El presidente del Congreso, Silvio Ovelar, anunció la suspensión de la licitación que había sido convocada para ampliar la sede legislativa por valor de G. 3.600 millones. Además, el senador dispuso este martes el desmantelamiento de las oficinas que habían sido instaladas en la planta baja del Parlamento, cerca de la zona del comedor, informó la periodista de Nación Media, Francisca Pereira.
La licitación para ampliar el Congreso había sido convocada debido a “la necesidad de reorganización y optimización de espacios físicos para el recinto parlamentario”, aunque para lograr este cometido se adoptará otra medida.
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La orden del titular del Legislativo es que a partir de mañana miércoles se proceda a despejar el sector donde se encuentran estos precarios escritorios, montados a partir del mes de julio pasado, cuando asumieron los nuevos senadores y diputados.
Ovelar argumentó que, en caso de un eventual incendio, esto puede ser una bomba de tiempo, sobre todo porque dichas “oficinas” ocupan espacio en los pasillos y pueden obstaculizar la rápida evacuación de funcionarios y legisladores.
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Las nuevas oficinas y fachada del Congreso Nacional costarán G. 3.637 millones
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, informó que la institución destinará la suma de G. 3.637 millones para su ampliación y reparación. A la vez, los recursos serán destinados para la construcción de comisiones asesoras, direcciones, bancadas parlamentarias, entre otros, que serán instalados en el cuatro piso.
“Vamos a seguir lo establecido en el programa anual de contrataciones y ejecuciones de obras. Este es un proyecto que ya encontré y vamos a ejecutarlo porque significará una mejora para la atención a la ciudadanía”, sostuvo a los medios de comunicación.
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Asimismo, el senador comentó que la empresa adjudicada es Ritter Construcciones SRL y las obras serán ejecutadas dentro de un período de 7 meses hasta su terminación. “Tenemos un Congreso que tiene más de 20 años, que necesita reparaciones y adecuaciones verdaderas”, comentó.
Señaló además que la fiscalización de los trabajos estará a cargo de los técnicos de la Facultad de Ingeniería, de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). “Actualmente, nosotros tenemos oficinas compartidas para las diferentes comisiones. En las áreas de recursos humanos y administración, donde verdaderamente la gente trabaja, existe un hacinamiento impresionante, en una pieza de 4 por 4 están 6 funcionarios que se encargan de realizar todo el relevamiento de los más de 2.000 funcionarios del Senado y el Congreso, excluyendo a Diputados”, dijo.
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Proyecto busca formalizar el trabajo campesino
A través de un proyecto de ley legisladores pretenden formalizar el trabajo en el campo. Se trata del proyecto economía social y solidaria. El senador Carlos Núñez, presidente de la Comisión Bicameral de Economía Social, encabezó una mesa de trabajo para establecer un acuerdo y consenso acerca de esta iniciativa.
“Hemos creído conveniente invitar a autoridades del Gobierno, invitar a viceministros, viceministras de entidades sociales, del Ministerio de Economía, para poder consensuar y sacar un proyecto de ley muy interesante, muy importante”, indicó el legislador en conversación con los medios de comunicación luego de la reunión de trabajo.
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Esta iniciativa busca incluir a los trabajadores campesinos en el sistema formal y con ello acceder a beneficios sociales, además de dar un empuje a la economía de los productores que tienen el objetivo de crecer en su emprendimiento.
“El proyecto de ley de economía social y solidaria, para que el día de mañana esos campesinos que están trabajando de forma informal, que puedan a través de mipymes, a través de este proyecto formalizar y ayudar al Gobierno a esa gente que tanto quiere crecer”, apuntó.
Explicó que esta es la primera reunión de esta mesa de trabajo para el debate de este proyecto. “En el campo, miles de compatriotas trabajan en la chacra y no pueden vender su producto porque falta formalizar, y todo eso nosotros tenemos en cuenta y ahora instalamos esta mesa de trabajo”, sentenció.
