El presidente de Dipu­tados, Raúl Latorre, resaltó ayer la media sanción que tuvo en la Cámara Alta el proyecto de ley de la Función Pública y Servicio Civil, que plantea reglamen­tar el sistema de trabajo de los funcionarios públicos.

“Nosotros entendemos que el Servicio Civil es una ley paradigmática, entendemos el espíritu del Poder Ejecutivo que es el de generar un mejor ordenamiento con respecto a la gestión del talento humano en la República del Paraguay”, indicó Latorre.

Sobre el tratamiento de la ley por la Cámara de Diputa­dos, Latorre manifestó que oportunamente plantearán el tema en la mesa directiva y allí se decidirá el momento para considerar la normativa.

Mientras el diputado liberal Jorge Ávalos Mariño dijo que esta ley debe ser revisada ya que fue atacada por varias ins­tituciones que alegan incons­titucionalidad.

“A partir de lo aprobado ayer vamos a revisar. A priori lo que hay que modificar es la ley actual de la Función Pública “, señaló el diputado.

El proyecto de ley de la Fun­ción Pública y Servicio Civil es una propuesta del Poder Eje­cutivo y que durante su tra­tamiento parlamentario tuvo algunas modificaciones por parte de los senadores.

En principio la normativa excluye a los poderes Judi­cial y Legislativo, pero desde el Congreso aseguran que opor­tunamente se establecerán la reglamentaciones que tam­bién regirán para los funcio­narios de estos poderes del Estado.

El proyecto de ley esta­blece el concurso público como el único mecanismo de ingreso a la función pública, con excepciones para los cargos electivos y de confianza. También con­templa el periodo de prueba de seis meses para la evaluación y posterior estabi­lidad laboral.

En cuanto a los empleados contratados se prevé un régimen especial que garan­tiza la estabilidad laboral tras diez años de servicio ininterrumpido y derechos laborales como vacaciones, aguinaldo y acceso a la segu­ridad social, conforme al presupuesto vigente.

Para los directivos públi­cos, el proyecto establece que serán seleccionados mediante concurso público, con un periodo de tres años y un límite de nueve años de permanencia. Y otros varios beneficios para los funcio­narios del Estado, según los senadores que votaron a favor de la ley.

Sectores de la oposición afirman que la Ley del Servicio Civil “es un gran avance”.

El senador del movimiento Yo Creo, José Oviedo, se refi­rió sobre la media sanción otorgada por la Cámara Alta a la iniciativa de reforma la carrera del servicio civil impulsada por el gobierno del mandatario Santiago Peña que tiene como fin iniciar un sistema de jerarquización del funcio­nariado público, princi­palmente en el ámbito del Poder Ejecutivo.

“Se trabajó bastante con el frente sindical, con varias organizaciones. Lo que se percibe es que hay un mayor consenso sobre este proyecto con relación a otras iniciativas impor­tantes. Ayer aprobamos casi por unanimidad, sola­mente una senadora votó en contra”, manifestó a la 1020 AM.

El proyecto aprobado por los senadores y remitido a Dipu­tados para su estudio esta­blece el concurso público como el único mecanismo de ingreso a la función pública, con excepciones para los cargos electivos y de confianza. También contempla un período de prueba de seis meses para la evaluación y posterior esta­bilidad laboral.

“Una ley no va a solucionar todos los problemas estruc­turales que tenemos en la función pública, pero es un gran avance. Esta es una iniciativa necesaria, ya que debemos tener una ley que rija a la función pública y que establezca la estruc­tura de una carrera civil”, comentó Oviedo.

En cuanto a los emplea­dos contratados, se prevé un régimen especial que garantiza la estabilidad laboral tras diez años de servicio ininterrumpido y derechos laborales como vacaciones, aguinaldo y acceso a la seguridad social, conforme al presu­puesto vigente.

El gobierno argentino retiró a su delegación de la 29ª conferencia sobre el cambio climático de la ONU (COP29) que se celebra en Bakú, la capital de Azerbaiyán, informó una fuente oficial a la AFP. “Sí, el equipo se retira”, declaró este jueves una fuente de la secretaría de Ambiente en un correo electrónico a la AFP. Desde que asumió hace casi un año, el presidente Javier Milei emprendió un fuerte ajuste que incluyó reducción de ministerios a la mitad, paralización de obras públicas, recorte de subsidios y la eliminación, hasta septiembre, de más de 32.000 empleos estatales.

Argentina ha sido durante décadas una de las principales voces de la región latinoamericana en foros internacionales como las Conferencias de Partes (COP) de la ONU sobre el cambio climático. La delegación argentina en Bakú era reducida y su objetivo principal era participar en cursos técnicos para formarse, según las fuentes consultadas en Bakú. Este jueves ya no se hallaban en la sede de la COP29, situada en el estadio olímpico de Bakú, según fuentes cercanas a la delegación.

