocío Abed; Derlis Rodríguez; Cristina Villalba y Fabiana Souto. Además, acompaña como proyectista el diputado liberal Rodrigo Blanco.

El primer proyecto a ser analizado busca establecer el régimen de depósito judicial de títulos de crédito o documentos originales, en el marco de los procesos civiles ante los juzgados y tribunales de la República. La propuesta contempla la modificación de varios artículos del Código Procesal Civil.

De acuerdo a la exposición de motivos, uno de los puntos centrales apunta a que los títulos de crédito ejecutables, como pagarés o letras de cambio, deban ser depositados ante el juzgado competente al inicio del juicio.

De esta manera, los legisladores plantean garantizar que dichos documentos no puedan ser utilizados en múltiples demandas.

La propuesta también impone la obligación de que el juez determine el destino final del documento al dictar sentencia, lo que impedirá que sea utilizado en un nuevo proceso sin control.

Mientras que en la propuesta que plantea crear el Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito, es una iniciativa que podría traer cambios importantes al mercado financiero y comercial del país, según señalan sus impulsores.

Al respecto, explican que este sistema busca ofrecer mayor seguridad jurídica y transparencia en la emisión y circulación de documentos como pagarés, letras de cambio y otros títulos que representan obligaciones de pago.

Asimismo, explican que el proyecto de ley pretende establecer un registro público, digital y accesible, donde se inscriban todos estos documentos, permitiendo así que los titulares puedan acreditar la existencia y titularidad de sus créditos con mayor facilidad.

La normativa pretende facilitar las transacciones comerciales, reducir los fraudes y fortalecer la confianza entre las partes involucradas.

Ambos proyectos están en etapa de discusión en comisiones, donde se espera que se analicen los detalles técnicos y se incorporen observaciones para garantizar la correcta implementación.

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El diputado colorado Rodrigo Gamarra solicitó al pleno que se apruebe la propuesta de resolución por la cual piden informes al Viceministerio de Transporte Público, dependiente de Obras Públicas, sobre el nivel de cumplimiento de las empresas de transporte público con las disposiciones de la Ley 6789.

La iniciativa que fue aprobada sobre tablas hace referencia a la legislación vigente desde el 2021, por la cual establece la cancelación de la licencia, itinerario y subsidio a las empresas del transporte público infractores de la Ley.

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El objetivo de esta ley vigente es establecer causales y sanciones de rescisión de contratos e itinerario a las empresas del transporte público de las zonas y áreas metropolitanas que no cumplen con las leyes vigentes.

Al respecto, el legislador argumentó que este pedido de informe surge en respuesta al significativo aumento de denuncias y quejas de los usuarios sobre la calidad del servicio, con problemas recurrentes, como mal estado de los vehículos, falta de puntualidad y escasa capacitación de los conductores, además de muchos casos de caídas de pasajeros en algunos casos con derivación fatal.

Con esta medida se pretende evaluar si las empresas están cumpliendo con las normativas y estándares requeridos de manera a ofrecer un servicio eficiente y seguro a los usuarios del transporte público, en su gran mayoría estudiantes y trabajadores, expresa parte del proyecto.

“La implementación efectiva de la Ley 6789 podría significar una mejora considerable en la calidad del transporte público, que redundaría en beneficio de los usuarios, que es precisamente lo que se pretende”, explicó ante la plenaria el legislador proyectista.

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La Comisión Transitoria para Investigación de Lavado de Activos y Delitos Contra el Patrimonio, presidida por el senador liberal Dionisio Amarilla, entregó este lunes a la Presidencia de la Cámara Alta su informe final.

“Hemos cumplido con la misión. Nosotros habíamos trazado los ejes de investigación, el primero guardaba relación con el financiamiento político, la Justicia Electoral había accedido a datos sobre fondos que fueron a los partidos y candidatos políticos desde las oenegés. La otra guardaba relación con el lavado de activos a través del tráfico de armas y el sistema financiero. Con esto confirmamos que el Congreso tiene un rol relevante en efectuar la tarea de control“, comentó Amarilla en una entrevista con los medios de comunicación.

Agregó que el informe final también emite una serie de recomendaciones para diversas instituciones como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Contraloría General de la República (CGR), la Fiscalía entre otros. “Son recomendaciones de mejoras de gestión, no está en nuestro ánimo interferir en los trabajos que hacen estas instituciones que tienen su carta orgánica, autoridades, lógica y dinámica de acción, pero hay cuestiones que se pueden mejorar”, dijo.

Entre los puntos más resaltantes discutidos fue la necesidad de establecer un control riguroso sobre los fondos manejados por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), tanto los recibidos del interior como del exterior, teniendo en cuenta las sospechas de que los recursos terminaron siendo utilizados para costear campañas políticas.

Durante el proceso de las indagaciones algunas de las organizaciones sin fines de lucro se negaron a contestar a la comisión sobre el uso que le dieron al dinero público. De un total de 12.000 organizaciones sin fines de lucro, apenas 6.000 tienen sus documentos en regla, según se reveló.

Durante su vigencia, la comisión también se interiorizó sobre el contrato de fideicomiso firmado entre la previsional y el Banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo por valor de G. 828.000 millones, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. La millonaria suma debió ser utilizada exclusivamente para obras: la terminación de Hos­pital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hema­to-Oncológico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.

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Mediante una consultoría externa impulsada por la actual administración del IPS se detectaron desvíos en la utilización de los fondos para obras no previstas dentro del contrato, incumplimiento de cláusulas contractuales, descalce financiero debido a obras no contempladas inicialmente y la firma de certificados de obras por funcionarios no autorizados.

Entre los grandes temas que fueron indagados por la comisión se encuentran las denuncias impulsadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que pudieran afectar a bancos y financieras por posibles hechos punibles de lavado de activos. Respecto a este caso, también estuvo en la mira la citada entidad bancaria.

Esto teniendo en cuenta la existencia de causas judiciales abiertas por presunto lavado de dinero que involucra al banco Atlas y al fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.

El Banco Atlas acordó con Leoz la constitución de millonarios fideicomisos cuando ya existía sobre el dirigente una orden de captura internacional con fines de extradición, emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por lavado de activos entre otros delitos. Desde la Conmebol refieren que la entidad bancaria no activó las debidas diligencias establecidas por las normas vigentes para el combate al lavado de dinero.

También el bloque bicameral se interiorizó sobre el intento de despojo de la estancia Cielo Azul, por parte del Grupo Zuccolillo. La propiedad perteneciente al narco brasileño Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, se encuentra localizada en el distrito de Paso Barreto, departamento de Concepción, cuenta con 5.945 hectáreas y está valuada en USD 18 millones.

También fue objeto de estudio el caso del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista. El dirigente político de Amambay, sindicado de mantener vínculos con el narcotráfico había asegurado que aportó USD 1 millón para costear la campaña política del movimiento Fuerza Repu­blicana, del exmandatario Mario Abdo Benítez.

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