La Comisión Permanente del Congreso Nacional, presidida por el senador Colym Soroka, sesionará este martes a las 11:30 con la participación del ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, quien realizará la presentación de las modificaciones del proyecto de ley “de la función pública y la carrera del servicio civil”, por parte del Poder Ejecutivo.
La normativa tiene el objetivo de reordenar el marco jurídico de toda la función pública e implementar la tan anhelada carrera del servicio civil sobre la base de la integridad, idoneidad, meritocracia, imparcialidad, transparencia, eficacia y eficiencia en la gestión estatal.
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El proyecto será presentado en el marco de una serie de reformas impulsadas por el gobierno del presidente de la República, Santiago Peña. En este proyecto modificado se apunta a establecer reglas claras para el ingreso, permanencia y salida de los funcionarios públicos.
Previamente, se prevé una audiencia pública a las 10:00 para tratar el proyecto de Ley “de la función pública y la carrera del servicio civil”, donde se prevé el debate sobre esta iniciativa, cuyas modificaciones serán oficializadas por el ministro de Economía.
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Aconsejan aprobar la imprescriptibilidad en hechos punibles contra el Estado
Las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación; y la de Justicia de la Cámara de Diputados dieron su conformidad al proyecto de Ley que plantea modificaciones de varios artículos de la Ley N° 1.160/1997 - Código Penal de la República del Paraguay; y leyes modificatorias”; con el objetivo de establecer la imprescriptibilidad en hechos punibles contra el patrimonio del Estado.
Al respecto, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, diputado Roberto González explicó que esta iniciativa busca ampliar los plazos de prescripción de la acción penal para delitos cometidos por funcionarios públicos.
Mencionó que se focaliza en el endurecimiento de las penas, la ampliación del universo de tipos penales, la extensión de los plazos para la prescripción de la acción penal, y el endurecimiento de los criterios de medición de la pena para los delitos de corrupción pública y privada, con énfasis en la corrupción cometida por funcionarios públicos.
Aceptan modificaciones
Durante el análisis, los miembros acordaron allanarse a las modificaciones de la Comisión de Legislación y Codificación, comenzando en el mismo acápite, que quedaría en: “Que modifica y amplía el artículo 102 de la Ley N° 1.160/1997 - Código Penal; modificado por el articulo 1° de la Ley N° 3.440/08, que modifica varias disposiciones de la Ley N° 1.160/97 - Código Penal”.
En el artículo 3° se establece que serán imprescriptibles, además de los hechos punibles previstos en el artículo 5° de la Constitución, todos los hechos punibles contra el patrimonio del Estado.
De acuerdo a la exposición de motivos, la propuesta es una clara señal institucional en el sentido de buscar la preservación del pacto social originario que exige la vigencia de la legalidad, la democracia y el Estado de derecho.
Otros asuntos tratados
Por otra parte, los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales resolvieron aconsejar la postergación del análisis del proyecto de ley “Que modifica los artículos 6°, 136° y 305° de la Ley N° 1.286/98 - Código Procesal Penal”, cuyo debate está previsto para la sesión ordinaria de este miércoles.
La propuesta será tema central de una audiencia pública a ser organizada próximamente, a fin de discutir a profundidad los alcances del proyecto, según adelantaron. “Podría ser una manera de descongestionar los penales y, por otro lado, refiere a derechos humanos fundamentales”, señaló el titular de comisión, sobre el punto.
“Un individuo denunciado es investigado muchas veces durante dos o tres años y no puede ejercer su defensa porque no tiene imputación; pero resulta que venía siendo investigado por años y violentando su derecho fundamental de defensa”, esgrimió.
La iniciativa busca introducir modificaciones, específicamente, en los artículos que regulan la “inviolabilidad de la defensa”; la “duración máxima del procedimiento”; y la “desestimación”.
Así también, pretende que toda persona tenga derecho a una resolución judicial definitiva en un plazo máximo de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento para los hechos de acción penal pública. Habla de un año y seis meses para los hechos punibles de acción penal privada.
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Poder Ejecutivo anuncia proyecto clave contra criptominería ilegal
Desde la vocería de la Presidencia, ejercida por Paula Carro, comunicaron que la primera iniciativa plantea la modificación del artículo 173 del Código Penal, que hace mención a la sustracción de energía eléctrica. Mediante este planteamiento, se propone la incautación y el comiso de los bienes asociados a dicho hecho punible.
Con esta iniciativa de modificación se busca proteger la eficiencia de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y sus activos ante la sustracción en grandes cantidades de energía eléctrica por parte de establecimientos ilegales de criptominerías.
“La presentación al Congreso se realizará en las próximas horas, buscamos proteger a la Ande como empresa pública de una verdadera amenaza”, manifestó la alta funcionaria de Estado mediante una conferencia de prensa acompañada por el titular del ente eléctrico, Félix Sosa.
A la vez, en el proyecto se fija una pena privativa de libertad de hasta 10 años de cárcel con multa complementaria para quienes sustraen energía de líneas de transmisión o puertos de almacenaje de media tensión o niveles superiores.
La modificación del citado artículo también permitirá a la Ande requerir la administración o uso provisional de los bienes incautados y será, asimismo, beneficiaria de lo recaudado con el comiso como medida para fortalecer la institución.
El proyecto ejecutivo surge en medio de las constantes intervenciones realizadas por la Ande, el Ministerio Público y la Policía Nacional a las granjas clandestinas de criptomonedas, por el uso irregular de la energía eléctrica.
