El presidente del Partido Patria Querida, el exsenador Stephan Rasmussen, confirmó que durante la Asamblea Extraordinaria Nacional de la nucleación política resolvieron delegar a la Conducción Ejecutiva la facultad de aprobar el acompañamiento a alianzas y concertaciones electorales para las Elecciones Municipales 2026.

Asimismo, señaló que se resolvió delegar a la Conducción Ejecutiva la facultad de aprobar el acompañamiento a candidaturas no electas en internas del partido, candidaturas independientes o de otros partidos o movimientos políticos de la oposición, informó a La Nación/Nación Media.

Explicó que todo esto, atendiendo que la idea es lograr que la oposición unida pueda lograr conquistar la mayor cantidad de distritos posible, llegando con una candidatura única a intendente, así como concretar listas únicas para la junta municipal.

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Resaltó que están bien encaminados, trabajando fuertemente por la unidad para Asunción, buscando concretar un candidato único a intendente para las Municipales 2026. Al respecto, precisó que hasta ahora son cuatro precandidatos, que son Álvaro Grau, por PPQ; Soledad Núñez, Agustín Saguier del PLRA, y Joana Ortega por País Solidario.

“Estamos en conversación entre los cuatro sectores, y también para presentar una lista única a Junta Municipal, entre otros sectores, como el PDP, el PRF, el Encuentro Nacional, y demás, entonces estamos bastante bien encaminados”, acotó.

Señaló que por ahora la discusión se está centrando en la metodología de medición de mejor perfil entre los cuatro candidatos.

“No va a ser una decisión, digamos que sea solamente en cuatro paredes, y se está definiendo la opción de medición, ya sea encuesta o por urna delivery, pero un poco las conversaciones están en que podamos ya medir este año, o a principio del año que viene, y ya tengamos un candidato unido a la oposición que pueda hacer campaña desde principio de año hasta octubre, que son las generales, ahora eso está muy bien encaminado también”, remarcó.

Señaló que están en muy buenos términos de diálogos para buscar nuevamente un candidato único para Encarnación. Recordó que la semana pasada estuvieron por la capital de Itapúa, ya trabajando en la búsqueda de un candidato único a intendencia, a fin de mantener a la oposición como gobierno municipal, ahora que concluye el mandato del intendente Luis Yd que es del PPQ, luego de dos periodos consecutivos.

“También estamos en buenos términos con la gente de Ciudad del Este, con la gente de Yo Creo, también tenemos muy buena conversación con el sector Eduardo de Nakayama, Esperanza Martínez, País Solidario de Yohana Ortega, también con Kathya González y Raúl Benítez. Estamos un poco con el PDP, con Desirée, con Rafa Filizzola, estamos conversando con todo y en muy buenos términos”, acotó.

Resaltó que dentro de PPQ están trabajando bastante bien con un solo equipo, todos juntos. Aseguró que dentro de la nucleación política no hay grandes problemas.

“Estamos bien y ahora, de hecho, hicimos un mapeo de todo el país, y seguramente nos vamos a presentar en cerca de 100 distritos a nivel país, en algunos casos para Junta Municipal e Intendencia; en otros casos solamente para Junta Municipal. En todos los distritos estamos conversando con los otros sectores de la oposición para llegar unidos y para que no se disperse el voto, lo que está muy bien encaminado”, concluyó.

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• Por Juan Carlos Dos Santos G.
• Columnista
• juancarlos.dossantos@nacionmedia.com

Las elecciones generales del próximo 17 de agosto podrían marcar un punto de inflexión en la historia política reciente de Bolivia. Tras casi dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS), primero bajo el lide­razgo indiscutido de Evo Morales y luego bajo el mandato de Luis Arce, el oficia­lismo llega fragmentado, golpeado y sin una figura dominante. Las encuestas más recientes reflejan un escenario abierto, donde la derecha y el centro parecen tener ventaja, pero donde la izquierda aún man­tiene una base electoral significativa que no puede ser subestimada.

