El presidente de la República, Santiago Peña, salió al paso de los cuestionamientos contra la decisión de su gobierno de suspender temporalmente la renegociación que encara con el Brasil entorno al Anexo C del tratado de Itaipú. El jefe de Estado alegó que Paraguay debe mantener una postura férrea en la defensa de sus intereses ante acciones ile­gales similares a las cometi­das por el vecino país.

“Nosotros debemos defender la soberanía del Paraguay al costo que sea, uno tiene que ponerse firme cuando la causa es la correcta. Hay mucha gente que se atemo­riza ante los brasileños o argentinos, los paraguayos debemos confiar en noso­tros”, remarcó a la 1080 AM.

De acuerdo a las publicacio­nes periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, la ope­ración fue ejecutada por la Agencia Brasileña de Inteli­gencia (Abin). El espionaje se habría iniciado en la gestión de Jair Bolsonaro y ejecutado en la era de Luiz Inácio Lula da Silva.

La información fue dada a conocerse tras las declara­ciones de un servidor de Abin a la Policía Federal realizadas en noviembre del año pasado y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones del servidor de Abin señalan que fue utili­zado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.

“Todos los días tomo deci­siones riesgosas, la pre­gunta es si mido los ries­gos y lo segundo, si esos riesgos tienen un obje­tivo y esa es la defensa de Paraguay, de los paragua­yos, este cargo no es para cobardes”, remarcó el man­datario este martes.

Peña indicó que no man­tuvo conversaciones con su homólogo tras tomar estado público el espionaje informático cometido por el país vecino. Agregó que el requerimiento de infor­maciones oficiales sobre el espionaje impulsado por Brasil está siendo tratado a nivel de cancillerías.

“No hablé con Lula. Ha habido conversaciones a través de las cancillerías. Lo que tene­mos es la información que ha confirmado Brasil, que ellos dicen que sí hubo una operación y que esto conti­nuó hasta el mes de marzo, ya en el gobierno del presidente Lula”, agregó.

El jefe de Estado siguió argu­mentando que “los paragua­yos tenemos que confiar un poco más en nosotros y saber que subir la montaña, que es el camino del desarrollo, pro­greso, no es un camino fácil. Nadie regala nada, es un camino que requiere tomar medidas osadas, tomar medi­das con mucho coraje, pero es el camino que le permitirá a Paraguay desarrollarse”.

El titular del Ejecutivo, Santiago Peña, defendió la licitación impulsada por la entidad binacional Itaipú, para la adquisición de 330.000 muebles escolares que son distribuidos en un total de 22 distritos. El proceso fue duramente atacado por el sector de la oposición, colorados disidentes y medios de comunicación aliados, quienes apuntaron a instalar sospechas de supuesto tráfico de influencias a favor de la empresa local Kamamya SA.

“Las demandas de transparencia son válidas y tenemos que constantemente estar respondiendo a todo, se mostrará absolutamente todo. En torno a la licitación de los pupitres, no es cierto que no se hayan dado explicaciones, el problema es que cuando se quiere cuestionar el proceso, no hay explicación que vaya a justificar”, comentó a la 1080 AM.

Peña detalló que el proceso inició en enero del 2024 con la finalidad de “enfrentar la problemática lacerante de la infraestructura escolar”. Agregó que se mantuvo un diálogo con el sector privado en el que se analizó la capacidad local, la calidad de los productos ofertados, precios y la capacidad de fabricación y entrega.

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Señaló que la compra de los pupitres también fue impulsada como un complemento al programa Hambre Cero en las escuelas. “Después de analizar todo, se tomó esa decisión y yo participé activamente de eso. El modelo que elegimos para el Paraguay es similar al de Japón, donde los niños almuerzan en las aulas, el problema es que sin los pupitres no podría concretarse esto. A la vez el pupitre de madera iba a ser un inconveniente para la limpieza”, refirió.

Aseguró que los mobiliarios escolares fueron adquiridos por su calidad, precio competitivo y capacidad de entrega. “Compramos pupitres con una garantía de reposición de 3 años y no de arreglo. Esto nos da una certeza de que los niños tendrán una mejora sustancial en su proceso de aprendizaje en aula”, puntualizó.

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“Si le conviene o no este párate a Brasil o Paraguay, no es el análisis que debemos hacer”, dijo el ministro de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez, con relación al caso de espionaje de Brasil en las negociaciones por la tarifa de Itaipú. El funcionario de Estado defendió las medidas adoptadas por el gobierno ante el impasse.

“Lo que nosotros debemos analizar es qué pasó en ese periodo de 10 meses en los cuáles fuimos investigados por una agencia de inteligencia. Esta es una situación muy delicada y sin precedentes, veo con preocupación que ciertos autores políticos y cierta prensa escrita intentan minimizar este hecho grave. No todos los días un gobierno admite que realizó acciones de inteligencia en contra de un país”, sostuvo Giménez en una entrevista con el programa “Cara o Cruz”, emitido por Unicanal.

De acuerdo a las publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, la operación fue eje­cutada por la Agencia Brasi­leña de Inteligencia (Abin). El periodo del espionaje fue autorizado por el gobierno de Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, refirió el gobierno de Lula mediante un comunicado emitido el 31 de marzo, responsabilizando exclusivamente a Bolsonaro.

“Debemos sentarnos con las autoridades brasileñas y recomponer una confianza que se ha visto afectada. Esto es un párate hasta si se quiere normal, debido a la gravedad del comunicado. Qué se pretendía, que al día siguiente nos sentemos a la mesa como si nada pasó, sería un acto de irresponsabilidad el no exigir explicaciones”, sentenció Giménez.

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La información fue dada a conocerse tras las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal realizadas en noviembre del año pasado y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones del servidor de Abin señalan que fue utili­zado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.

“Valoramos mucho el gesto del gobierno del Brasil de aceptar que hubo estas órdenes infelices. Las relaciones siguen vigentes, intactas, simplemente en lo que se refiere a la renegociación del Anexo C hemos decidido una suspensión por un plazo breve. Esperamos que esto sea aclarado para volver a sentarnos a la mesa, debemos avanzar también en otros puntos de la agenda”, comentó.

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• Por Nadia Denis
• nadia.denis@nacionmedia.com

La confirmación del espionaje por parte del Brasil durante la presidencia de Jair Bol­sonaro al Paraguay entre el 2022 y 2023, tiempo en el que Mario Abdo Bení­tez lideraba nuestro país, se sumó a la lista de even­tos desafortunados para Paraguay, cuyos intereses se vieron perjudicados y amenazados durante toda la gestión de Abdo, mien­tras Brasil arrasaba todo a su paso.

En mayo de 2019, a solo 9 meses de la asunción de Abdo Benítez a la Presi­dencia, el país fue sacu­dido con la noticia de que se había firmado un acta entreguista y secreta con el Brasil respecto a Itaipú Binacional, documento en el cual se estipulaba la con­tratación de energía entre la hidroeléctrica y Cen­trais Elétricas Brasileiras SA (Electrobras), que con­templaba sobrecostos para nuestro país en orden a los USD 250 millones.

Los pormenores de este hecho generaron aún más indignación a nivel nacio­nal, puesto que uno de los activos más importantes de nuestro país estaba en manos de un joven abo­gado. Aquí entra en escena José “Joselo” Rodríguez, quien en ese momento solo tenía 27 años y fue nada más y nada menos que un intermediario a favor de la empresa brasileña Leros en la negociación de venta de energía con la Administra­ción Nacional de Electrici­dad (Ande), en el marco de este acuerdo.

El escándalo siguió esca­lando al punto que se pro­dujo la renuncia del enton­ces presidente de la Ande, Pedro Ferreira. Mario Abdo y su vicepresidente Hugo Velázquez estuvie­ron a puertas de un juicio político.

La administración de Abdo continuó con su agenda bilateral con Brasil, la cual era publicitada como una de las mejores relaciones y esto debido a que el expre­sidente celebraba que su par lo llame “Marito”.

Esta amistad pública entre los presidentes no se tra­dujo en beneficios para el Paraguay, sino todo lo con­trario, nuestro país con­tinuó perdiendo terreno con relación a Itaipú y la tarifa energética descen­dió de USD 22,60 por kilo­vatio-mes a USD 20,75, cifra acordada entre ambos paí­ses en agosto del 2022, luego de que Abdo no pudiera sostener la posición nacio­nal de mantener la tarifa y ceder en cierta medida al objetivo de Bolsonaro que buscaba una importante disminución, intentando empujar a USD 18,90.

Bolsonaro no descansó en su objetivo y de manera unilateral, en diciembre de 2022, fijó la tarifa en USD 12,67, lo que tomó por sor­presa al gobierno de Abdo. En la negociación de 2023, Brasil sumó otra victoria ante nuestro país y esta vez, en consenso con Paraguay se acordó la tarifa en USD 16,71 por kilovatio-mes, lo cual incluso fue celebrada por el gobierno de Marito.

Aun estando lejos del poder, Paraguay continúa sufriendo los estragos de la adminis­tración abdista. Hace unos días salió a la luz el caso de espionaje del Brasil. Durante 9 meses el vecino país estuvo inmiscuido sin que el gobierno anterior des­pierte alertas sobre la vul­neración de los sistemas de seguridad. La propia admi­nistración de Lula da Silva reconoció que su antecesor tuvo acciones de inteligencia contra Paraguay que se desa­rrollaron entre junio de 2022 y marzo de 2023.

A la fecha, se desconoce cómo se materializó este espionaje, qué institucio­nes se quebrantaron, a qué información se accedió. ¿Realmente el Gobierno no se percató de este hecho o prefirió guardar silencio?

Todas estas preguntas toda­vía carecen de respuesta, lo concreto es que la supuesta amistad Abdo-Bolsonaro tuvo efectos dañinos para Paraguay.