El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, explicó que la propuesta de reforma del transporte público otorga versatilidad tanto al sector público como privado para la adquisición y operación de buses a fin de brindar un mejor servicio al ciudadano.

“Con esta reforma, el Estado puede participar del sistema en paralelo al privado. Ambos pueden participar. No lo restringimos, nosotros le dimos mayor habilidades al Estado, porque esto es muy dinámico y complejo y el Estado debe tener la fortaleza para responder a la complejidad. Entonces, el Estado puede ser proveedor de flota y también ser operador, al igual que el privado puede ser proveedor y operador”, detalló en visita al estudio de Nación Media, durante el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM.

Resaltó que dentro de la reforma se está trabajando varios componentes, uno de ellos es el tema de los buses, pero también contempla el aspecto vial, lo que no quiere decir que se establecen nuevas calles, sino que habla de una infraestructura de mantenimiento de las calles entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con municipios y gobernaciones.

“Por eso, necesitamos una ley o marco jurídico que otorgue habilidad al Estado incluso de ser operar o poder proveer flota. Pero el foco principal está finalmente en una gran alianza público-privada, desde el punto de vista de la empresa que va a proveer el servicio, la flota; pero tampoco hay que olvidar a la gente, que finalmente paga una parte importante de la factura de todo el sistema de transporte”, acotó.

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Por otra parte, el viceministro indicó que a la fecha existen 36 empresas de transporte con buses muy viejos, que tienen itinerarios que son prácticamente patrimonio de ellos y que ya no se les puede sacar. Entonces, lo que se permite con la ley es propiciar un marco de competencia donde se puedan volver a licitar los corredores, con lo que se busca abrir un proceso de depuración de las empresas.

“Una empresa en un corredor genera sostenibilidad financiera, porque esto es un negocio a escala. Cuando se tiene una empresa que puede ser sostenible por el giro del negocio, son empresas que pueden invertir en calidad. Cuando se invierte en calidad, que a su vez significa invertir en usuarios, propiciando la compra de buses nuevos”, comentó.

“A la par de esto hay que hacer varias cosas, infraestructura, a la par fortalecer al viceministerio del Transporte, no vamos a tener una reforma sin un viceministerio robustecido; porque al final del día lo que se necesita es un control más robusto, podemos cambiar el sistema, pero sin control se puede desordenar”, acotó.

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El experto en materia del sistema financiero y derecho bancario, el abogado Carlos Palacios, y la periodista de investigación de Nación Media, Rosana Escobar, coincidieron en señalar que existen mecanismos para indagar y comprobar si el expresidente Mario Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira podrían ser o no los beneficiarios finales de los 21 millones de dólares distribuidos en dos cuentas bancarias en las islas Seychelles, según publicó el portal argentino PeriodismoyPunto.

Durante el programa “Fuego Cruzado”,que se emite por canal GEN/Nación Media, analizaron las evidencias que fueron expuesta por la investigación del portal de noticias que encabeza el periodista argentino Luis Gasulla, respecto a dos cuentas bancarias depositadas por dos empresas cuyos beneficiarios finales serían el exmandatario y su esposa.

Palacios señaló que, aparentemente, estos fondos no figurarían en la declaración de bienes del exjefe de Estado. Por lo tanto, señaló que, en principio, parecería una situación de ocultamiento de activos, escenario que configuraría un eventual hecho de enriquecimiento ilícito.

A su turno, la periodista Rosana Escobar, quien llevó adelante una investigación profunda sobre las empresas de Mario Abdo Benítez vinculadas al tema asfalto; señaló que hay mucha similitud en el manejo del dinero con relación a los depósitos en las islas Seychelles, encontrando un mismo modus operandi en el manejo financiero,

“Parece que es la misma práctica que hizo acá en Paraguay, porque acá la fortuna que amasaron sus empresas en el país no se ve reflejada en su declaración jurada, sino que se fueron a esos fondos de reserva. Hasta ahora nadie sabe dónde están, dónde hubo movimientos tampoco, y que están constituidas en un gran porcentaje por deudas también; deudas infladas que los proveedores o los clientes suyos no reconocen”, explicó la periodista.

