El jefe de prensa del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), Iván Valdez se disculpó y presentó su renuncia luego del bochornoso episodio en donde amedrentó vía WhatsApp a la periodista de investigación que encabezó una serie de publicaciones que dejó al descubierto los millones de guaraníes que facturan al Estado a través de proyectos poscovid.
“El CIRD tiene una línea comunicacional seria y respetuosa con la opinión pública. Como institución pedimos disculpas a la opinión pública y a la periodista Rosana Escobar. Hemos recibido la nota de disculpas y renuncia de Iván Valdez y el presidente ejecutivo lo ha aceptado”, escribió a través de X esta organización sin fines de lucro (ONG), en la tarde del martes 7 de octubre.
En la nota presentada ante el CIRD, Valdez pese a pedir disculpas, trata de justificar el ataque contra la periodista alegando que “estaba muy nervioso” y exime de responsabilidad a la institución y asegura que fue una actuación personal.
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La investigación
Agustín Carrizosa, presidente del CIRD, cuenta con un clan familiar que recibió dinero de los contribuyentes en concepto de “honorarios”. Mediante proyectos posteriores a la pandemia del covid-19, que supuestamente apuntaban a la “reactivación económica”, recibieron al menos G. 6.093 millones del Estado.
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La institución se muestra hermética ante la solicitud de documentos y datos respecto a los servicios prestados a instituciones como el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal), Ministerio del Trabajo, Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Sistema Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y el último suceso fue el amedrentamiento del jefe de prensa tras la investigación que se hizo pública.
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Filtración: defienden credibilidad de la Comisión Antilavado y acusan al entorno del CIRD
El senador colorado Gustavo Leite defendió la credibilidad y seriedad del trabajo realizado desde la Comisión de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y otros Delitos Conexos, rechazando que el órgano haya realizado filtraciones de informaciones de personas que firmaron contratos privados con oenegés.
“Yo tengo que descartar que esas informaciones que han tomado estado público vengan de la Comisión Bicameral de Investigación”, sostuvo este jueves el parlamentario en una entrevista con el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo responsabilizó de la divulgación de datos a los operadores del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), liderado por Agustín Carrizosa, organización no gubernamental que se encuentra en la mira de la Comisión Antilavado ante las diversas denuncias periodísticas que refieren que esta fundación realizó una repartija del dinero público a sus allegados que debió ser utilizado en un proyecto de reactivación económica poscovid durante el anterior gobierno.
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“Hay un malestar interno en el CIRD y sospechamos que la propia gente que trabaja ahí es la que está filtrando a puchito esta información. Yo creo que este tema de la filtración se circunscribe a una sola institución, el CIRD. Carrizosa tiene problemas de garganta profunda en su propia institución, la filtración provino de ahí, es una conclusión clara”, remarcó el parlamentario.
Planteará comparecencia en audiencia pública
Carrizosa mediante medios de comunicación que buscan desacreditar al órgano calificándolo como una “comisión garrote” había sostenido que dicho estamento posee un objetivo político centrado en crear informaciones falsas con el fin de desprestigiar a organizaciones de la sociedad civil, apuntando a colocar en duda la credibilidad y seriedad de la comisión.
“Lo que ahora va a venir es un proceso público a pedido por todo el mundo en el que vamos a invitar por rango de plata gastada o invertida a las instituciones que más dinero público han manejado. Entonces, el CIRD tendrá la oportunidad de venir a la comisión para rendir cuentas y explique en qué gastó los centavos, guaraníes y dólares para que la gente del Paraguay pueda sacar sus conclusiones”, remarcó Leite.
El legislador sostuvo que propondrá “el lunes que el CIRD comparezca ante la comisión. Esta institución manejó más de 6 millones de dólares, nosotros siempre mencionamos que no vamos a ser jueces, somos investigadores porque tenemos ese poder constitucional”.
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“Hay intereses económicos” detrás del modus operandi de multisectorial, dice ministro
“Es inconstitucional e ilegal solicitar un cuoteo, no se puede delegar la administración del Estado a un sector específico”, afirmó el titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, ante la persistencia de la organización multisectorial consistente en administrar el 33 % de las adjudicaciones del programa Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis).
“Evidentemente hay intereses económicos detrás de esta movilización. Cuando hablamos de administrar no solo estamos hablando de administrar a los posibles beneficiarios, sino también a las empresas constructoras. Si uno verifica podemos encontrar que han venido (integrantes de la multisectorial) en colectivos de muy buen porte y con muy pocos pasajeros”, sostuvo en entrevista con la 780 AM.
