El director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), José González, participó del programa “Fuego Cruzado” de canal GEN/Nación Media en el que habló de varias de las situaciones que actualmente está pasando la institución. Las deudas de la previsional llegarían a los USD 1.300 millones, por servicios prestados en la época de pandemia, como deudas del sector público y privado de las patronales.
“Es otro punto que encontramos negativamente en la institución porque la Dirección de Aporte Obrero Patronal de la administración anterior dejó de emitir los títulos de créditos, dejó de hacer la certificación de las deudas para enviar a la Dirección Jurídica para iniciar las acciones legales, cuatro años dejamos de emitir títulos de créditos, tenemos más de 500 millones de dólares en deudas de la patronales para IPS”, explicó el abogado.
Sobre esta situación mencionó que el presidente de la República dio instrucciones para iniciar con el pago de las deudas por parte de las instituciones del Estado y luego pasar al sector privado. “También tenemos deudas de las instituciones públicas para con IPS, nosotros no podemos de entrada salir a demandar a las empresas privadas cuando que no saneamos las deudas con las instituciones públicas. Eso nos ha dicho claramente el presidente de la República”, señaló.
Para este fin, se instaló una mesa de trabajo para resolver esta situación. “Su mensaje ha sido claro, hagamos mesa de conciliación, honremos las deudas, paguemos lo que haya que pagar para luego iniciar las acciones legales correspondientes también con el sector privado”, expresó.
Contó además que se encuentran en ese proceso en cobrar lo que se le debe al IPS. “Ese es el mensaje que transmite el presidente, como consejo de administración queremos que se le pague tanto el sector público como el privado, porque los asegurados, los jubilados, dependen en parte de eso porque el servicio va mejorar si nosotros saneamos la institución y si se le paga a IPS lo que se le debe”, sostuvo.
Irregularidades constatadas
González se refirió a las varias denuncias que realizó la nueva administración con la presidencia de Jorge Brítez, además de la primera denuncia que hizo ante el Ministerio Público con relación al informe negativo presentado por la Contraloría General de la República (CGR), con respecto a 4 ítems.
“Uno era con respecto a los bienes de uso que muchos no se encontraban en la dependencia a la cual han sido asignada, también los usos de bienes que han sido dados de baja no se encontraban en los depósitos o no se pudieron identificar en qué depósito estaban; luego tenemos el pago de combustibles por 1 billón de guaraníes que corresponde al 2022 y primer cuatrimestre del 2023″, indicó.
Añadió: “También tenemos el tema del Hospital Ingavi, que la Contraloría determinó que no existían respaldo, documentos que respaldaban el pago a los proveedores; como así también obras pagadas, certificadas, pero no ejecutadas, en un punto por 1.500 millones de guaraníes aproximadamente, y en otro por 1.900 millones”.
Apuntó que “ahora son investigaciones preliminares sobre hechos a determinar porque no está todavía configurado un hecho especifico por parte del Ministerio Público; se abrió una causa, personas innominadas sobre lesión de confianza es la denuncia de la Contraloría, la otra denuncia de los equipos abandonados es hecho punibe a determinar, personas innominadas también”.