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Al respecto, el doctor Palacios explicó que el tema de los paraísos fiscales antiguamente se constituían con facilidad mediante acciones al portador; pero luego de la crisis financiera del 2008, obligó a las compañías bancarias a nominar a quienes constituían las empresas.

A partir de entonces, indicó que todas aquellas personas que no querían revelar su identidad constituían sociedades con otras sociedades, armando unos esquemas de sociedades por capas; buscando siempre de ocultar la verdadera identidad del dueño o del beneficiario final. Es así que las legislaciones se fueron ajustando y es así que surge la figura del “beneficiario final”.

“Es como una pirámide, sin aparecer en ella, la persona que aparece como accionista en la sociedad puede no ser el beneficiario final de esa empresa, porque por encima de la que figura como primera dueña puede haber otros dueños hasta llegar a una persona física de carne y hueso, que finalmente se puede identificar como la persona que controla o que es titular de los activos que existen en esta sociedad”, comentó Palacios.

La periodista Escobar como el experto jurídico en finanzas señalaron que existen los elementos y herramientas para que el Ministerio Público inicie una investigación, ya que la publicación periodística accedió a datos bastante concretos y específicos, como, por ejemplo, los nombres de estos dos bancos, que efectivamente existen, operan y están habilitados para funcionar en Seychelles. Además de números de cuenta, los nombres de las sociedades titulares y movimientos de los depósitos o transferencias que se recibieron.

“No se trata de una información vaga sino de una información concreta que puede perfectamente servir como punta del ovillo para que el Ministerio Público inicie una investigación con toda seriedad. Ahora, que la persona afectada haya salido rápidamente a desmentir en forma directa y a través de sus abogados, esa es la dinámica que existe cuando hay una revelación de la posible existencia de un delito”, comentó Palacios.

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Asimismo, Palacios señaló que la Fiscalía y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) cuentan con las herramientas como para iniciar esa investigación mediante la cooperación con los grupos de unidades de inteligencia financiera de diversos países.

Indicó que justamente la República de Seychelles, en su afán de salir de la lista gris de paraísos fiscales, desde hace unos años ha formado parte del Grupo Egmont, que es el organismo internacional que permite la cooperación e intercambio de inteligencia entre las unidades inteligencia financiera de varios países, incluido también Paraguay.

“Esta información no es pública, la base de datos para saber quiénes son los titulares o los beneficiarios finales de las empresas constituidas en esa jurisdicción solamente se pueden acceder a través de estos mecanismos oficiales; por eso la responsabilidad recae yo creo que en la Seprelad y fundamentalmente en el Ministerio Público”, insistió Palacios.

Agregó que la Seprelad podría estar guardando el debido sigilo, no como ocurrió en otros casos durante el gobierno de Abdo, pero ya debería estar tramitando de manera oficial la investigación. “Ahora, si la información llega a recibirse y confirma la existencia de estas cuentas, ahí si esta investigación cobraría fuerza y podría derivar eventualmente en una imputación contra el expresidente”, puntualizó.

Por su parte, Rosana Escobar recordó que la investigación de la Fiscalía sobre eventual enriquecimiento ilícito de Mario Abdo lleva ya un año, sin tener noticias de avance en la investigación.

“Lo que tiene que hacer, reitero, la Fiscalía es sencillo, es revisar las cuentas bancarias, así nomás, es donde está la plata, dónde se fue, uno puede ponerle todo el ropaje que quiera, el concepto que quiera, financieramente hablando, pero hay que revisar dónde está la plata, nomás, sencillo, va a la cuenta y ya está”, acotó.

La Contraloría General de la República se encuentra analizando posibles acciones ante la supuesta fortuna no declarada del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez. Así lo confirmó el director de Declaraciones Juradas, Armindo Torres, a La Nación/Nación Media.

“Si esto se constata, si esto es verdad, estaríamos ante un caso de declaración falsa y una intencionalidad de ocultar un enriquecimiento ilícito”, advirtió Torres, quien recordó que ya existe un análisis de correspondencia a Abdo que está suspendido actualmente, debido a los llamativos ingresos que obtuvo de sus empresas del rubro de la construcción.

