El diputado César Cerini hizo hincapié en la necesidad de velar por mayores procesos de transparencia en cada estamento gubernamental, luego del esquema de tráfico de armas develado con el operativo Dakovo. Foto: Archivo
Operativo Dakovo: “Debe haber mano dura en las instituciones”, dijo diputado
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Agentes de Paraguay y Brasil, con apoyo de EE. UU., desarrollaron el denominado operativo Dakovo, con el objetivo de combatir el tráfico internacional de armas. En el marco del procedimiento se logró determinar la participación militares de alto rango de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), entre otras autoridades estatales. Al respecto, el diputado César Cerini manifestó la necesidad de depurar las instituciones gubernamentales.
“Debe haber mano dura en las instituciones; necesitamos ser más exigentes y más serios en torno a la lucha contra cualquier tipo de tráfico y delitos conexos. Es lamentable todo lo que está ocurriendo, lo cual es producto de la fragilidad en el control de las instituciones”, dijo el diputado, manifestando que cada una de las autoridades deben enmarcarse sobre el mismo objetivo de priorizar la transparencia estatal.
Cerini remarcó que los procedimientos develados con el operativo desarrollado, no solo desnuda el terrible manejo institucional de algunos sectores, sino que también termina ensuciando la imagen internacional del país. Ante esto, el parlamentario fue claro en la importancia de continuar con la desarticulación de este tipo de esquemas que hunden a instituciones del Estado, fortaleciendo además los mecanismos de respuestas de cada sector ante hechos delictivos.
“Lastimosamente vemos el involucramiento de autoridades que incluso se encargan del control de los delitos investigados. Las instituciones deben funcionar y ante estas situaciones, debemos apelar a un control constante por parte de la Fiscalía; para materializar de manera más fehaciente estos factores, desde el propio Congreso debemos apoyar los procesos de transparencia y ordenamiento estatal, velando por su efectividad”, garantizó el legislador.
El operativo Dakovo, encabezado en Paraguay por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), dio como resultado inicial la detención de 13 personas, entre ellas, un general y un exfuncionario de la Dimabel. Se trata del general Arturo Javier González, quien era presidente de la Suprema Corte de la Justicia Militar y llegó a ser comandante de la Fuerza Aérea; así como el coronel Santiago Bienvenido Fretes, exdirector del Registro Nacional de Armas de la Dimabel.
Los dos gobernantes, que estuvieron acompañados de sus respectivos ministros, suscribieron la Declaración de Lima con 49 compromisos adoptados como lucha contra la delincuencia organizada transnacional y minería ilegal, entre otros temas. Foto: AFP
Presidentes de Perú y Ecuador acuerdan reforzar lucha contra el crimen organizado y narcotráfico
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Perú y Ecuador acordaron este jueves reforzar la lucha contra el crimen organizado, narcotráfico y la destrucción del medio ambiente tras una reunión entre los mandatarios de ambos países en Lima. “Seguiremos luchando en esta guerra contra la delincuencia y el narcoterrorismo”, dijo el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, en una declaración a la prensa al término del encuentro realizado en el Palacio de Gobierno.
“Es una guerra contra la desocupación juvenil, una guerra contra la destrucción del medio ambiente, es una guerra contra todo lo que constituye el impedimento del desarrollo”, agregó. La presidenta anfitriona, Dina Boluarte, enfatizó que “la cooperación en materia de seguridad y defensa para la lucha frontal contra la delincuencia organizada trasnacional” fue uno de los temas centrales abordados en el gabinete binacional.
Los dos gobernantes, que estuvieron acompañados de sus respectivos ministros, suscribieron la Declaración de Lima con 49 compromisos adoptados como lucha contra la delincuencia organizada transnacional y minería ilegal, entre otros temas. La próxima reunión del gabinete binacional, que se realiza desde el año 2007, tendrá lugar en Ecuador.
En el marco de la lucha contra el narco y demás formas de crimen organizado, en enero pasado la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) anunció la primera red de seguridad interfronteriza contra las bandas trasnacionales, ante la expansión de la violencia del narcotráfico en Ecuador.
En los últimos cinco años, en Ecuador la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes pasó de 6 en 2018 a 46 en 2023. Desde las prisiones, las redes del narco han sembrado el terror en calles y puertos. Sumido en su peor crisis de seguridad, con cientos de muertos, motines carcelarios y atentados con explosivos, Ecuador enfrenta desde hace un tiempo el desafío de una veintena de grupos narcotraficantes.
El gobierno del joven presidente ecuatoriano le declaró la guerra abierta a esas organizaciones y desplegó a las fuerzas militares para contener la arremetida de las bandas que prácticamente tomaron el control de las cárceles, convirtiéndolas en su centro de operaciones.
Gobierno Abdo llevó al país al 4.º lugar en crimen organizado
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LA CAJA NEGRA
Los abogados del expresidente Mario Abdo Benítez y su gavilla aprovecharon la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), realizada en Asunción, para montar un show e intentar desviar la atención sobre las graves acusaciones por las cuales se encuentran procesados altos funcionarios del gobierno anterior. Uno de los argumentos esgrimidos incluso deja mal parada a la propia administración del exmandatario.