De buenas a primera, el mapa político boli­viano de 2025 sugiere una posible alter­nancia de poder. Samuel Doria Medina y Jorge “Tuto” Quiroga, ambos exponentes de distintas variantes de la centrodere­cha, lideran las encuestas de intención de voto con cifras que oscilan entre el 20 y el 25 %, dependiendo del estudio. Ninguno supera el umbral del 40 % que evitaría una segunda vuelta, pero ambos encabezan la lista en un electorado que se muestra cada vez más indeciso y exigente.

En contraste, el MAS postula a Andró­nico Rodríguez, una figura joven, caris­mática y con orígenes sindicales, pero que enfrenta el desgaste de su partido y el sabo­taje interno del ala leal a Evo Morales. La estrategia de Morales de promover el voto nulo y cuestionar la legitimidad de la can­didatura de Andrónico no solo fractura al oficialismo, sino que debilita su competiti­vidad en un escenario que ya era complejo. No obstante, el MAS conserva aún un piso electoral sólido, sobre todo en áreas rurales y sectores populares que valoran los logros de los primeros años del proceso de cambio.

Lo interesante del escenario boliviano es que, a diferencia de otros países de la región, la división entre izquierda y dere­cha no es suficiente para explicar el com­portamiento electoral. La fatiga del modelo aplicado por Evo Morales, las denuncias de corrupción, la crisis económica y los escán­dalos de narcotráfico han erosionado la imagen del oficialismo, pero la oposición tampoco goza de un voto entusiasta. Ni Doria Medina ni Quiroga encarnan una renovación profunda; son más bien repre­sentantes del “antimasismo” que buscan canalizar el hartazgo sin ofrecer un pro­yecto transformador claro.

La gran protagonista de estas elecciones puede ser la segunda vuelta. Todo apunta a un balotaje entre un candidato de cen­troderecha y otro del MAS o del progre­sismo, lo que obligará a recomponer alian­zas, seducir a los indecisos y evitar una polarización tóxica. Aún si Andrónico no lidera la primera vuelta, su capacidad de captar el voto antiderecha en un balotaje podría reconfigurar el tablero.

Entonces, ¿estamos ante el fin del ciclo progresista en Bolivia? No necesaria­mente. Más bien, podríamos estar pre­senciando una reconfiguración del espacio de izquierda, que aún cuenta con adhesión estructural, pero necesita nuevos lideraz­gos, narrativas y una autocrítica profunda. Del mismo modo, la derecha boliviana enfrenta el reto de ganar sin repetir el eli­tismo ni la exclusión que caracterizó sus años previos al auge del MAS.

Bolivia llega a estas elecciones como un país cansado, polarizado, pero no resignado. Y eso es una buena noticia para la democra­cia: porque el futuro aún está en disputa.

La intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, liderada por Ramón Ramírez, detectó una presunta malversación por G. 29.000 millones en la administración del intendente Miguel Prieto. El desfalco guarda relación con dinero que debía destinarse en obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas, según reveló el economista, este martes, en conferencia de prensa.

La administración del líder del movimiento Yo Creo contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones, que estaba asignada al financiamiento de gastos de capital. La utilización irregular de este recurso fue reportado por la Contraloría General de la República (CGR), y forma parte de los puntos claves que sustentaron el requerimiento de indagación.

“Transcurrido este tiempo lo que podemos afirmar es que en la medida que avanzamos en la intervención nos encontramos con hechos que profundizan nuestra preocupación. Nosotros venimos a defender los intereses de la ciudadanía esteña, la confianza de las instituciones y por supuesto venimos a reportar el mal o buen uso de los recursos", indicó Ramírez a los medios de comunicación.

Por otra parte, informaciones desprendidas de la revisión administrativa y financiera hecha sobre recursos canalizados mediante el Consejo Local de Salud, entre el 2019 y 2022, que alcanzaron más de G. 10.500 millones en dicho periodo, demuestran serios incumplimientos a las normativas vigentes.

De dicho monto, G. 6.000 millones se destinaron a obras y refacciones que fueron ejecutadas sin ningún tipo de control técnico ni administrativo, lo que impide determinar si esas inversiones realmente se realizaron como figuran en las facturas presentadas, o siquiera si se hicieron.

