El abogado Edward Arca, director del Centro de Atención al Deudor, expresó que avala la iniciativa de los diputados José Rodríguez, Rocío Abed y Rodrigo Blanco que buscan crear el Registro Nacional de Pagarés y títulos de créditos tras la estafa masiva a ciudadanos por parte de una organización criminal.

“Es un proyecto que se hace eco de la problemática que vive hoy el Paraguay que está afectando a muchos compatriotas que es la ejecución indebida e irregular de pagarés”, expresó.

Afirmó que con el citado proyecto de ley se tendrá una trazabilidad con respecto a los pagarés y va a existir transparencia y seguridad jurídica. Dijo que al existir una obligación de ser inscriptos los pagarés y otros títulos de créditos, se garantiza transparencia y seguridad al momento de la ejecución.

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“Existe una obligación de que dentro de los diez días hábiles del momento de la emisión tiene que inscribirse en el Registro Nacional de Pagarés y otros títulos de créditos no solamente los pagarés sino también otros títulos de créditos que forman parte del proyecto”, manifestó.

Así también se prevén sanciones muy fuertes por fraguar documentos, que van de 3 a 5 años de pena privativa o prisión y multa equivalente al triple de lo defraudado.

“Estamos con sanciones bastante fuertes para las personas físicas, jurídicas que evidentemente formen parte de un esquema de defraudación financiera y que está afectando a muchas personas en el Paraguay”, resaltó.

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Legisladores de la oposición junto a profesionales de la arquitectura urbanística presentaron este lunes ante el Congreso Nacional un proyecto de reforma del sistema del transporte público. En la iniciativa plantean la fusión entre la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) y el Viceministerio de Transporte, con la finalidad de eliminar una “bicefalía existente en la actualidad”.

Asimismo, los senadores y diputados proponen que las gobernaciones y municipalidades se encarguen de los buses intermunicipales o internos. Según la iniciativa tendrá la facultad de ordenar sus itinerarios y el servicio dentro de su ámbito de competencia territorial, de acuerdo con sus propias capacidades.

Con relación a los itinerarios, estos serán reordenados por el Viceministerio de Transporte y las gobernaciones, a fin de alcanzar una distribución efectiva que permita acceder al servicio a toda la ciudadanía, conectando las vías troncales con los ramales internos de cada municipio. De modo a asegurar la disponibilidad permanente del servicio, se plantea la posibilidad de pago del subsidio estatal, calculado tanto con base en la cantidad de validaciones como en la cantidad de kilómetros recorridos, de acuerdo con los estudios técnicos que se realicen sobre el asunto.

La presentación del proyecto coincide con el anuncio del Gobierno de presentar este mes su proyecto de reforma del transporte público, a través del Viceministerio de Transporte. “Una de las debilidades del Viceministerio de Transporte es que no tiene la capacidad operativa para encargarse del transporte público, estamos hablando de una institución nacional que a duras penas tiene la capacidad de encargarse de Asunción y su Área Metropolitana”, indicó Fernando Maidana, arquitecto urbanista y encargado técnico del proyecto de ley, en una entrevista con los medios de comunicación en el Palacio Legislativo.

Maidana sostuvo que “todas estas debilidades surgen porque se tiene que encargar de la regulación, fiscalización, planificación, operación y del subsidio, entonces la realidad es que el viceministerio no tiene la capacidad operativa para afrontar todo esto”.

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La presentación estuvo encabezada por el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, los diputados Raúl Benítez, Johanna Ortega, Pedro Gómez, Federico Franco, Leidy Galeano y el senador Ignacio Iramain. Los parlamentarios afirman que el proyecto apunta a reformar el sistema de transporte público en torno al principal jugador del tablero: el usuario, buscando asegurar el goce efectivo del derecho a través de un servicio eficiente, eficaz, seguro y permanente.

“Con este proyecto proponemos que el Viceministerio de Transporte se siga encargando de la regulación nacional, de la fiscalización, de los buses interdepartamentales y nacionales, pero que los buses intermunicipales, los internos, estén a cargo de las gobernaciones en conjunto con las municipalidades”, comentó el arquitecto.

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El plenario de la Cámara de Diputados analizará este martes de mayor el proyecto de ley que modifica algunos artículos del Código Electoral, con el objetivo de introducir importantes cambios al régimen actual de financiamiento de las campañas políticas.

La iniciativa busca mejorar los mecanismos de control y, al mismo tiempo, simplificar los procedimientos para partidos, movimientos internos y candidatos.

