El presidente de la Comisión Permanente, el senador Colym Soroka, convocó a sus colegas legisladores para la reunión reservada con el ministro de Justicia, Ángel Barchini. El encuentro entre parlamentarios y el secretario de Estado se realizará este jueves 4 de enero y será en la sala de reuniones de Presidencia del Senado.
“Me dirijo a los senadores de la nación y diputados nacionales, miembros de la Comisión Permanente del Congreso Nacional período 2023-2024, con el objeto de hacer extensiva la invitación a participar de una reunión presencial de carácter reservado con el ministro de Justicia, Ángel Barchini, el día jueves 4 de enero del corriente año a las 9:30 con el objeto de analizar la situación penitenciaria”, expresa la nota.
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La convocatoria de Soroka fue realizada este 2 de enero. Recordemos que en principio se había fijado los miércoles como día de sesión de la comisión y se había establecido recién como fecha del próximo encuentro de los legisladores el próximo 10 de enero, sin embargo, con motivo de la reunión con Barchini, los parlamentarios deberán presentarse.
La situación penitenciaria es una cuestión de especial interés en los últimos meses y tras la realización de los operativos Veneratio e Ignis que desmantelaron toda la estructura montada por el clan Rotela en el penal de Tacumbú, el interés sobre los planes del gobierno para abordar la situación en las cárceles, cobró aún más fuerza.
Con ambas operaciones, las fuerzas de seguridad lograron el traslado de los miembros del grupo criminal a otras penitenciarías y se decomisaron armas de fuego, dinero en efectivo entre otros elementos que tenían escondidos en sus celdas.
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Las visitas se autorizarán bajo estricto control en las cárceles durante la Semana Santa
Las cárceles del país contarán con un régimen especial para las visitas a los internos durante la Semana Santa, confirmó el Ministerio de Justicia. Se establecieron días y horarios en cada centro penitenciario y el ingreso se hará bajo estrictos controles de seguridad.
Puntualmente para la Penitenciaría Nacional de Tacumbú se fijaron los días miércoles y domingo de 09:00 a 15:00. Se aclara que los menores podrán entrar únicamente el domingo.
En la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza (UPIE) se habilita el martes, jueves, sábado y domingo, de 08:00 a 14:00, mientras que el Centro de Reinserción Social de Minga Guazú tiene habilitado los días miércoles, jueves y viernes, de 09:00 a 15:00, con agendamiento previo.
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Cárceles regionales
El mismo sistema rige para las penitenciarías regionales. Para Misiones se habilita el ingreso los días martes, jueves, sábado y domingo, de 09:00 a 14:00. El sábado tienen autorización para entrar los menores, de 09:00 a 14:00.
La Penitenciaría Regional de San Pedro habilita el martes, jueves, sábado y domingo, de 08:00 a 14:00, y ese mismo domingo será el único día habilitado para menores. Por otra parte, en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo se podrá ingresar para visitar a los reclusos el martes, jueves y sábado de 09:00 a 14:00. Quedan los días jueves y sábado habilitados para menores.
Los visitantes del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cambyretá tienen habilitado los días martes, jueves, sábado y domingo, de 09:00 a 14:00, y queda el domingo como único día habilitado para menores. La Granja Penitenciaria Ko’e Pyahú recibirá visitas el martes, jueves, sábado y domingo, de 09:00 a 15:00. Y ese mismo domingo será el único día habilitado para menores.
En tanto, en el Centro Penitenciario de Mujeres “Serafina Dávalos” se habilita el martes, jueves, sábado y domingo, de 09:00 a 14:00. También se fijó el domingo como único día para recibir a los niños de 08:00 a 16:00.
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Diputados definirá sobre protección de datos personales y prohibición de celulares en las cárceles
La Cámara de Diputados tiene prevista llevar adelante su sesión ordinaria este martes 1 de abril, para ello, la mesa directiva estableció un orden del día que incluye un total de 19 puntos a ser tratados desde las 09:00. Entre ellos se destaca el proyecto de ley “De protección de datos personales en Paraguay”. Asimismo, tienen previsto analizar una propuesta que prohíbe el ingreso de equipos celulares en los centros penitenciarios y educativos del país.
De acuerdo al orden del día, el plenario dará continuidad al estudio sobre la propuesta de “Protección de datos personales en Paraguay”, que se encuentra en su primer trámite constitucional y cuenta con aprobación en general y deberán avanzar en su estudio en particular.
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Al respecto, la exposición de motivos señala que el proyecto tiene por objeto la protección integral de los datos personales de las personas físicas, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de sus titulares, y la libre circulación de tales datos, de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de los cuales Paraguay es parte.
Recuerdan que esta propuesta cuenta con 88 artículos distribuidos en 11 capítulos, que abarcan temas como limitaciones al derecho de protección; exactitud de datos; principios de lealtad, transparencia, responsabilidad, confidencialidad; plazo límite de conservación de datos; consentimiento de adultos, niños, niñas y adolescentes; interés legítimo; tratamiento de datos sensibles; tratamiento de datos crediticios; datos de video-vigilancia; datos de la administración pública, entre otros.
Dicha normativa es producto de un extenso trabajo encaminado por la “Coalición de Datos Personales”, que reunió a varios representantes, tanto del sector público como del sector privado, y expertos internacionales, para trabajar y consensuar un documento que se constituya en herramienta jurídica para proteger los datos personales en nuestro país.
Celulares en cárceles
Por otra parte, el plenario tiene en agenda la consideración del proyecto de ley “Que prohíbe la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos y cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico o no, en los centros penitenciarios y educativos del país”. El documento subraya la necesidad de fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario nacional y reducir la influencia del crimen organizado.