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Plantean unicameral para zanjar el impasse por la presidencia de la Comisión sobre el Anexo C
“Si no se quiere trabajar entonces vamos a constituir la Comisión de Entidades Binacionales que es una unicameral”, manifestó el presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez ante la puja desatada entre parlamentarios de ambas cámaras por la titularidad de la Comisión Nacional de Itaipú, que analizará y dará acompañamiento a las negociaciones encaradas por Paraguay ante Brasil en el marco de la revisión del Anexo C del tratado de Itaipú.
El impasse en el Poder Legislativo persiste, pese a los diálogos iniciados entre Núñez y el presidente de Diputados, Raúl Latorre. “La ciudadanía quiere que se conforme la comisión nacional para que en el Congreso controlemos lo que el Gobierno negociará. Desde luego que vamos a tratar de conciliar los intereses de ambas cámaras”, indicó a los medios de comunicación.
No obstante, Núñez dejó entrever que el Senado demostró mayor interés por integrar el citado bloque, ya que designó a sus integrantes hace 4 o 5 meses. Sin embargo, la Cámara Baja tomó la iniciativa recién el pasado 15 de octubre.
Asimismo, el legislador detalló que no se encuentra especificado en la normativa que crea la citada comisión si la presidencia será ejercida de manera alternada. “La ley no dice que un periodo tenga que encabezar un diputado y en el otro periodo un senador. Si es por esto el Parlatino ya se encuentra presidido por los diputados hace dos periodos”, refirió.
Núñez afirmó también que ante la problemática, aún no estableció una nueva fecha para instalar la comisión. “Yo creo que tenemos la capacidad de hablar para no pasar malos momentos, en el sentido de no tener quorum, tenemos muchas actividades por hacer, proyectos de leyes por tratar”, dijo.
La disputa por la presidencia de la Comisión Nacional de Itaipú se da principalmente entre el senador Arnaldo Samaniego y el diputado Hugo Meza. “Los diputados estamos en condiciones de presidir, es más, en nuestra cámara, hay gente con más votos que en el Senado, donde existen personas que entraron con 6.000 votos e incluso hay suplentes. Tengo la confianza de la mayoría de mis compañeros, pero esto no se trata solo de una persona, se trata de la institución como Cámara de Diputados”, comentó Meza.
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Posturas dispares en Senado sobre combustibles y seguros médicos
El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Silvio Ovelar, dijo ayer que no existe consenso entre los miembros de la Cámara Alta de otorgar combustible gratis y el pago del seguro médico privado a los parlamentarios a partir del próximo año.
“Hasta ahora no hay consenso, existen senadores que están de acuerdo y otros no”, refirió el senador Ovelar. Indicó que el proyecto de ley del Presupuesto General de Gastos de la Nación para el 2025 será tratado en el Senado el próximo 28 de noviembre.
El proyecto de ley del PGN 2025 ya cuenta con la media sanción de la Cámara de Diputados, que resolvió reponer a los legisladores los cupos de combustibles de 5 millones de guaraníes para cada uno de los 125 parlamentarios. Además de reponer el seguro médico privado.
El senador Ovelar adelantó que al analizar el proyecto de ley usarán como base el dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto, que por cierto también contempla los citados beneficios a los legisladores.
POSTURAS EN CONTRA
Además del líder de la bancada del movimiento Honor Colorado en la Cámara Alta, Natalicio Chase, quien fue el primero en rechazar la reposición del combustible gratis, ayer se unió a esa postura el senador Luis Pettengill.
Pettengill dijo que no se justifica otorgar esos beneficios a los parlamentarios y adelantó que personalmente no hará uso de esos privilegios en caso de establecerse en el PGN 2025.
Igualmente la senadora Esperanza Martínez manifestó que lamenta que en el presupuesto de gatos para el próximo año se haya puesto nuevamente la provisión de combustible gratis y el pago del seguro médico privado para los parlamentarios.
Indicó que en el momento de tratar el PGN 2025 en el Senado, particularmente trabajará para otorgar más recursos al sistema de salud público.