El director también precisó que se había recurrido tanto al Ministerio Público como a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) de modo a obtener detalles sobre el fondeo a largo plazo de unas inversiones de las cuales la Contraloría no tenía detectado el origen y, por ende, se necesitaba indagar en ese aspecto en que no tiene potestad sobre empresas privadas.

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“Hemos escuchado que la Fiscalía abrió una investigación preliminar y, eventualmente, la Contraloría podría pedir algún informe a través de la Cancillería, pero eso sería mucho más lento, otras instituciones que tienen esos convenios internacionales como creo que es el caso del Ministerio Público que tienen ese canal, así como también la Seprelad, pero la Contraloría no tiene y estamos evaluando qué acciones tomar”, sostuvo.

Torres precisó que en la próxima semana tendrían más claridad sobre el caso y podrían solicitar informes a través del Ministerio Público de modo a poder avanzar en el examen de correspondencia, el cual puede seguir adelante, pese al blindaje con que cuenta Abdo por sus fueros como senador vitalicio.

Desde la Contraloría afirmaron que sería muy positivo poder tener claridad sobre esta supuesta fortuna oculta en Seychelles, noticia que trascendió a través una investigación periodística de Argentina. “Sería muy bueno para la República aclarar esta situación, inclusive para el expresidente, y si es así, que hay una cuenta con dinero, también seguir la ruta del dinero”, aseveró.

Los depósitos a cuentas que presuntamente tienen como beneficiarios finales a Abdo y su esposa Silvana López Moreira se habrían dado mientras el exmandatario aún estaba en función de gobierno, por lo que, para la Contraloría, es importante saber de dónde provinieron esos fondos que hoy estarían descansando en un paraíso fiscal, de acuerdo a la investigación de PeriodismoYPunto. “Hoy día hay mecanismos con que se puede seguir la ruta del dinero”, dejó en claro Torres.

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Durante un acto en Palacio de Gobierno, liderado por el presidente Santiago Peña, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, presentó oficialmente el proyecto de paquetes de leyes que prevé 10 cambios en el sector público para impulsar el desarrollo de la economía.

“Hay algunas actualizaciones de leyes que han servido mucho para hacer inversiones, para crear empleo que necesitamos en este momento. Una de ellas es la vieja ley 60/90 que ahora se llama ley de Inversión Nacional y Extranjera, porque pone en un mismo lugar al local e internacional”, explicó el secretario de Estado.

Fernández Valdovinos fue enfático en decir que el Gobierno no está “obsesionado” solo con la inversión extranjera, sino con la inversión en general, sea nacional o extranjera. “Al compatriota lo que le importa es el empleo, y le da lo mismo si el dueño es nacional o extranjero”, dijo.

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Luego, expuso que también están trabajando en la modernización de la Ley del Mercado de Valores, teniendo que en cuenta que ahora la Superintendencia de Valores se encuentra dentro del Banco Central del Paraguay (BCP), y recordó que este sábado se celebra el primer aniversario del grado de inversión, “un hito económico importante”.

“Necesitamos actualizar también esa ley, de modo que el capital que llegue a Paraguay tenga muchas más facilidades, y que el mercado de valores opere bajo estándares internacionales. Así podremos alcanzar en el ámbito regulatorio el mismo estándar de grado de inversión que ya tenemos en lo macroeconómico”, explicó Fernández Valdovinos.

Profundizó en que estas iniciativas apuntan a una transformación productiva, tecnológica y financiera que beneficiará directamente a la ciudadanía, como la política nacional para la producción y ensamblaje de equipos eléctricos, electrónicos y digitales.

Con esto, se crea un marco normativo que impulsa la industrialización en el sector tecnológico, incentivando la producción local de dispositivos clave para el desarrollo digital, y se proponen incentivos concretos para que empresas nacionales e internacionales instalen fábricas de equipos eléctricos, electrónicos y digitales en el país. Esto implica más empleos formales, transferencia tecnológica, desarrollo industrial y posicionamiento del país en la cadena de valor global.

En el paquete de leyes se elimina una norma que obligaba a las aerolíneas a pagar un 6 % a agencias por cada pasaje vendido, lo que limitaba la competencia. Esto quiere decir que más aerolíneas podrán operar en el país, se abrirán nuevas rutas aéreas, habrá más opciones de vuelo y pasajes más accesibles.

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