El fiscal anticorrupción Jorge Arce recepcionó varios documentos que había solicitado a las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) en la prosecución de la carpeta abierta para investigar supuestos hechos punibles cometidos durante la gestión de Vicente Bataglia. Esto en el marco del informe de deficiencias financieras en diversas instituciones del Estado, emitido por la Contraloría General de la República (CGR).
El representante del Ministerio Público señaló que hasta el momento han recibido varias documentaciones remitidas desde la previsional. No obstante, aún faltan diversas documentaciones más para aclarar las diversas dudas en torno a los millonarios perjuicios administrativos expuestos por la CGR; mañana vence el plazo para que las autoridades del IPS entreguen todos los informes solicitados.
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Siguiendo la línea de cada uno de los procesos llevados adelante para dilucidar los cuestionamientos en torno al IPS, un equipo de agentes fiscales integrado por Arce, Luis Piñánez, Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia y Néstor Coronel, había sido recibido el pasado 12 de octubre en varias sedes administrativas de la institución, en la prosecución de las pesquisas iniciadas sobre las licitaciones llevadas a cabo en el organismo durante la gestión de Bataglia.
Los representantes de la Gerencia de Administración y Logística de la Dirección de Servicios Administrativos del IPS solicitaron un plazo prudencial para la remisión de las documentaciones relacionadas con el legajo completo de funcionarios, la guía de normas, así como los procesos para ejecución del presupuesto general correspondiente al periodo 2022 y primer cuatrimestre de 2023.
Aparte de las irregularidades expuestas dentro del IPS, se suman también las masivas denuncias por supuestos hechos de corrupción en los diversos ministerios y secretarías durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. Al respecto, la Auditoría General del Poder Ejecutivo, como órgano de control interno, ya inició el proceso de fiscalización para identificar hechos punibles. En la primera fase el proceso se centra en las millonarias deudas contraídas con los proveedores y contratistas.
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El anticorrupción del Cird que fungió de asalariado para tener IPS
Rossana Escobar M.
rossana.escobar@nacionmedia.com
¿Cuál es la corrupción que persigue Francisco Alcaraz Díaz, coordinador anticorrupción del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), junto con la red de ONGs que articula, cuando se hizo pasar por humilde trabajador con sueldo mínimo para acceder a beneficios del Instituto de Previsión Social (IPS), siendo en realidad contribuyente del Impuesto a la Renta Personal?
Esta sola acción, de fungir una condición que no es la verdadera para aprovecharse de un seguro social, que en derecho corresponde a la clase trabajadora, sacrificada y con restricciones, comparadas a los privilegios de la clase más pudiente, echa por tierra la ruidosa campaña que venden a la población como “Más Ciudadanía, Menos Corrupción”.
Alcaraz Díaz, que en los registros de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) aparece con actividad económica de abogado, enseñanza superior y consultor de administración de empresas, en IPS se inscribió en mayo del 2023 como empleado de Isabel Benítez Espínola.
La señora es nada menos que la consultora del proyecto “Más Ciudadanía, Menos Corrupción” que articula el hombre fuerte del Cird, mano derecha de Agustín Carrizosa, presidente de la ONG, también envuelto en un escándalo de repartija de sueldos a su clan familiar, operadores del equipo político de Mario Abdo Benítez, con dinero proveniente del bolsillo de los contribuyentes.
Todo apunta a un seguro de favor que llevó adelante Alcaraz Díaz con su amiga Benítez Espínola, declarando un sueldo como supuesto ingreso de entre G. 2,4 millones y G. 2,6 millones, que es el mínimo vigente hasta el fin del mes pasado. Sin embargo, en la previsional continúan empantanados en el caso, después de dos aparatosas intervenciones con requisa de documentos que había realizado en el local de la ONG anticorrupción, y en la consultora de la mujer, ante las fuertes sospechas de fraude.
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Desde la Dirección de Aporte Obrero Patronal del IPS dilatan un dictamen que confirme el seguro de favor, pese a los elementos recabados. Desde la dirección jurídica de la previsional alegan que requieren más evidencias para el inicio de un sumario.
Mientras tanto, el coordinador anticorrupción, asegurado en dudosas condiciones, sigue jactándose de ser un articulador de las luchas ciudadanas, reclutando premiados, caudillos que en muchos casos no son otra cosa que políticos con sed de poder que usan estas iniciativas como trampolín.
Desde el IPS habían mencionado hace 8 meses, cuando inició la investigación, al caso Alcaraz Díaz, que, no se descartan acciones penales, pero hasta hoy no hay mayores resultados en la pesquisa. Alcaraz Díaz, según los documentos, registró dos beneficiarios en seguro de IPS, una de ellas es la mamá Carina Díaz Alfonso, que registra comercio de relojes y joyería, según DNIT.
