El pleno de la Cámara de Senadores rechazó por mayoría el pedido de pérdida de investidura del legislador colorado Hernán Rivas. El pedido fue presentado por un grupo de legisladores de la oposición debido a la presunta tenencia de título falso de abogado.
La petición estaba incluida como primer punto del orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara Alta y debido a que no contaba con dictamen de comisión, el líder de la bancada oficialista del Partido Colorado, Basilio “Bachi” Núñez, solicitó que el pleno se constituya en Comisión de Asuntos Constitucionales para que emitan un dictamen.
Durante un largo análisis, el plenario sentó su parecer; varios senadores de la oposición manifestaron su oposición ya que la presentación no reunía las condiciones jurídicas y constitucionales para llevar adelante el voto de pérdida de investidura. Esto teniendo en cuenta que no existe tampoco una sentencia jurídica que se expida sobre el fondo de la cuestión, es decir, la legalidad o no de los documentos del legislador que fue electo por voluntad popular. Finalmente se procedió a la votación quedando de la siguiente manera: 29 votos en contra, 12 abstenciones y solo 2 votaron a favor, con un registro de 43 senadores presentes en sala.
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Uno de los primeros en sentar una posición firme en contra del pedido, por no tener una sentencia judicial y basarse solamente en una presunción, de que el título presentado por el senador Rivas era falso, fue el propio titular de la Cámara de Senadores, Silvio Ovelar. “Tengo una posición clara, sin una sentencia firme y ejecutoriada no voy a acompañar el juicio político de pérdida de investidura de ni un solo colega”, afirmó.
En tanto, el senador Ramón Retamozo indicó que se debe tener en cuenta que para aplicar el Art. 201 de la Constitución Nacional, se debe presentar los motivos o conductas de que el senador haya cometido dentro del periodo parlamentario y el uso indebido de su investidura, los cuales no se configuran en el caso del senador Rivas, ya que el cuestionamiento a sus títulos corresponde al año 2015, mucho antes de que sea legislador.
En tanto que el senador liberal Eduardo Nakayama reconoció que no cuenta con los elementos que le den certeza sobre la legitimidad de los documentos, por lo que al igual que su colega Rafael Filizzola adelantaron su abstención a votar en este caso, porque no cuentan con los elementos que exigen la Constitución para retirar la investidura de alguien que fue electo con voto popular.
“Con respecto a este punto me voy a abstener, puesto que tengo la convicción y la presunción de que todo lo que le es imputado al senador Rivas es cierto, pero no tenemos la certeza de que así sea”, expresó Nakayama.
Igualmente, la senadora Yolanda Paredes aseguró que vota en contra respondiendo a la coherencia con su postura, ya que su esposo Paraguayo Cubas había sido víctima de la coyuntural mayoría que en el periodo pasado perdió la investidura como senador, lo cual es rechazado por el Partido Cruzada Nacional. “No pienso defenderle a Hernán Rivas, pero tengo que ser coherente jurídicamente, le solicito a la senadora Kattya González remita las pruebas al Ministerio Público, que está obligado a investigar algo tan delicado”, acotó.
Otro punto que fue muy cuestionado por varios legisladores de diferentes bancadas es la falta de reglas claras a la hora de sancionar a un parlamentario que fue electo por voto popular. Afirmaron que es inadmisible que para que un senador sea sancionado con suspensión de 30 días sin goce de sueldo se necesite de 30 votos, mientras que para perder la investidura y perder su banca solo con una mayoría simple, que incluso en algunas ocasiones no supera de 15 votos. Es así que el reclamo general fue llevar adelante un análisis más profundo sobre la reglamentación del artículo 201 de la Constitución sobre la pérdida de investidura.
Finalmente, el senador Hernán Rivas hizo uso de la palabra al término del debate, negando rotundamente la acusación de que haya persuadido o mentido sobre sus actitudes personales para ser electo representante de la Cámara de Senadores ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Asimismo, presentó las respuestas de pedidos de informe que realizó el JEM al Ministerio de Educación y Ciencias y la Universidad Sudamericana, que confirma la legalidad de los documentos.
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