Las cabecillas de la organización alegan que no quedaron conformes con el posicionamiento del MUVH, razón por la cual continuarán con las movilizaciones en la ciudad de Asunción para exigir a la vez la renuncia de Baruja.
“Este grupo básicamente plantea el manejo de los fondos sin ningún tipo de control y exigencias, el Gobierno anterior sí cedió a las pretensiones. Muchas de estas personas vinieron obligadas, este es un dato muy importante, tenemos informaciones que ellos obligan a los supuestos posibles beneficiarios diciéndoles que si vienen a las movilizaciones serán sacados de la lista de los próximos beneficiarios”, remarcó.
El secretario de Estado acotó: “Este es el modus operandi y no es la primera vez”. La denominada multisectorial es encabezada por el dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Pulciano Sánchez, quien estaba vinculado al expresidente de la agrupación tradicional Efraín Alegre y ahora formaría parte del equipo de los hermanos congresistas Buzarquis.
Sánchez fue investigado por el Ministerio Público por presunta sobrefacturación en la compra de terrenos, la violación del reglamento del programa de regularización de asentamientos, así como por el supuesto cobro indebido de dinero por parte de dirigentes.
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Desde la multibancada califican como “gran desatino” exigir la renuncia de Riera
El liberal Antonio Buzarquis, líder de la multibancada opositora en Diputados, calificó como gran desatino la exigencia de sus pares colorados en exigir al Ejecutivo la destitución del ministro del Interior, Enrique Riera, y del comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, tras la muerte de su colega Eulalio “Lalo” Gomes .
“Estoy en desacuerdo con el pronunciamiento de la Cámara, para mí el procedimiento está ajustado a derecho. Yo creo que es un gran desatino que un grupo de parlamentarios esté planteando la renuncia del ministro del Interior, el comandante de la Policía y el juicio político al fiscal general del Estado. Es una lectura equivocada de la situación”, sostuvo a la 800 AM.
Asimismo, el parlamentario acotó: “Al comienzo, esto parecía una cuestión muy sencilla, pero fue cambiando de tono de castaño a oscuro. Todos estamos en alerta. Al final de cuentas, queremos saber la verdad. El Ministerio Público tendrá que investigar y la policía explicar el procedimiento de manera detallada. Es importante que esto se investigue y se esclarezca. Una de las grandes preguntas es por qué no se grabó el procedimiento de allanamiento”.
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El parlamentario expresó que sus afirmaciones se sustentan teniendo en cuenta los antecedentes del fallecido dirigente político de Amambay, quien fue imputado por el Ministerio Público por supuestos vínculos con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal en el marco del operativo Pavo Real II. “Respetamos la memoria de la persona, lamentamos mucho su muerte, pero este señor ya estaba siendo investigado en Brasil, también en Paraguay se estaba iniciando un proceso de investigación”, comentó.
Gomes Batista falleció el pasado lunes durante un allanamiento en su vivienda localizada en la ciudad de Pedro Juan Caballero. El procedimiento fue realizado por la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Policía, de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (Fope) y los agentes fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres.
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Activista consultó gasto al CIRD y lo excluyó de grupos “por orden superior”
Ricardo Torres, auditor y fundador de la Asociación Civil de Mariano Roque Alonso (ACMRA), señaló a nuestro diario que oenegés como el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), que se venden como dioses de la transparencia y los derechos ciudadanos, restan credibilidad a las luchas ciudadanas porque el interés primordial es sacar rédito, además de estar aliados con políticos que persiguen a un solo sector del Partido Colorado en plena campaña electoral. Esto en el marco de un convenio de USD 50 millones entre el gobierno de Mario Abdo Benítez y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionamedia.com
Un convenio firmado el 10 de setiembre de 2020 (tiempos duros de la pandemia) daba inicio a lo que fue la gran alianza del gobierno de Mario Abdo Benítez y políticos de la oposición que fungían y fungen de representantes de la sociedad civil organizada. La figura para activar, financiar estos grupos de políticos aliados contra un sector bien definido del Partido Colorado es el acuerdo de Asistencia para el Desarrollo de USD 50 millones entre la administración de Abdo Benítez y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
El compromiso estimado de Usaid en 5 años de vigencia del convenio es de USD 44,4 millones y la contrapartida local establecida es de USD 5 millones. El proyecto contiene 4 indicadores fundamentales que es el Fortalecimiento del Estado de Derecho, Avance de Oportunidades Económicas Formales, Mejora del Control Ciudadano.
