El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) solicitó un aumento presupuestario de un poco más de G. 218 millones correspondiente al ejercicio fiscal 2024, para el fortalecimiento de la institución. La presidenta del Jurado, Alicia Pucheta, compareció en la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria de la Cámara de Diputados.

Pucheta argumentó el pedido de aumento presupuestario para el presente año ante la comisión asesora, señalando que este presupuesto será destinado a otorgar el rango de dirección general a tres áreas del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

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“Es para que puedan tener el rango de dirección general, tres son esas direcciones que van a potenciar, van a fortalecer al Jurado de Enjuiciamiento por su propia atribución de competencia, que es la parte misional, por ejemplo, lo que hace a los fiscales acusadores”, explicó al término de la reunión.

Una de estas áreas tiene que ver con los fiscales acusadores, estos intervienen en las situaciones en las que el Jurado interviene de oficio en algunas circunstancias. “Cuando no existe un acusador que hace esa denuncia al Jurado o representante de la Cámara de Diputados, senadores, fiscal general del Estado, defensor del pueblo, entonces ante esa situación, una vez cumplido con los plazos que establece la ley, interviene de oficio”, indicó.

Agregó que elevar al rango de dirección general esta área tiene que ver con el aspecto misional que es una función que debe ser autónoma, independiente, por lo que el objetivo es fortalecer la institución.

La dirección de planificación y desarrollo, también es otra de las áreas que se pretende elevar al rango de dirección general. “En todas las instituciones, esa dirección es importante, porque se elaboran proyectos que se hacen realidad a corto, mediano y largo plazo, y hay continuidad”, mencionó Pucheta.

También citó al área de la impunidad y también al control, y la atención a la ciudadanía. “Esa dirección general que sería el de trasparencia y anticorrupción, es la que hace el monitoreo del desempeño de todos los funcionarios y funcionarias de la institución, y también en lo que refiere a la recepción de las denuncias de la ciudadanía que se hacen todos los días, y ahora a la fecha tenemos 470 llamadas que se han hecho de toda la República con relación a esa oficina de denuncias”, sentenció.

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Las máximas autoridades del Congreso Nacional, el senador Basilio “Bachi” Núñez y el diputado Raúl Latorre encabezaron la instalación de la Comisión Bicameral de Presupuesto 2025 con el fin de analizar el plan de gastos presentado por el Poder Ejecutivo el pasado 30 de agosto, equivalente a unos G. 132,9 billones, o lo que serían USD 17.557 millones.

Durante la sesión preparatoria fueron electos por sus pares la diputada Cristina Villalba para la presidencia de la comisión. Mientras que la vicepresidencia será presidida por el senador Silvio “Beto” Ovelar. Ambos parlamentarios militan en el oficialismo colorado.

Asimismo se definió que la comisión sesionará los días lunes desde las 10:00 hasta las 18:00 para abordar los requerimientos de las diferentes instituciones del Estado. A la vez se aclaró que, si fuera necesario, los jueves podrían también ser convocados los integrantes del bloque.

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En la ocasión, el senador liberal Líder Amarilla planteó la creación de subcomisiones para el tratamiento del PGN, sin embargo la propuesta no prosperó. Mientras que su colega Hermelinda Alvarenga solicitó responsabilidad y compromiso para abordar la iniciativa donde se asignan los recursos públicos a las entidades para el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo económico y social.

“Hablando somos espectaculares, pero trabajando no tanto. Es una verdadera vergüenza que cuando vienen las instituciones pequeñas nadie está”, afirmó durante su intervención. El PGN 2025 viene con un incremento del 14 % respecto a lo aprobado para este 2024, un aumento de más de USD 2.000 millones.

El plan de gastos para el 2025 se divide en 2 grandes segmentos. Por un lado, la Administración Central que incluye al Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo y los órganos de control. Por otro lado, las entidades descentralizadas que tienen gran prioridad. El incremento total es poco más de los USD 2.000 millones, concentrado preferentemente en un 52 % en las entidades descentralizadas, específicamente, en tres instituciones, como el Banco Nacional de Fomento (BNF), la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y el Instituto de Previsión Social (IPS).

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La presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alicia Pucheta, solicitó copias completa del expediente caratulado “Banco Río S.A.E.C.A. c/ Sergio Luiz Tosetto s/ Acción Ejecutiva” en el que la jueza en lo civil y comercial Nilda Concepción Benítez Caballero fue denunciada por mal desempeño en sus funciones.

