El narcotraficante uruguayo, prófugo de la justicia, Sebastián Marset, aseguró que el Operativo A Ultranza Py no tiene muchas raíces, además de asegurar que si bien está involucrado, hay muchas cosas que “no son como las cuentan”, dijo asegurando que su familia no tiene nada que ver. “A Ultranza, para mí esa operación no tiene muchas raíces, puede estar involucrada, pero no es así como la cuentan, mi familia no tiene nada que ver. Hablan de muchas cosas, poco fundamento tiene la operación”, indicó.
Al referirse sobre el caso del crimen de Marcelo Pecci, el narcotraficante que vive en la clandestinidad aseguró que hizo videos defendiéndose, porque “es echar el fardo a Sebastián Marset, creo que es más por lo de hazte de fama y échate a dormir”. En la entrevista siguió diciendo que “por suerte están saliendo las cosas a la luz y yo no tengo ni 0.0 por cierto. No conocí a Marcelo Pecci, lo conocí cuando lo vi en la tele”, aseguró.
En otro momento, habló de la documentación obtenida y el traslado, y aseguró que en el tema pasaporte no gastó un solo dólar, asegurando que su abogado lo ayudó, según comentó durante la entrevista concedida en la clandestinidad a la periodista Patricia Martin, para el programa Santo y Seña, emitido en este momento. “Si me hubiera dicho hay que pagar tanto para que te den el pasaporte exprés, lo hubiera pagado, pero tenía a mi abogado que me ayudaba y que me dijo el pasaporte te lo tienen que dar”, fueron sus palabras.
Al hablar de sus inicios en el crimen organizado, Marset dijo que se inició de chico, tras consumir “alguna que otra cosa”, pero que luego comenzó a venderle a sus “amigo ”. Agregó que tras pasar por la cárcel, aprendió muchas cosas que lo llevaron a donde está ahora. Sostuvo que no consume porque “el que vende no consume”, y se autocalificó como una persona “correcta, seria y que no le gusta la joda”. “Empecé (en el negocio del narcotráfico) de chico. En la cárcel se aprende mucho. Estuve más de cuatro años. Se aprende lo bueno y lo malo. Yo aprendí cosas que me llevaron a donde estoy ahora”, dijo.
Una casa antes alquilada por famosos
La periodista Patricia Martin comentó que viajó a Paraguay, para luego tomar dos helicópteros y llegar hasta la casa donde está Marset. Aseguró que no recorrió mucho la casa, pero que durante su estadía no vio armas ni drogas, y comentó que al llegar a la vivienda, el propio Marset le abrió las puertas.
En la casa, el prófugo vive con su familia, su esposa y sus cuatro hijos, y según comentó, era una residencia que anteriormente había sido alquilada por “famosos” y a fin de evitar cualquier referencia, se borraron las tres primeras preguntas. Asimismo, dijo la comunicadora, indicó que al menos 10 personas armadas se encontraban en el domicilio del prófugo de la justicia y sostuvo que le “llamó la atención que había gente uniformada”.
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El mayor escándalo en la era democrática: Insfrán - Giuzzio, nexo narco que complica al gobierno de Abdo
El esquema de filtraciones de datos sensibles desde la Senad, revelado en la acusación del fiscal Deny Yoon Pak a Miguel Insfrán, alias Tío Rico, constituye posiblemente el hecho de corrupción institucional más grave conocido durante la era democrática, por implicar la participación directa de un organismo del Estado en esquemas criminales.
Lo que hasta entonces era un secreto a voces pasó a ser un hecho comprobado: el nexo que establecieron el narcotráfico y el poder político durante el gobierno de Mario Abdo. En ese período, el organismo antidroga fue puesto al servicio del “clan Insfrán”, asociado a la organización liderada por el uruguayo Sebastián Marset, y el resultado fue el aumento exponencial de la actividad criminal, a escalas nunca vistas en nuestra historia.
Tío Rico y Marset, de un lado, Giuzzio y Abdo, del otro, emergen como responsables de un esquema cuyo costo para el país aún no dimensionamos, pero que inexorablemente será muy alto.
