El diputado Rubén Rubin lamentó que el acueducto del Chaco haya implicado millonarias inversiones, sin nunca haber funcionado en un 100 %. Manifestó que el proyecto solo es sinónimo de despilfarro, pues para su materialización se invirtieron USD 130 millones y luego se gastaron otros USD 70 millones, debido a que las cañerías fueron explotando por su pésima instalación.
“Así llegamos a USD 200 millones enterrados en el Chaco, que no sirvieron para nada. El gobierno anterior se pasó parchando las cañerías rotas y ahora nuevamente se analiza seguir con esa posibilidad, cuando no funciona”, remarcó Rubin, expresando que nunca logró demostrarse que “arreglando” el acueducto, este podría entrar en funcionamiento, sino todo lo contrario.
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Por ello, el parlamentario sugirió que una buena alternativa ante esta situación sería conversar con la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, con el objetivo de analizar los planes que tiene el Gobierno sobre el acueducto y si consideran como una opción probable arreglar la disfuncionalidad del sistema, en lugar de apuntar a una solución más viable.
“La solución no es parchar y me preocupa de sobremanera el acueducto porque estamos gastando millones al llevar agua al Chaco a través de camiones, cuando en realidad podríamos aplicar una solución de fondo y rehacer lo que sea necesario”, señaló el diputado, apuntando a la necesidad de contar con resultados más inmediatos en torno al fallido sistema.
Sentenció que ya no se puede seguir fingiendo demencia en torno a lo inservible que resulta el acueducto y la falta crucial del mismo en la región chaqueña, donde la sequía y la falta de agua potable configuran elementos lacerantes para el día a día de los pobladores de la zona. “Es impresionante que en un país como el nuestro tengamos enterrados USD 200 millones en un proyecto que no funciona”, indicó.
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Diputados consideran inconstitucional propuesta de cadena perpetua solapada
- Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com.
Los diputados de la bancada oficialista, Rocío Abed y Derlis Rodríguez, consideran que la propuesta presentada por su colega Rubén Rubin que plantea la prisión permanente revisable sería inconstitucional porque en esencia es una cadena perpetua solapada al plantear elevar las condenas a 90 años.
En comunicación con La Nación/Nación Media, la diputada Abed, líder de la bancada oficialista, comentó que los casos de crímenes que tuvo por víctimas a niñas como Melania y María Fernanda, han destrozado la moral y verdaderamente interpela a todos como sociedad, porque el sistema falló y no se pudo proteger a esas niñas.
Indicó que, si bien esta situación genera un sentimiento colectivo, lo que corresponde es llevar adelante un pensamiento reflexivo en el ámbito legislativo. Señaló que el proceso de creación de leyes es dinámico, se debe tener mucho cuidado sobre todo en el Derecho Penal, y tener en cuenta que la norma se debe fundamentar en principios de racionalidad, justicia y estabilidad del sistema legal.
“El proyecto presentado y muy promocionado por el colega, al que le pone el rótulo de la figura de Prisión Permanente Revisable, pero en realidad el contenido del proyecto es totalmente diferente. No tiene los elementos, los principios, ni las características de ese tipo de sanción penal. El proyecto del colega plantea una cadena perpetua simple y llanamente bajo otro título”, explicó Abed.
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Derecho a la reinserción social
Señaló que el planteamiento deviene inconstitucional, en razón de que al establecer penas excesivamente elevadas (90 años) no se abre la posibilidad, en ningún caso, de prever un margen de acceso a uno de los preceptos constitucionales consagrados en su artículo 20, que es el de la reintegración del individuo a la sociedad.
“Debemos evitar caer en el populismo punitivo. Si bien, la Prisión Permanente Revisable es una figura interesante, adoptada por varios países democráticos, esta debe basarse en dos principios fundamentales: 1) la proporcionalidad de la pena frente a crímenes particularmente aberrantes y 2) la posibilidad de revisión que garantice el respeto a la dignidad humana”, puntualizó.
Agregó que estaría de acuerdo en una propuesta seria, estudiada y a luz de lo que establece el artículo 20 de la Constitución Nacional, con el aporte de expertos, la cartera competente y legisladores podría ser factible, legítima y sobre todo compatible con la Carta Magna. Teniendo en cuenta la doble finalidad constitucional de las penas privativas de libertad, las cuales son la protección de la sociedad y, por el otro, la readaptación del condenado.
