El titular de la Contraloría General de la República (CGR), Camilo Benítez, había anunciado que dispuso la apertura de un sumario administrativo sobre José Luis Torales, quien siendo asesor de la senadora Kattya González y presidente interino del Partido Encuentro Nacional (PEN), presuntamente se encontraba cobrando tres asignaciones del Congreso, desde agosto del 2023.
“Hemos decidido dar por finalizado el comisionamiento interinstitucional del citado funcionario ante la Cámara de Senadores y que vuelva a la institución de origen, que es la CGR. Hemos procedido a la firma del sumario respectivo, en averiguación de los hechos”, explicó para “Arriba hoy”, por GEN y Universo 970 AM/Nación Media el subcontralor, Augusto Paiva, indicando que Torales pudo haber incurrido en una falta ética como funcionario de la Contraloría.
Torales se encontraba desempeñando el cargo de director general en la Contraloría y, de acuerdo a los datos de Paiva, el salario de dicho puesto sería de G. 13 millones, siendo la categoría máxima aparte del contralor y subcontralor. Sumando los gastos de representación y bonificación por responsabilidad en el cargo, los ingresos de Torales como director llegarían a los G. 17 millones mensuales.
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Esto, teniendo en cuenta una nueva reglamentación de la CGR, que rige desde marzo del 2023, la cual expresa de manera taxativa en uno de sus artículos la prohibición de la militancia política en cualquiera de sus formas, ya sea por las redes sociales, participando activamente de reuniones, entre otras acciones. Debido a que Torales empezó a fungir como presidente interino del PEN, tras la renuncia de Fernando Camacho, se observaría la incompatibilidad cuestionada.
“Al estar sin funciones en el Senado y volver a la Contraloría, esto le prohíbe cualquier militancia política. Terminamos en la conclusión del sumario y ahora esto se encuentra en proceso”, indicó. Por otra parte, informó que Torales ya fungía como asesor de Kattya González cuando esta se desempeñaba como diputada y cuando ella gana un curul en el Senado, la vuelve a acompañar.
“Allí sí podía realizar militancia política, pero incurre en una flagrante violación al código de ética cuando se da por terminado su comisionamiento. La denuncia que remitieron a la Contraloría es justamente por tener el cargo de presidente del PEN, siendo ordenador de gastos de esa nucleación; él debe cumplir funciones en la Contraloría y esto riñe con el código de ética y el reglamento interno porque no puede ejercer el cargo de presidente”, aclaró el subcontralor.
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