Una vez que se remitan las copias del expediente judicial, los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deberán estudiar si corresponde iniciar el enjuiciamiento contra la magistrada. Los integrantes del JEM son Alicia Pucheta, Orlando Arévalos, Derlis Maidana, Enrique Berni, Manuel Ramírez Candia, Alejandro Aguilera, César Garay y Mario Varela. Los mismos tendrán que estudiar si corresponde enjuiciar a la citada magistrada.

Días atrás el rematador público Raúl Sosa Navarro formuló acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en contra de Nilda Concepción Benítez Caballero, jueza en lo civil y comercial 4to Turno de la ciudad de Encarnación, Itapúa.

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En la denuncia presentada por Sosa Navarro ante el órgano juzgador de magistrados, refiere que el 18 de julio del presente año, estaba programada la subasta pública ordenada en el expediente caratulado “Banco Río S.A.E.C.A. c/ Sergio Luiz Tosetto s/ Acción Ejecutiva que se tramita ante la referida magistrada, pero al revisar el expediente se encontró con una providencia de suspensión de la subasta emitida en respuesta a una solicitud de suspensión presentada por Daniela Tosetto Casaril, sucesora del Sergio Luiz Tosetto, quien había comunicado el fallecimiento del demandado mediante el acta de defunción adjunta.

Asimismo, el escrito de acusación refiere que “la jueza Nilda Concepción Benítez Caballero, en una clara muestra de negligencia y omisión de sus deberes, ordenó la suspensión de la subasta sin observar lo estipulado en el Art. 167 del Código de Organización Judicial (C.O.J.), que establece que el peticionante de la suspensión de un remate deberá consignar la suma que el juzgado fije para el reembolso al rematador de los gastos de publicación o transporte de las cosas, más el cincuenta por ciento de la comisión que le correspondería de haberse llevado a cabo la subasta”, señala el documento.

Igualmente dice el escrito que “el accionar de la magistrada generó un perjuicio económico significativo, superando los G. 20 millones debido a los costos asociados con la publicación de edictos realizada en un medio escrito.

“El daño económico ocasionado no solo se limita a los costos directos de publicación, sino que también ha afectado mi reputación profesional y la de mis colegas, creando un entorno de desconfianza e incertidumbre en el ejercicio de nuestra profesión. La falta de consideración por parte de la magistrada y el incumplimiento de los procedimientos legales han puesto en riesgo la credibilidad y el prestigio de nuestro desempeño en el ámbito profesional”, refiere.

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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados rechazó la acusación y archivó la denuncia que se hizo contra la jueza de paz de Trinidad, Gloria Machuca, quien fue acusada por presunto mal desempeño en sus funciones por el empresario Cristián Chena a través de sus abogados.

Con la determinación resuelta por el órgano juzgador de magistrados, se confirma que la magistrada Machuca actuó conforme a derecho al resolver hacer lugar a la demanda que se presentó contra Chena, quien fue encontrado culpable de haber cometido violencia contra la mujer, delito establecido en la Ley 5777/16, cuya víctima es Gisele Zuni Mousques. Es más, la referida magistrada puede iniciar acciones legales en el fuero civil y comercial para exigir indemnización a Cristian Chena.

Los integrantes del JEM son Alicia Pucheta, Orlando Arévalo, Manuel Ramírez Candia, César Garay Zuccolillo, Derlis Maidana, Enrique Berni, y Alejandro Aguilera.

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La sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros César Diesel, quien tras el sorteo salió preopinante, Víctor Ríos y Gustavo Santander, debe estudiar si corresponde dar trámite a la acción de inconstitucionalidad pro­movida por Gisele Mousques.

Mousques recurrió a la máxima instancia judicial para dejar sin efecto la resolución de la jueza Rosana Frutos, quien actuó en grado de apelación y revocó el fallo de la jueza de Paz Gloria Machuca, quien había admitido la denuncia por violencia contra la mujer por parte del empresario Cris­thian Chena y la firma Resumen de Noticias.

El ministro Diesel es el preopinante sobre la admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad presentada por Mousques. A su vez, se tendrá una resolución de la sala constitucional de la Corte sobre si se anula el fallo de la jueza Frutos y queda firme la resolución de primera instancia, donde se ha encontrado responsable de violencia contra la mujer a Chena.

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