Reducir la prisión preventiva
A su turno, el diputado Rodríguez indicó a esta redacción que esta semana última tuvieron dos audiencias públicas, donde contrariamente al planteamiento de su colega Rubin, están analizando la posibilidad de mantener las penas privativas e incluso ver la forma de reducir incluso las prisiones preventivas, atendiendo la alta aglomeración de personas privadas de libertad en las cárceles, que están con el doble de su capacidad.
“Limitar la prisión preventiva a un máximo de 2 años busca reducir la sobrepoblación en las penitenciarías, garantizar los derechos fundamentales y mejorar la eficiencia del sistema judicial. La reforma no beneficia a corrupción ni a delincuentes, sino que busca promover una justicia más justa, rápida y respetuosa de los derechos humanos”, explicó.
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Igualmente, coincidió que lo que se debe trabajar más profundamente son en los planes de reinserción de las personas privadas de libertad. “Tenemos situaciones como las que se tuvo recientemente en Caazapá, justamente porque el sistema penitenciario no trabaja en lo que la Constitución y las leyes dicen que es la reinserción social del recluso”, señaló.
Por lo expuesto es que considera también que el planteamiento de su colega va en contra posición a lo que establece las leyes. “Por sobre todo, no es lo que el espíritu constitucional tiene. Además, debemos recordar que cualquier cambio legislativo debe estar en armonía con los principios fundamentales que rigen nuestra Constitución”, refirió Rodríguez.
Finalmente, indicó que la Constitución Nacional coloca un fuerte énfasis en la rehabilitación y reintegración de los condenados, lo cual es reflejado en el artículo 20. “Este enfoque busca no solo proteger a la sociedad, sino también ofrecer a los infractores la oportunidad de redimirse y contribuir positivamente a la comunidad, un principio que se encuentra en el corazón de la justicia restaurativa”, concluyó.
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Duarte Cacavelos: proyecto de Rubin es inconstitucional y desconoce principios básicos del Derecho Penal
El abogado Guillermo Duarte Cacavelos cuestionó duramente el proyecto de ley presentado por el diputado Rubén Rubin, que propone incorporar la figura de la prisión permanente revisable y elevar las penas privativas de libertad a niveles que podrían superar los 90 años. Según el constitucionalista, la propuesta es contraria a los principios establecidos en la Constitución y contiene además ciertos errores.
“No hay ninguna vuelta, es inconstitucional”, aseveró el abogado y explicó el por qué es inviable la propuesta presentada por el diputado independiente. “Se plantean cuestiones que hoy tienen una motivación claramente populista desde la misión de persona pública que está ahí por votos”, añadió.
Duarte Cacavelos afirmó que analizó la propuesta legislativa impulsada por Rubin y detalló que la redacción contiene problemas constitucionales dado que se habla de la cadena perpetua y de penas muy elevadas para lo cual se establece un límite en la regulación constitucional.
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“En el artículo n.° 20 establece claramente cuáles son los fines de la pena y cómo se justifica la aplicación de una pena que debe tener como finalidad, aparte de la protección a la sociedad, debe servir para readaptar a una persona, si se dispone de una cadena perpetua se está violando ese artículo que consagra que se tiene como misión que la persona se readapte a una vida sin delinquir”, señaló.
El abogado además mencionó que por la forma en que se plantea el proyecto, quedó en evidencia el gran desconocimiento del sistema jurídico penal, puesto que desconoce figuras que ya existen en el Código Penal Paraguayo, y como ejemplo, mencionó que se describe al “dolo eventual”, como si fuera un elemento que no existe actualmente en la normativa paraguaya.
“Lo cual es una falacia, actualmente están castigados los hechos punibles dolosos en todas sus formas. Después desconoce la punibilidad de la tentativa, porque empieza a describir que también se castiga la tentativa en ciertos crímenes y en la parte general del Código Penal se establece ya que la punibilidad de la tentativa se establece en todos los crímenes, solo en los delitos se debe regular la tentativa, y eso también se desconoce”, sostuvo.
Como otro de los puntos cuestionados del proyecto, hizo mención del desconocimiento de la existencia de la regla para aumentar marcos penales en casos de concurso de hechos punibles. Indicó que si se aplica lo planteado por Rubin, se podrían llegar a penas de más de 130 años. “Claramente se desconocen las reglas vigentes y existentes”, enfatizó.
