Soledad Blanco, quien fungía como asesora de la exsenadora Kattya González, presentó su renuncia al cargo este viernes a la dirección de Recursos Humanos del Senado, dos días después de que la legisladora encuentrista perdiera su investidura por mayoría de votos. Las denuncias por presunto planillerismo de Blanco fue una de las causales para sacar a la parlamentaria de la Cámara Alta, acusada de tráfico de influencias.
De acuerdo a los documentos y denuncias presentados en el libelo acusatorio, González había encubierto un caso de planillerismo vinculado a Blanco, al firmar los documentos de asistencia de su asesora, cuando esta en realidad no fue a trabajar a la sede legislativa, sino que se hallaba en una playa en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, según los datos de la Dirección Nacional de Migraciones y las fotos publicadas por la misma en sus redes sociales.
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El pasado 13 de febrero, líderes estudiantiles denunciaron ante el Ministerio Público, no solo a la exparlamentaria, sino también a Blanco y a José Torales, extitular del Partido Encuentro Nacional, por presunto planillerismo. Los jóvenes sostienen que la acusación no se encuentra motivada por sectores políticos sino por sus convicciones de luchar contra la corrupción.
Blanco integró la frondosa lista de candidatos a diputados por la Alianza Encuentro Nacional, que Kattya González encabezó dentro de la Concertación Nacional en apoyo a Efraín Alegre y Soledad Núñez, pero que terminó registrando uno de los peores fracasos para la oposición en las elecciones generales del 30 de abril de 2023. Tras dicha frustración electoral, la excandidata igual entró al Congreso Nacional como parte del equipo de la ahora exsenadora.
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Senado obró “de manera transparente” en expulsión de Kattya González, ratifica legislador
Tras la recomendación realizada por el Ministerio Público sobre el proceso llevado a cabo por el Senado para la pérdida de investidura de Kattya González y ante la espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia, surgieron interrogantes respecto a si la exlegisladora volvería o no a la Cámara Alta. Sobre este punto, el senador Dionisio Amarilla ratificó que la expulsión de la misma se ciñó a las normas vigentes.
“El seno de la Cámara de Senadores de manera transparente ha obrado en aquella ocasión y quienes decían que la senadora no debía ser removida ni siquiera quedaron en el pleno para argüir a favor de ella los fundamentos que ella tampoco lo hizo. Para mí es un capítulo cerrado lo de la desvinculación por las vías pertinentes de la senadora”, sentenció.
Amarilla recordó que el 14 de febrero, día en que el Senado estudió la destitución de González, el libelo acusatorio detalló los hechos que se habían encontrado y que motivaron el pedido de destitución. Asimismo, también se le otorgó el derecho a la defensa, tal y como establece la ley que reglamenta el proceso de pérdida de investidura.
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“Yo no creo que el pleno de la Corte ni tenga prisa o desconozca los argumentos que se esgrimieron y documentaron en el proceso sumarial para destituir a la senadora González”, sostuvo. La legisladora fue expulsada de la Cámara Alta por el voto de 23 senadores, quienes concluyeron que la misma cometió el hecho de tráfico influencias.
“La Corte no ha obrado a tambor batiente y no creo que lo haga ahora. Llegado el momento, nosotros estaremos estudiando el dictamen en el caso que se dé el extremo de que recomienden reponerla, pero no creo que se dé tal cosa, difícilmente lo hagan”, expresó el senador, quien mencionó que quienes integran la CSJ son personas preparadas que no se dejan influenciar por las presiones de medios de comunicación que abogan por el retorno de González al Senado.
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PLRA: mocionan que titular deje el cargo para postularse a nuevas elecciones
Intendentes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) coinciden que uno de los temas centrales en el estudio de la Reforma del Estatuto partidario con relación a la elección de candidaturas para la Presidencia de la República.
En ese sentido, sostienen que debe establecerse que el presidente de la nucleación política debe indefectiblemente apartarse del cargo, ya sea por renuncia o pedido de permiso, para postularse al cargo de presidente de la República en un plazo mínimo de 6 meses antes de las elecciones internas.
Los dirigentes del principal partido de la oposición están solicitando que se cumpla con el mandato de la Convención, el cual, es la reforma del Estatuto partidario, la cual, al parecer de sus miembros, no se ajusta a las disposiciones legales del Código Electoral y de la Constitución Nacional.
