Teniendo en cuenta la proximidad de las festividades de Fin de Año y el aumento esperado del turismo interno, el senador Patrick Kemper (Partido Hagamos) se refirió durante la sesión de la Cámara Alta acerca de las denuncias ciudadanas que señalan que la Patrulla Caminera no estaría reconociendo los documentos de portación obligatoria en formato digital. Ante esta situación, instó a la Caminera a reconocer dicho documento, pidiendo igualmente a la ciudadanía que denuncie cualquier intento de obstrucción a la Ley 7.177, recientemente promulgada.
Ante el plenario, el senador expresó su preocupación por las denuncias que apuntaban a posibles obstáculos por parte de la Policía Caminera en la aceptación de estos documentos digitales, a pesar de la promulgación de la ley. “Quiero advertirle a la Patrulla Caminera que es una infracción a una ley vigente tratar de buscar perjudicar a los ciudadanos diciendo que no tiene validez los documentos digitales”, manifestó.
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En su llamado a la Policía Caminera, Kemper enfatizó la importancia de instruir adecuadamente a todo el personal de la Caminera sobre la legalidad y validez de los documentos digitales, subrayando que estas son herramientas que facilitan a los ciudadanos mantener sus documentos al día y garantizar un tránsito seguro durante esta época de fin de año y las vacaciones.
El legislador destacó igualmente la importancia de la reciente aprobación de la Ley N° 7.177, la cual valida el formato digital de documentos de aportación obligatoria en Paraguay. En un discurso enfocado en impulsar iniciativas que mejoren la vida de los paraguayos, Kemper resaltó el papel fundamental de la ley, la cual obliga a las instituciones estatales a reconocer la validez de los documentos digitales, permitiendo a los ciudadanos acceder a sus documentos de identidad y registro de conducir a través de la aplicación “Portal Paraguay”.
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Senado insta al TSJE a suspender compra de máquinas de votación y optar por el arrendamiento
La Cámara de Senadores aprobó en mayoría un proyecto de declaración por el cual insta a la Justicia Electoral a suspender la compra de máquinas de votación y recurrir al alquiler de las mismas, debido a excesivos trámites burocráticos que están imprimiendo el proceso.
La moción fue planteada sobre tablas por el senador liberal Dionisio Amarilla, y acompañada por la mayoría, debido a la indefinición del llamado a licitación de compra de máquinas de votación. Señaló que el actual proceso de licitación pública para la adquisición de máquinas de votación ha generado una serie de controversias políticas.
Indicó que el planteamiento surge a fin de precautelar la credibilidad de la institución y de los futuros procesos electorales. Aclaró que el planteamiento incluso fue consultado con el presidente de la comisión permanente de Asuntos Electorales del Senado, sobre la necesidad de buscar otros mecanismos que garanticen el buen proceso electoral con miras a las Municipales 2026.
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No obstante, el senador Amarilla destacó que desde la Cámara Alta reconoce la trayectoria, imparcialidad y compromiso institucional del Pleno del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en la conducción de los asuntos electorales, manifestando su confianza en su integridad y desempeño.
“Creemos que ya en esta época del año, es plausible analizar la posibilidad de recurrir al arrendamiento de las máquinas de votación y no insistir en las compras”, expresó.
Por vía de la excepción
De acuerdo al documento aprobado se recomienda al TSJE que, en uso de las facultades conferidas por la Ley de Suministro y Contrataciones Públicas, proceda a la apertura de un nuevo llamado por la vía de la excepción, destinado al arrendamiento de máquinas de votación, a fin de garantizar la disponibilidad de tecnología electoral en los plazos requeridos para la organización de los comicios.
Igualmente, insta a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a agilizar los procesos en el marco del procedimiento de exención para asegurar la provisión de máquinas de votación para las próximas elecciones municipales.
Apoyo
A su turno, el senador Arnaldo Samaniego, como miembro de la Comisión de Asuntos Electorales, confirmó su apoyo a la propuesta preocupado por todo lo que refiere a la adquisición de las máquinas de votación.