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Las filtraciones
Las “filtraciones” transcriptas en la acusación de Pak a Miguel Ángel Insfrán no son solamente indicios aislados, ni versan sobre un hecho ilícito cualquiera, así como está claro que tampoco pueden ser considerados como hechos ocurridos con participación de solamente dos personas, a saber, el funcionario desleal y un líder criminal. Por el contrario, son pruebas directas del control e influencias decisivas que ejercía la organización narco-criminal en la institución que tenía por función combatirla, lo que a su vez es prueba contundente de que ese control no pudo haber sido consecuencia de una simple relación bilateral entre dos personas, el topo y el líder narco, sino que necesariamente debió tratarse de un esquema multilateral, que involucró a las más altas esferas del poder político de la época.
Pensar lo contrario no resiste al más mínimo análisis lógico; no es posible que un solo funcionario, sin el consentimiento y ayuda de sus superiores, haya podido ser capaz de sostener toda esta estructura en un organismo como la Senad. Si hubiese sido obra de una sola persona hubiese sido descubierto y, por supuesto, castigado. Esta paradoja fue, de hecho, convenientemente “aclarada” por Zully Rolón, eterna mano derecha de Giuzzio y quien luego de aquel fungió ella misma como ministra secretaria de la Senad, cuando dijo a la prensa (Abc Cardinal) que ellos, es decir las autoridades de la Senad, estaban en conocimiento de las filtraciones, pero que no hizo “cambios sustanciales” porque “se estaban desarrollando operativos muy importantes que llevaba esa dirección…”.
En esa entrevista, realizada el 23 de mayo del corriente, la exministra dijo que “cuando Europol envía estos mensajes, “nosotros ya estábamos en conocimiento y es así que enviamos al Ministerio Público para su investigación, ya en abril de 2022, cuando se operativizó A Ultranza…”; sin embargo, según reporta el mismo medio periodístico, que entrevistó a la exministra antes de ingresar a la sede del Ministerio Público para prestar declaración el pasado 31 de mayo, en esa ocasión dijo que “esas filtraciones de información fueron en 2020 y tomamos conocimiento en el mes de octubre de 2021, cuando recibimos los mensajes encriptados de Europol”.
La contradicción es notoria en lo relativo a si sabían de las filtraciones antes del reporte de Europol o solamente a partir del reporte de Europol, y parece indicar que la realidad es que siempre supieron de las filtraciones, como dijo en la primera entrevista, y que el citado reporte solamente los evidenció y los obligó a comunicar al Ministerio Público.
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Giuzzio, hombre de Abdo
Ni bien asumió el presidente Mario Abdo Benítez, en agosto del 2018, uno de sus primeros nombramientos fue el de Arnaldo Giuzzio al frente de la Senad, a quien respaldó públicamente. Como una de sus medidas más relevantes, Giuzzio retiró a los agentes de la Senad que ejercían labores de control en los puertos y aeropuertos. Es ilógico suponer que esta medida haya podido ser tomada y, sobre todo, ejecutada, sin el conocimiento de la Dinac, ni del consentimiento de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, es decir, Mario Abdo Benítez.
En cuanto a los efectos concretos de dicha medida, es claro que no es coincidencia que a partir de entonces comenzaron a caer en puertos europeos grandes cargamentos de cocaína despachados desde el Paraguay. Los volúmenes son escalofriantes. 1,13 toneladas camuflados en sacos de harina, en Amberes (Bélgica); otras 10,9 toneladas entre cargamentos de cuero azul, en el mismo puerto; 4,1 toneladas en sacos de harina, en Róterdam; otros tantos en el puerto de Hamburgo (Alemania).
En total, durante el gobierno anterior, fueron decomisadas más de 40 toneladas de “cocaína paraguaya” en el “viejo continente”. Y estas son las cifras de lo que fue incautado, que serían entre 5 a 10 % de la suma total que fue enviada en ese periodo, es decir, entre 200 y 400 toneladas, que equivalen a 6.000 y más de 12.000 millones de dólares, respectivamente.
Con estos números astronómicos, cualquiera puede ver que resultó buen negocio para el esquema criminal, incluso en el marco de la débil tesis sostenida por Zully Rolón, de que dejaron fluir a sabiendas las filtraciones porque había “operativos” en marcha. Es decir, ese 10 % perdido se amortiza en el 90 % traficado exitosamente.