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Para comprender esta situación, La Nación/Nación Media conversó con dos importantes referentes, que son el intendente de la ciudad de Fernando de la Mora (Central), Alcides Riveros y el intendente de la ciudad de Caacupé (Cordillera), Diego Riveros.
Ambos jefes comunales coincidieron en señalar que aún no está definida ni la fecha en que se deba reunir la Comisión especial de Reforma Estatutaria y mucho menos la fecha de una nueva convención, que será la encargada de aprobar las modificaciones.
“Nosotros estamos de acuerdo en que no se puede coartar al presidente del partido a que se pueda postular a ningún cargo electivo. Lo que sí decimos es que debe renunciar o pedir permiso a la presidencia, 6 meses antes de las elecciones. Así como piden los intendentes municipales o el gobernador, para postularse a otro cargo”, expresó el intendente fernandino, Alcides Riveros.
Representantes del Nuevo Liberalismo
Asimismo, Riveros informó que esta semana ya presentaron por nota a los representantes del movimiento Nuevo Liberalismo, el diputado Rodrigo Blanco y el abogado Cristhian González, quienes serán encargados de llevar adelante las propuestas para el estudio de la reforma. Indicó que desde el movimiento estarán insistiendo para que esta reforma se dé este año.
“Ahora comenzamos nosotros a analizar dentro del equipo qué propuestas más vamos a presentar. Pero por el momento, el directorio ha solicitado dos representantes por movimiento para la presentación de las propuestas. Nosotros estaremos enviando a través de nuestros representantes nuestras propuestas”, acotó.
Punto cero
A su turno, el intendente de Caacupé, Diego Riveros, señaló que si bien aún están en punto cero en lo que hace al estudio de la reforma estatutaria, sí hay sugerencias que ya se están planteando y que están siendo acompañadas por las bases. Sobre todo, en lo que hace a la renuncia del presidente del partido, 6 meses antes de las internas partidarias, aseguró.
“Hay varias otras cuestiones que se irán planteando una vez que se instale la mesa de trabajo. Hasta ahora, la convocatoria de la Comisión está en stand-by, por el momento aún no hay ninguna convocatoria para el estudio de estas propuestas que compete a la modificación del Estatuto partidario. Esto aún no se ha realizado”, comentó.
Explicó que esta convocatoria tiene que realizarla el Directorio partidario, que está presidido por Hugo Fleitas, pero el problema es que no está sesionando de forma ordinaria desde hace un buen tiempo. De esta forma, confirmó que las convocatorias de sesión del Directorio fueron todas extraordinarias en los últimos meses.
LAS CLAVES
- Convocatoria para estudio del Estatuto partidario del PLRA está pendiente.
- Entre las propuestas coincidentes está el pedido de incluir que el presidente del PLRA renuncie o se aparte del cargo para postularse a una nueva elección, 6 meses antes de las internas.
- El movimiento Nuevo Liberalismo ya presentó a sus dos representantes para el estudio de la reforma del Estatuto: el diputado Rodrigo Blanco y el abogado Cristhian González.
- Por ahora, el debate se encuentra en stand-by, ya que el Directorio del PLRA no convoca a la Comisión de Reforma Estatutaria.
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Senado posee atribución para no dar lugar a decisión de la Corte
El abogado constitucionalista Theodore Stimson, en diálogo con La Nación/Nación Media, se refirió sobre la recomendación de la Fiscalía a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad planteada por Kattya González, tras su expulsión del Senado.
“La Cámara de Senadores no debe dar lugar a una aberrante orden inconstitucional. La ley 609/95 que organiza la CSJ dice claramente que la Corte no debe dar trámite a una acción política no justiciable como esta, por lo cual se debía rechazar in limine, cosa que no hicieron”, refirió.
El letrado explicó que esta ley protege a cada Cámara en su doctrina de establecer su propio procedimiento, definir sus sanciones y decidir su palabra final en la materia. Por ello, no corresponde siquiera dar lugar a mandatos u órdenes de otros poderes ante acciones netamente políticas.
“Al ser una cuestión política, no es justiciable. Es decir, la Corte no puede revisar la decisión y tampoco la Fiscalía puede recomendarlo porque ya la Constitución atribuye a cada Cámara aplicar la sanción que considere correspondiente sobre sus miembros y ningún otro poder puede intervenir sobre eso”, dijo.