Las irregularidades incluyen transferencia sin documentación técnica ni aprobación del Ministerio de Salud Pública, pagos sin certificaciones de avances de obras, y la elusión de procesos legales de contratación. Además las obras no contaron con supervisión y actas de recepción final, por lo que no existe garantía alguna sobre su calidad, seguridad ni cumplimientos de estándares mínimos.

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El informe de Ramírez refiere que una situación particularmente grave detectada en la gestión de Prieto fue que el entonces director de Desarrollo Social de la comuna (actual presidente de la Junta Municipal, Sebastián Martínez) también se desempeñaba como sindico titular del Consejo Local de Salud, cumpliendo simultáneamente funciones de control y ejecución, hecho que debilitó aún más los mecanismos de fiscalización.

Martínez fue denunciado por los miembros de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, en agosto del año 2023, por integrar un supuesto esquema irregular de transferencias a comisiones vecinales para obras. Cuenta con doble imputación por lesión de confianza y asociación criminal.

Asimismo, el economista detalla en su informe que los hechos comprobados constituyen una conducta de altísima gravedad, que debería ser investigada por las instancias judiciales correspondientes, es decir el Ministerio Público.

“Todo lo que revelamos en nuestros informes no son presunciones, conjeturas, son hechos documentados que formarán parte de nuestro dictamen que presentaremos dentro de los 60 días de la intervención", puntualizó.

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La senadora del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Celeste Amarilla anunció este lunes que dentro de ocho días será presentado el libelo acusatorio contra su correligionaria Noelia Cabrera Petters para impulsar el pedido de pérdida de su investidura por un presunto caso de nepotismo. Agregó que se encuentran recabando pruebas y que solicitarán su destitución conforme al reglamento interno de la Cámara Alta.

“No hay tanto apuro, queremos hacer algo consistente con todas las pruebas. El abogado que trabaja conmigo ya comenzó a darle forma al libelo, vamos a pedir a Recursos Humanos el legajo de los funcionarios que trabajan en su oficina, qué gente metió, también juntamos las informaciones periodísticas. Yo supongo que esto se presentará en ocho días", indicó Amarilla a los medios de comunicación en el Congreso.

Amarilla sostuvo que otra de las principales causales para impulsar la pérdida de investidura de su colega es el caso de su hermano, José Gaspar Cabrera Petters, quien se habría hecho pasar por una persona de escasos recursos para obtener la asistencia del programa Becal otorgada por el Estado y estudiar en Alemania, pese a ganar G. 17 millones y trabajar en Itaipú.

“Acá no es solo la beca. El hecho de que metas a un hermano tuyo es o no uso indebido de influencias, si él no hubiese sido su hermano no hubiese entrado a Itaipú, entró en la binacional porque es hermano de la senadora, todo acá es una causal. Tiene un hermano veterinario en Itaipú ganando casi G. 40 millones que en su vida soñó ganar ese tipo", comentó la legisladora.

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La parlamentaria también mencionó que para analizar la pérdida de investidura de su colega solicitarán que el proceso sea mediante el reglamento interno del Senado, el cual establece la necesidad de contar con 30 votos y no solo la mayoría simple, es decir 23 votos.

Por su parte, el líder de bancada de Honor Colorado en el Senado, Natalicio Chase, indicó que el movimiento político tomará decisión sobre el caso de Cabrera Petters una vez que culminen los sumarios administrativos contra los sobrinos de la legisladora, Rebeca Giménez Cabrera e Iván Ramiro Giménez Cabrera, acusados por planillerismo y nepotismo.

“Seguimos con la misma postura, esperar el resultado del sumario administrativo que está en curso, pese a la renuncia de ambos. Estos exfuncionarios también se han presentado en la Fiscalía General, esto tendrá seguimiento de la justicia y del Parlamento. Es grave lo denunciado y vamos a tener una opinión concreta cuando culmine el sumario”, sostuvo a los medios de comunicación.

Chase indicó que de prosperar el tratamiento de la pérdida de investidura, se deberá aplicar la mayoría simple, tal como sucedió con el caso de la exsenadora encuentrista Kattya González. “Acá no se debe hacer lo que cada uno quiere, en febrero del 2024, el Senado tuvo una conclusión sobre ese análisis basado en el artículo constitucional y ese será la postura de nuestra bancada. No podemos cambiar de postura en cada análisis”, indicó.

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