Esos cientos de toneladas de droga que ingresaron al país provenientes principalmente de Colombia y Bolivia supusieron un mínimo de 500 vuelos, o hasta el doble, que supuestamente nunca fueron detectados por las autoridades de ese entonces. En cinco años se montó una gigantesca logística que convirtió a Paraguay en un “hub” de acopio y distribución mundial de cocaína, impensable sin la complacencia de las autoridades.
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Pieza clave del esquema
Arnaldo Giuzzio, “hombre fuerte de Mario Abdo”, era (o sigue siendo) la pieza clave para el eficaz funcionamiento del esquema. La entonces institución a su cargo, Senad, que siguió manejando luego desde el Ministerio del Interior, se encargaba de pasar “información sensible” a Insfrán y coordinar necesariamente con otras autoridades del Ejecutivo la liberación del terreno para operar con total impunidad, desde que aterrizaban sus avionetas, hasta que partían las barcazas repletas de droga rumbo a Europa.
Su salida del ministerio, el 22 de febrero del 2022, no debe interpretarse como un castigo por algo de lo expuesto con antelación. De hecho, siguió “asesorando” a Mario Abdo en Palacio de Gobierno hasta el término de su mandato y manejó los hilos de instituciones fundamentales para los narcos, empezando por la Senad, siguiendo por la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), así como otros entes del Ejecutivo, de participación necesaria.
Giuzzio dejó la cartera del Interior porque su amigo presidente ya no tenía ninguna posibilidad de mantenerlo en el cargo. Días antes se había hecho pública su fluida relación con otro “capo mafioso”, Marcus Vinicus Espíndola, alias Marques de Padua, de los más buscados en Brasil.
Giuzzio había utilizado el vehículo particular de aquel para ir de vacaciones a las playas de Florianópolis, y admitió que el personaje en cuestión se preparaba para participar de una licitación convocada por dicho ministerio “sobre instrumentos de seguridad”, pero además se supo que el día antes del Operativo Turf, impulsado por la Federal del vecino país para capturar a “su conocido”, él lo llamó a altas horas de la noche. Conclusión, cuando fueron a buscarlo a su mansión del Paraná Country Club (Hernandarias), el hombre ya había desaparecido y recién pudo ser detenido en Foz de Yguazú.
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Único proceso ¿por coima?
Paradójicamente, Giuzzio enfrenta un proceso “solo” por cohecho pasivo agravado, presunta coima recibida de Marcus Vinicius, mientras que de Abdo poco o nada se dice en todo este entramado tenebroso, a pesar de que es claro que este esquema no pudo haber sido obra de un organismo como la Senad en forma aislada, sino que necesariamente debió haber sido un equipo que operó en conjunto durante los 5 años de gobierno y, desde esa posición brindó todo tipo de cobertura a la mafia del narcotráfico, particularmente a la liderada por Tío Rico y Marset.
Por eso cobran relevancia las transcripciones contenidas en la acusación del fiscal Pak. Son la confirmación, documentada, de ese nexo político entre el “clan Insfrán-Marset” y el poder político, que convirtió a nuestro país en centro de acopio y distribución mundial de droga.
El daño que ya ocasionó todo esto al Paraguay es todavía difícil de dimensionar, pero con certeza es elevado. Por consiguiente, hacer frente al flagelo y evitar que nos deslicemos hacia circunstancias tan dramáticas como las que viven Colombia, México, Ecuador y otros países de América Latina, es uno de los mayores desafíos de los tres poderes del Estado. El Ministerio Público tiene la palabra.
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Reos seguirán preparando salsa picante mientras investigan de dónde provienen los fondos
Este martes, desde el Viceministerio de Política Criminal anunciaron que se investigará la procedencia del dinero que se invirtió en la famosa salsa picante “Prisioneros del Sabor” que es preparada por reclusos del penal de Emboscada. Mientras, se seguirá con la fabricación de la misma.
Según Víctor Benítez Salinas, viceministro de Política Criminal, las sospechas surgieron debido a que se montó muy rápido el negocio y que de buenas a primeras los internos ya contaban con equipos de alta generación para el preparado. Además, de que se preparan a gran escala, lo que atrajo el interés de la ciudadanía.