Los países de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) deben regularmente suministrar informes a la secretaría del organismo. Entre las próximas etapas que Argentina debería cumplir está un informe bienal de transparencia, previsto a finales de este año. Buenos Aires debería entregar también, como los casi 200 países firmantes del Acuerdo de París, su nueva Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) para luchar contra el cambio climático. Estos nuevos compromisos deben ser finalizados antes de febrero de 2025.

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La COP29 en Bakú se centra en encontrar el billón de dólares anual necesario a nivel mundial para ayudar a los países en desarrollo a reducir su dependencia de los combustibles fósiles y adaptarse a los desastres climáticos. Las difíciles negociaciones de la conferencia anual sobre el clima de las Naciones Unidas deberían concluir el 22 de noviembre con un acuerdo financiero: ¿cuánto se comprometerán a aportar los países occidentales y Japón, además de su compromiso anterior de 100.000 millones por año para 2020-2025?

¿Qué necesitan los países en desarrollo?

Las necesidades de financiamiento climático para los países en desarrollo (excluida China) han sido estimadas en 2,4 billones de dólares al año hasta 2030 por expertos designados por la ONU, distribuidos de la siguiente manera:

- aproximadamente dos tercios para la transición energética (solar, etc.);

- el resto para la adaptación al cambio climático, la reparación de desastres y la protección de la naturaleza.

De este monto total, la mayor parte debe provenir de las finanzas internas de los países afectados, pero se espera que 1 billón de dólares al año provenga de la “financiación externa”: es decir, de la ayuda pública de los países ricos, de inversiones privadas extranjeras o de impuestos globales, según el informe actualizado de los expertos presentado el jueves en Bakú.

De este billón ¿cuánto recaerá en los países ricos? Una pregunta que se escucha en todos los pasillos de la COP29. “Sería entre 300 y 400.000 millones” de dólares, dice el economista Amar Bhattacharya, coautor del informe junto a Nicholas Stern. Esto supondría al menos triplicar el compromiso previo de 100.000 millones. Sin embargo, varios contribuyentes como Francia y Alemania invocan sus dificultades presupuestarias.

Estados Unidos posiblemente abandonará el Acuerdo de París de 2015, la piedra angular de las negociaciones climáticas, e incluso podría abandonar directamente el organismo de la ONU dedicado al clima. Para 2035, un horizonte también considerado en las negociaciones, las necesidades de financiación externa de los países en desarrollo alcanzarían los 1,3 billones de dólares anuales, según el mismo informe.

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¿Cuánto aportan actualmente los países desarrollados?

En 2022, último dato proporcionado por la OCDE, los países ricos aportaron 116.000 millones de dólares en ayuda climática, cumpliendo su promesa con dos años de retraso. A falta de una definición de “financiación climática”, esta cifra es cuestionada por ONGs y países: ¿puede contarse como ayuda la renovación energética de un hotel de lujo en Kenia? ¿Un préstamo que endeuda a un país pobre es una “ayuda” real?

Sobre este total, varios institutos de investigación han intentado estimar qué países desarrollados están cumpliendo con su “parte justa”, relacionando su ayuda actual con sus emisiones históricas de gases de efecto invernadero, su riqueza y su población.

Noruega sería el mejor alumno en esta clasificación, según el instituto ODI (datos de 2022), seguida por Francia con alrededor de 11.000 millones de dólares en financiación climática, el doble de su “parte justa”, aunque antes de los recortes presupuestarios anunciados para 2025. Alemania se ubica en cuarto lugar, con 14.000 millones. Estados Unidos (14.000 millones, un tercio de su “parte justa”) y Grecia cierran la lista.

¿Qué contribuciones de China y los países del Golfo?

Los países desarrollados consideran que su grupo, establecido formalmente en 1992 en la Convención de la ONU sobre el clima, debería ampliarse a China y a otros países emergentes ricos, tres décadas después. O, en su defecto, que estos últimos se comprometan a contribuir con la misma transparencia. “Desde 2016, China ha proporcionado y movilizado 177.000 millones de yuanes (aproximadamente 24.500 millones de dólares) para invertir en la acción climática en otros países en desarrollo”, respondió el martes el viceprimer ministro Ding Xuexiang frente a los jefes de Estado reunidos en Bakú.

Pero el 97 % de esta ayuda se presenta en forma de préstamos, según un informe del Centro para el Desarrollo Global (CGD en inglés), con sede en Washington. Los países del Golfo, por su parte, se mantienen discretos. Los Emiratos Árabes Unidos han prometido invertir 30.000 millones de dólares en un fondo bajo su control, al margen de la gestión multilateral promovida por la ONU Clima.