Según la exposición de motivos, la introducción de dispositivos electrónicos en las cárceles facilita actividades delictivas como extorsiones, tráfico de drogas, estafas, homicidios y hasta riesgo de planificación de fugas. El proyecto de ley que se encuentra en su primer trámite constitucional propone penas privativas de libertad que oscilan entre 2 y 7 años para quienes introduzcan estos dispositivos, dependiendo de las circunstancias y el rol del infractor.
Los castigos más severos se aplicarán a funcionarios públicos o proveedores autorizados en los centros penitenciarios que violen las normas, con penas de hasta 7 años de prisión. Además, se contempla la penalización de la tentativa.
El documento también resalta que, pese a los esfuerzos de las autoridades por controlar el ingreso de estos dispositivos, la problemática persiste debido a vulnerabilidades tecnológicas y la falta de sanciones contundentes.
“El sistema de inhibición de señales de comunicación celulares actualmente posee puntos vulnerables, los cuales pueden ser aprovechados para anular el bloqueo y así utilizar los dispositivos celulares por un tiempo o bien de manera indefinida”, dice una parte del texto.
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Viceministro apunta a innovar la cultura organizacional en los centros penitenciarios
El nuevo viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel Guerreño, expuso que bajo el gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, se está trabajando en delimitar las responsabilidades de cada funcionario del sistema penitenciario con el fin de otorgar al Estado un mayor control y soberanía sobre sus cárceles.
“El problema central y ese es el gran desafío que siempre se tuvo es poder cambiar por un lado la cultura organizacional en los centros penitenciarios. La cultura que tenía, por ejemplo, Tacumbú es muy diferente a la cultura organizacional de la cárcel de San Pedro, esto no debería ser así, tendría que estar totalmente estandarizado”, manifestó el funcionario, designado ayer jueves en el cargo, en reemplazo de Víctor Benítez, quien presentó su renuncia tras ser nombrado como juez penal.
“Me refiero a que se tenga un manual de perfil de cargos, de procedimientos para que cada funcionario sepa exactamente lo que debe hacer y lo que no debe hacer, esto es un elemento fundamental para poder delimitar las responsabilidades. Esto ya se está elaborando y tendría que estar concluyendo”, agregó. Señaló que otro de los desafíos del Gobierno se debe centrar en el proceso de selección y formación del servidor penitenciario.
“Las penitenciarías son espacios donde existen disputas de poder. El día que se logre afianzar el nuevo modelo en donde podamos delimitar de manera clara las responsabilidades de cada uno de los funcionarios ante la existencia de una irregularidad, entonces será el camino por el cual se podrá transitar para tener cada vez mayor control y soberanía en los espacios penitenciarios. Si estos dos elementos que cuesta tanto modificar se logra si se notará un cambio sustancial en el sistema penitenciario”, indicó el abogado que ya había ocupado el mismo cargo en el 2020.
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Nuevas infraestructuras, nuevo modelo
El viceministro siguió argumentando que “si hacemos un poco de historia, en el Paraguay vemos que a partir del año 2000 se empezaron a construir nuevas penitenciarías, al poco tiempo estás nuevas cárceles empezaron a reproducir las mismas prácticas corruptas que se dan en otras penitenciarías. Esto nos muestra que habilitar únicamente nuevas infraestructuras no es suficiente para cambiar el modelo”.
Por otra parte, detalló que el Primer Comando Capital (PCC) y el clan Rotela son los principales grupos criminales más relevantes dentro del sistema penitenciario paraguayo. Agregó que ambas bandas lograron obtener el control aprovechándose de las carencias del Estado. “Hay otros que aún no están consolidados y este es el momento justamente de trabajar. Estos grupos básicamente se acercan de manera amable y van generando lealtad, el paraguayo es muy leal”, dijo a la 1080 AM.
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Proyectan construcción de más penitenciarías ante amenaza de reclusos de alta peligrosidad
Desde el Ministerio de Justicia manifestaron que los desafíos en torno al control sobre las personas privadas de libertad son constantes teniendo en cuenta el volumen de personas y también la peligrosidad, sobre todo de los vinculados al crimen organizado. Ante esta realidad, se plantean diversas alternativas entre las que se encuentra la necesidad de más centros penitenciarios.
“Estamos proyectando más construcciones de penitenciarías que por sí solo es necesario dentro de un Estado en el que la población crece, la criminalidad también y se debe trabajar en eso, en infraestructuras”, informó Víctor Benítez, viceministro de Política Criminal a la 650 AM.
El día a día en los centros penitenciarios es muy difícil, reconoció Benítez, no obstante, señaló que la institución trata de coordinar acciones en conjunto con otras carteras estatales para abordar la situación penitenciaria en cuanto a la sobrepoblación y el control de los privados de libertad que tienen relación al narcotráfico y al crimen organizado, los que constantemente buscan mecanismos para reagruparse dentro de las cárceles.
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“Tenemos varios blancos con que luchar dentro del sistema penitenciario, pero lo estamos haciendo”, expresó Benítez. Además de este proyecto, también siguen trabajando con fuerza con el Poder Judicial para otorgar mayores medidas alternativas a la prisión como la prisión domiciliaria, en los casos que no exista riesgo, de modo a no optar necesariamente por la prisión preventiva y así evitar que las penitenciarías sigan sumando a personas.
Hay que mencionar que durante el actual Gobierno se habilitaron las cárceles de máxima seguridad, a donde se destinaron a miembros de organizaciones como el clan Rotela, los cuales guardan reclusión en un pabellón especial, en celdas separadas y sin comunicación entre sí. Durante el 2024 se realizaron operativos mediante los cuales se expulsaron del país a líderes del Primer Comando Capital (PCC), quienes eran requeridos por la justicia brasileña.
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