El senador Basilio Núñez adelantó que solicitará el rechazo del proyecto de ley que modifica el artículo 67 del Código Penal, conocido como “devolución premiada”, asimismo sostuvo que él mismo votará por el rechazo de esta iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
La propuesta que fue presentada por el diputado Yamil Esgaib se encuentra en el Senado, donde también será puesta a consideración del pleno, sin embargo, el mismo sería rechazado de acuerdo con las expresiones del senador Núñez.
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El diputado Esgaib aseguró en su momento que el objetivo principal del proyecto de ley es la recuperación de los bienes o recursos que fueron robados por el funcionario público. “Esta es una herramienta que va facilitar la recuperación de los bienes o recursos robados, mientras que el personaje que cometió el delito, al hacer la reposición del daño causado al Estado, está reconociendo su delito”, había explicado el parlamentario.
Sin embargo, el proyecto fue bastante cuestionado por algunos sectores, aludiendo que con la modificación de la ley se estaría premiando a los que incurren en delitos, principalmente los que tengan que ver con el mal uso de los fondos públicos. Al respecto, el senador Núñez sostuvo que la justicia debe llegar a todos.
“Solicitaré y votaré por el rechazo de la ley de devolución premiada, no estamos para apañar a nadie, la justicia debe llegar a todos, hasta el momento muy selectivo, pero confío en que llegará”, expresó a través de su cuenta de red social X.
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Diputados promueven primer proyecto para regular el uso de drones
En la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de ley que por primera vez busca establecer un marco jurídico integral para el uso de drones en el país, conocidos técnicamente como Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA) y Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS). Son firmantes del documento los diputados Diego Candia (ANR-Central); María Ida Cattebeke (ANR-Pdte. Hayes); Yamil Esgaib (ANR-Capital); Pedro Ortíz (ANR-Central); y Francisco Petersen (ANR-Boquerón).
La iniciativa es el resultado de una Mesa Técnica Interinstitucional que funcionó durante cuatro semanas, integrada por representantes de la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno de Diputados, la Fuerza Aérea Paraguaya, la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), la Policía Nacional y la Dirección de Técnica Legislativa de la Cámara Baja, explican los proyectistas.
La normativa apunta a establecer el registro obligatorio de los drones ante la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), la Fuerza Aérea Paraguaya o la Digemabel, según el tipo de aeronave y su uso; así como la identificación electrónica remota (Remote ID), que permitirá rastrear en tiempo real la ubicación de cada equipo.
Otro aspecto destacado es la categorización de drones por peso y por tipo de operación, que van desde el uso recreativo hasta operaciones de seguridad y defensa. Igualmente, la habilitación de pilotos, con distintos niveles según la complejidad de la operación, y la creación de centros de instrucción supervisados por la Dinac; así como fijar zonas restringidas, como los alrededores de aeropuertos, instalaciones militares, centrales eléctricas, cárceles y zonas fronterizas, donde el vuelo de drones estará prohibido salvo autorización expresa.
Infracciones y neutralización
Un apartado importante aborda los sistemas de mitigación y neutralización, que quedarán bajo control de la Digemabel y la Fuerza Aérea, incluyendo la creación de un Sistema Integrado de Detección y Neutralización de Aeronaves Pilotadas a Distancia (Sidenrpa). Además de un régimen de sanciones, que clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, con multas, decomiso de equipos y suspensión o cancelación de habilitaciones, además de la posible remisión de casos a la justicia penal.
El proyecto “que regula el uso de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA) y Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS) en la República del Paraguay” define que Dinac se encargará de la regulación técnica y la habilitación de pilotos; la Fuerza Aérea Paraguaya, de la defensa del espacio aéreo; Digemabel, del control de los componentes de doble uso; la Policía Nacional, de la fiscalización en tierra; y el Mitic junto con Conatel, de la gestión del espectro radioeléctrico que utilizan estos equipos.
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Senado y Contraloría firman convenio para fortalecer investigación sobre títulos falsos
La Cámara de Senadores y la Contraloría General de la República (CGR) suscribieron un convenio marco de cooperación y articulación Interinstitucional.
La idea es fortalecer el intercambio de información, la asistencia técnica y el trabajo coordinado en el marco de la investigación que desarrolla la Comisión Especial sobre presuntos títulos académicos falsos o irregulares, presidida por el senador Patrick Kemper.
Firmaron el documento el titular del Congreso, Basilio Núñez, y el contralor general de la República, Camilo Benítez.
Durante el acto, el senador Núñez, señaló que varias de las universidades actualmente cuestionadas fueron creadas durante periodos legislativos anteriores.
Por ello consideró que el desafío de la actual administración consiste en impulsar las medidas necesarias para clausurar aquellas instituciones que incumplan las disposiciones legales vigentes.
A su turno, el presidente de la Comisión Especial de Investigación, senador Patrick Kemper, explicó que la suscripción del convenio permitirá fortalecer la cooperación entre ambas instituciones. Dijo que se optimizarán recursos humanos y técnicos.
Además se dispondrá de la experiencia de auditores, investigadores y profesionales de la Contraloría para acompañar las tareas que desarrolla la comisión.