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Vinculado a Abdo
No es un dato menor que Alcaraz Díaz fue parte del Gabinete Civil de la presidencia de Mario Abdo Benítez, ya que las ONGs articuladas por el mismo no han hecho un solo escrache al expresidente que nunca terminó por aclarar a dónde fueron los miles de millones de dólares por los que endeudaron al país en pandemia.
Alcaraz Díaz y los suyos, se asociaron a un Plan Nacional de Transparencia y Anticorrupción con la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) al frente, los resultaron básicamente se tradujeron en facturaciones por consultoría de ONGs manejadas por consultoras de la rosca de amigos. Recordemos que a la Senac como a sus aliados se le escaparon hechos bochornosos y escandalosos de corrupción que involucraron precisamente al Gobierno de Abdo Benítez.
Es así que, por un lado, escracharon a algunos políticos sindicados por corrupción, realizaban fuertes campañas por la transparencia, contra el despilfarro, la repartija de cargos y por el otro, la ONG de Alcaraz Díaz, presidida históricamente por Agustín Carrizosa, se alzaba con millonarios contratos de manera directa en varias instituciones públicas, principalmente en el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal), Servicio Nacional de Formación Profesional (SNPP), Ministerio del Trabajo con Carla Bacigalupo.
Estos convenios eran la vía para millonarias transferencias al CIRD y con el ropaje de “proyectos sociales” de todo tipo, Carrizosa repartió suculentos sueldos, honorarios a su clan familiar y al hijo de su coordinador anticorrupción. Todo este dinero provenía del bolsillo de los contribuyentes.
Cabe subrayar que, nuestro diario publicó una serie en la que se revelaron varias ONGs satélites del CIRD como parte del festín con dinero del Estado, así también otras subordinadas a un sector de la política y la intromisión en temas de gobernanza. Estos, como cientos de otros casos de corrupción, oscurantismo que afectan e involucran a ONGs son suficientes argumentos para que la transparencia que tanto enarbolan también rija en el financiamiento de las mismas.
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Cuarta cumbre de Relaciones Laborales se realizará en Asunción
El portal de Gestión de Personas de Latinoamérica, Comunidad RH, es el encargado de realizar una nueva edición de la mayor cumbre sobre derecho del trabajo del paraguayo “Buenas prácticas y nuevas legislaciones laborales”, donde se espera reunir a más de 150 profesionales de recursos humanos.
El evento se desarrollará este viernes 5 de julio en el Hotel Dazzler de Asunción de 07:50 a 13:30, con una agenda de conferencias de la mano de referentes nacionales, donde desarrollarán las últimas normativas del Ministerio de Trabajo e Instituto de Previsión Social (IPS).
La apertura con la introducción del evento y bienvenida estará a cargo del Dr. Joaquín Irún Grau, socio fundador del estudio Irún & Villamayor, y el CEO de Comunidad RH, Johann Maguiña, para dar luego seguimiento a otras ponencias.
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La primera conferencia denominada “Tendencias y nuevas legislaciones laborales”, se enfocará en los temas a tener en cuenta en la aplicación de tecnología en los procesos de recursos humanos, a cargo de la Dra. Pilar Milleres, abogada del estudio Irún & Villamayor.
“Estabilidad laboral y salud mental” será el segundo tema a desarrollar, de la mano del Dr. Félix Villamayor, Socio estudio Irún & Villamayor. Posteriormente, se abordará la “Justificaciones de una desvinculación con causa, los derechos y obligaciones del contrato laboral” y cómo abordar la conversación con el colaborador. Estará a cargo del Dr. Enrique Rodríguez, abogado del estudio Irún & Villamayor.
Otros aspectos no menos importantes son las “Nuevas formas de trabajo y regulación laboral: teletrabajo, pago a extranjeros y colaboradores en el exterior”, de la mano de la Dra. Jazmín Martínez, abogada del estudio Irún & Villamayor.
La última charla será sobre los “Nuevos procedimientos de inspecciones y fiscalización laboral”, a cargo de la Dra. Cynthia Sánchez, abogada del estudio Irún & Villamayor, para finalmente realizar las conclusiones de todo lo desarrollado.
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El IPS ya presentó 17 denuncias por irregularidades de la administración anterior
El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, brindó declaraciones en torno al panorama de la entidad con las deudas acarreadas de la administración anterior. Puntualizó que se sigue impulsando un seguimiento exhaustivo acerca de las denuncias ya presentadas.
“Hemos presentado 17 denuncias sobre irregularidades en la administración anterior, no son pocas y seguramente vamos a seguir a medida que encontremos cosas que se hicieron mal”, indicó al programa “Cara o Cruz” emitido por Unicanal, agregando que las acciones responden a pedidos hechos por el propio presidente Santiago Peña.
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“Seguimos detectando irregularidades. En auditorías realizadas en Concepción y Pedro Juan Caballero vimos pagos por obras que no se hicieron; una vez que concluya la auditoría interna, todo esto irá denunciado dentro del Ministerio Público”, señaló el titular del IPS.