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El proyecto plantea modificar los artículos 64 inciso a), 66 y el 278 inciso b) de la Ley Nº 834/1996, ‘Que establece el Código Electoral vigente, en respuesta a una creciente preocupación por la transparencia en el uso de fondos durante los procesos electorales y a las dificultades operativas que han enfrentado las nucleaciones políticas a raíz de la normativa vigente, según la exposición de motivos.

El documento agrega que, si bien la legislación actual establece controles, estos resultan en muchos casos, excesivamente, complejos o poco accesibles para las agrupaciones políticas, en especial durante las elecciones internas.

Entre los principales cambios propuestos respecto a la legislación actual, se destacan:

Reconocimiento anticipado de movimientos internos: La actual ley no contempla un proceso previo de reconocimiento de los movimientos internos antes de la inscripción de candidaturas. El proyecto propone formalizar esta etapa, permitiendo a los movimientos gestionar de manera anticipada su identificador tributario y cuenta bancaria.

Digitalización de declaraciones: Se propone que tanto la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), como la Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV) se presenten, únicamente, en formato digital ante los organismos de control, reduciendo el uso de papel y facilitando su análisis.

Presentación individual por candidato: A diferencia del esquema actual, en el que los movimientos presentan declaraciones de forma general, la modificación exige que cada candidato presente su propia DIGC y DIEV, incluso detallando su participación en sociedades o inversiones económicas.

Mayor transparencia y fiscalización: El nuevo texto prevé la publicación obligatoria, en un plazo de diez días hábiles, de todas las declaraciones e informes recibidos en el portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Además, se establece la conformación de una unidad especializada de fiscalización que verificará la veracidad y autenticidad de los documentos.

Obligaciones bancarias claras: La apertura de cuentas únicas en instituciones financieras, establecida en el artículo 278, se refuerza en el proyecto con plazos específicos. Las entidades deberán habilitar las cuentas en un máximo de 48 horas y justificar por escrito cualquier negativa. La omisión podrá ser sancionada por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay.

Sanciones más severas: En caso de comprobarse la falsedad en la declaración de ingresos, el proyecto contempla la suspensión de la participación del candidato por diez años en cualquier tipo de elección, una medida que no figura en la normativa vigente.

Actualización institucional: Se sustituye la mención a la Subsecretaría de Estado de Tributación por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), como organismo encargado de emitir el identificador tributario y colaborar en los controles financieros.

Los proponentes aseguran que la iniciativa no busca eliminar los mecanismos de control establecidos por el TSJE, sino más bien adecuarlos a las nuevas necesidades administrativas y tecnológicas.

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La senadora Esperanza Martínez manifestó que un grupo de parlamentarios de la oposición se reunirán la próxima semana con médicos residentes, a fin de analizar la situación laboral de los mismos. Se aguarda que el encuentro contribuya a impulsar, desde el Legislativo, un proyecto de ley de residencia.

“Convendría hacer una reunión con los referentes de las diferentes asociaciones o sindicatos de los hospitales, tanto del Ministerio de Salud, del Instituto de Previsión Social, de la sanidad militar, policial e inclusos del sector privado que están en programa de residencias. Debemos conversar entre todos y empezar a trabajar sobre un proyecto de ley de residencia médica“, indicó en una entrevista con los medios de comunicación.

Las afirmaciones de Martínez surgieron tras lamentar el fallecimiento del joven médico residente del Hospital de Trauma Marcelo Esteban Barrios en un accidente de tránsito ocurrido ayer sobre la avenida General Máximo Santos, en Asunción. El profesional de la salud estaba yendo al centro asistencial para tomar su guardia.

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La muerte de Barrios ocasionó un profundo impacto entre sus colegas y abrió un intenso debate sobre las condiciones laborales de los profesionales de salud residentes, quienes constantemente denuncian maltratos por parte de sus superiores, prácticas abusivas y guardias extremadamente largas.

“Estos jóvenes trabajan hasta 60 horas semanales, necesitan ser parte de una política pública. Esto tiene que ser una prioridad política. Vamos a estar organizando una reunión de trabajo o audiencia pública para el jueves o viernes. Debemos escuchar a los jóvenes, realizar un buen diagnóstico estructural de lo que está pasando”, indicó.

La parlamentaria incluso agregó que existe una alta de adictos entre el personal de salud, quienes recurren al consumo de drogas con la finalidad de aguantar la pesada carga horaria. Señaló que incluso algunos llegaron al extremo del suicidio. “Estos son problemas reales de los trabajadores de salud”, refirió Martínez.

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