DECISIÓN FINAL CORRESPONDE AL SENADO
Stimson remarcó que, en el caso de las Cámaras del Congreso, al decidir sobre alguna sanción o expulsión de alguno de sus miembros, desarrolla acciones correspondientes a su propio criterio político. Además, indicó que la orden de la Corte finalmente deberá ser enviada al Senado para su posterior estudio.
“Es decir, de todos modos el Senado posee las atribuciones tanto de estudiar y posteriormente rechazar la orden de la Corte, lo cual debería hacerse o directamente de no colocar en el orden del día y no tratar la decisión ante el pleno, la Corte no puede ordenar al Senado”, afirmó.
LA INCONSTITUCIONALIDAD
Stimson explicó que los casos de inconstitucionalidad que involucran a otros poderes como el Ejecutivo o el Legislativo habitualmente son enviados a la Fiscalía con el objetivo de conocer su postura ante la posibilidad de observarse alguna afectación sobre derechos humanos.
“Pero este caso no es uno de derechos humanos, sino del funcionamiento de una institución del Estado. Cada entidad pública tiene esferas propias de su gobierno interno y redacta su reglamento interno”, expresó, aclarando otra disposición de las Cámaras, como establecer las sanciones que considere pertinentes.
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Abed sobre caso González: “Pone en jaque el Estado de derecho y la independencia de poderes”
“La pérdida de investidura de Kattya González fue una decisión política no justiciable de la Cámara Alta, del Poder Legislativo”, dijo Rocío Abed, líder de bancada del movimiento Honor Colorado en Diputados, en referencia al dictamen emitido por el Ministerio Público a favor de la controvertida dirigente del Partido Encuentro Nacional (PEN).
La Fiscalía recomienda al Senado restituir a González, quien perdió su investidura el pasado 14 de febrero. “Ratifico plenamente que la Cámara Alta lo hizo de manera legal y legítima. Es inviable siquiera pensar que otro poder del Estado se inmiscuya en cuestiones propias, internas y soberanas de cualquiera de las Cámaras del Poder Legislativo”, sostuvo Abed en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
“Esa errada pretensión pone en jaque el estado de derecho y la institucionalidad de la República, como asimismo la independencia con la que se deben manejar los tres poderes del Estado. Si bien sabemos que el Dictamen del Ministerio Público no es vinculante, es descabellada la pretensión, contenida en el mismo, respeto a que una decisión política de la Cámara Alta pueda anularse a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia”, agregó la legisladora.
Abed apuntó contra los sectores mediáticos y actores políticos que aplauden el dictamen fiscal que antes cuestionaban, teniendo en cuenta que años atrás, se posicionaban en contra de que el Congreso considere recomendaciones de otros poderes del Estado. “Más absurdo o descabellado es que algunos medios de comunicación o actores políticos hoy celebren una opinión que hace muy poco cuestionaban ¿Eso es terrorismo intelectual o tomadura de pelo?”, refirió a La Nación.
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La diputada recordó que, en ocasiones previas al caso de González, la máxima instancia judicial “ya había sido clara en sus fallos anteriores”. La legisladora citó el dictamen emitido. “La pérdida de investidura de un parlamentario (senador o diputado) es una sanción política, cuya potestad de determinación y aplicación, también debe desarrollarse en el ámbito político y compete con exclusividad, al colegiado donde se produjo el mal desempeño (cámara de diputados o cámara de senadores); dentro del periodo correspondiente al mandato”.
Agregó también que el citado fallo alegaba que “no es un juzgamiento jurisdiccional, por lo que no corresponde supeditarlo ni derivarlo al Poder Judicial. Es un juzgamiento entre pares; que se interpone, se sustancia y se resuelve entre pares. Obviamente respetando las garantías establecidas en el Art. 17 de la Constitución Nacional, previstas para todo proceso (administrativo, político y judicial) del cual derive pena o sanción. Lo cual no lo convierte necesariamente en un proceso judicial”.
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Datos claves
• El Ministerio Público emitió un dictamen recomendando a la CSJ restituir la banca a Kattya González.
• La diputada Rocío Abed afirma que se pone en jaque el Estado de derecho y la independencia de poderes.
• La diputada Rocío Abed sostiene que la pérdida de investidura de Kattya González fue una decisión política no justiciable de la Cámara Alta.