El presidente de Dipu­tados, Raúl Latorre, resaltó ayer la media sanción que tuvo en la Cámara Alta el proyecto de ley de la Función Pública y Servicio Civil, que plantea reglamen­tar el sistema de trabajo de los funcionarios públicos.

“Nosotros entendemos que el Servicio Civil es una ley paradigmática, entendemos el espíritu del Poder Ejecutivo que es el de generar un mejor ordenamiento con respecto a la gestión del talento humano en la República del Paraguay”, indicó Latorre.

Sobre el tratamiento de la ley por la Cámara de Diputa­dos, Latorre manifestó que oportunamente plantearán el tema en la mesa directiva y allí se decidirá el momento para considerar la normativa.

Mientras el diputado liberal Jorge Ávalos Mariño dijo que esta ley debe ser revisada ya que fue atacada por varias ins­tituciones que alegan incons­titucionalidad.

“A partir de lo aprobado ayer vamos a revisar. A priori lo que hay que modificar es la ley actual de la Función Pública “, señaló el diputado.

El proyecto de ley de la Fun­ción Pública y Servicio Civil es una propuesta del Poder Eje­cutivo y que durante su tra­tamiento parlamentario tuvo algunas modificaciones por parte de los senadores.

En principio la normativa excluye a los poderes Judi­cial y Legislativo, pero desde el Congreso aseguran que opor­tunamente se establecerán la reglamentaciones que tam­bién regirán para los funcio­narios de estos poderes del Estado.

El proyecto de ley esta­blece el concurso público como el único mecanismo de ingreso a la función pública, con excepciones para los cargos electivos y de confianza. También con­templa el periodo de prueba de seis meses para la evaluación y posterior estabi­lidad laboral.

En cuanto a los empleados contratados se prevé un régimen especial que garan­tiza la estabilidad laboral tras diez años de servicio ininterrumpido y derechos laborales como vacaciones, aguinaldo y acceso a la segu­ridad social, conforme al presupuesto vigente.

Para los directivos públi­cos, el proyecto establece que serán seleccionados mediante concurso público, con un periodo de tres años y un límite de nueve años de permanencia. Y otros varios beneficios para los funcio­narios del Estado, según los senadores que votaron a favor de la ley.

Sectores de la oposición afirman que la Ley del Servicio Civil “es un gran avance”.

El senador del movimiento Yo Creo, José Oviedo, se refi­rió sobre la media sanción otorgada por la Cámara Alta a la iniciativa de reforma la carrera del servicio civil impulsada por el gobierno del mandatario Santiago Peña que tiene como fin iniciar un sistema de jerarquización del funcio­nariado público, princi­palmente en el ámbito del Poder Ejecutivo.

“Se trabajó bastante con el frente sindical, con varias organizaciones. Lo que se percibe es que hay un mayor consenso sobre este proyecto con relación a otras iniciativas impor­tantes. Ayer aprobamos casi por unanimidad, sola­mente una senadora votó en contra”, manifestó a la 1020 AM.

El proyecto aprobado por los senadores y remitido a Dipu­tados para su estudio esta­blece el concurso público como el único mecanismo de ingreso a la función pública, con excepciones para los cargos electivos y de confianza. También contempla un período de prueba de seis meses para la evaluación y posterior esta­bilidad laboral.

“Una ley no va a solucionar todos los problemas estruc­turales que tenemos en la función pública, pero es un gran avance. Esta es una iniciativa necesaria, ya que debemos tener una ley que rija a la función pública y que establezca la estruc­tura de una carrera civil”, comentó Oviedo.

En cuanto a los emplea­dos contratados, se prevé un régimen especial que garantiza la estabilidad laboral tras diez años de servicio ininterrumpido y derechos laborales como vacaciones, aguinaldo y acceso a la seguridad social, conforme al presu­puesto vigente.

La gerente de Gestión Financiera del Estado del Ministerio de Eco­nomía y Finanzas (MEF), Teo­dora Recalde de Spinzi, men­cionó que la obtención del grado de inversión por parte de Paraguay es una clara señal de confianza en la estabilidad y sostenibilidad de la gestión financiera del país, lo cual for­talece su estrategia de desa­rrollo sostenible. Lo dijo en el marco del 51.° Seminario Internacional de Presupuesto Público, que se desarrolla en Buenos Aires desde el martes hasta ayer, organizado por la Asociación Internacional de Presupuesto Público (ASIP), con el apoyo de la Organi­zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Recalde fue parte de la con­ferencia “Desafíos para la gestión presupuestaria para mejorar la inversión pública en América Latina y el Caribe y la experiencia de los países de la OCDE”, ocasión en la que resaltó que la obtención del grado de inversión es resultado de un esfuerzo sostenido por mejorar la eficiencia y trans­parencia en la administración pública.

“Este no es solo un reconoci­miento, sino una oportunidad para consolidar un modelo de desarrollo responsable y equitativo en el largo plazo”, dijo. Al tiempo de remarcar el impulso en la inversión pública, en sectores estraté­gicos como infraestructura, educación, salud y tecnología, que no solo elevan la calidad de vida de los ciudadanos, sino también potencian la econo­mía y reducen las brechas sociales.

En su ponencia, la funcio­naria expuso los avances de Paraguay en el contexto de las inversiones, mediante herra­mientas y reformas para mejo­rar la eficiencia como el Plan Nacional de Desarrollo 2030 y el Plan 2050, que guiarán las prioridades estratégicas de la nación. Reconoció que persis­ten desafíos, como el fortaleci­miento del monitoreo de pro­yectos y la implementación de evaluaciones para la toma de decisiones.