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Penas de 90 años es inviable por Constitución, advierte diputado Gamarra
El diputado Rubén Rubin presentó este martes un proyecto de ley que incorpora la prisión permanente revisable y además la posibilidad de una pena privativa de libertad máxima de 90 años. Su colega, el legislador Rodrigo Gamarra, advirtió que la Constitución no da lugar a eso y que el fin constitucional es la reinserción social.
“El camino correcto es la reforma constitucional, hoy tenemos la limitación constitucional y el camino sería cambiar la Constitución, ese es el camino, esto no podemos ni siquiera debatir porque no está permitido por la Carta Magna. Por más de que aprobemos en el Congreso, el presidente va a tener la obligación de vetar el proyecto, entonces es una pérdida de tiempo”, alegó.
En conversación con La Nación/Nación Media, el parlamentario manifestó que esta iniciativa no representa una solución real para una sociedad que está hastiada de la inseguridad, de los crímenes extremadamente violentos y que esperan sanciones más severas, dado que la Constitución no permite lo planteado por el diputado Rubin en su propuesta legislativa.
El artículo 20 de la Constitución contempla lo siguiente: “Las penas privativas de libertad tendrán por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad”. Sobre esto Gamarra señaló, “la Constitución no menciona la cadena perpetua ni pena de 90 años, pero habla de que toda pena debe tener un fin resocializador, no es meramente punitivo, no se admiten penas inhumanas ni que anulen la posibilidad de reinserción, ese es el espíritu que transmite este artículo”, explicó.
Gamarra valoró la intención de su colega de plantear penas más duras y manifestó estar de acuerdo con la necesidad de elevar la las condenas “estoy a favor de penas mucho más severas”, sobre todo teniendo en cuenta los casos que se dieron en los últimos tiempos que conmocionaron a todo el país, no obstante, reiteró que la Constitución pone un freno a este tipo de intenciones.
“Soy uno de los que repudia que la gente que nos hace daño socialmente entre y salga como Juan por su casa de la penitenciaría o escape de la justicia tan libremente, pero primero hay que tener el coraje de impulsar una reforma constitucional porque hoy la Constitución prohíbe ese tipo de penas, es ilegal”, sostuvo.
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Dan entrada oficial a proyecto que plantea 90 años de pena máxima: “Es un clamor nacional”
El diputado independiente Rubén Rubin realizó este martes la entrega oficial del proyecto de ley que “incorpora la prisión permanente revisable, en el marco de tolerancia cero contra la delincuencia, el crimen y la protección a la ciudadanía”. La iniciativa plantea la modificación del Código Penal con la elevación de la pena máxima a 90 años para homicidios y delitos graves.
La propuesta también establece la acumulación de condenas y toca 25 artículos del Código Penal. “Hoy es un día histórico, acabamos de dar mesa de entrada a este proyecto que pretende incorporar al Código Penal la prisión permanente con revisión que es un clamor popular y nacional que queda claro después de meses de debate. Durante mucho tiempo la clase política, los prodelincuentes o los supuestos defensores de los derechos humanos le daban justicia al pueblo paraguayo a través de discursos vacíos, retóricas y minutos de silencio, pero esto se acabó“, indicó a los medios de comunicación.
El proyecto de ley refiere que en los casos de pena privativa de libertad de 50 años en adelante, podrá ser revisable de conformidad a lo dispuesto en el artículo 51 de Código Penal. “Ahora vamos a aplicar la justicia con toda la fuerza que nos concede el pueblo paraguayo y vamos a pedir prisión permanente con revisión para aquellos monstruos que maten a periodistas, que toquen a nuestras mujeres, que maten a uniformados en servicio y cualquier persona que mate en las calles luego de un hurto agravado. Perderán su libertad de por vida”, expresó.
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De acuerdo con la propuesta, los condenados podrán solicitar una revisión si han cumplido al menos dos tercios de la pena, se presume que no reincidirán en delitos o si el condenado lo solicita o consiente expresamente.
“Como dice nuestra Constitución y la Corte Interamericana de Derechos Humanos no perderán su derecho a revisión porque buscamos aplicar una prisión permanente con revisión como hace toda la región. Le digo al pueblo paraguayo que se quede tranquilo, no estamos innovando legislativamente, no pido que me sigan a un salto al vacío o a un terreno desconocido, sino hacer todo lo que hizo la región”, remarcó.