Explicó que atendiendo a la premura del tiempo que tal vez ya no alcance para la compra de las máquinas, y teniendo en cuenta que existen aún protestas no resueltas en la DNCP, dentro de la comisión han convocado a técnicos y a las autoridades del TSJE para evacuar las dudas ante la situación.
“Creemos conveniente que el llamado a licitaciones para la adquisición de las máquinas debe interrumpirse y debe necesariamente proseguir el proceso que garantice nuestra democracia en la realización de elecciones y sean sustituidos este mecanismo de llamado por el de arrendamiento o alquiler de las máquinas. Esto, con la absoluta certeza de que desde nuestra comisión seguirá de cerca este proceso", acotó.
En tanto, algunos legisladores de la oposición, plantearon la postergación por una semana para un mejor análisis de la propuesta declaratoria; sin embargo, la misma no logró contar con la mayoría necesaria.
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Proponen ley para implementar educación cívica obligatoria en todas las escuelas
Un total de siete diputados presentaron un proyecto de ley denominado “Ley de Educación Cívica”, que busca establecer un marco jurídico para la implementación obligatoria en todo el sistema educativo del país. El objetivo es formar ciudadanos responsables y comprometidos con conocimiento profundo de sus derechos, deberes y obligaciones establecido en la Constitución Nacional.
Los proyectistas son el legislador independiente Jatar Fernández, junto con sus pares colorados Raúl Latorre presidente de la Cámara Baja; Saúl González; Santiago Benítez; José Domingo Adorno; Yamil Esgaib; y María Ida Cattebeke.
De acuerdo a la exposición de motivos, la propuesta resalta que la educación cívica no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que se centra en inculcar valores aceptados socialmente y desarrollar competencias para la participación activa en espacios públicos y políticos.
Señalan que esta formación debe comenzar desde la primaria y extenderse hasta el final de la escolarización obligatoria, promoviendo discusiones sobre temas públicos y políticos relevantes para la realidad social del país.
“La educación cívica busca que el ciudadano no solo sea capaz y útil para sí mismo, sino también para la sociedad donde nace, se desarrolla y muere”, destacan los legisladores en el documento.
Además, se enfatiza que la Constitución de 1992 establece como deber del Estado garantizar la formación intelectual, moral y cívica de sus ciudadanos, lo que convierte a este proyecto en una herramienta clave para cumplir con ese mandato.
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Liderazgos positivos
El proyecto también resalta la oportunidad de liderar un cambio de paradigma en Paraguay, fomentando una ciudadanía informada que participe, activamente, en la gestión del poder público y el bien común.
“Es necesario que las futuras generaciones comprendan que de ellas depende generar los espacios de poder y gestionarlos en beneficio de la comunidad”, señala la exposición de motivos.
El proyecto de ley está estructurado de la siguiente manera:
Objeto: Complementar la Ley General de Educación, asegurando que los estudiantes adquieran conocimientos sobre la Constitución Nacional, los derechos y garantías que ofrece, las obligaciones ciudadanas y los límites al poder del Estado en el marco de un Estado social de derecho.
Obligatoriedad: La educación cívica será de carácter obligatorio en todas las instituciones educativas, ya sean públicas, subvencionadas o privadas. Desde la primaria, se incluirá el estudio de la Constitución, mientras que en la secundaria se incorporarán contenidos de derecho civil, penal y laboral.
Finalidad: Garantizar que los ciudadanos estén informados sobre sus derechos y obligaciones, promoviendo una participación informada en el poder público, como lo establece la Constitución.
Ejecución: El Ministerio de Educación y Ciencias será el encargado de implementar la ley, proporcionando los recursos técnicos y pedagógicos necesarios. La puesta en marcha deberá completarse en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigencia de la ley.
Los legisladores proponentes consideran que la iniciativa busca no solo incluir la educación cívica como una asignatura más, sino integrarla de manera transversal en el currículo escolar, fomentando el debate y la reflexión sobre la realidad social y política.
“Con esta propuesta, buscamos formar ciudadanos que no solo dominen conocimientos técnicos o humanísticos, sino que también estén comprometidos con el ejercicio de la soberanía popular y la construcción de una sociedad más justa y participativa”, detallan los proponentes en el documento que justifica la presentación del proyecto.