Fuente: AFP.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, recibió este jueves al nuevo embajador de Israel Amit Mekel, quien realiza su primera visita oficial al país tras presentar sus cartas credenciales al presidente Santiago Peña. En este encuentro se abordó sobre las posibilidades de cooperar en ámbitos como salud pública, seguridad, manejo del agua e innovación tecnológica.

“Israel ha sido un aliado histórico y el fortalecimiento de las relaciones que se están planteando en el marco del gobierno Santiago Peña para nosotros es muy importante. Es una conexión histórica, espiritual y de cooperación que es demasiado importante para la República del Paraguay”, expresó Latorre.

En conversación con La Nación/Nación Media, el legislador resaltó la importancia de este encuentro, debido que más allá de los lazos fraternales que unen a los dos países, Israel es uno de los cuatro importadores más grandes de carne paraguaya, lo cual lo convierte en un socio comercial de suma relevancia.

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“Conversamos con el embajador con respecto a las diferentes cooperaciones que pueden darse desde el Estado de Israel, habló de que la embajada de Israel va a tener un experto en agua que va a cooperar con nuestro país en el manejo del agua, principalmente en zonas donde el acceso a la misma se da con mucha dificultad como es en el Chaco”, detalló.

El titular de la Cámara Baja indicó que también se habló acerca de posibles cooperaciones en seguridad, en innovación y tecnología, áreas en las cuales el Estado de Israel tiene mucha experiencia y está muy avanzado. Asimismo, resaltó la trascendencia de que nuestro país reanude sus nexos con dicha nación nuevamente a través de un embajador asentado en Paraguay.

“Es una conexión histórica, espiritual y de cooperación que es demasiado importante para la República del Paraguay en ese sentido, valoramos que el Estado de Israel haya vuelto a abrir su embajada, que tengamos un embajador designado y que podamos seguir construyendo juntos como lo hemos hecho históricamente”, concluyó.

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Como inicio de la última jornada de la 58.ª Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), que tiene lugar en Asunción, este martes se desarrolló el panel “Adaptación e inclusión: abordando los retos del cambio climático a través de la inclusión financiera. Como principal conclusión se pudo puntualizó que el sistema financiero es el principal nexo para mitigar el impacto del cambio climático.

Previo al conversatorio, se realizó una presentación a cargo Patricio Puga, líder de inclusión financiera de la Corporación Financiera Internacional (IFC), sobre la situación en América Latina y el Caribe. Las acciones claramente no están siendo suficientes, pues el cambio climático es una realidad y sus efectos adversos se comprueban no solo estadísticamente sino empíricamente, dijo. De las 30 metas propuestas en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), solo 2 fueron cumplidas y más preocupante es que 8 tuvieron un retroceso, detalló el disertante.

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“Una de las regiones más vulnerable al cambio climático es América Latina y el Caribe, donde la movilización de recursos de capital del sector privado y público para crear resiliencia en la población que más necesita es indispensable”, expresó Puga, quien remarcó que el sistema financiero se conecta o es el hilo conductor de esos recursos, por lo que la concientización es clave a modo de canalizarlos, en especial hacia los sectores más vulnerables.

Aquí es donde el sector financiero puede ayudar a acelerar el proceso de volverse más sostenibles, de que los sectores puedan seguir operando con mayor eficiencia, a más de ayudar a reducir el cambio climático y a enfatizar la lucha. Es así que los acuerdos internacionales, como el de París, y los ODS se transmiten a la comunidad financiera internacional, el sistema puede aportar con las decisiones estratégicas para canalizar los recursos a través de inversionistas hacia las áreas que más necesitan, recomendó el experto.

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El conversatorio tuvo como panelistas a Francisco Arrata, subgerente de Relaciones Internacionales del Banco Bolivariano de Ecuador, quien contó la experiencia de la entidad y el impacto positivo que tuvieron tras emitir el primer bono azul en el mercado internacional, que aceleró fuertemente el proceso de incorporación a la estrategia sostenible. Así también, Esmar Prado, superintendente Banco da Amazônia, sobre las principales problemáticas que ayudaron a enfrentar.

El programa prosiguió con la conferencia “Tecnología que simplifica: acelerando la transformación bancaria para enfrentar la nueva revolución IA”, a cargo de Juan Cuevas, jefe de Asesoría Bancaria Global en Simetrik, y Adriana Brilhante, socia y jefa de Finanzas Digitales en Neon.

Por último, el panel “Creando la banca del futuro”, con Andrés Eduardo Velutini, VP Marketing Facebank; Juan Ignacio Napoli, presidente Banco Valores; Emilia Cárdenas de Topaz. Ya para cerrar la agenda académica, al mediodía se realizó el anuncio oficial de nuevas autoridades de la Felaban, que ahora tiene como presidente a Raúl Guizado Novey, titular de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá.