El senador Javier Zacarías Irún arremetió con dureza contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, tras las declaraciones de este último acerca de una supuesta deuda millonaria de la Caja Municipal de Jubilaciones, que según Prieto habría sido heredada de la administración del “clan Zacarías”.

Prieto afirmó que su gestión logró reducir una deuda de G. 32.000 millones a G. 26.000 millones y que firmó un acuerdo para pagarla en un plazo de ocho a nueve años. Sin embargo, Zacarías no solo desmintió tales afirmaciones, sino que calificó al jefe comunal de “mentiroso” y “Pinocho”, asegurando que dicha deuda no corresponde a su gestión ni a la de Sandra McLeod.

En un tono irónico, el senador destacó que las declaraciones de Prieto son parte de una narrativa inventada para desviar la atención de su administración. “Pinocho, buscá otra cosa, cambiá tu repertorio porque ya se te agotó la mentira de que todo es culpa de los Zacarías”, afirmó Zacarías, quien además presentó documentos y declaraciones para respaldar su postura.

Según Zacarías, el propio presidente de la Caja Municipal de Jubilaciones, Bernabé Gutiérrez, aclaró públicamente que la deuda corresponde a los años 1999 y 2000, antes de que Javier asumiera como intendente en 2001, y por lo tanto no puede ser atribuida ni a él ni a Sandra McLeod.

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Zacarías también refutó los señalamientos sobre un supuesto mal manejo financiero durante la administración de McLeod. Señaló que cuando esta entregó la municipalidad a la interventora Carolina Llanes en 2019, había más de G. 50.000 millones distribuidos en 13 cuentas bancarias. “Era una municipalidad floreciente, con finanzas ordenadas, activos superiores a G. 70.000 millones y toda la documentación correspondiente, lo cual está respaldado por la interventora misma”, aseguró el senador. Además, enumeró los nombres de los bancos y las cifras depositadas en cada cuenta, para demostrar la solvencia económica de la gestión de McLeod al dejar el cargo.

El senador aprovechó para criticar el enfoque de Prieto en gobernar, instándolo a dejar de recurrir a acusaciones infundadas y a trabajar por las verdaderas necesidades de Ciudad del Este. “Preocupate por los barrios, por las escuelas, por los empedrados, por los dispensarios médicos y por la generación de fuentes de empleo”, reclamó Zacarías, al tiempo que acusó al intendente de usar las redes sociales como una herramienta para confundir a la ciudadanía.

En su intervención, Zacarías no escatimó en sarcasmo, repitiendo en varias ocasiones que Prieto merece el apodo de “Pinocho” por sus constantes mentiras. “Su nariz ya creció 14 tallas”, afirmó irónicamente, haciendo referencia a lo que considera una estrategia habitual del intendente para eludir responsabilidades. Según Zacarías, las acusaciones contra él y Sandra McLeod no tienen sustento y son una forma de distraer la atención pública de los problemas actuales que enfrenta la ciudad bajo la gestión de Prieto.

Zacarías también cuestionó por qué Prieto no utilizó el dinero disponible en las cuentas bancarias de la municipalidad para saldar la deuda en efectivo cuando asumió como intendente, si es que realmente tenía la intención de resolver el problema de la Caja Municipal. “Él mismo reconoció que negoció esta deuda, pero no es de nuestra gestión. Si tenía los fondos, ¿por qué no pagó de inmediato? Está claro que solo busca fabricar enemigos imaginarios para tapar su ineficiencia”, agregó.

En una intervención cargada de críticas, Zacarías reiteró que las acusaciones de Prieto están basadas en mentiras y en una narrativa conveniente para él, pero que no resiste análisis alguno. “Las pruebas hablan por sí solas. Los documentos, los testimonios y las cifras están ahí. No lo digo yo, lo dicen las evidencias”, afirmó el senador.

Por último, Zacarías insistió en que Prieto debe asumir las responsabilidades de su gestión y enfocarse en trabajar por la ciudad. “Sé un administrador real, no un intendente mentiroso, delincuente y ladrón que se dedica únicamente a engañar a través de las redes sociales”, sentenció Zacarías. Con esto, el senador cerró su intervención, dejando en claro que seguirá desmintiendo lo que considera una campaña de desinformación orquestada por el intendente Miguel Prieto.

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Los jubilados de la Caja Municipal de Asunción denunciaron que hace cuatro meses no perciben sus haberes debido al problema financiero que afronta la entidad desde hace varios años. Expresaron que soportan crisis de ansiedad y presión sicológica por las expectativas que se generan en cada fecha de pago y sin poder recibir el dinero.

“Estamos atrasados en casi cuatro meses, algunos compañeros no han cobrado todavía octubre y el mes de enero ya estamos prácticamente terminando”, señaló Felicita Rabello a la 1020 AM.

Explicó que el mayor aportante es la Municipalidad de Asunción. “El 80 % de lo recaudado por parte de la transferencia que hace la Municipalidad es para el pago a los jubilados. Estos son descontados de los activos hoy en día, mes a mes, rigurosamente”, manifestó.