En un reciente comunicado y además una conferencia de prensa, los abogados de Mario Abdo Benítez y los demás implicados en las filtraciones de la Seprelad contra los adversarios políticos, se expuso que Paraguay se encuentra en el cuarto lugar entre los países con mayor criminalidad organizada en el mundo, de acuerdo con el Índice Global del Crimen Organizado.
Lejos de ayudar a la imagen de Abdo y sus excolaboradores, la defensa dejó al descubierto la pésima gestión que tuvo esa administración en el combate al crimen organizado. Dicho informe, que ubica al país junto a México y Colombia en cuanto a la criminalidad, fue elaborado en el 2023 con datos recabados en los últimos años, específicamente durante el gobierno anterior.
EN 2021 PARAGUAY NO APARECÍA ENTRE PRIMEROS
La última vez que se había elaborado el mismo informe en el 2021, Paraguay no aparecía ni siquiera entre los 15 primeros del mundo, por lo que se puede observar que durante la administración de Abdo Benítez se fue convirtiendo rápidamente en un centro de criminalidad y de delincuencia organizada.
De acuerdo al Índice Global de Crimen Organizado edición 2023, la criminalidad fue de 7,52 puntos porcentuales, mientras que la capacidad del Estado (en ese entonces el de Abdo) para combatir fue de solo 3,42 puntos.
(Pág. 4) El documento en cuestión refiere que Paraguay es ampliamente reconocido como un país de tránsito y destino para el tráfico de cocaína y en los últimos años se ha ido convirtiendo cada vez más en un país de origen. Ha habido un aumento en la incautación de pasta base, lo que indica un crecimiento del procesamiento de cocaína.
“ARCO LIBRE” AL CRIMEN ORGANIZADO
En la era de Marito, el país experimentó un crecimiento significativo en actividades delictivas organizadas, al dejar el “arco libre” al crimen organizado y permitir el envío de toneladas de cocaína que terminaron cayendo en puertos europeos, mientras que instituciones como la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) se ocupaban más de la persecución política que de combatir el crimen organizado.
Arnaldo Giuzzio, ministro y cercano al entorno del expresidente Abdo, fue vinculado a un narcotraficante brasileño. Foto: Archivo
(Pág. 6) El informe resalta en otro apartado que el enfoque del Gobierno paraguayo (refiriéndose a la administración de Mario Abdo Benítez) para prevenir el crimen organizado ha sido infructuoso, centrándose principalmente en operaciones antidroga. En los últimos años disminuyeron los esfuerzos de prevención del Gobierno y la escasa coordinación interinstitucional ha limitado su capacidad para recopilar estadísticas y tomar decisiones. En lugar de asignar fondos para campañas de concienciación pública a sus instituciones, el Gobierno confía en las sociedades civiles, las empresas y los sindicatos para llevar a cabo campañas en zonas de alto riesgo.
Mientras el gobierno de Abdo dejaba que los narcos hicieran de las suyas, se enfocó más en realizar investigaciones contra los adversarios de turno. Es así que funcionarios de la Seprelad –además de otros que ni siquiera pertenecían a esta institución– operaban una oficina paralela dedicada a la persecución de enemigos políticos selectivos, lo que generó críticas sobre el uso indebido de recursos estatales para fines netamente partidarios. Asimismo, durante la administración abdista se dio el montaje de informes de inteligencia filtrados a medios de comunicación y a la vez enviados de forma “espontánea” a gobiernos extranjeros para provocar sanciones.
ESQUEMA DENTRO DE LA SEPRELAD
El esquema paralelo que funcionaba dentro de la Seprelad para fraguar y filtrar informes de inteligencia financiera fue advertido por la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normas antilavado, el Gafilat. El informe de evaluación mutua instó a Paraguay a implementar protocolos para el reporte de incidentes y rendición de cuentas por parte de terceros en los episodios de fugas o filtraciones de información. Sin embargo, la administración del exministro de Seprelad Carlos Arregui hizo caso omiso a las advertencias y recomendaciones exponiendo al país a eventuales sanciones.
Todo esto derivó en la imputación de los implicados, cuyos defensores ahora pretenden desviar la atención montando un burdo show mediático, sin siquiera pretender desacreditar los 42 elementos de sospecha (entre documentos y pericias) que fueron presentados por la Fiscalía y aprobados por el juzgado del caso.
También estos mismos abogados presentaron hasta la fecha más de una docena de chicanas ante la Justicia, diseñadas meramente para dilatar el proceso legal en lugar de abordar las acusaciones de manera directa. Estas maniobras impiden que el caso avance, por lo que la Corte Suprema de Justicia debe sancionar a los letrados chicaneros y destrabar la causa para que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos ante la instancia correspondiente.