Por su parte, el contralor Benítez, afirmó que la institución desarrolla sus procesos de fiscalización bajo estrictos estándares de transparencia y recordó que todas sus actuaciones son de carácter público.
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Chase plantea fortalecer presupuesto de organismos de seguridad ante el crimen organizado
El senador y líder de la bancada oficialista, Natalicio Chase, sostuvo que el combate al crimen organizado requiere fortalecer el presupuesto destinado a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares.
No obstante, advirtió que se trata de una lucha permanente que demanda recursos y un esfuerzo sostenido por parte del Estado.
Respecto a la recuperación de fuerzas del grupo criminal EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo), indicó que sigue activo y pidió dejar que concluyan las investigaciones antes de convocar a autoridades del Ejecutivo al Congreso.
En conversación con varios medios de prensa, Chase afirmó que la lucha contra el crimen organizado es un desafío vigente en toda Sudamérica.
En ese contexto, recordó que el mayor gasto destinado a combatir a estas organizaciones en la historia se registró en Colombia, con el respaldo de la principal potencia mundial, en referencia a Estados Unidos.
Pero que, hasta ahora, no está corregido este flagelo en ese país. Remarcó que es una lucha permanente, es una contención permanente y espera que en Paraguay se pueda disminuir la fuerza de estos grupos criminales.
“Claro que se le tiene que dar a las fuerzas de seguridad todos los recursos que sean necesarios, para que nosotros acá estemos tranquilos. El Paraguay es un país en crecimiento y tiene recursos finitos. No podemos nosotros en muy corto tiempo volvernos la primera potencia mundial en fuerza de seguridad. Yo creo que se ha trabajado, se ha mejorado y hay condiciones ya de hacer frente al crimen organizado”, remarcó.
Reactivación del EPP
El senador Chase indicó que aparentemente estos grupos delictivos no tienen otra forma de vivir; teniendo en cuenta que de acuerdo a las informaciones que se manejan, son los parientes de aquellos que en su momento ya han sido abatidos.
“Por lo visto siguen en el mismo camino delincuencial, y bueno, esperemos que la fuerza de seguridad puedan hacer esa conclusión. Hasta que termine la evaluación no tiene sentido convocarle a ninguna autoridad porque vamos a adelantarnos al análisis profesional que están haciendo las instituciones de seguridad”, expresó.
Señaló que las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), ni el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), son instituciones omnipresentes. Explicó que cuando se realizan atentados de este tipo en ninguna parte del mundo pueden las instituciones tener una cobertura del 100 %.
“Ahora vendrán las medidas de contención y de acuerdo a lo que dijo el ministro del Interior en su última declaración, esto no va a quedar así y va a tener sus consecuencias y el esfuerzo del Estado para corregir esta situación”, remarcó.
Finalizó señalando que Paraguay es un país que tiene muchas ventajas, muchos privilegios debido a la calidad de la gente misma.
“Por eso, creo que no han crecido estos grupos a niveles extraordinarios; y bueno, que la Fuerza de Seguridad haga su trabajo y contengan este nuevo surgimiento de este grupo delictivo”, acotó.
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Bachi Núñez ratifica respaldo del Congreso a la lucha contra el crimen organizado, tras ataque en Naranjito
El presidente del Congreso Nacional y de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, lamentó el atentado perpetrado contra el puesto policial de la Colonia Naranjito, departamento de Canindeyú, que dejó tres personas fallecidas tras un ataque atribuido al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Asimismo, destacó el respaldo brindado por el Poder Legislativo a las iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad nacional.
En ese sentido, el titular del Senado resaltó el acompañamiento del Poder Legislativo al Gobierno Nacional durante estos tres años en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. “Este es un combate que debemos seguir fortaleciendo, no solamente en el estamento policial, sino también en las Fuerzas Militares.
Durante este período, más de 15.000 policías fueron formados; además, se les proveyó de chalecos antibalas, patrulleras y combustible, entre otros recursos”, manifestó. Asimismo, lamentó el fallecimiento de los suboficiales de la Policía Nacional, Atilio Martínez y Herminio Ojeda, así como del civil Josemar Escobar Piris.
Reforzar la seguridad
En ese contexto, señaló que el Gobierno impulsó diversas acciones para reforzar la seguridad de los productores del departamento de Canindeyú, donde, según indicó, se encuentra confinado el EPP. “Hay que valorar el trabajo que están realizando las instituciones”, enfatizó. Igualmente, recordó que, mediante un trabajo conjunto entre la Cámara de Senadores y la Presidencia de la República, fue presentado y aprobado el presupuesto destinado a la construcción de comisarías.
Añadió que el Poder Legislativo permanecerá atento a las conclusiones de la reunión del Consejo de Defensa Nacional (Codena), para evaluar las medidas que eventualmente puedan impulsarse desde el ámbito legislativo. “Es una alerta de que ese grupo (EPP) sigue vigente, confinado en un departamento, según informes que recibí extraoficialmente”, expresó.
Finalmente, al ser consultado sobre la convocatoria a los ministros del Interior y de Defensa Nacional, indicó que aguardarán las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo y que, posteriormente, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores analizará las acciones que correspondan.