“Se trata de una fábrica de picantes, nos encontramos que no teníamos nada sobre el origen de la inversión realizada en el lugar. No tenían convenio, dictamen de asesoría jurídica o de reinserción y rehabilitación de esta cartera del Estado”, explicó Benítez en entrevista con el programa “Show de Noticias” de canal GEN/Nación Media.
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Expresó que se realizó una investigación interna para saber quiénes eran las personas responsables de este emprendimiento y pudieron determinar que algunos de los internos estaban procesados por casos de “A Ultranza”. “Dimos aviso al Ministerio Público para que inicien una investigación y se intervendrá o no”, apuntó.
Afirmó que no se tienen registros sobre el origen del dinero y que ya se abrió la investigación correspondiente en el caso, pero que mientras la marca seguirá generando el producto. “Independientemente al hecho punible que cometieron tienen derecho a la reinserción, pero debe ser de manera lícita”, señaló.
Benítez señaló que todo se montó de manera muy rápida y sobre todo interesa las personas que estarían detrás de este negocio que tomó mucha notoriedad en poco tiempo. “Para el Ministerio de Justicia es un sueño tener todo esto montado en una penitenciaría y nos cuesta mucho poder lograr algo así”, puntualizó.
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Gobierno Abdo carga con el peso de filtraciones al crimen organizado
Si hay una verdad de hierro que se confirma con los datos de filtraciones que obran en la acusación fiscal de uno de los operativos antinarco más emblemáticos de los últimos tiempos como es A Ultranza Py, es que el gobierno de Mario Abdo Benítez carga con el gran peso de ser el principal responsable del auge del crimen organizado en el Paraguay.
El hecho de haber desmantelado puestos claves de control que facilitaron la narcoexportación a sabiendas de que los puertos privados estaban siendo utilizados como puntos de salida de cargas contaminadas y sostener a leales con estrechos vínculos con capos de organizaciones delictivas son imperdonables por el perfil de corredor logístico y hasta de laboratorio de estupefacientes que le han generado al país.
La investigación fiscal que despliega con lujo los detalles de cómo operaba el grupo de Sebastián Marset y el sindicado líder del negocio del narcotráfico en nuestro país Miguel “Tío Rico” Insfrán dejan al descubierto un esquema prácticamente de protección por parte de las mismas instituciones encargadas de combatir al crimen organizado.
Las investigaciones revelan una verdadera anarquía gubernamental en el periodo anterior, a los que se suman mina de informantes al servicio de los cabecillas narcos mediante filtraciones de pesquisas y procedimientos sensibles. Esto era de esperarse considerando que las mismas autoridades propiciaron medidas que favorecieron a las estructuras de los delincuentes y hasta se codeaban con sus líderes.
La decisión inmediata tras la asunción del gobierno de Abdo de liberar los puestos de control en los puertos no es un hecho aislado al fortalecimiento que tuvo el negocio en negro. Fue el inicio de la próspera narcoexportación principalmente de cocaína que fueron desmoronando la imagen del Paraguay ante el mundo con periódicas incautaciones en puertos extranjeros.
Era evidente que los delincuentes iban a aprovechar la oportunidad, hubieran sido tontos si no perfeccionaban el negocio. Así también eran lógicas que las señales del gobierno anterior de desarticular las fiscalizaciones eran una ocasión para que los funcionarios desleales operen con mayor facilidad.
Es así como la anarquía permitió que desde la propia Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) se sirviera datos a los buscados narcotraficantes que, a juzgar por las transcripciones de las conversaciones telefónicas, ostentaban la sumisión de esta institución, principalmente. Lo más grave es que con la difusión de estos hechos se confirmaron que las cabezas de estos ministerios manejaban la información de que había infieles que operativizaban filtraciones, pero se impuso el silencio cómplice.
Todo indica que traicionaron la lucha contra el crimen organizado; de hecho, la conducta de los exministros de la Senad como Zully Rolón y Arnaldo Giuzzio dejaban mucho que desear. Ambos ex altos funcionarios de confianza del gobierno de Abdo firmaban convenios con miembros del grupo que cayó con A Ultranza Py en el primer caso y en el segundo fue descubierto con favores recibidos del narco buscado por el Brasil Marcus Vinicius Espíndola, a quien casi lo mete de proveedor en sus tiempos de ministro del Interior.