Pedro Ovelar indicó que los exfuncionarios sabían que su cliente "era inocente, pero manipularon todas las instituciones para condenarlo mediática y socialmente". Foto: Archivo
“El final de la historia está absolutamente demostrado”
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“Es un paso fundamental en todo proceso penal, es algo absolutamente necesario en un proceso que sigue adelante a pesar de las diferentes incidencias, nulidades y chicanas que han desviado totalmente el proceso natural”, sostuvo el abogado Pedro Ovelar en relación con la convocatoria a indagatoria a los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández, imputados por filtrar informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) con fines políticos.
“La indagatoria es un medio de defensa, no es un acto propiamente investigativo, pero yo estoy seguro de que con el tiempo se irá limpiando todo lo que ensuciaron para llegar al final de la historia que está absolutamente demostrado con la imputación y las diligencias realizadas de que hubo filtraciones, persecución política, que manipularon instituciones para perseguir a los adversarios políticos”, señaló en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Giuzzio, Arregui y Fernández se encuentran imputados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal, tras la denuncia realizada ante el Ministerio Público por Ovelar, quien ejerce la defensa legal del expresidente Horacio Cartes.
Cartes había sostenido en su acusación que fue víctima de una persecución política durante el anterior gobierno mediante el uso de las instituciones públicas. “No se tuvo el resultado deseado, que el Partido Colorado pierda las elecciones presidenciales, pero sí tuvo un efecto tremendamente dañino para una persona inocente”, afirmó.
Así también, añadió que “sabían que era inocente, pero manipularon todas las instituciones para condenarlo, no solo mediática y socialmente, sino que también afectaron su patrimonio, sus bienes. Son responsables, lo hicieron, está comprobado y por eso se encuentran imputados hoy en día”.
CASO MONTSERRAT ALLIANA
Por otra parte, Ovelar se refirió sobre el pedido realizado por los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, quienes solicitaron la desestimación de la causa penal contra la funcionaria de la Cámara de Diputados Montserrat Alliana Encina sobre cobro indebido de honorarios y otros. “Esto fue totalmente político, nada de jurídico. El Ministerio Público, con la investigación y el análisis realizado, echa por tierra cualquier tipo de entidad a esta denuncia”, indicó.
Sostuvo que “fue una investigación muy profunda de parte del Ministerio Público respecto a la conducta de mi representada. Analizaron desde su nombramiento, todo el tiempo que estuvo trabajando hasta que fue denunciada, incluso la remuneración recibida. Revisaron dónde prestaba servicios, la ubicación de su teléfono celular, los permisos que obtuvo, tanto particulares como de salud, y las entradas y salidas del país para ver si coincidía con el tiempo en que figuraba como trabajando”.
Los militares detenidos y acusados de ser cómplices del ahora destituido jefe del ejército, general Juan Zúñiga, de querer dar un golpe de Estado. Foto: AFP
Bolivia: 17 detenidos tras un fallido golpe iniciado por militares
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El Gobierno de Bolivia anunció la detención de 17 personas, entre militares activos y en retiro y varios civiles, por su presunta vinculación con el fallido golpe de Estado contra el presidente izquierdista Luis Arce.
“Se ha logrado la aprehensión de un total de 17 personas por haber intentado consumar un golpe de Estado”, dijo en rueda de prensa el ministro de gobierno (Interior), Eduardo del Castillo.
Hasta el miércoles habían sido detenidos el general Juan José Zúñiga y el vicealmirante Juan Arnez, excomandantes del Ejército y la Armada, respectivamente, señalados de liderar la intentona golpista. El gobierno presentó ayer a los otros 15 capturados con esposas, chalecos antibalas y custodiados por efectivos policiales.
“Esto se habría planificado desde el mes de mayo pasado”, señaló del Castillo, y afirmó la policía busca a tres militares en retiro también implicados en la conspiración. Según del Castillo, el plan para derrocar a Arce “estaba liderado” por Zúñiga y Arnez.
Ambos oficiales fueron acusados de alzamiento armado y terrorismo, delitos por los que enfrentan una pena de hasta 20 años, según la fiscalía. Entre los civiles detenidos está Aníbal Aguilar, un exviceministro de los años 1980 que coordinaba el programa de erradicación de narcocultivos. Todavía “no están todas las personas que han participado en el intento” de golpe, agregó el ministro de gobierno, quien pidió ayuda a la población para dar con el paradero de los demás sospechosos.
DESCONTENTO
Fortalecido por el apoyo de sus simpatizantes y de la comunidad internacional, Arce, de 60 años, logró salir airoso de la intentona golpista cuando le resta poco más de un año para completar su mandato.
Pero “que no haya tenido éxito el golpe no significa que se haya arreglado la situación en Bolivia, al contrario: esto fue un síntoma de un descontento muy importante que existe entre sectores amplios”, dijo a la AFP Gustavo Flores-Macías, de la Universidad Cornell de Estados Unidos.
Con un largo historial de golpes militares, Bolivia atraviesa una crisis económica derivada de la caída de los ingresos por la baja producción de gas, su principal fuente de divisas hasta 2023, asociada a la falta de inversiones y exploración.