Subrayó que incluso no se descarta más irregularidades en otros sistemas o servicios vinculados a la previsional, puntualizando que un aporte significativo también se encuentra en las denuncias realizadas por miembros de la sociedad civil sobre distintos hechos.
Sobre el fideicomiso
Brítez adelantó que en lo referente al fideicomiso, para encarar las millonarias deudas encontradas de la administración anterior, fue aprobado por el Consejo del IPS la cesión de derechos. Se trata de USD 200 millones a ser puestos a consideración de los proveedores.
“Será un sistema de cesión de derechos donde iremos pagando el capital por 36 meses y ellos podrán retirar toda la deuda de los bancos, con los financiamientos correspondientes. Esto dará un oxígeno importante porque casi la mitad de la deuda de proveedores será solucionada”, indicó.
Esto teniendo en cuenta que la deuda alcanza incluso USD 100 millones solo con una empresa proveedora, encargada de proveer medicamentos oncológicos. Así, reiteró que son varias con las cuales se cuenta con deudas importantes.
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La capacidad de gestión es innegociable pero perfeccionable
Una gran parte del desarrollo de las reuniones plenarias del Consejo de Administración del IPS está orientada al tratamiento/aprobación de pedidos de licitaciones para la cobertura de necesidades de medicamentos, insumos y otros bienes destinados a la atención de la salud de los asegurados.
Se hace necesario un reperfilamiento estructural, buscando acortar al máximo los flujos de procesos burocráticos licitatorios, pues la salud no espera, y sin ella nuestra calidad de vida se ve afectada negativamente.
Se constituye en una de las prioridades de la institución, pero su tratamiento y atención no constituyen el único problema estructural, pues por su tamaño y complejidad organizacional se les presentan otros múltiples tipos de necesidades que engloban aspectos económico, financiero, administrativo y logístico.
El IPS es una de las entidades de mayor tamaño/infraestructura dentro del espectro gubernamental, donde la Dirección de Capital Humano debe tener un rol protagónico para que todos tengan funciones y responsabilidades concretas y bien definidas, de tal forma a que lo erogado mensualmente en sueldos y otros beneficios puedan mostrarnos una relación costo-beneficio tangible y con buenos retornos.
El statu quo es un “mal amigo”, por lo que deberían mostrar la capacidad, idoneidad, ductilidad y proactividad necesarias para visualizar las principales prioridades/áreas críticas de riesgo que se presenten en el día a día gerenciándolos en forma eficaz.
Los responsables de capital humano deben tener diagramado un relevamiento global del servicio/contribución de cada uno de los servidores a la organización, de tal forma a que aquellos que no aportan un valor agregado tangible sean desvinculados y/o realocados, pues el IPS precisa ahora más que nunca realizar un reperfilamiento económico-financiero que les permitan alcanzar el punto de inflexión necesario, evitando tener que recurrir a las reservas técnicas que tienen otro objetivo como está aconteciendo ahora.
Aquellos funcionarios que cuenten con contratos renovados en función a su performance es necesario que gerentes y supervisores realicen un seguimiento/monitoreo estrecho que permitan definir con objetividad si cualitativamente cumplen con los objetivos institucionales, a través de una buena retroalimentación, pues se torna necesario de una vez por todas darle el lugar que se merece a la meritocracia, capacidad, idoneidad y trayectoria profesional de las personas.
Las necesidades económico-financieras de la institución siguen siendo cuantiosas, por lo que se hace necesario contar en tiempo y forma con los recursos humanos y logísticos y los que están al frente de la Dirección Económica y Financiera apliquen su profesionalismo, capacidad innovativa y creativa, que permita a la entidad contar con el flujo de fondos y la capacidad de repago para atender en forma diligente a todos sus compromisos con terceros, ya que el tiempo no se detiene y no es sano ni recomendable seguir manteniendo un nivel de endeudamiento con terceros de aproximadamente USD 900 millones, que se incrementan cada vez más con intereses moratorios y punitorios.
El Consejo de Administración debería ir más allá de una función deliberativa, donde cada uno de sus miembros tengan asignadas funciones y responsabilidades puntuales, como acontece en otras entidades que permitan una mejor performance institucional como parte de su misión y visión.
Un manejo profesional y bien delineado de las finanzas de la institución, apuntando a racionalizar los montos millonarios pagados en salarios y otros beneficios, podrá permitir direccionar dichos recursos a la cobertura del pago de deudas con proveedores que coadyuven a fortalecer su generación neta operativa de fondos dándole un “mayor respiro” a su estructura de costos y gastos mensuales (operativos y administrativos).
Parecería complicado, pero con capacidad de gestión es posible, dado que ya han transcurrido más de 10 meses sin que hasta ahora se visualicen avances positivos.