Mientras todo esto sucedía y la llegada de una pandemia que direccionaba las atenciones a las situaciones de emergencia sanitaria, el 2020 fue un periodo clave para que corran sobre rieles un negocio que para el 2022 movía unos USD 25.000 millones, según el informe que había socializado hasta a escala internacional por el hoy ministro del interior Enrique Riera.
El Ministerio Público dejó al descubierto el guiño al narcotráfico durante el gobierno Abdo y es por ello que la Justicia debe profundizar el análisis para que los responsables asuman las consecuencias de sus actos.
Se han generado grandes escándalos que sacudieron el honor, la estabilidad, la credibilidad del país. Quienes estando en el poder aplicaron disposiciones contrarias a la lucha contra el crimen organizado deben ser castigados.
El hecho de que ya no estén en cargos del Estado no significa que deban quedar impunes. Todos cuanto han colaborado que la consolidación del negocio de las drogas ya sea por complicidad, desidia o ineptitud deben rendir cuentas y asumir responsabilidades.
La herencia del gobierno Abdo de instituciones permeadas por el negocio ilícito es una carga demasiado pesada que son ellos los que deben afrontar la justicia por sus actos.
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Aliada de Arnaldo Giuzzio comparece ante la Fiscalía por filtraciones al narcotráfico
La exministra de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Zully Graciela Rolón, comparece en estos momentos ante la Fiscalía con el fin de que explique cómo se filtraban desde la institución datos confidenciales al esquema narco encabezado por Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, y el uruguayo Sebastián Marset.
De esta manera el órgano extrapoder toma acciones en este grave caso que se daba en el tiempo en que Arnaldo Giuzzio lideraba la institución. La citación fue realizada por el equipo fiscal, conformado por los agentes Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Jorge Arce.
De acuerdo al Ministerio Público, las filtraciones de informaciones a la organización criminal de Tío Rico se concretaban desde la Dirección de Inteligencia Técnica de la Senad, encabezada en ese entonces por un hombre de confianza de Giuzzio.
La situación se sustenta en una serie de mensajes encriptados entre Tío Rico y el también narco uruguayo Sebastián Marset, donde Insfrán se jacta de su contacto en la Senad y de su amistad con “los de arriba” para zafar de los operativos antidrogas y de esa manera lograr la exportación de cocaína a Europa.
Al ser consultada sobre el tema por los medios de comunicación Rolón afirmó que “muchas cosas no puedo decir, yo como exfuncionaria estoy compelida por algunos artículos del Código Penal para no revelar secretos de interés público”. Añadió que bajo su gestión se realizaron las denuncias sobre las filtraciones por medio de la Unidad de Investigación Sensible.
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El argumento que esgrimió la exministra para justificar las medidas light que se tomaron durante el anterior gobierno contra los funcionarios que operaban a favor del narcotráfico se debió a los “protocolos de la investigación” que, según la misma, se ajustó con la finalidad de que el operativo A Ultranza alcance la efectividad que logró.
“Eso establecía el protocolo, porque el ministro no remite las informaciones de inteligencia, todo lo hacen los agentes que están a cargo y controlados por el juzgado de garantías al Ministerio Público”, dijo en su defensa la exalta funcionaria de Estado.
“Yo voy a contar todo lo que a mí me consta y con esto quizás ayude al Ministerio Público para aclarar. Si se hace una línea de tiempo, las informaciones de filtraciones fueron en el 2020, sin embargo nosotros tomamos conocimiento de esto recién en octubre del 2021, cuando se recibió los mensajes encriptados de Europol, entonces hay una gran línea de tiempo”, acotó.
Rolón siguió sosteniendo que “después ya estábamos abocados y trabajando en la operativización de A Ultranza. En el momento que me informaron (sobre las filtraciones desde la Senad), enviamos a asuntos internos, hicieron las primeras diligencias a la expectativa de la operativización de A Ultranza”.
Por otra parte, indicó que es posible saber quienes de los funcionarios de la Senad durante el anterior gobierno realizaron las filtraciones al narcotráfico. “Confío en el Ministerio Público, están trabajando y tengo el interés para que se sepa quiénes son estas personas”, dijo.
Añadió que la detección de las filtraciones (audios y transcripciones) ya se había adjuntado en los expedientes de A Ultranza, y que de ello tenían conocimiento todas autoridades de investigación y judiciales competentes.