Así también el Presupuesto por Resultados (PpR) y una nueva estructura presupuestaria, que permiten una asignación de recursos más efectiva, la Ley n.º 6380/19 de Modernización del Sistema Tributario Nacio­nal, y la Ley de Suministros y Compras Públicas de 2022, que impulsan el uso de tecnologías digitales para mejorar la traza­bilidad de los proyectos.

El Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley que “sustituye, modifica e incorpora varias disposiciones del régimen legal del Instituto de Previsión Social”, con lo cual pretende cambiar varios artículos de la Carta Orgánica de la previsional. Entre esas modificaciones se plantea las condiciones para la jubilación en el IPS, entre ellas un nuevo método para el cálculo de los haberes jubilatorios.

Al respecto, el presidente del IPS, Jorge Brítez, explicó este jueves que el cambio del cálculo jubilatorio para el asegurado de la previsional beneficiará a la Caja del ente y para la atención del asegurado. Indicó que busca que los aportantes sinceren sus aportes; para ello, plantean que el cálculo se realice conforme a los 10 últimos años, es decir, 120 últimos meses de aportes y ya no conforme a los 36 últimos meses (tres años) de aportes.

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“De tal forma, que la gente se sincere en sus aporres mensuales. Hoy lo que ocurre es que el 80 % de los asegurados que están aportando con base al salario mínimo, pero llegado los 3 años antes de jubilarse comienzan a aportar sobre su salario real y entonces se produce un desfasaje en los aportes jubilatorios, porque cuando se jubilan lo hacen por dos o tres salarios mínimos, esto ocurre porque no hay sinceridad en los aportes”, explicó.

Asimismo, el doctor Brítez indicó que se está solicitando que el 2,5 % del aporte que hace el IPS, distribuidos entre 1,5 % Ministerio de Salud Pública y el 1 % al SNPP, que son aportes genuinos de los asegurados, queden en la institución, teniendo en cuenta la situación crítica en la que se encuentra la previsional. “Es una de las alternativas que hemos analizado para recaudar más, con eso se estaría recaudando unos 100 millones de guaraníes o más”, precisó.

El titular del IPS aseguró que desde que asumieron la administración de la previsional han venido trabajando sobre estas ideas con la administración central, trabajando más de un año en este tema. Indicó que la gente de cálculos actuariales han estado trabajando a fondo en esto, realizando los cálculos con la gente del Ministerio de Economía y Finanzas, la cual hizo los análisis correspondientes.

“Se logró llegar a un cálculo promedio y equitativo, en el que prácticamente se concluyó que será lo mismo, pero que sincerando los aportes, se logrará mejorar incluso la recaudación que tendrá el IPS, porque se sincerarán los aportes mucho antes de los salarios de los asegurados”, indicó.

Asimismo, aseguró que el cálculo para la jubilación se hará conforme al salario mínimo vigente al momento de su jubilación.

“No va haber ninguna pérdida, porque el cálculo se va hacer 7/3, es decir, se hace en base a los 3 últimos años se va promediar el salario, pero se toma 7 años antes para tomar en cuenta el aporte. Según los cálculos que hicimos nosotros, e igualmente el Ministerio de Economía, prácticamente el cálculo es el mismo. El que está aportando sobre salario mínimo, se va jubilar con el salario mínimo actual”, concluyó.

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El senador del movimiento Yo Creo, José Oviedo se refirió sobre la media sanción otorgada por la Cámara Alta a la iniciativa de reforma la carrera del servicio civil impulsada por el gobierno del mandatario Santiago Peña que tiene como fin iniciar un sistema de jerarquización del funcionariado público, principalmente en el ámbito del Poder Ejecutivo.

“Se trabajó bastante con el frente sindical, con varias organizaciones. Lo que se percibe es que hay un mayor consenso sobre este proyecto con relación a otras iniciativas importantes. Ayer aprobamos casi por unanimidad, solamente una senadora votó en contra”, manifestó a la 1020 AM.

El proyecto aprobado por los senadores y remitido a Diputados para su estudio establece el concurso público como el único mecanismo de ingreso a la función pública, con excepciones para los cargos electivos y de confianza. También contempla un período de prueba de seis meses para la evaluación y posterior estabilidad laboral.

“Una ley no va a solucionar todos los problemas estructurales que tenemos en la función pública, pero es un gran avance. Esta es una iniciativa necesaria, ya que debemos tener una ley que rija a la función pública y que establezca la estructura de una carrera civil”, comentó Oviedo.

En cuanto a los empleados contratados, se prevé un régimen especial que garantiza la estabilidad laboral tras diez años de servicio ininterrumpido y derechos laborales como vacaciones, aguinaldo y acceso a la seguridad social, conforme al presupuesto vigente.

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Para los directivos públicos, el proyecto establece que sean seleccionados mediante concurso público, con un periodo de tres años y un límite de nueve años de permanencia. Los actuales directivos que ocupan puestos sin carácter de confianza podrán continuar en sus cargos hasta que se realicen los concursos necesarios para su cobertura.

Sobre las pasantías, el proyecto aclara que estas no crean vínculo laboral, ni permiten cubrir vacantes o reemplazar personal. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), será responsable de diseñar las políticas de remuneración para el servicio civil, teniendo en cuenta el impacto fiscal y la eficiencia del gasto.

“No creo que surjan muchas modificaciones en Diputados”, dijo el parlamentario con relación a su próximo estudio en la cámara revisora. A la vez abogó por la inmediata sanción y promulgación de la iniciativa.

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