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Según afirmó la afectada el dinero no está siendo transferido por la comuna asuncena a la Caja por lo que existe el retraso en el desembolso de los haberes jubilatorios. Recordó que varias medidas ya se habían implementado en protesta mediante movilizaciones e inclusive huelga de hambre en un intento por sensibilizar a las autoridades y lograr la efectivización de los pagos.

A su vez Tito Navarro, recordó que las autoridades municipales aseguraron que iban a ponerse al día con los pagos el 20 de enero, pero transcurrieron tres días y no se ha materializado el compromiso.

“Nosotros tuvimos que hacer presión mediante una manifestación pacífica en la explanada de la Municipalidad de Asunción. Después de tres días acordamos una mediación entre los concejales, los representantes del intendente Oscar Rodríguez y nos acompañó también el presidente de la Caja de Jubilaciones. Llegamos que del 10 al 20 de enero se comprometieron a pagar, pero incumplieron su compromiso”, se quejó.

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Transportistas y conductores de plataformas se movilizan por la Ruta PY02, en la zona del exautódromo Aratiri, en protesta por el incremento del costo de patentes vehiculares y de los peajes. Piden la reversión de las subas a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

“Hoy es nuestra largada simbólica en lo que respecta a esta lucha social que vamos a llevar adelante por los aumentos injustificados que se dieron en estos últimos tiempos en el caso de las patentes municipales”, señaló Basilio Duarte, presidente de la Federación de Transportistas de Plataformas, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

A su criterio, cada municipio debe generar estrategias para evitar la fuga de contribuyentes. “Creo que cada ciudadano debe pagar sus impuestos en su municipio. Pero la equiparación de precios se disparó. Hoy, por eso, tenemos aumentos que alcanzan incluso el 300 % en algunos casos en el costo de patentes municipales”, expresó.

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El vocero de los manifestantes calificó de inaceptables los excesivos aumentos en las tarifas de habilitación vehicular. Los diferentes gremios afectados emitieron un comunicado conjunto en rechazo de dichas medidas establecidas por Ley y que deben ser implementadas desde los diferentes municipios del país.

“Pedimos a las autoridades que convoquen una mesa de diálogo. Pedimos la modificación de esta ley, porque ya nos encontramos con una ley aprobada y solo con números para ejecutarla”, subrayó.

Cuestionó que, previamente a la promulgación de la normativa, no se hayan generado debates y mesas de diálogo con los sectores afectados. “En este caso, nosotros somos parte afectada directamente. También, hay que hablar un poco de los altos precios de los peajes hoy en día, donde esa relación costo-beneficio no se está dando”, puntualizó.

En este caso, también criticó la falta de un retorno positivo a favor de la ciudadanía como consecuencia de las recaudaciones generadas por el pago de peajes en distintos puntos del país. No hay rutas en buen estado ni seguridad vial, por lo que no ameritan los altos costos, según expresó. “Creemos injustificado el aumento de los precios de los peajes”, remarcó Duarte.

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El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande), Adolfo Villalba, dijo que no se acoplarán de forma masiva a la movilización convocada desde las centrales obreras para este miércoles 13 de noviembre con el fin de solicitar al Senado la postergación del proyecto de reforma del servicio civil.

Detalló que la decisión fue tomada este último lunes por la mesa directiva del sindicato al no existir objeciones a la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que tiene como objetivo iniciar un sistema de jerarquización del funcionariado público.

“Hemos corroborado que en el proyecto colectivo presentado al Parlamento que los reclamos principales que hemos tenido como sindicato sí se han corregido, esto teniendo en cuenta que en el proyecto habían varios artículos que suponían un retroceso en cuanto a lo que es el derecho de los trabajadores”, sostuvo al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Hoy en día estamos regidos por la Ley 1626 que es de la función pública, entonces hicimos una comparación con esta normativa, el motivo de ser de los sindicatos es verificar que el trabajador no salga perjudicado y que la ley no tenga un retroceso, entonces controlamos que el proyecto de la carrera civil mínimamente sea igual en cuanto a los derechos laborales”, remarcó.

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La propuesta de reforma impulsada por el Poder Ejecutivo fue presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas al Congreso Nacional el 16 de setiembre pasado. La iniciativa incluye puntos relacionados con el nepotismo, la estabilidad laboral, mecanismo de ingreso a la función pública, entre otros.

“Somos funcionarios públicos y que haya una ley que nos rija no está mal. Acompañaremos muy de cerca el tratamiento del proyecto de ley, estarán presentes nuestros delegados, pero no saldremos masivamente a corroborar que la propuesta acordada sea aplicada. Si uno se coloca a leer el proyecto de ley de la carrera del servicio civil podrá ver que en grandes medidas es un copia y pegue de la ley 1626 con algunas correcciones luego de los 20 años de vigencia que tiene esta norma”, dijo.

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