El último componente refiere que Usaid “apoyará a organizaciones de la sociedad civil, incluidos los medios de comunicación, el sector privado y la academia, a medida que estos controlan y exigen una mayor eficiencia, transparencia y rendición de cuentas por parte del Gobierno. Usaid también apoyará a las redes anticorrupción que abogan por reformas, así como programas de vigilancia de tribunales, observatorios y sistemas de seguimiento para casos de corrupción”. Aquí surgieron las persecuciones y los escraches anticorrupción selectivos, así como publicaciones bien direccionadas a un sector del Partido Colorado pero, para salvar formas, incluyeron en agenda algunos esporádicos casos de corrupción de antigua data.
A LOS AMIGOS NO SE ESCRACHA
No hay escraches por las comisarías “de oro” de Filizzola, la mala administración de Efraín Alegre en el Partido Liberal, las multimillonarias ganancias de Abdo con el asfalto y las deudas contraídas para apurar obras, etc. Es lógico que el foco de los anticorrupción no esté en personajes como los mencionados ya que operadores políticos de sus respectivos grupos políticos son quienes se agruparon como organizaciones de la sociedad civil, consultores, conferencistas, en el marco del referido convenio.
La operación estaba y sigue prácticamente a cargo del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), ONG endiosada como de la transparencia; sin embargo, aliada con Abdo. Recordemos que rendiciones de cuentas que obran en la Contraloría General de la República (CGR) muestran convenios entre la citada ONG y el gobierno de Abdo durante la pandemia (2021) para repartir sueldos a operadores políticos del equipo del expresidente que se encontraban en campaña electoral. Agustín Carrizosa, presidente de la organización, también hizo un festín con su clan familiar con dinero proveniente del bolsillo de los contribuyentes.
Aliados del CIRD en la Coalición por la Legalidad del programa Más Ciudadanía, Menos Corrupción, como la Federación de Entidades Vecinalistas del Paraguay (Fedem), cuyos referentes hacían campaña por la exministra del Trabajo, excandidata a senadora, también fueron parte del banquete.
EXCLUIDOS “POR ORDEN SUPERIOR”
“Cumplo en informar que, por orden superior, procedí a sacarte de los grupos que nos unían”, fue la respuesta que recibió vía WhatsApp Ricardo Torres, auditor y fundador de la Asociación Civil de la ciudad de Mariano Roque Alonso (ACMRA), por parte de funcionario del CIRD en su momento. Esto luego de que el mismo objetara un gasto de “secretaría del proyecto” que fue incluido arbitrariamente en la iniciativa “Control Ciudadano”, en el marco de Más Ciudadanía, Menos Corrupción.
“Con conocimiento de causa y en mi calidad de ciudadano comprometido verdaderamente con la lucha social y el control ciudadano; además de ser miembro fundador y exauditor ciudadano dentro de una asociación civil en la ciudad donde resido (MRA), puedo decir que es una verdadera vergüenza el manejo poco serio y profesional que tienen oenegés como la Fundación CIRD, cuyas caras visibles son los Sres. Agustín Carrizosa y Francisco Alcaraz; en lo relacionado a la administración de estos fondos millonarios que reciben de Usaid. Firmamos un convenio de Iniciativa de Control Ciudadano” dentro de su proyecto denominado Más ciudadanía, Menos Corrupción que, al momento de poner marcha al mismo y luego de haber comprometido recursos económicos de nuestros miembros, esta gente de una forma unilateral deja sin efecto el acuerdo, por el simple hecho de haberle reclamado unos fondos que supuestamente nos darían de G. 6.600.000, pero que iban a ser destinados a un grupo de consultores de su grupo, bajo el concepto Secretaría del proyecto”, explicó Torres.
Subrayó que, por lo mencionado, “muchos ciudadanos de bien hemos perdido la confianza y credibilidad en este tipo de organizaciones civiles u oenegés, que a leguas se nota que lo único que les interesa es sacar rédito de este tipo de trabajos, donde somos los ciudadanos los que trabajamos y ellos se sientan a recibir, a administrar a su gusto y paladar estas sumas millonarias”.
Torres quedó sorprendido con los millonarios recursos comprometidos en el convenio mencionado más arriba y con el gran esquema capitaneado en su mayoría por operadores políticos de la oposición que contaminaron un valioso proyecto cuya bandera es la transparencia y la lucha contra la corrupción y la impunidad. Precisamente esa transparencia de la que hablan y que reclamó Torres terminó por excluirlo de uno de los componentes más sensibles del convenio de USD 50 millones que es el de Control Ciudadano.