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Autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial analizan fortalecer uso de tobilleras electrónicas
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, encabezó la reunión interinstitucional del Poder Ejecutivo con el propósito de articular acciones vinculadas al fortalecimiento del uso de tobilleras electrónicas como alternativa para personas con medidas de prisión preventiva, en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Durante el encuentro se coordinaron acciones de manera conjunta en temas contemplados en la agenda, los cuales atañen al mejoramiento del sistema penitenciario y en la instalación de manera más efectiva del uso de la tecnología y de las tobilleras electrónicas, dada la aplicación del sistema de monitoreo por dispositivos electrónicos de control (SIMDEC), y en atención a las medidas alternativas otorgadas y de protección en las causas penales.
De acuerdo al informe oficial, participaron el ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, el titular del Ministerio de Justicia, Rodrigo Nicora; de la Mujer, Cynthia Figueredo y de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, en la sede del Ministerio Público.
El encuentro tuvo como eje central el fortalecimiento del uso de tobilleras electrónicas como alternativa para personas con medidas de prisión preventiva, en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial, con el fin de prevalecer la protección de la sociedad, enfocados en los casos contra la mujer, niños y adolescentes, incorporando herramientas que fortalezcan la seguridad y la eficacia de las causas.
Durante la jornada se enfatizó la necesidad de articular esfuerzos entre los ministerios competentes para ampliar el uso de dispositivos electrónicos de control, como medida cautelar efectiva y humanitaria, al tiempo de permitir a la Fiscalía avanzar en los procesos penales con mayor eficiencia.
Desde el Gobierno remarcaron el compromiso claro de impulsar soluciones integrales que garanticen seguridad, justicia y respeto a los derechos, trabajando de manera conjunta con todas las instituciones involucradas.
Igualmente, se puso a conocimiento del Ministerio Público la instalación de la Mesa de Justicia dirigida por el Ministerio del Interior, dentro del marco del “Plan SUMAR en tu Barrio”, que busca en su segunda etapa, combatir y erradicar al microtráfico.
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Proyecto de ley de documentos electrónicos evitaría que se repita la “mafia de los pagarés”
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), la Corte Suprema de Justicia y la Cámara de Diputados trabajan de forma conjunta en un proyecto de ley que busca incorporar instrumentos digitales como el pagaré electrónico al ordenamiento jurídico nacional. La propuesta apunta a evitar que vuelvan a ocurrir esquemas delictivos como la conocida “mafia de los pagarés”, que generó múltiples casos de estafa y extorsión mediante el uso indebido de documentos en papel.
El viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez, destacó que esta reforma representa un paso importante hacia la formalización, digitalización y protección del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), al dotar al sistema legal de herramientas modernas que garanticen seguridad jurídica.
“Con mucha apertura, el Congreso, a través de los diputados y senadores, y los ministros de la Corte, nos han permitido incorporar en esta normativa los documentos transmisibles electrónicos, los títulos electrónicos y en particular el pagaré electrónico”, explicó.
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Giménez sostuvo que el proyecto surge precisamente en respuesta a la trama de falsificaciones y abusos detectados en torno al uso de pagarés físicos. A partir de estas experiencias, el MIC y otros actores institucionales impulsaron ajustes normativos que buscan no solo cerrar brechas legales, sino también facilitar a las mipymes el acceso a financiamiento de manera segura.
“El sueño que tenemos es que las mipymes puedan acceder a todos los trámites para formalizarse y para acceder al crédito directamente desde el celular”, subrayó. Actualmente, la propuesta se encuentra en análisis en la Cámara de Diputados, en coordinación con los propulsores originales del texto en la Corte Suprema.
De ser aprobada nuevamente en el Senado, el país contaría con un marco legal robusto que daría validez jurídica a los títulos y documentos electrónicos, previniendo nuevas formas de fraude como las ocurridas en el pasado. “Fuimos ajustando las normas para que ahora pueda recibir la aprobación de los diputados y posteriormente ir nuevamente al Senado para que salga aprobada la ley”, indicó el viceministro ante la 1080 AM.