El robo de la energía eléctrica se encuentra tipificado solo como un delito en el Código Penal y, además de acarrear grandes pérdidas económicas, también produce inconvenientes en la provisión del servicio, ya sea con cortes constantes o problemas de baja tensión.
ENERGÍAS RENOVABLES
Mientras que la segunda propuesta planteada al Poder Legislativo se centrará en la modificación de varios artículos de la normativa que regula el fomento, generación, producción, desarrollo y la utilización de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables no convencionales y no hidráulicas.
Carro explicó que la citada ley fue reglamentada el pasado mes de febrero por el Ejecutivo. “Como toda política pública está siendo monitoreada en sus resultados, en sus mecanismos de articulación y se vio mediante una colaboración entre las instituciones involucradas en el tema energético que era necesario introducirle una modificación que asegure mayor interés de parte de los inversionistas que operan en el sector eléctrico y apuntando a una mayor diversificación de las fuentes de generación”, comentó.
De esta manera, la vocera mencionó que la iniciativa de modificación introducirá una innovación respecto al plazo, es decir, los contratos de los generadores, cogeneradores, transportistas y exportadores de energías renovables no convencionales con la Ande podrá ser de hasta un periodo de 30 años, actualmente el plazo es hasta 15 años.
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Analizarán aportes de gremios al proyecto de ley de servicio civil
Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señalaron que analizarán alrededor de 35 sugerencias realizadas para el proyecto de ley de la función pública y carrera del servicio civil. La institución resaltó la apertura y el diálogo que se mantuvo con los gremios y ciudadanía en general, dado que el objetivo es obtener una legislación que completa y que satisfaga todos en los aspectos.
“No recuerdo que una iniciativa haya tenido este nivel de diálogo y apertura, recibimos alrededor de 35 diferentes aportes de gremios, federaciones, a la par hicimos un par de audiencias públicas que fueron convocadas por el Congreso, una serie de reuniones con centrales de trabajadores, sindicatos y coordinadoras. La idea es que esto se pueda construir y que salga una buena ley”, expresó Andrea Picaso, viceministra de Capital Humano y Gestión Organizacional del MEF.
Este proyecto presenta innovaciones y el Ejecutivo está abocado en la revisión de las propuestas, recalcó la viceministra quien indicó que esperan que estas sugerencias puedan consolidarse y mejorar al documento presentado en febrero de este año. Asimismo, aclaró que esta normativa hace foco al servicio civil y a la administración del Estado, no así a carreras definidas en la Constitución Nacional como la Policía Nacional, los militares, diplomáticos o docentes.
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“Es un proyecto largo que tiene 130 artículos, por eso ameritaba esta apertura y diálogo. Incorpora conceptos de la evaluación de desempeño, que sean objetivos en términos cualitativos y cuantitativos, que todos tengan la posibilidad de concursar para acceder a un cargo directivo, así como el ingreso a la función pública a través de concursos”, detalló a la 650 AM.
Picaso mencionó que la iniciativa que ahora está en análisis, corresponde a las modificaciones realizadas al proyecto presentado en octubre del 2022 por el gobierno anterior. Tanto el Poder Ejecutivo actual como el MEF, que absorbió a la antigua Secretaría de la Función Pública, introdujeron algunos aspectos para corregir la normativa que había motivado acciones de inconstitucionalidad en el pasado.
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Plantean crear fondo para inversión en tecnología del sector frutihortícola
El diputado Adrián “Billy” Vaesken señaló que está en análisis de una iniciativa legislativa que apunta a crear un fondo que financie la ley de Agricultura Familiar Campesina y así posibilitar la inversión necesaria en tecnología que permita asegurar la producción frutihortícola durante todo el año, respaldando al sector contra las amenazas que sufren actualmente.
“Queremos que la agricultura familiar tenga financiamiento porque la ley n.° 6.286 es fantástica, queremos que se cree un fondo de financiamiento para innovación e inversión en infraestructura y tecnología para hacer una agricultura sostenible, para que todo el año pueda producir el pequeño productor que hoy está amenazado por varios factores y que genera un desabastecimiento frutihortícola que nos afecta a todos”, explicó.
En conversación con La Nación/Nación Media, el legislador liberal detalló que el Viceministerio de Agricultura Familiar cuenta con un presupuesto de G. 2.500 millones, lo cual no le permite apoyar de manera eficiente al sector productivo, por lo que este proyecto de ley que será presentado el 21 de mayo, busca establecer una nueva forma de que el Estado obtenga los recursos necesarios.
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“Estoy proponiendo una herramienta legislativa que grave el impuesto al grano en su estado natural, el ánimo no es perjudicar a la agroexportación, pero queremos sensibilizar a ese sector porque hay otro que está sufriendo por la falta de tecnología y no tenemos de dónde sacar la plata”, sostuvo. El legislador indicó que prevé reunirse con la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), con el fin de exponerle su iniciativa.
Desde la perspectiva del diputado por Central, esta ley también generará un incentivo para que los exportadores de granos puedan industrializar sus productos, generando así un valor agregado y produciendo empleo, algo vital para el desarrollo económico del país.
“Con esto no vamos a tener problemas de desabastecimiento, no vamos a depender de otros países, la canasta familiar no va a sufrir variaciones, va a haber fuentes de trabajo porque lo que desarrolla el país es la agricultura familiar, muchas familias se dedican a eso y hoy no están pudiendo trabajar por falta de tecnología”, afirmó.
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